Respuestas a los medios de comunicación

P.- Vicepresidenta, quería pedirle primero una valoración, porque Artur Mas acaba de decir que no tenemos un Estado neutral que vela por todos, sino que tenemos un Estado que, cuando tiene que poner en funcionamiento sus cloacas, lo hace a fondo.

Al ministro de Sanidad quería preguntarle por un informe de Competencia, que es partidario de que se puedan vender medicamentos en los supermercados. Me gustaría saber si esta opción el Gobierno la valora positivamente y, en cualquier caso, cómo incidiría esto en el actual sistema de farmacias que tenemos en España.

Sr. Alonso.- Nosotros hemos expresado con rotundidad nuestra posición a favor del modelo español de farmacia comunitaria. Nos parece que es un modelo que garantiza que siempre hay un profesional --además, profesionales competentes que inspiran a todos confianza, que son los profesionales de farmacia-- al tanto de la dispensación de los medicamentos. Es un modelo el español que permite también que tengamos más de veinticinco mil farmacias y que haya farmacia realmente en todos los puntos del territorio nacional y, por tanto, que se atienda también a las pequeñas poblaciones donde seguramente las farmacias tienen más dificultades para ser rentables.

Por tanto, desde el punto de vista de la seguridad de los pacientes, de la confianza y la seguridad de los ciudadanos en el Sistema Nacional de Salud, nos parece que no debe alterarse el modelo español de farmacia, que es una referencia internacional; que, desde el punto de vista de la salud pública, es una garantía; que es eficaz para evitar, por ejemplo, un problema con los medicamentos falsificados y que, por tanto, no compartimos las conclusiones del informe al que usted hace referencia, y somos promotores activos de este modelo en España y también como modelo que puede ser exportable a otros países.

Vicepresidenta.- A la primera de sus preguntas, yo creo que las declaraciones de Artur Mas son impropias en cualquier gobernante político, en primer lugar, porque su primera obligación, como la de todos los ciudadanos pero especialmente de quienes tienen responsabilidades políticas, es respetar al resto de los poderes del Estado, muy particularmente al Poder Judicial y a todos los que colaboran en las investigaciones judiciales, y no puede colocarse por encima de las decisiones de los Tribunales.

En segundo lugar, son impropias, porque no respetan a los ciudadanos; porque quien puede tener una responsabilidad, al menos política, en esta cuestión lo último que debe hacer es presentarse como víctima. Aquí el perjuicio es para los ciudadanos, el perjuicio es para el conjunto del sistema y el perjuicio es para lo público porque, si se confirman, después de las investigaciones judiciales, esas comisiones, el perjuicio es para lo público. Y creo que lo último que debe hacer un representante político es presentarse como víctima y, además, escudarse en la política para que no se den responsabilidades o para intentar poner trabas a una investigación judicial.

El conjunto de los ciudadanos tenemos que ser respetuosos con los Tribunales, colaborar con la Administración de Justicia, pero sobre todo respetar a los ciudadanos. Cuando se envuelve en la política para no asumir responsabilidades, se está presentando como víctima y aquí la única víctima es el conjunto del sistema y el conjunto de los ciudadanos, que pagan sus impuestos para que se hagan contratos con neutralidad y con transparencia.

P.- Le quería preguntar, señora vicepresidenta, si los gastos del cuidado como dependiente del padre de Mariano Rajoy, del Presidente, deben ser asumidos por el presupuesto público de La Moncloa.

También Eldiario.es ha publicado esta semana la confesión de Francisco Correa, donde el principal imputado de la Gürtel asegura que recaudaba el 3 por 100 de las obras públicas durante los años del Gobierno de Aznar en nombre de Luís Bárcenas, que entonces era gerente del PP. Le pido, por favor, la posición del Gobierno sobre esta información.

Quería preguntarle también respecto a las adjudicaciones de la TDT. El ministro Soria dijo que la adjudicación de la TDT se ha hecho conforme a criterios objetivos; sin embargo, hemos publicado un documento del propio Ministerio que revela propuestas para manipular la norma del concurso y cambiar la Ley para adjudicar ad hoc. Me gustaría saber si nos pudiera dar una valoración de este hecho.

Y también le quería preguntar si tienen previsto actualizar antes de las elecciones el patrimonio de los altos cargos que, según dijo Presidencia hace un año, se iba a publicar el 30 de septiembre.

Vicepresidenta.- Sobre la primera de sus preguntas, la política de contratación del personal de servicio del Palacio no ha cambiado en este Gobierno. Es la misma que la de los anteriores predecesores.

