La Moncloa, Madrid
Méndez de Vigo.- Se notan ausencias hoy. Berlín está hoy más transitado que Madrid.
Comparezco ante ustedes para transmitirles los acuerdos adoptados en la sesión de esta mañana del Consejo de Ministros, que ha sido presidido por la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales en ausencia del presidente del Gobierno, que, como saben ustedes, se encuentra en Berlín, junto al presidente de la República Francesa, la primera ministra de Gran Bretaña y el primer ministro italiano, en la Cumbre convocada por la canciller alemana, la señora Merkel, para despedir al presidente de los Estados Unidos.
Respecto a los temas tratados por el Consejo, en primer lugar, debo informarles de que el Consejo ha tomado conocimiento del informe favorable del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, de fecha del 17 de noviembre, acerca del nombramiento de don José Manuel Maza Martín como fiscal general del Estado. En dicho informe, el Consejo General del Poder Judicial señala expresamente que el señor Maza reúne los méritos y requisitos exigidos para ser nombrado. Y, siguiendo el procedimiento que establece la Ley, ahora será, en el Congreso de los Diputados, la Comisión de Justicia la que va a evaluar los méritos e idoneidad del señor Maza como candidato.
En segundo lugar, quiero informarles de que el Gobierno ha aprobado el envío a las Cortes, y también ha aprobado su tramitación por el trámite de urgencia, del Proyecto de Ley referido a la restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro. Se trata de una Ley que promueve el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y se trata de un Proyecto de Ley que va a sustituir a una Ley anterior de 1994, que afecta, como ustedes saben, a la restitución de aquellos bienes del patrimonio histórico y cultural de un país que haya salido ilegalmente de ese país y se encuentren en el territorio de otro Estado miembro.
En los años 90 ya hubo una Directiva sobre este particular; veinte años después, la evaluación que hace la Unión Europea es que esa Directiva no ha sido lo suficientemente eficaz, por diferentes razones. Hubo una nueva Directiva en el año 2014, que nos comprometimos todos los Estados miembros a trasponer antes de finalizar el año 2015. En el caso español, no ha podido ser; una vez más, el coste del no Gobierno, precisamente por tener un Gobierno en funciones y no poder presentar Proyectos de Ley, como el que ahora presentamos. Por tanto, de ahí la tramitación por el procedimiento de urgencia.
Esta Ley, respecto a la anterior, intenta solventar aquellas causas que provocaron su poca utilización; abre el ámbito de aplicación; establece en la Secretaría de Estado de Cultura una cooperación administrativa, como autoridad central, que la llevará a cabo; incrementa el sistema de información del mercado interior y establece también unos plazos más amplios para poder solicitar esa restitución.
Por tanto, es un Proyecto de Ley que va a enviar el Gobierno a las Cámaras para su tramitación.
En tercer lugar, quiero informarles del Acuerdo del Consejo de Ministros para requerir al Congreso de los Diputados la revocación de los Acuerdos de la Mesa de la Cámara cuando admitió a trámite la toma en consideración de dos Proposiciones de Ley del Grupo Socialistas: uno, sobre la suspensión del calendario de la LOMCE, cuyo debate y votación tuvo lugar el pasado martes; y, otro, sobre la modificación del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores para garantizar las condiciones laborales de los subcontratados.
Este es un tema importante porque, como saben ustedes, la Constitución establece, en el artículo 134.6, que es una competencia exclusiva e indelegable del Poder Ejecutivo el poder oponerse a toda proposición o enmienda que suponga aumento de créditos o disminución de los ingresos presupuestarios. Todo ello requiere la aprobación del Gobierno para su tramitación. ¿Por qué? Porque el marco presupuestario ha sido aprobado por las Cortes y la alteración del mismo que suponga disminución de ingresos o aumento de créditos altera el marco presupuestario.
Por tanto, éste es un derecho constitucional reconocido a Gobierno. El Gobierno, en su momento, ante esas dos Proposiciones de Ley, se opuso por entender que suponían una disminución de ingresos, en el primer caso, en el de la LOMCE, seiscientos millones de euros provenientes de fondos europeos; igualmente en el segundo. No lo entendió así la Mesa del Congreso de los Diputados, a través de una votación. Como he dicho antes, se celebró el primer debate; pero el Gobierno lo que ha acordado hacer esta mañana es notificar al Congreso de los Diputados y solicitarle que revoque esos acuerdos, por entender que no ha apreciado correctamente ese derecho constitucional que le otorga el párrafo sexto del artículo 134 de la Constitución.
Creemos que nos avalan los dictámenes jurídicos y, por tanto, ahora se abre un plazo para que la Mesa del Congreso de los Diputados, en plena autonomía, reconsidere o no reconsidere la decisión a la que me he referido anteriormente.
Eso es por lo que se refiere al punto del requerimiento a la Mesa del Congreso de los Diputados en relación con esos acuerdos que el Gobierno quiere ver revocados.
En cuarto lugar, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se modifica un Real Decreto de 2014, en donde se establecía la metodología del cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen jurídico de contratación. De lo que se trataba aquí es de dar cumplimiento a unas sentencias del Tribunal Supremo que declaró nulo un Real Decreto de 2014, donde el Gobierno había establecido unos costes de la comercialización de la energía que eran netamente favorables para el consumidor. El Tribunal Supremo anuló ese cálculo que hacía el Gobierno y el Gobierno presenta, en cumplimiento de esas sentencias, en el Tribunal Supremo, otra metodología de los mismos, que al final va a representar para el consumidor una subida mínima del 0,04 por 100 al final de año, y que estimamos por ello cumplir con el requerimiento --en este caso, la sentencia del Tribunal Supremo--, pero también con algo que preocupa al Gobierno, algo de lo que se ocupa el Gobierno, y es evitar que los costes de la comercialización de la energía recaigan sobre los consumidores.
