Intervención de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría

Vicepresidenta.- Muy buenas tardes. Como todos los viernes, vamos a informarles de los principales asuntos que hemos aprobado hoy en el Consejo de Ministros, que ha sido un Consejo de Ministros cargado de decisiones.

En primer lugar, hemos tomado una serie de medidas que se engloban en el objetivo de hacer una Administración Pública más eficiente, más ágil y que dé más seguridad jurídica. Como saben, ésta es una tarea constante y continua, que forma parte del conjunto de medidas del Informe de Reforma de las Administraciones Públicas, de la CORA. Hasta septiembre de 2015 hemos aprobado tres leyes orgánicas, 23 leyes ordinarias, un decreto ley y 53 reales decretos, además de numerosos acuerdos de Consejo de Ministros, para dar cumplimiento a ese Informe.

Pues bien, en ese Informe se ponía de manifiesto que distintos organismos internacionales habían señalado que la revisión de textos normativos en España no era sistemática y que, además, no existían en la tradición legal herramientas como revisiones periódicas obligatorias o fijación de fechas de caducidad. Siguiendo esas recomendaciones de organismos internacionales, el Informe de CORA de codificación del Derecho estableció la necesidad de un proceso de revisión y simplificación normativa mediante la elaboración de una figura, que existe en nuestro ordenamiento, que son textos refundidos sobre materias de especial relevante y que han sido modificadas en innumerables ocasiones. Es decir, una de las medidas que nos impusimos fue procedimientos de codificación, procedimientos de simplificación y actualización de normas que son muy utilizadas por los ciudadanos y por distintos operadores jurídicos y económicos.

En cumplimiento de esta medida y de una ley que se aprobó para que pudiera hacerse efectiva, hoy se aprueban tres textos refundidos: el del Estatuto de los Trabajadores, que ha sido modificado cincuenta veces desde su última refundición y que no había sido actualizado; la Ley de Empleo y la Ley del Mercado de Valores. La semana que viene aprobaremos otros tantos, que supondrán aprobar textos refundidos en algunas de las normas más utilizadas por los usuarios del Derecho y por los ciudadanos en general.

Además, como saben, en ese afán de acercamiento al ciudadano el servicio del BOE presta, sin el certificado de ser un texto refundido pero sí integrando normas, 92 títulos legales y ha conseguido que 3,2 millones de descargas de estos códigos se hayan extendido a los usuarios. Es decir, aparte de refundir textos, prestamos, a través del BOE, la capacidad de que los ciudadanos puedan conocer en tiempo real cuál es la norma vigente en cada momento.

Como decía ayer, y ahora lo explicará la ministra de Empleo, aprobamos el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y el texto refundido de la Ley de Empleo, que son las dos normas básicas y claves en materia de empleo. A ello se suma el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, que también ha sido aprobado. Es un texto que ha sufrido muchas modificaciones, creo que cuarenta, desde su aprobación. Por tanto, lo que buscamos es facilitar el conocimiento y la aplicación e interpretación de la normativa jurídica, y reducir la carga de los operadores.

Como digo, más de cuarenta normas con rango de ley habían modificado la Ley del Mercado de Valores; hoy todas estas ya se integran en este texto refundido. Además, se han incluido algunas en su ámbito material, que han afectado a esta ley justo antes de su aprobación y, además, se incluyen una serie de disposiciones legales relativas a estos mercados.

Estos textos refundidos permitirán, igualmente, una cosa muy importante: como es una materia en la que la Unión Europea legisla con mucha frecuencia, y probablemente tendremos que seguir incorporando transposiciones de Directivas y otras decisiones comunitarias, el aprobar un texto refundido dará claridad a la hora de tener o no por traspuestas diversas decisiones.

Por tanto, tres textos importantes y un objetivo fundamental: trabajar en la calidad normativa, que es una de las exigencias, entre otras, de nuestra pertenencia a la Unión Europea.

En segundo lugar, se ha aprobado un Real Decreto por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros, que ahora explicará el Ministro; que, a su vez, ha llevado a Consejo el Marco de Actuación para las Personas Mayores, que es un documento que, consensuado con los agentes implicados, busca impulsar la autonomía, la calidad de vida y la participación de las personas mayores en nuestra sociedad.

Además, hoy el Consejo de Ministros aprueba una de las materias más importantes, una de las decisiones más importantes, del paquete de medidas de lucha contra la corrupción, que es el Real Decreto que regula la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, la ORGA. Es un nuevo órgano que nace tras la reforma del Código Penal, que se aprueba este año, y que hoy comienza su andadura como una herramienta fundamental en la lucha activa contra la corrupción y la criminalidad organizada.

Las funciones primordiales de esta Oficina serán en todo tipo de procesos, y ya no sólo, como se viene haciendo hasta esta fecha con bastante eficacia, aquellos en que participa, o la Tesorería General de la Seguridad Social o la Agencia Tributaria, que tienen gran experiencia en este tema, sino en todos los ámbitos la localización y recuperación de bienes y efectos del delito, así como la gestión y realización de los bienes decomisados. Es decir, que en todo tipo de delitos, cualquiera que sea su origen, podamos localizar y trabar esos bienes que forman parte de los efectos del delito para poder recuperarlos el Estado y, después de su decomiso, su venta o su enajenación para, con los efectos de ese delito, poder sufragar determinados programas de carácter social.

