Intervención de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría

La Moncloa, Madrid

Vicepresidenta.- Muy buenos días. Vamos a informarles de los principales asuntos que han sido aprobados hoy en el Consejo de Ministros.

Aprobamos para su remisión a las Cortes Generales el Proyecto de Ley de Seguridad Nacional. Este texto dota al Estado de instrumentos más adecuados para afrontar los riesgos de nuestros días de forma más coordinada y eficaz, potenciando las capacidades para responder a desafíos de muy diferente índole. Lo que regula son las situaciones de interés para la seguridad nacional y viene a rellenar un vacío normativo existente entre las crisis más graves, que son aquellas que contemplan los estados de alarma, excepción y sitio, y aquéllas otras que han de afrontarse con medios y con recursos, digamos, más habituales. Fundamentalmente, esta Ley lo que persigue es una colaboración mucho más eficiente en el uso de todos los instrumentos del Estado ante situaciones de esta naturaleza.

Tras el dictamen del Consejo de Estado, la norma que hoy aprobamos como Proyecto de Ley incorpora algunas modificaciones. La más importante es que, de acuerdo con el Consejo de Estado, toda la Ley va a ser considerada como una ley ordinaria y ya no orgánica, porque se considera que se aborda esta definición desde una perspectiva marcadamente organizativa e integradora, y, dado que no tiene ninguna afección ni ninguna consecuencia sobre los derechos fundamentales y las libertades públicas, no es preciso tener esa cautela de ley orgánica. Esto abunda en el argumento que ya les manifestamos en la presentación de esta Ley: que se trata de una Ley de coordinación; de trabajo fundamentalmente interno de las propias Administraciones, de los propios instrumentos de seguridad nacional, sin ulteriores consecuencias en materia de derechos y libertades.

Además, concretamos que la Situación de Interés para la Seguridad Nacional será declarada por el presidente del Gobierno mediante Real Decreto y se dispone que el Gobierno informará al Congreso de los Diputados.

Muy brevemente --ya les informamos sobre esta Ley-- les expondré las principales aportaciones que supone esta Ley a todo el Sistema de Seguridad Nacional.

En primer lugar, se concreta legalmente en nuestro ordenamiento jurídico este concepto, el de Seguridad Nacional, que se entiende como la acción del Estado dirigida a proteger la libertad y bienestar de los ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, así como a contribuir, junto a nuestros socios y aliados, a la seguridad internacional en el cumplimiento de los compromisos asumidos.

Por otra parte, se establece un Sistema de Seguridad Nacional que se basa, principalmente, en el Consejo de Seguridad Nacional, que preside el presidente del Gobierno. En este Sistema se integran como componentes fundamentales la defensa nacional, la seguridad pública y la acción exterior, pero también otros ámbitos de especial interés en el momento actual, como pueden ser la ciberseguridad, la seguridad energética o la protección de infraestructuras críticas. Si bien se rigen por su regulación específica, se refuerza su coordinación.

Otro aspecto importante de esta Ley es la regulación de lo que se entiende por Situación de Interés para la Seguridad Nacional. Esta situación se define como aquella en que, por la gravedad efectiva o potencial de sus efectos y la dispersión o transversalidad de las medidas para su resolución, requiere la coordinación reforzada de las autoridades competentes en el desempeño de sus funciones ordinarias, bajo la dirección del Gobierno en el marco del Sistema de Seguridad Nacional.

Por último, se regula la contribución de recursos a esta seguridad nacional conforme a los principios de contribución gradual y proporcionada a la situación planteada.

El segundo de los asuntos importantes que hemos aprobado hoy en el Consejo de Ministros es un Real Decreto por el que se modifica la normativa del Boletín Oficial del Estado. Esto es así para poder introducir uno de los elementos claves de la reforma de las Administraciones Públicas, como es la creación del Tablón Edictal Único.

Hace dos semanas, como saben, el Consejo de Ministros analizó y publicó el informe trimestral de ejecución de la reforma de la Administración. Insistíamos hace quince días en el grado de ejecución avanzado, más del 70 por 100 de las medidas ejecutadas, y en el ahorro de los veinte mil millones de euros. Pero no todo, o no sólo lo más importante, es el ahorro, sino también la mejora y la modernización de la Administración al servicio de los ciudadanos. Con este Real Decreto damos un nuevo paso importante en esa modernización y mejora, y en la sencillez de los trámites.

A partir del 1 de junio se pondrá en marcha ese Tablón Edictal Único en el Boletín Oficial del Estado. Este Tablón Edictal Único, más el BOE a la carta y las notificaciones electrónicas son tres medidas clave para garantizar una comunicación mucho más fluida, mucho más instantánea, entre la Administración y los ciudadanos. Voy a explicar en qué consiste.

