Respuestas a los medios de comunicación

P.- Quería preguntarle a la Vicepresidenta sobre actuaciones del Gobierno que tienen que ver con otros poderes del Estado o con otras instituciones del Estado.

En primer lugar, le quería preguntar si cree conveniente que el Gobierno critique decisiones, en este caso, del Tribunal Constitucional y si comparte las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid en el sentido de que el Constitucional es un tribunal político que hay que eliminar.

En segundo lugar, ¿podría explicar las razones por las que, en la situación en la que estamos, el presidente del Gobierno elimina este año el Debate sobre el Estado de la Nación, que piden todos los demás Grupos?

Y respecto al Consejo General del Poder Judicial, le quería pedir su opinión, dado que el presidente ha dimitido y el ministro de Justicia le había respaldado públicamente; y, además, en el Pleno del Poder Judicial hizo constar una vocal, Margarita Uría, que había habido presiones por parte del Gobierno a dirigentes del PNV y, en concreto, se hablaba de una llamada suya. Quería saber si hizo usted esa llamada y si ha habido presiones.

Vicepresidenta.- Me pregunta, en primer lugar, si creo conveniente que el Gobierno valore una sentencia del Tribunal Constitucional. Me va a permitir que me extienda un poco en cuanto a la posición de este Gobierno y del Gobierno anterior respecto del procedimiento del que estamos hablando.

Como bien conoce, hubo una sentencia del Tribunal Supremo, una sentencia llevada a un proceso que se tramitó a lo largo del año 2010 y que acabó con una sentencia del Tribunal Supremo. En ese proceso era parte el Estado español, por tanto el Gobierno, y ese Gobierno en el año 2010, a través de la intervención del Ministerio Fiscal y de la Abogacía del Estado, mantuvo en el Tribunal Constitucional una posición favorable a que se mantuviera la ilegalización de Sortu decretada por el Tribunal Supremo.

Este Gobierno, cuando toma posesión, asume íntegramente la posición del Gobierno anterior, la posición que se había manifestado, entre otros, por quien ocupaba el puesto que yo tengo ahora mismo, el vicepresidente del Gobierno y entonces también ministro del Interior, que no es mi caso, donde decía que consideraba evidente la continuidad de Batasuna, el brazo político ilegalizado de ETA.

Este Gobierno, como digo, asumió la posición procesal del anterior y era parte en ese recurso ante el Tribunal Constitucional, representado, entre otros, por la Abogacía del Estado, donde defendíamos que se mantuviera esa ilegalización.

Este Gobierno, por tanto, es parte en ese procedimiento ante el Tribunal Constitucional; acata la sentencia, porque es su obligación, como es parte; pero, como parte, tanto el Gobierno anterior, con declaraciones tan expresas como la que acabo de leerle, como el Gobierno posterior, consideraba que debía mantenerse la sentencia del Tribunal Supremo.

Por tanto, lo único que hace este Gobierno es mantener su posición procesal, entender que debería haberse resuelto como pedían en esos escritos la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal; el primero de ellos, en representación del Gobierno anterior y también de éste.

Este Gobierno no ha cambiado de posición respecto a representantes de otros Gobiernos. Yo creo que es bueno seguir manteniendo la misma postura que uno defiende en todo momento, pero no me corresponde a mí valorar los cambios de posición de anteriores miembros del Gobierno.

Yo sólo digo que este Gobierno asumió la posición procesal y la posición de partida del Gobierno anterior, manifestada en febrero de 2011; que, sin embargo, no se ha visto reconocida en la sentencia del Tribunal Constitucional y que, como es parte, lógicamente, le hubiera gustado que le diera la razón, y tiene que discrepara cuando no le dan la razón, sin perjuicio de que se someta y acate plenamente las resoluciones del Tribunal Constitucional, como corresponde con cualquier resolución judicial.

En este sentido, y enlazo con lo anterior, nosotros acatamos esa resolución del Tribunal y precisamente en este momento, y desde hace algunos días, como bien saben, estamos trabajando el partido que sustenta al Gobierno y el Partido Socialista, principalmente, en abordar la renovación de esta tnstitución para fortalecerla mediante la plena integración de todos sus miembros con un mandato plenamente renovado. Ésa es la posición del Gobierno.

