Respuestas a los medios de comunicación

P.- Vicepresidenta, quería preguntarle si nos puede usted enumerar los instrumentos legales de los que dispone el Gobierno para frenar la consulta soberanista en Cataluña.

Quería pedirle también que nos explicara las consecuencias prácticas que tendría para Cataluña y para su presidente, Artur Mas, el que el Gobierno aplicara esos mecanismos legales.

Y, en tercer lugar, ¿el Gobierno, si las cosas se ponen aún más feas, estaría dispuesto a aplicarlos?

Vicepresidenta.- Como he señalado en otras ocasiones en esta misma sala, el Gobierno no habla de hipótesis; el Gobierno tiene que actuar y cumplir y hacer cumplir la Constitución y las Leyes en el caso de que se produzcan actuaciones que son contrarias a las mismas.

Pero yo a lo que llamo al ánimo de todos es a que éste es un momento para la estabilidad, para construir y no para generar debates que únicamente generan división entre los propios catalanes y en el conjunto de los españoles en un momento en el que, por las circunstancias económicas y sociales que vivimos, deberíamos estar todos muy centrados en salir de la crisis.

P.- Mis preguntas son para el ministro Morenés y para la Vicepresidenta sobre Cataluña.

Ministro Morenés, no sé si existe preocupación en las Fuerzas Armadas ante los hechos y los discursos que se están produciendo en Cataluña. ¿Le han transmitido al ministro esa preocupación?

A la Vicepresidenta. No sé si para el Gobierno sería bueno que las fuerzas políticas constitucionales firmaran alguna especie de documento en favor de la unidad nacional, y así lo requirió el ex presidente Aznar esta semana. ¿Le gustaría al Gobierno un documento de este tipo?

Sobre el balance del Gobierno, pues hace un año que el presidente Rajoy llegó a La Moncloa, hemos estado hablando durante toda esta semana de las reformas, pero usted también habló de la España real. Hay muchas personas con problemas, que van a pasar unas Navidades difíciles, y me gustaría saber el mensaje del Gobierno a estas personas.

Sr. Morenés.- Las Fuerzas Armadas están compuestas por hombres y mujeres, y por españoles, como todos los que estamos aquí, y, a nivel personal, tendrán sus determinadas opiniones como personas. Existe una situación, que es la que es, y ustedes han preguntado ahora; pero, como institución y desde el punto de vista de una manifestación de tipo corporativo, le puedo asegurar que no hay ninguna otra posición de las Fuerzas Armadas que no sea el cumplimiento estricto de sus obligaciones establecidas en las Leyes. Por lo tanto, yo tengo la especial tranquilidad en ese sentido y en las Fuerzas Armadas, la especial confianza en que el Gobierno sabe perfectamente lo que tiene que hacer y lo hará. Ellos estarán exactamente a las órdenes del poder civil, como han estado toda su vida, o a partir, por lo menos, de nuestra historia más reciente, y han dado ejemplo especial de esto que estoy diciendo.

Vicepresidenta.- Me pregunta sobre si las fuerzas políticas podrían suscribir algún tipo de declaración. Yo, en primer lugar, quiero recordar que la Constitución va mucho más allá de una declaración; es un marco de convivencias, el cimiento de nuestra convivencia en España, suscrita por la inmensa mayoría de los españoles. Ésa es la norma suprema que a todos se nos aplica y con mayor fuerza que cualquier otra.

Como Gobierno, yo no puedo ni debo sugerir a las fuerzas políticas lo que tienen que hacer; pero permítame que diga que, a la vista de lo que hemos presenciado en el Parlamento de Cataluña, yo creo que lo que sería bueno es que, al menos, cada una de las fuerzas políticas fuéramos muy conscientes de que no podemos tener actuaciones ni posiciones diferentes que puedan contribuir a generar mayor inestabilidad.

Yo creo que es momento para trabajar todos juntos y para saber que tenemos un marco de convivencia que es el que nos hemos dado, que se rige por sus propios mecanismos y que es un elemento para unir, para trabajar juntos y para ayudar a este país a que supere todas las dificultades que vive. Luego ya cada uno tendrá que explicar sus posiciones.