Sobre la segunda de sus informaciones, es un proceso sujeto a una investigación judicial y, como he dicho aquí en reiteradas ocasiones, desde luego, nosotros no colaboramos ni en la estrategia de defensa ni de acusación de las partes. Ahí estamos a lo que digan los jueces.

Sobre la tercera de las cuestiones, el Consejo de Ministros lo que ha aprobado es la decisión de la Mesa de Contratación, de la que forman parte distintos funcionarios públicos de acreditada experiencia y solvencia en este tipo de mesas. Aquí se sigue la contratación administrativa y nosotros lo que hemos hecho es aprobar, sin más, la propuesta de la Mesa.

Sobre la última de sus cuestiones, permítame que le actualice un poco su razonamiento: esto era con la vieja Ley de Incompatibilidades; ahora tenemos una nueva Ley del Alto Cargo. Esa nueva Ley del Alto Cargo obliga a unas publicaciones mucho más amplias que lo que lo hacía la anterior donde, como ustedes recuerdan, había el activo y el pasivo, y no se daba ningún dato más. Cuando aprobamos la Ley de Altos Cargos, ampliamos el número de las informaciones que tenían que prestar esos altos cargos. Entró la norma en vigor y se está --ya hemos recibido el informe del Consejo de Estado hace escasos días-- en la aprobación del Reglamento; Reglamento de Altos Cargos que determinará, entre otras cuestiones, esos datos a mayores que obliga a dar la nueva Ley de Altos Cargos.

Cuando se apruebe el Reglamento --como digo, acaba de llegar el informe del Consejo de Estado y está pendiente de solventar dos observaciones, creo que son del Ministerio de Economía--, se aprobará la norma y se procederá a la publicación del patrimonio de los altos cargos que no había sido publicado, porque, como sabe también, en la Ley de Altos Cargos lo que hicimos fue ampliar el número de los que estaban sujetos a esa información. Anteriormente sólo la daban ministros y secretarios de Estado; con la ampliación de la Ley del ejercicio de Altos Cargos lo son todos los altos cargos, hasta la condición de director general, asimilados y también determinado personal que presta servicios en el exterior.

P.- ¿Será antes de las elecciones? ¿Para cuándo?

Vicepresidenta.- Probablemente el Real Decreto lo aprobemos la semana que viene si, digo, se solventan estas cuestiones. Yo me imagino que dará perfectamente tiempo; pero, además, lo que haremos a partir de ahora es que esa obligación se tenga que cumplir todos los principios de año, que es lo lógico, con lo que, fíjense ustedes, tendrán los de los actuales, los de los que puedan incorporarse después de las elecciones y lo que sobre todo me parece más importante, una información absolutamente completa.

Como hay que aprobar los nuevos modelos, porque la información es mucho más amplia que la que se daba hasta ahora, era necesario un desarrollo reglamentario de la norma, que exige la participación del Consejo de Estado.

P.- Mi pregunta va dirigida al ministro de Sanidad acerca del Real Decreto de prescripción enfermera. Ha dicho que se han introducido las garantías para que la nueva prescripción enfermera no merme la competencia esencial del médico. ¿Se ha cambiado, por tanto, el polémico artículo 3 y se ha dado satisfacción al Foro de la Profesión Médica, que pedía, como condición indispensable para apoyar el texto, el cambio de este artículo?

Sr. Alonso.- El objetivo del Gobierno, cuando regula, es dar satisfacción a los ciudadanos, que yo creo que es lo que se consigue también con este Real Decreto que, como digo, favorece mucho la actividad de cuidados que realizan los enfermeros, que pueden indicar de forma autónoma medicamentos no sujetos a prescripción médica y, en los medicamentos sujetos a prescripción médica, se ha modificado el artículo 3. Se ha establecido una redacción que aclara y disipa cualquier duda que pudieran albergar los médicos, y también se ha incorporado una referencia, que yo creo que era importante, en la exposición de motivos. En palabras del texto, la facultad de prescripción de los medicamentos no resulta modificada y, por ende, la competencia previa de diagnóstico.

Por tanto, yo creo que éste es un Real Decreto que ofrece esa garantía y dispone de ese acuerdo con el Foro de la Profesión Médica, y que viene a dar un desarrollo muy importante y necesario a la actividad de cuidados que ofrecen los enfermeros, y a la posibilidad de que puedan indicar medicamentos en el uso de sus funciones.