Ahora, con carácter general, la Administración correspondiente manda las notificaciones --las hace por vía postal-- a los ciudadanos. El coste medio de esa notificación es de 2,5 euros. La entrega debe intentarse en dos ocasiones en horas distintas. Cuando una Administración no consigue entregar una notificación al interesado, bien porque desconoce su domicilio o bien porque no está en casa cuando le han ido a notificar, la Administración tiene que proceder a una notificación edictal, que es la publicación de un anuncio en un tablón. En un principio, estos anuncios se publican en uno de los 63 boletines oficiales existentes, ya sea del Estado, los autonómicos o los provinciales, con lo que es muy difícil el conocimiento por parte de los ciudadanos, especialmente cuando se trata de actos que se publican en el territorio de una Administración y el ciudadano reside en el territorio de otra.

Además, en estos últimos años han surgido nuevos tablones edictales en ámbitos como el fiscal, tráfico y seguridad social y empleo, que ahora, mediante normas de carácter transitorio, lo que trataremos es de que converjan. Por tanto, al menos teóricamente, para poder conocer una notificación de naturaleza edictal, es decir, por un tablón; el ciudadano teóricamente tendría que consultar todos los diarios oficiales y todos los tablones edictales para ver si tiene o no una notificación pendiente. Además, con el problema añadido de que, una vez que se publicada en el tablón de anuncios, en el tablón de edictos, eso se tiene por notificado y surte todos sus efectos, aunque uno no lo haya llegado a conocer.

Entonces, ¿cómo vamos a cambiar todo el sistema de notificaciones? En primer lugar, fomentando las notificaciones electrónicas, si así lo decide el administrado. En 2014 ya se realizaron un total de 47 millones de notificaciones electrónicas y, actualmente, el 90 por 100 de las comunicaciones y notificaciones a las empresas ya son electrónicas. Lo que hacemos en la Ley de Procedimiento Administrativo que mandamos hace pocos días a las Cortes es precisamente insistir en ese avance en la notificación electrónica cuando el ciudadano voluntariamente --hay obligaciones, pero son para empresas y profesionales--, ordinariamente, decide y considera darle a la Administración una dirección de correo electrónico para que se relacione con él.

En todo caso, ya sea la notificación electrónica o sea la notificación ordinaria, que sigue existiendo, si no es posible, a partir del 1 de junio, y con una serie de plazos transitorios para tablones como el de Tráfico o la Agencia Tributaria, las notificaciones se publicarán en el Boletín Oficial del Estado, con independencia de la Administración o el órgano que las notifique. Es decir, las Administraciones pueden publicar o tener sus propios tablones de edictos; pero la publicación en el BOE es necesaria en todo caso y es la determinante a los efectos de plazo.

Entonces, bastará con estar pendientes de esos tablones edictales: el del Boletín Oficial del Estado, conectado con todos los demás. Pero, además, facilitamos la vida al ciudadano de la siguiente manera: mediante el sistema del Boletín Oficial del Estado a la carta, el BOE a la carta, los ciudadanos pueden comunicar una dirección de correo electrónico al BOE con los asuntos que les interesen o con su propio Documento Nacional de Identidad para que sea el BOE el que les mande un correo informándoles de que hay una notificación a su Documento Nacional de Identidad. Es decir, si una persona quiere tener la tranquilidad de que un asunto se le va a notificar, puede comunicarlo al Boletín Oficial del Estado y será el Boletín Oficial del Estado el que se lo mande a su correo electrónico cuando tenga esas palabras que se le han suministrado. Por tanto, puede llegar a conocer, sin necesidad de mayor esfuerzo, que tiene una notificación edictal.

En el capítulo de inversiones les voy a transmitir algunos asuntos. En primer lugar, se ha aprobado un Acuerdo para ratificar la suscripción de un convenio de colaboración entre el Ministerio de Fomento, el Gobierno de Aragón y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias para las actuaciones de mejora en la gestión y en las instalaciones ferroviarias entre Sagunto, Teruel y Zaragoza, con objeto de potenciar el tráfico de mercancías. El objeto de este Acuerdo es articular la cooperación entre los tres organismos para la mejora en la gestión y en las instalaciones ferroviarias entre Sagunto, Teruel y Zaragoza, y mejorar las conexiones por ferrocarril de Aragón con Valencia y el resto de la Península Ibérica y Europa. Este sistema es fundamental para poder articular la relación de determinados puertos del Mediterráneo con las plataformas logísticas en Aragón.

Lo que queremos destacar es la instalación de sistemas de comunicaciones entre Zaragoza y Teruel, y la mejora de infraestructuras que faciliten la explotación de los trenes de mercancías en las líneas. Estas actuaciones, que se desarrollarán en dos años, tienen un coste estimado de 4,8 millones de euros; de ellos, ADIF aporta 3 millones y el Gobierno de Aragón, el resto. La licitación y dirección de los contratos, y la autorización de las encomiendas, las realiza el ADIF.