El Gobierno, y enlazo con su tercera pregunta, trabaja para hacer reformas y para que este país salga de la crisis. Éste ha sido un año difícil, en una crisis que está siendo muy larga para muchísimos españoles, y somos muy conscientes de los enormes esfuerzos que están haciendo muchísimos españoles en distintos ámbitos para salir adelante y para contribuir a que el país salga adelante.

Yo sólo quiero dar un mensaje: este Gobierno sólo tiene un objetivo y una prioridad clara, que es hacer todo lo que sea posible, cambiar todo lo que haya que cambiar, trabajar todo lo que haya que trabajar, para que superemos este momento tan difícil que vivimos los españoles. España ha salido de crisis políticas, económicas y sociales muy duras en su historia, y lo hemos hecho todos juntos y demostrando que este país tiene unas fortalezas tremendas, una capacidad de trabajo abrumadora y, además, la fuerza, la ilusión y la esperanza de salir adelante. Eso se hace desde el Gobierno cumpliendo una agenda de reformas que es muy necesaria para que el país salga y pueda volver a crecer.

Son momentos difíciles, aunque hay algún elemento objetivo que nos permite vislumbrar que ésta es la senda adecuada. Hoy, por ejemplo, se conocía el dato de la balanza comercial; no ha habido un dato mejor desde el año 1972. Algunos no hemos vivido más que, como dato mejor, éste y eso demuestra que ésta es la senda: conseguir fortalecer el país, internacionalizar su economía y que las exportaciones cada vez pesen más. Ésta es la senda por la que tenemos que trabajar.

Utilizo un dato objetivo y con mucha prudencia. Saben que este Gobierno es prudente; pero también es un Gobierno que sabe que, haciendo reformas y que trabajando de esta manera, se va en la senda adecuada, se logra ir poco a poco ganando en confianza, y ése es el mecanismo para salir de la crisis.

Pero, indudablemente, somos muy conscientes de que son muchísimos los esfuerzos y las dificultades que pasan un buen número de españoles, porque son muchos años de una crisis larga, de una crisis difícil, en un contexto internacional que no ayuda nada --son otros muchos ciudadanos en otros Estados los que lo están pasando también muy mal-- y eso nos obligará también a trabajar dentro y fuera de nuestras fronteras.

P.- Vicepresidenta, yo tengo dos preguntas para el ministro de Justicia. El hecho de que en la reforma de la Ley se reduzca considerablemente el número de avales de los jueces no asociados para poder ser luego designados directamente por los partidos políticos, por el Congreso y por el Senado; el hecho de que se reduzca considerablemente y pase del 2 por 100, unos cien miembros de la carrera judicial, a veinticinco, ¿eso favorece más o menos a lo que se ha venido a llamar "la politización de la justicia"? Eso, por un lado.

Por otro lado, ha insistido mucho en el consenso e, incluso, ha llegado a decir que hay elementos concretos que han introducido el Partido Socialista. No sé si podría ser más explícito y, en cualquier caso, me imagino que esos elementos han sido de mutuo acuerdo con el líder de la oposición.

Sr. Ruiz-Gallardón.- Nuestras negociaciones a lo largo de estos meses se han mantenido, fundamentalmente, con los portavoces de Justicia del Congreso de los Diputados y con don Antonio Camacho, sin perjuicio de que, naturalmente, cada uno de nosotros seguíamos, como es lógico y normal, las instrucciones que nos daban nuestros respectivos superiores. Lo digo para precisar quiénes han sido los interlocutores y, además, agradecerles el trabajo que hemos hecho a lo largo de estos meses.

Yo creo que, si ustedes comparan lo que es el contenido de mi informe del día 6 de julio y el texto que nosotros hemos propuesto, deducen rápidamente lo que usted me pregunta. Es decir, la modificación más importante con relación a esos dos documentos es que la elección última la realizan el Congreso de los Diputados y el Senado. Es verdad que, a diferencia de otros modelos, no pueden hacerla entre todos los miembros discrecionalmente de la carrera judicial, sino que es requisito previo para que puedan hacer esa elección el Congreso y el Senado que previamente esos jueces y magistrados estén avalados, aparte de que tengan obligación de presentar una memoria sobre su propios consideración y proyecto en sus funciones para el supuesto de que salgan elegidos; pero lo importante es que tienen que estar avalados, bien por veinticinco compañeros, o bien por una de las asociaciones judiciales legalmente constituidas.