Me pregunta usted sobre el Debate del Estado de la Nación y quiero comunicarles que la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes ha remitido al Congreso de los Diputados la petición de comparecencia del presidente del Gobierno después del Consejo Europeo que se celebrará en los días 28 y 29 de junio. Lo normal es que la comparecencia del presidente del Gobierno se produzca el 11 de julio. Es decir, en el mes de julio habrá una comparecencia del presidente del Gobierno, donde se hablará largo y tendido de Europa, que no es ni más ni menos que hablar de España y de la economía española, como bien conocen.

Sobre el asunto relativo al Ministerio de Justicia, nosotros ahora en lo que vamos a trabajar, como siempre, es por mantener la estabilidad en el Tribunal Supremo y en cualquier otra institución. Y entienda que nos preocupen, como Gobierno, la estabilidad y la imagen de las instituciones dentro y fuera de España.

Yo he hablado con distintos representantes de distintos partidos políticos a ver cómo ellos analizaban la situación en una alta institución del Estado, como en otras ocasiones hemos hecho miembros del Gobierno cuando hay un momento de crisis en distintas instituciones. Es normal que los que tenemos responsabilidades políticas hablemos entre nosotros de cómo podemos trabajar por fortalecer esas instituciones. Lo raro sería que no nos preocupáramos de lo que está pasando en las instituciones de este país y de cómo podemos fortalecerlo.

Como ellos lo transmitieran a otros, yo ya no puedo decirle; pero yo, desde luego, en tanto que miembro de este Gobierno, como mis compañeros, trabajaremos e intercambiaremos opiniones con otros representantes políticos cuando alguna de nuestras instituciones está en situaciones delicadas. No sería normal no hacerlo, del mismo modo que también puedo decir que algunos me preguntaron a mí antes de que yo les preguntara a ellos. Esto es lo habitual en el Congreso de los Diputados: a unos les pregunté yo y otros me preguntaron a mí previamente cómo lo vería. Yo, sin embargo, como son conversaciones entre compañeros, no las voy a contar, y menos de segunda derivada.

Pero, ya le digo, unos me preguntaron a mí y yo pregunté a otros, y todos hablamos de lo que a todos nos preocupa en cuanto a dirigentes políticos: que tengamos un país con unas instituciones fuertes. Por eso el partido que sustenta al Gobierno está trabajando para poder renovar, en el tiempo que nos han dado el presidente o la mesa del Congreso de los Diputados, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y otras altas instituciones del Estado, igual que el Consejo y el Tribunal Supremo, que cuanto antes deberían volver a una situación de normalidad, porque en eso también va la imagen de España, que acaba influyendo en cosas que también dan de comer, como la que acabamos de ver relativa al turismo.

P.- Vicepresidenta, dos preguntas para usted y una para el señor Soria, para el ministro de Industria.

Para usted. Se ha explicado muy bien en la presentación del Plan antifraude pero, desde el punto de vista práctico, ¿no hubiera sido más coherente que hubiera sido el ministro de Hacienda, que fue quien presentó la regularización fiscal, quien hubiera presentado este Plan antifraude?

En segundo lugar, enlazado con la regularización fiscal, ¿tenemos datos de cuántos contribuyentes se han acogido ya a lo que ustedes llaman regularización fiscal y que el resto de gente llaman amnistía? Porque el plazo va pasando y no tenemos todavía ningún dato.

Para el ministro. El Plan Nacional e Integral de Turismo asume unos objetivos bastante amplios; pero esta misma semana, por ejemplo, hemos conocido que una aerolínea con base en Inglaterra ha anunciado que restringe su base aquí, en Madrid. Esto ha ocurrido con algunas otras aerolíneas por el tema de la subida de las tasas aeroportuarias. ¿Cómo se puede luchar contra esta situación, porque aerolíneas se están yendo de España en este sentido y lo achacan, precisamente, al aumento de las tasas aeroportuarias, considerando que no es lo más coherente para mejorar el turismo ahora mismo en España?

Vicepresidenta.- Muy bien no he debido explicarlo cuando echa usted de menos al señor Montoro; pero, si es necesario que ponga yo algún caso práctico, procuraré expresarme mejor.

Hoy llevábamos varias cuestiones y, si no recuerdo mal, también expliqué yo este tema, y no el ministro Montoro, cuando vino en Anteproyecto, por lo que me está derivando un poco… Sí, el anteproyecto de Ley de Fraude Fiscal lo presenté yo también en esta mesa como portavoz del Gobierno.