Asimismo, el Consejo de Ministros ha acordado exceptuar de la orden de cierre presupuestario toda una serie de operaciones. En primer lugar, aquella que se refiere a las ayudas al cine, a los largometrajes en el cine. Como saben ustedes, en el año 2015 se produjo un cambio en el régimen de ayudas de subvenciones al cine; ahora se hacen en concurrencia competitiva, se hacen antes de que se produzca la filmación, se entregan antes e, incluso, se pueden llegar a reembolsar si la película ha tenido éxito, a diferencia del régimen anterior, denominado "de arrastre", y que provocó algún caso aislado --aislado, quiero repetir-- de fraude, detectado por el Ministerio y que se mandó a los Tribunales. Pero ese régimen de subvenciones requería también la aprobación de las mismas; el cierre, como ustedes saben, ocurrió a finales de julio y hoy se han exceptuado de ese cierre, insisto, las subvenciones a los largometrajes.
Como también se han exceptuado de la orden de cierre, a través de un Acuerdo, las subvenciones a las plantas potabilizadoras para desalación de agua de mar en las Islas Canarias, que venimos impulsando desde el año 2013.
Como también ha habido una excepción a la línea de crédito en determinados temas que provienen del Ministerio de Empleo y que se refieren, fundamentalmente, a ayudas a las organizaciones sindicales y también ayudas a mayores necesitados que viven en el extranjero.
Igualmente, otra excepción importante ha afectado a I+D+i en una apuesta que hace el Gobierno por el talento y por la creatividad. Concretamente, se han exceptuado de la línea de cierre, y, por tanto, se producirá esa ayuda, esa subvención, "Proyectos de I+D de Excelencia 2016", con un presupuesto total de 125 millones de euros, dirigidos a proyectos experimentales capaces de generar conocimiento; igualmente, "Proyectos de I+D+i Retos" --así se llaman los proyectos-- que cuentan con 244 millones de la sociedad para promover conocimientos científicos, orientado a afrontar los retos en campos de salud, energía, transporte y alimentación; y, finalmente, el proyecto "Infraestructuras y equipamiento científico-técnico", que cuenta con una dotación de 117 millones de euros.
Se estima que estos programas de I+D pueden generar cinco mil puestos de trabajo de alta cualificación y están en la línea --decía-- del programa europeo Europa 2020. Por tanto, apuesta por la investigación, apuesta por el talento y apuesta por la cultura que hace el Gobierno.
Déjenme decirles también, y me pongo ahora el sombrero de ministro de Cultura, que ese régimen de ayudas de subvención al cine es un régimen que ha sido muy bien recibido por el sector y que va a ayudar a que la industria cinematográfica española continúe progresando, como de hecho lo ha hecho en estos últimos años. Yo creo que vamos a cerrar este año con una cuota de pantalla de películas españolas del 20 por 100, que es muy alta, y con un número de espectadores en torno a los diecisiete millones, lo que prueba el talento y la capacidad innovadora de nuestras producciones del cine.
Finalmente, hay otro capítulo al que me quiero referir también, que es el capítulo de nombramientos en este Consejo de Ministros, donde el Gobierno ha ido cubriendo los distintos escalones de los Departamentos ministeriales. Sin perjuicio de que encontrarán en la Referencia una pormenorización de los currícula de las personas a las que voy a referirme, voy a hacerles un rápido repaso de las mismas.
El Consejo de Ministros ha acordado nombrar, en Presidencia del Gobierno, a doña Eva Valle Maestro como directora de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno.
En el Ministerio de Defensa ha nombrado a don Agustín Conde como secretario de Estado de Defensa; a don Arturo Romaní como subsecretario y al almirante don Juan Francisco Martínez Núñez como secretario general de Política de Defensa.
En el Ministerio del Interior se han producido los siguientes nombramientos: don José Antonio Nieto Ballesteros será secretario de Estado de Seguridad; don Germán López Iglesias será el nuevo director general de la Policía; don José Manuel Holgado Merino será el director general de la Guardia Civil y don Gregorio Serrano López será el director general de Tráfico.
En cuanto al Ministerio de Fomento, en este Departamento han sido nombrados hoy en el Consejo de Ministros doña Rosana Navarro, nueva subsecretaria del Ministerio, y don Juan Bravo Rivera, presidente de ADIF.
En el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, junto al secretario de Estado de Educación, que nos acompaña, que ya lo estaba, el nuevo secretario de Estado de Cultura será don Fernando Benzo; el nuevo presidente del Conejo Superior de Deportes será don José Ramón Lete Lasa y el nuevo subsecretario del Ministerio será don José Canal.
En el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha sido nombrado, como secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, don José María Lassalle y don Daniel Navia Simón será el nuevo secretario de Estado de Energía.
En el Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, don Roberto Bermúez de Castro Mur ha sido nombrado secretario de Estado para las Administraciones Territoriales.
En el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, y a propuesta del señor ministro, doña María Luisa Poncela García ha sido nombrada secretaria de Estado de Comercio y don Pablo Zalba Bidegain, presidente del ICO.
En el Ministerio de Sanidad don Mario Garcés será el nuevo secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.
Y también el Consejo de Ministros ha aprobado el nombramiento como presidente del Consejo Escolar del Estado, que lo teníamos sin presidente por la jubilación del presidente y la vicepresidenta, y el fallecimiento del secretario general, de don Ángel De Miguel.
Por tanto, esto es lo que puedo decirles de los acuerdos del Consejo de Ministros y, por supuesto, estoy a su disposición para aquellas preguntas que quieran hacerme.