A lo largo de estos meses lo que he hecho ha sido escuchar mucho y creo, con toda sinceridad, que el texto que el Gobierno propone al debate parlamentario es un texto que, en lo sustancial y en lo esencial, puede ser asumido por quien ha sido mi interlocutor durante todos estos meses. Pero, evidentemente, no me corresponde a mí ahora hacer pronósticos, porque es una decisión que le corresponderá a ellos, y, además, insisto, hemos querido que esto sea así, porque yo quiero también que el resto de los Grupos Parlamentarios se incorporen a este consenso. El texto que mandamos es, naturalmente, susceptible de modificación en la tramitación parlamentaria; luego, si hubiese diferencias sobre esta propuesta que hace el Gobierno, esas diferencias se podrían reducir, e incluso hacer desaparecer, durante la propia tramitación parlamentaria. Pero yo he entendido desde el primer momento cómo se podría alcanzar el acuerdo parlamentario que estoy buscando y les aseguro que el texto que propone el Gobierno contiene esos elementos sustanciales.

Contesto ahora a la primera de sus preguntas. El hecho de que se amplíe lo que se hace es ampliar la pluralidad. ¿Por qué? Porque con el sistema anterior había dificultades objetivas no, lógicamente, para que aquellos candidatos avalados por las asociaciones pudiesen después ser elegidos por el Congreso y por el Senado; pero sí para que ese 50 por 100 de la carrera judicial que no está afiliado tuviese también su representación en el órgano de gobierno de jueces y magistrados. Esto no ha ocurrido hasta ahora, no ha habido esa representación del 50 por 100 de la carrera que no está afiliado.

Me pregunta usted si esto incrementa o reduce la politización. El principio de evitar la politización del Consejo, no solamente se mantiene, sino que informa directamente; por dos razones distintas. Dice usted, y dice bien, que la elección la van a hacer… Usted hablaba de los partidos políticos; son, en definitiva, los Grupos Parlamentarios o la Cámara, en su conjunto porque, cuando el legislador constituyente nos dijo que necesitábamos una mayoría de tres quintos, no nos dijo que nos repartiésemos los puestos; lo que nos dijo es que nos pusiéramos de acuerdo en las personas que, a juicio de todos, reúnen los requisitos. Ése es el objetivo político del Gobierno: no establecer un reparto en función del resultado de las últimas elecciones, sino alcanzar un consenso para que el mayor número posible de miembros de las dos Cámaras avalen conjuntamente a estas veinte personas: doce jueces y magistrados, y ocho juristas de reconocido prestigio.

Pero sí le digo que el hecho de que la elección sobre los doce el Congreso la pueda hacer, no solamente sobre los propuestos por las asociaciones, sino por aquellos que han conseguido un número razonable de avales, aumenta, evidentemente, la pluralidad. Y le digo que la Ley establece que el Gobierno atenderá a la realidad asociativa de la carrera judicial a la hora de efectuar estos nombramientos; pero --y con esto termino, Vicepresidenta-- es muy importante que el espíritu de esta Ley se lleve al acto parlamentario de constitución del nuevo Consejo General del Poder Judicial. Mi propósito, insisto, es encontrar el más amplio consenso, en primer lugar, sobre la Ley y, en segundo lugar, sobre quienes hayan de ser los veinte miembros de este Consejo General.

P.- Al ministro Ruiz-Gallardón. Nos está anunciando aquí algo que supone una renuncia clara a un elemento troncal de su programa electoral, que era la elección directa por parte de los jueces de esos doce que permite la Constitución. Esa renuncia se hace en aras del consenso, nos ha dicho usted, y le quería preguntar si tiene algo que ver ese intento de consenso en el incendio que tiene usted montado, por llamarlo así, en la Justicia, los enormes conflictos que está habiendo. ¿Le preocupa ese incendio? ¿Se puede extender esa voluntad de consenso a esas otras cosas que tienen tan molestos a los jueces?

Al ministro de Defensa. Yo he entendido de su respuesta que usted entiende que el Ejército está tranquilo y que no teme que haya cosas como la que pasó recientemente, que usted tuvo que destituir a un director de una revista del Ejército. ¿Cree que eso ya no va a pasar; que está tranquilo, pese a lo que pueda pasar en Cataluña en los próximos meses?