No le puedo dar datos de lo que se llama regularización fiscal, porque implica la obligación de determinados pagos. Yo procuro, y dado que no es de mi Departamento, hablar con el mayor rigor posible para que, así, mis compañeros no tengan después que decirme que no utilizo con rigor las palabras. La regularización fiscal lo es cuando, como consecuencia del afloramiento de ese capital, se tiene que pagar un porcentaje de la cantidad defraudada.

Sr. Soria.- En cuanto a lo que apunta de la posible relación entre disminución de frecuencias y aumento en las tasas, en primer lugar, es verdad que por parte del Ministerio de Fomento se ha operado un incremento en determinadas tasas que pagan las compañías aéreas por la utilización de los aeropuertos españoles; pero hay que recordar que, aún así, el nivel medio de tasas que las compañías aéreas pagan en los aeropuertos españoles está por debajo de la media de tasas que se pagan en Europa. Primera consideración.

Segunda consideración, aun cuando haya habido ese incremento de tasas, se establece una política diferenciada, es verdad que para los dos archipiélagos, para Baleares y para Canarias, para que haya una modulación de esas tasas que haga frente a la desestacionalización del turismo y, por tanto, que en las épocas de menor turismo, por ejemplo en Baleares durante los meses de invierno, puedan bajar las tasas para incentivar así el que puedan no reducirse las frecuencias aéreas; y también en el caso de Canarias. En Canarias no hay una desestacionalización o una estacionalización muy acusada, pero sí hay días valle y días pico, y también ahí se aplica una bonificación.

Ahora bien, lo que no hacemos es aplicar una política de tasas discriminatorias como la que se había aplicado a lo largo de los años 2010 y 2011, consistente en que sólo se bonificaban de tasas aéreas a determinadas compañías que incrementaban las líneas o bien incrementaban el número de pasajeros. ¿Por qué? Porque eso, al final, lo que hacía era provocar un efecto de desvío de turistas que venían con compañías que llevaban operando quince años, veinte años o veinticinco 25 años en relación con las nuevas que nunca habían operado, llegaban y empezaban a ofrecer precios más baratos como consecuencia de esa bonificación de tasas.

Respecto a la influencia que eso haya podido tener en una compañía que, en efecto, ha anunciado que retira su base de Madrid, la propia compañía lo que ha dicho es "retiramos nuestra base", lo que significa que las tripulaciones que duermen en Madrid, y, por tanto, los ocho aviones que tenían operando dormían también en Madrid, pasan a tener la base en otro aeropuerto, pero no quiere decir que vayan a disminuir las frecuencias.

De hecho, le puedo decir que los datos respecto al sector turístico en los primeros cinco meses de este año son datos francamente positivos, incluso en relación con los datos del buen año turístico que ya fue el año 2011. España en mayo había recibido ya 5.400.000 turistas, lo que supone un 5,8 por 100 más que en el mismo período del año anterior. Quiere decir que, aun cuando el año 2011 fue un buen año turístico, este año el turismo sigue mostrando un comportamiento dinámico.

P.- Ésta es una pregunta para el ministro Soria. Ayer, en la reunión con los parlamentarios sobre la Mesa del Carbón, comunicó su intención de reunirse cuanto antes con la Mesa del Carbón para hablar del Plan 2013-2018. A mí me gustaría saber si en estas reuniones está previsto también hablar de posibles ayudas para un presupuesto para este año, para atender las necesidades más inmediatas.

Sr. Soria.- Lo primero que quería decirle es que no hay ningún sector en la economía española, ni en el sector agrícola, ni en el industrial, ni en el energético, ni en el de la construcción, ni en el sector servicios; no hay ni un solo sector que, con cargo a los Presupuestos públicos, tenga tal volumen de recursos como tiene la minería del carbón y, además, en opinión del Gobierno, está más que justificado.

Para que se haga una idea, este año, en los Presupuestos Generales del Estado hay 655 millones de euros para el sector de la minería del carbón, que es un sector que, después de todos los ajustes de empleo que se han estado haciendo desde el año 1990 hasta el año 2011, tiene 4.000 empleos. Por ejemplo, el sector turístico, del que hoy hemos presentado un Plan Nacional, que supone más del 10 por 100 del Producto Interior Bruto de la economía y que supone la ocupación de dos millones y medio de personas, tiene un presupuesto sensiblemente inferior: 438 millones. Y eso lo hace el Gobierno porque tiene el convencimiento de que es un sector al que tiene que prestársele una atención especial y, dentro de ello hay que, digamos, entender el por qué se hace ese esfuerzo adicional dentro de un contexto de restricción presupuestaria como el que tenemos en el año 2012.