Hasta la fecha, como no existían órganos especializados, los activos decomisados quedaban a disposición de los órganos jurisdiccionales de cada Juzgado, de cada Tribunal, que tenían una capacidad limitada para gestionarlos y, además, en procesos muy complejos, que se alargaban en el tiempo había problemas de deterioro, excesivos gastos en el mantenimiento, depósito y custodia de estos bienes, etc., etc. A partir de ahora, la Oficina, con el respaldo del órgano judicial y la fiscalía correspondiente, podrá adoptar las medidas necesarias para conservar y gestionar estos bienes, teniendo en cuenta su naturaleza, las posibilidades de venta o adjudicación y el coste de custodia y conservación.

Como importante novedad que se estableció en la Ley, se podrá proceder a la venta anticipada de los bienes, sin esperar al fin del procedimiento, evitando el deterioro o la desaparición del bien y ahorrando gastos de conservación. Todo ello permitirá que lo que se obtenga vendiendo esos bienes se pueda utilizar para fines de interés social, especialmente víctimas de los delitos, abonando las indemnizaciones reconocidas por sentencia judicial, apoyo a proyectos sociales de asistencia a las víctimas, medidas para la reinserción de los delincuentes y el impulso de la lucha contra la criminalidad organizada.

Por tanto, éste es un elemento fundamental, que sigue el ejemplo de otros Estados europeos, como es el modelo francés, y que permitirá que haya un órgano especializado en investigar, localizar, trabar, estos bienes, obtenerlos, conservarlos de la manera más económica posible y obtener los mayores rendimientos de la venta de esos bienes para poder utilizarlos a fines de interés social, en particular, protección a las víctimas y prevención de otro tipo de delitos.

En otro orden de cosas, hoy se aprueba un Acuerdo por el que se permite suscribir una adenda al Convenio de Colaboración entre la Administración General del Estado, la Administración de la Generalitat de Cataluña y la Universidad Politécnica de Cataluña para la creación, construcción, equipamiento y explotación del Centro Nacional de Supercomputación. Como recordarán, el pasado mes de septiembre el Consejo de Ministros aprobó un acuerdo que daba continuidad para el período 2016-2019 a este convenio de colaboración, con un presupuesto de veintitrés millones de euros.

Este Centro es una referencia mundial, tanto en infraestructuras de supercomputación, como en centro de investigación y desarrollo tecnológico. Con esta adenda facilitamos la tramitación de un convenio bilateral entre el Ministerio de Economía y el Centro de Supercomputación que permita la participación y colaboración de España en el Proyecto Europeo de Supercomputación PRACE, de modo que nuestro país pueda mantener su condición de socio principal, junto a Alemania, Francia e Italia. Para ello, hay que mejorar el supercomputador "Mare Nostrum" y de ahí que el Convenio bilateral tenga la envolvente presupuestaria, es decir, los recursos necesarios, para hacer frente a los gastos que implica esa mejora. Este proyecto europeo, el PRACE, es una iniciativa integrada por veintiséis instituciones de supercomputación, con el objetivo de crear una infraestructura europea de supercomputación de alto rendimiento.

También hemos aprobado dos Acuerdos que permiten la celebración de conciertos para el aseguramiento del acceso a la prestación de asistencia sanitaria en territorio nacional a los beneficiarios de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE); es decir, los nuevos conciertos para prestar asistencia sanitaria en MUFACE. Es una inversión de más de dos mil millones de euros, mil millones por anualidad en 2016 y 2017, para el aseguramiento de los beneficiarios a nivel nacional, y veintiséis millones en estos dos años para aseguramiento a los empleados públicos residentes o destinados en el extranjero. Es una muestra de un refuerzo a este modelo de previsión sanitaria para garantizar la continuidad asistencial de los pacientes, en el que ha habido un incremento a las aportaciones para garantizar la amplitud de la cobertura.

También se crea hoy por Real Decreto el Centro Superior de Enseñanzas Deportivas, el CESED, y se establece su estructura y funcionamiento. Se trata de un centro docente de titularidad pública, adscrito al Consejo Superior de Deportes, que nace con la finalidad de apoyar la implantación y desarrollo de las enseñanzas deportivas, y suplirá la ausencia de una oferta centralizada a nivel estatal.

Por último, hoy se aprueba el Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones. El Registro cumple una función esencial para dar seguridad jurídica y la necesaria publicidad formal al ejercicio del derecho de asociación, que reconoce nuestra Constitución. Viene a remplazar al actual Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones y busca un servicio público mucho más ágil, transparente y tecnológicamente avanzado. Ese nuevo Reglamento tiene una estructura más lógica, se define con mayor claridad su objeto, la forma de hacer las inscripciones de estas asociaciones no lucrativas de ámbito estatal y de régimen general, y quedan excluidos de él las de ámbito autonómico y otras que tienen, por su legislación específica, la obligación de inscribirse en registros especiales.

Por primera vez, se recogen los conceptos de federación, confederación y unión de asociaciones, y se trabaja para una hoja electrónica registral, de manera que, una vez más en el procedimiento de administración electrónica, aprobamos este Reglamento que va a suponer un ahorro de cargas administrativas para los interesados importante, que cuantificamos en 375.000 euros.

Finalmente, quiero informarles brevemente de que se ha autorizado la contribución de España, por importe de un millón de euros, a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo. Es una Agencia que nació en 1949 para brindar apoyo a la población palestina refugiada tras la guerra árabe-israelí. Tras más de 65 años desde su creación, sigue aportando recursos necesarios para mantener a cinco millones de refugiados; les presta asistencia, defensa y protección. España es desde 2001 país donante de la Agencia y desde 2005 forma parte de su comité asesor. Por la situación financiera de la Agencia ha venido la necesidad de apoyar con más recursos su tarea y lo hacemos a través de ese Acuerdo, como digo, por importe de un millón de euros.