A la Vicepresidenta, un par de cuestiones. Por una parte, una cuestión de detalle: ¿qué le sugiere a usted esa fotografía que hemos visto hoy, que es bastante llamativa, del señor Rodrigo Rato, que ha sido muy importante en esta misma sala, que ayer entraba en un Juzgado para declarar? ¿Qué le sugiere?

Un detalle que parece que ha quedado descuidado. El tema de la publicación de los datos de los grandes defraudadores, ¿iba en serio? ¿Se va a hacer? Ha generado mucha expectativa, pero parece que ha quedado ahora en el olvido. ¿Se va a hacer?

Con el tema del balance del año, que le planteaban antes, volviendo la vista atrás a lo que pasaba hace un año; hace un año estábamos aquí y ustedes nos anunciaban grandes recortes, subidas de impuestos, y decían que esto iba a mejorar. Un año después, ¿ustedes se imaginaban que íbamos a estar tan mal? Si se acuerda de lo que usted pensaba hace un año, ¿se imaginaba que íbamos a estar cerca de seis millones de parados?

Sr. Ruiz-Gallardón.- Yo creo que lo mejor que puede hacer un político con un periodista es recurrir a la hemeroteca. El 6 de julio comparecí en esta rueda de prensa --mi interlocutor, además, tuvo la generosidad de asistir a la comparecencia-- y ahí, antes, recuerdo que el 6 de julio no habíamos puesto en marcha las medidas restrictivas de derechos económicos y restrictivas de derechos laborales, que son las que han generado la polémica, ciertamente. Yo lo he dicho siempre: el Gobierno ha adoptado medidas muy dolorosas, que han afectado a todos los servidores públicos, y, por lo tanto, han afectado también a los miembros del Poder Judicial. Esas medidas no estaban el 6 de julio y yo el 6 de julio manifesté la voluntad de consenso, y dije aquel 6 de julio que yo no quería que la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la parte que afecta al Consejo --y ojalá sea el año que viene en su totalidad--, fuese aprobada solamente por la mayoría parlamentaria del Partido Popular. Y he estado seis meses trabajando directamente en esta dirección.

En segundo lugar, le diré que, además de, naturalmente, iniciarse el trámite de debate parlamentario, la próxima semana nosotros remitiremos el proyecto, por supuesto, al presidente del Tribunal Supremo, sin perjuicio de que él, en su condición de presidente del Consejo General del Poder Judicial, lo tendrá que informar y, por lo tanto, lo tendrán también los vocales; se lo remitiremos también a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia; se lo remitiremos también a las asociaciones judiciales. Con todos ellos, con todas las estructuras, no solamente asociativas, sino orgánicas, del propio Poder Judicial, nosotros queremos y estamos absolutamente dispuestos a hablar de cara a que el texto, que, en definitiva, lo apruebe quien lo tiene que aprobar, que es lógicamente el Poder Legislativo, cuente con el enriquecimiento que puedan aportar todos y cada uno de los distintos actores que en la Administración de Justicia en España tenemos.

Sr. Morenés.- El Ejército siempre está tranquilo, punto número uno que le quiero decir. Sabe perfectamente la tarea que le tiene encomendada la nación y, por lo tanto, son absolutamente responsables de algo que es extraordinariamente relevante para la seguridad de todos los españoles y para la propia naturaleza de la sociedad en la que vivimos.

Así que, si usted quiere comparar el cese del general Pontijas con la estabilidad del Ejército, yo le diría que no. El general Pontijas, que fue cesado, evidentemente, fue cesado porque contravino las normas de la disciplina militar que establecen que el Ejército, precisamente, no tiene que utilizar órganos de comunicación públicas para emitir, digamos, opiniones que rocen el ámbito político. Lo entendió perfectamente, y así ha sido. Ésta es una manera muy natural de recordar que, no tanto por el fondo de las cosas, sino por la utilización de órganos públicos para emitir opiniones políticas, que les está vedado legalmente. Con toda naturalidad, debo decir, en el Ejército, a petición del jefe del Estado Mayor del Ejército, fue cesado el general Pontijas. Es decir, se autorregula en ese sentido.

En el otro sentido que decía usted, le puedo asegurar que el Ejército permanece tranquilo, porque es una de sus condiciones esenciales. No es una condición esencial de su propia naturaleza y de la responsabilidad que tienen encomendada.