¿Es verdad que éste es un presupuesto inferior al del año 2011? Sí, eso es verdad. No vamos a negar que hay una disminución importante. Hay una disminución media en el presupuesto de todos los Ministerios del 16,9 por 100, que en el caso del Ministerio de Industria, Energía y Turismo es del 32 por 100. Han disminuido todas las partidas: ha disminuido el capítulo para turismo, también para energía, también para industria y también para la minería del carbón.

Por tanto, desde el punto de vista de lo que es el presupuesto del año 2012, es el sector que más recursos tiene de toda España, pero no hemos podido ir más allá, entre otras cosas, porque es que partimos de un déficit público que es un 50 por 100 superior al que se había marcado como objetivo para final del año 2011. Sabe usted que el objetivo era un 6 por 100 y, finalmente, ha sido de casi tres puntos más, un 8,9 por 100; por tanto, un 50 por 100 más.

En efecto, en la tarde de ayer tuve una reunión con senadores y diputados del Partido Popular que vienen de las circunscripciones donde hay cuencas mineras. Me lo habían planteado y me plantearon qué posibilidad había dentro del Presupuesto del año 2012 para hacer alguna modificación; pero les expliqué esto que le acabo de comentar a usted y, por lo tanto, margen de maniobra no hay.

Pero, al propio tiempo, les planteé lo que el Ministerio está haciendo desde hace más de un mes, que es solicitando al sector, tanto a los sindicatos como a los empresarios, que nos sentemos para negociar el Plan de 2013 a 2018. ¿Por qué? Porque el plan vigente, que es el de 2006 a 2012, finaliza el 31 de diciembre del año 2012. Quiere decirse que, si no hay un nuevo plan, el próximo año, aunque hubiese partidas presupuestarias, que las va a haber, no podríamos hacer las transferencias para formación, para planes de empresa y para reestructuración. Por lo tanto, lo estamos pidiendo.

Quiero decirles que todos los días el secretario de Estado de Energía le plantea al sector la necesidad de sentarnos para llevar a cabo este plan y quiero decirles que ese plan, el de 2013 a 2018, lo que tiene que hacer es concretar ya las medidas que desarrolla el plan que el anterior Gobierno de la nación, en agosto del año 2011, remitió a Bruselas, que era el plan de cierre en la minería del carbón de aquellas explotaciones que estuviesen recibiendo ayudas y que, por tanto, tienen que cerrar con fecha 1 de enero del año 2019.

No quiere decir que vayan a cerrar todas; quiere decir que, de acuerdo a lo que Bruselas ha decidido --cuando digo "decidido", es una decisión del año 2010--, todas aquellas explotaciones de minería del carbón que hayan percibido ayudas a lo largo de todo este período esas ayudas las han recibido para reconvertir las comarcas, para reestructurarlas y para que las empresas tengan recursos suficientes para adaptar sus objetos sociales. Por tanto, ése es un mandato europeo que, insisto, está incluido en el plan de cierre de la minería del carbón que remitió a Bruselas el anterior Gobierno.

P.- Vicepresidenta, tres preguntas; en realidad, una, pero en el ámbito de Justicia.

Quería saber si el Gobierno participa de tres ideas que están ahora mismo en la arena política: la primera, y yo no voy de nombres, es si el Tribunal Constitucional debería de ser una Sala del Tribunal Supremo, porque no son magistrados, como dice alguna persona, Esperanza Aguirre, la presidenta regional; en segundo lugar, si Arnaldo Otegi debía de ser excarcelado, y lo ha pedido un juez de la Audiencia Nacional, también lo pidió ayer el Partido Socialista de Euskadi; y, en tercer lugar, si Carlos Dívar ha sido víctima de una "vendetta", como ayer afirmó algún portavoz parlamentario

Vicepresidenta.- Sobre el Tribunal Constitucional, en mi pregunta ya le he señalado en lo que están trabajando el Partido Popular y el Partido Socialista, que es en la renovación de este órgano. que no es un órgano judicial, pero sí es un órgano jurisdiccional.