P.- Sobre el tema de Cataluña, quería una aclaración: parece que tanto la lista que encabezó…, bueno, que no encabezó, en la que estaba Artur Mas…

Vicepresidenta.- Encabezar, no; creo que era quinto, o el cuarto. Aunque el concepto de encabezamiento es amplio; es un concepto ya indeterminado.

P.- Parece que hay la intención por parte de la lista de "Junts pel Sí" y de la CUP de presentar una declaración en el Parlamento, más o menos inmediata, hacia la república catalana. Yo quería saber si eso sería suficiente para el Gobierno para tener algún tipo de actuación ante ese tipo de declaración.

Sobre el tema de la Oficina que se ha inaugurado hoy, ¿nos podía precisar exactamente por qué se ha inaugurado tan tarde? ¿Cuáles han sido los problemas para que no se hubiera montado antes? Hay quien ha criticado que se ha inaugurado prácticamente el último día laborable que es posible inaugurar. ¿Cuánto ha costado? ¿Cuánto ha sido la inversión que se ha necesitado para montar esta Oficina?

Vicepresidenta.- Sobre la primera de sus cuestiones, permítame que haga una cierta valoración del momento en que nos encontramos. Esta lista, como decía usted, de la que formaba parte el señor Artur Mas no obtuvo la mayoría absoluta que buscaba en esas elecciones; unas elecciones que algunos integrantes de esa lista, particularmente la persona que usted citaba, el señor Artur Mas, quiso vender como publicita… Perdón, como plebiscitarias; pero también publicitarias. Pero en este caso eran plebiscitarias. Eso no lo permitía la Ley pero, además, se dio la circunstancia de que tampoco lo avalaron los catalanes con su voto en las urnas. Las opciones que podían llegar a defender un proyecto de esa naturaleza suman escasamente el 47 por 100 de los votos. Esa es la realidad, ése es el panorama del Parlamento de Cataluña.

Al margen de lo que puedan decidir, mi pregunta es la siguiente: ¿un porcentaje tan exiguo tiene capacidad, ya no digo legitimación legal, que no la tiene, legitimidad política, para llevar a cabo declaraciones de esa naturaleza? Para cambiar el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que es su norma institucional básica después de la Constitución, se requieren dos tercios del Parlament de Cataluña.

Yo creo que antes de plantearnos otras cuestiones, los dirigentes de esa lista tienen que contestar a esta pregunta, porque ya saben cuál ha sido el resultado de esas elecciones y cuál es su legitimidad para embarcarse en procesos de esta naturaleza.

Y sobre la Oficina, como saben, esta Oficina trae causa, tanto de la modificación del Código Penal, como del cumplimiento de determinados cambios en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Para crearla ha sido necesario aprobar un Real Decreto, que ha sido sometido también al Consejo de Estado, incluso se le ha pedido con urgencia, y se ha aprobado en el momento en que se disponían de todos los informes. También eran necesarios informes, si no recuerdo mal, del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal, en cuanto que lo que vamos a hacer es colaborar con la Administración de Justicia y con la Fiscalía en la gestión de esa Oficina.

Sobre el coste, he de reconocerlo que no lo tengo aquí; figurará en la Memoria. Pero sí le puedo indicar que supone la constitución de una dirección general, pero que buena parte de sus medios, de su oficina y de sus funcionarios proceden del propio Ministerio, con lo que se hará el máximo esfuerzo con el mínimo costo presupuestario, teniendo además presente que al mantenimiento también contribuirán los propios recursos que se obtengan como consecuencia del decomiso de esos bienes, porque la ORGA, y eso sí se lo digo, tiene previsto la autofinanciación para la realización de sus funciones entre los beneficiarios de ese decomiso y de esa realización de bienes.

Aparte de la Oficina de asistencia a las víctimas; de los programas sociales de Comunidades Autónomas y Entidades Locales; de ONGs y entidades sin ánimo de lucro, fundamentalmente para asistir a víctimas; de lo que pueda colaborarse con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la Fiscalía del Estado, los Institutos de Toxicología o Medicina Legal y la colaboración internacional; uno de los gastos que se van a sufragar precisamente con lo que se saque de la persecución de estos bienes será la autofinanciación de la Oficina.

P.- La pregunta es para el ministro de Sanidad. ¿Cree que los cambios introducidos a última hora en el texto del Real Decreto de prescripción enfermera puede poner en peligro el pacto con la Enfermería?

Luego, una segunda pregunta, aunque sé que es un tema del Ministerio de Educación, pero probablemente lo sepan, es si se ha aprobado en este Consejo de Ministros la equiparación de títulos, la equivalencia, entre el Diplomado en Enfermería con el Graduado de Enfermería, como ya se ha hecho con muchas carreras.