Se trata, por tanto, de una medida que trata de mejorar la gestión de las operaciones ferroviarias, dando mayor flexibilidad para reducir los costes de operación y conseguir mejoras de conectividad y de competitividad que permitan atraer nuevos tráficos, y mantener los existentes.

También en el capítulo de inversiones, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria ha autorizado --como saben, gestiona en Ceuta y Melilla la atención sanitaria-- una modificación de límites para la rehabilitación del Centro de Salud de esta Ciudad Autónoma de Melilla, para ir adecuando este edificio a las necesidades asistenciales que han crecido desde su construcción y que asciende a 2,1 millones de euros.

Igualmente --importante para el Campo de Gibraltar--, se ha modificado el convenio de gestión directa entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas para solventar determinados problemas de inundaciones periódicas que ha sufrido Algeciras debido a la insuficiencia de la red de su saneamiento. Se trata de una fase muy importante para todo el Campo de Gibraltar, muy demandada por los ciudadanos, y que va a permitir el desarrollo de un proyecto, llamado Colectores de Algeciras, con un coste aproximado de ocho millones de euros.

También se ha aprobado un Acuerdo para las condiciones de gestión de la transferencia anual de 4,99 hectómetros cúbicos de residuos hídricos realizados desde la Demarcación Hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras a la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir. Con ello --esta medida es importante-- corregimos la situación de sobreexplotación de acuíferos que abastecen de agua al Parque Nacional de Doñana; una recarga que se produce dentro de la Comarca del Condado de Huelva, que es una zona donde el sector agrícola, en concreto el cultivo de la fresa, es gran generador de empleo y los agricultores de la comarca llevaban décadas reclamando agua superficial que garantice el riego de los cultivos.

Por tanto, solucionamos en parte este problema con esta transferencia. Una vez que finalicen las obras necesarias de conducción y regadíos, se podrán regar hasta 917 hectáreas. Con ello, no sólo mejoramos la situación de los agricultores de la zona, sino también damos respuesta a la preocupación social e institucional existente para la conservación de un entorno único, como es el Parque de Doñana.

Entre otros asuntos, también hemos aprobado un acuerdo por el que se autoriza la adhesión al Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso; lo remitimos a las Cortes Generales. La adhesión a este Tratado de Marrakech viene a reforzar la trayectoria de España en la defensa de derechos de este colectivo y de su plena integración en la vida social y cultural, complementando la normativa nacional ya existente en materia de derechos relacionados con la propiedad intelectual en aspectos que ésta no contempla, como el uso transfronterizo sin ánimo de lucro de obras protegidas. España siempre ha sido pionera en el campo de la protección de las personas con discapacidad visual y un referente para otros países; por tanto, la adhesión a este instrumento viene a consolidar nuestro compromiso en este ámbito.

Por último, verán en la Referencia del Consejo de Ministros un tipo de acuerdo que no han visto hasta ahora y es la autorización para usos diferentes a los que se crearon de algunos faros existentes en nuestro país. Hoy hemos autorizado que en el edificio del antiguo faro de la Isla Pancha, en Ribadeo (Lugo), se puedan desarrollar actividades hoteleras, convirtiéndose así en el primer faro de España en el que podrán desarrollarse este tipo de actividades, que, como saben, es muy frecuente y es muy habitual en faros de otros países de nuestro entorno.

El Ministerio de Fomento, a través del proyecto "Faros de España", trata de potenciar el desarrollo de actividades sostenibles en los faros mediante servicios de calidad que desarrolle la iniciativa privada y que garanticen su conservación, sin afectar eso al servicio de señalización que presta el faro.

Se trata, por tanto, de una apuesta en valor de estas edificaciones singulares, toda vez que ciertos espacios, fundamentalmente los que se dedicaban a las viviendas de los fareros, se han ido quedando en desuso. Se pretende con ello dinamizar la economía y el turismo, un turismo singular bajo un enfoque, porque, por otro lado, es muy respetuoso con el medio ambiente. Además, esos usos hoteleros podrán compatibilizarse con otros de tipo social o cultural.

El Ministerio de Fomento tiene constancia de que varias de estas iniciativas se van a promover en otros faros de nuestra costa. Por tanto, como ya digo, hoy es el primero; es una novedad en la Referencia del Consejo de Ministros, pero probablemente en las próximas fechas podrán ver alguna más. Con ésta lo que ponemos en uso es el edificio del antiguo faro de la Isla Pancha, que está fuera de servicio desde 1983 y que, si lo buscan ustedes por Internet, verán que es un entorno maravilloso.

Abrimos un turno de preguntas.