En segundo lugar, sobre si Arnaldo Otegi debe ser excarcelado corresponde a los Tribunales tomar esa decisión; pero, desde luego, el Gobierno considera que deben cumplirse íntegramente las sentencias que se imponen, y más en casos de naturaleza tan grave como los delitos de los que estamos hablando. A nuestro juicio, no; pero lo tendrán que decidir los Tribunales y esperamos que cumpla íntegramente lo que se le ha impuesto.

Sobre la situación del presidente del Tribunal Supremo, en estos momentos el Gobierno en lo que va a trabajar es por devolver la estabilidad a dos instituciones: por un lado, el Tribunal Supremo, que es el supremo órgano judicial en España; y, en segundo lugar, el Consejo General del Poder Judicial. Cada uno puede sacar sus valoraciones políticas pero, como Gobierno, a nosotros lo que nos corresponde no es juzgar, sino trabajar por dar estabilidad a las instituciones.

P.- Vicepresidenta, tenía dos preguntas. La primera es sobre la Ley Antifraude que ha presentado y que nos ha explicado con detalle. Algunas de las medidas parecen bastante contundentes y le quería preguntar si hay modificación en cuanto a la estimación que se hizo inicialmente del dinero que se podría recaudar con estas medidas. ¿Hay un incremento o, básicamente, es la misma cantidad que se habló en su momento?

En segundo lugar, le quería preguntar también por el Tribunal Constitucional. Ha recordado usted que estamos a una semana del plazo que se dieron el señor Pérez Rubalcaba y el señor Rajoy para renovar los magistrados del Tribunal Constitucional. Inicialmente, se esperaba que esto fuera en el mes de febrero, que es cuando se reunieron los dos líderes. Se han retrasado los nombramientos estos meses y quería preguntarle si el Gobierno siente que le han podido utilizar este retraso en los nombramientos para que precisamente saliera una sentencia como la de Sortu.

Vicepresidenta.- En cuanto al primero de los puntos, no vamos a dar cifra diferente a la que dimos en su momento, aunque no le ocultaré que con todo este conjunto de medidas lo que se trata es de ampliar las bases impositivas, esto es, que declare más gente, que más gente cumpla con sus impuestos, para poder, a partir de ahí, recaudar más, aparte de lo que se pueda recaudar en el tema de sanciones y recargos que pudieran imponerse.

Sobre el asunto de la renovación en los distintos tribunales, cada uno puede sacar sus valoraciones de este punto. Alguno puede decir, por hablar, como hemos hablado mucho de Derecho esta mañana, la pregunta procesal del "qui prodest", a quién aprovecha. Yo alguna vez la he utilizado en sede parlamentaria y, por eso, me remito a ella. Pero yo no voy a entrar ahí.

Ahora se trata de integrar el Tribunal Constitucional y de renovar el Tribunal de Cuentas y alguna otra institución, de manera que podamos fortalecer su trabajo y su composición. Yo espero que podamos hacerlo en el plazo que nos hemos marcado. Desde luego, ésa es la voluntad del Gobierno y del partido que lo sustenta.

P.- Mi pregunta es para el ministro de Industria. En relación con ese conflicto del carbón del que hablaba antes, son tres preguntas. La primera es: ¿en algún momento en la reunión de ayer se puso sobre la mesa la posibilidad de hacer un trasvase de unos fondos, de unas partidas a otras, por ejemplo, de infraestructuras a producción, para intentar solucionar ese conflicto?

Siguiente pregunta. Los sindicatos siguen insistiendo en que el Gobierno dice que hay voluntad de diálogo, pero que en ningún momento han planteado esa Comisión de Seguimiento del Plan del Carbón sin condiciones, es decir, con todos sus integrantes y no que puedan entrar una o dos personas sólo. ¿El Gobierno estaría dispuesto a hacerlo de esta forma?

Y la tercera. Llevamos un mes ya de huelga y la "marcha del carbón" comienza hoy. Sabemos todos cómo son los mineros, esa fuerza y ese tesón que tienen. No sé si el Gobierno tiene alguna solución para terminar con el conflicto.

Sr. Soria.- En primer lugar, yo quería decirle que, de los distintos capítulos que incluye el Plan actualmente en vigor, hay una parte de los recursos anuales que van destinados a planes de empresas, van directamente a las empresas; hay otra parte que va a planes de infraestructuras para que los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas puedan hacer determinadas infraestructuras en las comarcas mineras; luego, hay una parte que va a formación y otra parte que va a prejubilaciones. De todas estas partidas, la que no está afectada en relación con el año anterior es justamente la de las prejubilaciones porque, aun en un contexto de restricciones, pensamos que era la que tenía que tener prioridad.