Sr. Alonso.- Me indica la señora vicepresidenta que va para el siguiente Consejo de Ministros.

Vicepresidenta.- Si no recuerdo yo mal, el Índice Negro del próximo miércoles. Creo que va para el siguiente.

Sr. Alonso.- Precisamente, este Real Decreto da cumplimiento a un pacto y nosotros dijimos que los pactos hay que cumplirlos. Nosotros tenemos firmado un pacto y un acuerdo por nuestro Sistema Nacional de Salud, un pacto por la Sanidad, tanto con la profesión enfermera, como con los médicos y con los farmacéuticos. Esto da cumplimiento al pacto y a mí me parece que por eso es un momento particularmente satisfactorio. Se ha hecho la regulación, se da esta seguridad a los enfermeros y a las enfermeras en el desarrollo de sus funciones, y se hace también de una manera armónica, como no puede ser de otra forma, como se trabaja todos los días en los centros de salud y en los hospitales, entre las distintas profesiones sanitarias, de manera que todo el mundo tiene claras sus atribuciones; pero ahora los enfermeros tienen una protección que antes no tenían y van a poder hacer su trabajo mucho mejor.

Por tanto, éste es el cumplimiento escrupuloso, punto por punto, del acuerdo que se firmó en su día en Moncloa con la profesión enfermera.

P.- En primer lugar, para el Ministro. Quería plantearle, sobre el avance que se ha producido hoy en materia de medicamentos, precisamente sobre las posibilidades que van a tener los enfermeros de recetar esos medicamentos, si nos puede poner algún ejemplo concreto para que el ciudadano vea qué ventaja va a tener a la hora de ir como paciente y que un enfermero le pueda recetar directamente algún medicamento de algún tipo. ¿Cómo se va a producir y qué ventaja tiene directa?

Y a la vicepresidenta. En clave ya electoral, porque el lunes se va a disolver el Parlamento y convocar oficialmente las elecciones, me gustaría preguntarle si el Gobierno es partidario de que, tanto el presidente del Gobierno, como los ministros, como por ejemplo pasó con García-Margallo en las elecciones catalanas, participen activamente en debates electorales en televisión con otras formaciones políticas, y un poco cuál es su inclinación con vistas a las elecciones del 20-D.

Sr. Alonso.- Es una agilización decisiva a la hora de trabajar, y sobre todo le da una cobertura legal. Piense que usted recetar -perdón, usted no puede recetar porque usted no es médico; no puede recetar de ninguna de las maneras- o usted le puede decir a la ministra de Empleo: "tómese un paracetamol", ¿no? Una enfermera no puede legalmente o no tenía la habilitación legal para poder hacerlo en el desarrollo de sus trabajos. Por tanto, ésta era claramente una carencia que tenía la profesión y que ahora se cubre.

Se ha dado el caso de que se ha inhabilitado a una enfermera por hacer eso sin que le hubiera ocurrido nada al paciente. Hemos tenido casos de inhabilitación. Esto da una gran seguridad profesional y, además, tiene otra ventaja añadida: le he dicho que 140.000 enfermeras -fundamentalmente, son mujeres-- y enfermeros han realizado ya cursos que les permiten acreditarse; es decir, se han formado en el conocimiento y en el uso de estos medicamentos, y eso es una garantía adicional para todos.

Luego, también se prevé el desarrollo de protocolos y de guías para cada uno de los supuestos. Cuando se ha producido la diagnosis del médico y se ha producido también la prescripción del tratamiento, estará ordenado a través de una guía y un protocolo, en el que se sabrá muy bien qué es lo que tiene que hacer cada uno.

Por tanto, yo creo que está lleno de ventajas desde el punto de vista de la seguridad del paciente, de la coordinación entre los distintos profesionales y también de la consolidación de la profesión enfermera.

Vicepresidenta.- Sobre los debates, creo que tanto el Presidente como los ministros estamos bregados bastante en esto de los debates, entre otras cosas, porque a lo largo de la Legislatura muchos han sido los debates parlamentarios, por poner un ejemplo. Pero no nos corresponde a nosotros decidir cómo Gobierno. Eso es ya cuestión de los partidos que van a las elecciones cómo van a ser esos debates y quién va a ir, porque, en todo caso, no lo haríamos como ministros, sino como miembros de una candidatura o por formar parte o militar en un partido. Pero, como ya digo, estamos bregados, con lo que estaremos a lo que nos pidan.

Muchísimas gracias.