En segundo lugar, en cuanto a posibilidades que ayer se plantearon, lo que se planteó fue si había algún margen de maniobra para modificar el presupuesto del año 2012. Quiero decirle que lo que transmití fue lo que piensa el conjunto del Gobierno y que, desde luego, yo comparto, que es: estamos en el escenario presupuestario en el que estamos; es verdad que a todos los ministros nos hubiese gustado tener más recursos de los que tenemos pero, si tenemos que asumir, y asumimos, que el objetivo es el objetivo de control del déficit público, también tenemos que asumir reducciones, como en este caso yo asumo como responsable del Departamento, como antes les decía, de un 32 por 100.

Voluntad la hemos tenido, la tenemos y, pase lo que pase, vamos a seguir teniendo voluntad. Es decir, el Gobierno siempre tendrá voluntad de hablar, de dialogar, de negociar y de escuchar en cualquier ámbito, no sólo en el ámbito que estamos considerando. ¿Sobre qué? Sobre cualquier cosa que nos pongan sobre la mesa.

Ahora bien, si tenemos una restricción, tenemos que ponerla de manifiesto. No podemos decir "tenemos esta restricción y nos la vamos a saltar", porque tenemos, como le decía, problemas muy serios desde el punto de vista de lo que es la restricción presupuestaria.

Finalmente, quiero decirle que hay un ente, que es la Mesa, lo que se conoce como la Mesa del Carbón --en definitiva, es una mesa donde está el Ministerio, están los sindicatos y están las empresas, que tiene una composición de unas sesenta ó setenta personas--, y esa Mesa la preside el secretario de Estado de Energía --yo no estoy en esa mesa como ministro de Industria-- y el secretario de Estado se ha reunido a lo largo de todos estos meses en distintas ocasiones, no sabría decirle cuántas, para abordar, tanto el tema de los Presupuestos del año 2012, como para poder, o intentar al menos, negociar ese plan de 2013 a 2018.

Los propios sindicatos y empresarios pidieron verse conmigo, pero no en la Mesa, lógicamente; porque, insisto, no soy miembro de la Mesa. Yo los recibí, como no podía ser de otra manera, pero, claro no recibí a sesenta o a setenta personas; recibí a una representación de los sindicatos y de los empresarios.

Por tanto, la predisposición del Gobierno ha sido, es y va a seguir siendo una predisposición de dialogar, de escuchar y de llegar a acuerdos; pero, lógicamente, dentro del marco de restricción en el que estamos.

P.- Vicepresidenta, le quería preguntar sobre el IVA. El presidente del Gobierno esta semana, desde México, no descartaba la posibilidad de subir el IVA. Yo quería saber si el Gobierno se plantea una subida inmediata de este impuesto, como aconsejan el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea.

En segundo lugar, usted hablaba hace un momento de los órganos constitucionales que hay que renovar. En principio, la próxima semana termina el plazo que se dieron el señor Pérez Rubalcaba y el señor Rajoy. ¿Va a estar listo ese acuerdo la próxima semana? ¿Nos lo van a anunciar la próxima semana?

Vicepresidenta.- Vamos a trabajar todo lo posible para que así sea.

Sobre el IVA, permítame que yo le diga lo que hoy hemos aprobado y que es importante. Hoy van dos modificaciones muy importantes en materia del Impuesto sobre el Valor Añadido que es, especialmente en ventas inmobiliarias, evitar que uno se deduzca, otro no lo ingrese y la Hacienda Pública pierda esa cantidad de IVA. Ésa es una reforma importante. Y, en segundo lugar, la que afecta a las sociedades que están en liquidación.

Ésas son las medidas que hemos adoptado en el Impuesto sobre el Valor Añadido, además de todas las que se adoptan en relación al Plan que tiene un objetivo fundamental, como señalaba antes, más allá de los cambios de tipo, para incrementar la recaudación, que es incrementar las bases impositivas: que declare más gente y que declare íntegramente sus negocios. Porque lo importante para recaudar y para que crezca la recaudación, al margen del debate sobre los tipos, es que la cantidad declarada, las bases, lo que se llaman las bases del impuesto, sean muy amplias porque, si no lo son, por muchos porcentajes que les apliquemos, la recaudación no sube lo que debe.

Muchísimas gracias.