Vicepresidenta.- Sobre la primera de sus preguntas que a mí me dirigía, sabe que el Gobierno no hace valoración de los procesos judiciales y respeta las decisiones de los Tribunales, como no puede ser de otra manera.

La segunda era relativa a uno de los elementos en los que se está trabajando, y lo está haciendo el ministro de Hacienda, para luchar contra el fraude. Le digo que nuestro compromiso es tal que hoy presentamos más de cien plazas de funcionarios dirigidos y destinados exclusivamente a la lucha contra el fraude. En un momento de necesidad de contención del déficit público y de redimensionamiento de la Administración, sin embargo permitimos que hubiera una tasa de reposición del 10 por 100 de determinados colectivos, de determinados funcionarios, de la Administración que van dirigidos a esa lucha contra el fraude en el ámbito fiscal y en el ámbito laboral.

Pues bien, hoy están aquí esas cien plazas de inspectores de Hacienda, de Trabajo, de la Seguridad Social, auditores del Estado y abogados del Estado, todos ellos dirigidos a reforzar ese ámbito. Y van a ser muchas las medidas que ahí el Gobierno está trayendo, ha aprobado y se seguirán trayendo. Hemos aprobado un importante paquete de medidas legales, penales y no penales, contra el fraude fiscal y laboral; hoy, una nueva: estas cien plazas de estos nuevos colectivos. Ahí hay un compromiso muy necesario, por cuanto en España los niveles de recaudación son de los más inferiores de la Unión Europea como consecuencia de unas bolsas importantísimas de fraude, que son un fraude a la sociedad en su conjunto. Lo he dicho muchas veces: el que no paga hace que otro pague más, el que no paga hace que otro no pueda recibir determinados servicios públicos y el que no paga, al final, está perjudicando con su actuación lo que tiene que ser un funcionamiento equitativo y justo de todo el sistema tributario y todo el sistema de servicios públicos.

P.- Pero ¿se van a publicar las listas o no?

Vicepresidenta.- Le he dicho en mi intervención que el Ministerio de Hacienda, como le comuniqué la semana pasada, está trabajando en este asunto. Son reformas que requieren una elaboración normativa que sea la correcta y la adecuada. Ha habido una presentación en informe al Consejo de Ministros y ahora se está trabajando en esta línea.

Como le digo, un paquete de lucha contra el fraude muy grande, muy importante, en lo que yo creo que era una necesidad nacional que tenía España, que no se había hecho, a pesar de que se estaba detectando desde hacía muchísimos años como caía la recaudación; una caída de la recaudación que ha perjudicado directa e inmediatamente al Estado de Bienestar, porque los servicios públicos se sufragan con los impuestos. Aquí, durante muchos años, se estaba viendo como caía la recaudación y como había dificultades, y ahí está el agujero del déficit del 9 por 100, con lo que enlazo con su tercera pregunta, y, sin embargo, no se había decidido a acometer.

Pues bien, este Gobierno tiene entre uno de los pilares de su actuación la lucha contra el fraude y lo está haciendo con medidas legales y con medidas operativas, y una de ellas, más personal, destinado a estos fines.

Sobre el balance, y como decía antes, somos conscientes de la dureza de este año y somos conscientes de que los españoles llevamos unos cuantos años viviendo en un contexto de crisis del que hay que salir. ¿Qué ha hecho este Gobierno en este año? Poner en marcha un conjunto de reformas muy amplio y muy ambicioso, uno de los programas, yo creo, más ambiciosos que se han hecho en democracia, para cambiar todo lo que no funciona y conseguir conectar con la senda de cambiar las cosas para poder salir de la crisis.

Nos encontramos --hace un año exactamente no lo sabíamos; lo supimos una semana después-- con un déficit público del 9 por 100 que ha habido que acometer y se ha hecho, no sólo con un control muy exhaustivo de las cuentas, sino también con un cambio de filosofía: el que supuso, primero, la reforma constitucional de agosto y la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, y todas las Administraciones comprometidas con eso. Se han hecho reformas, la del sistema financiero, que es clave para ganar en confianza, y en muchos sectores y en muchos mercados.

Ahora en el año 2013, sin embargo, hay que seguir con ese impulso reformista en ámbitos fundamentales como la reforma de las Administraciones Públicas y la mejora del funcionamiento de ciertos mercados en nuestro país que garantice que se presten bienes y servicios de mejor calidad y a menor precio, a ser posible.

Ésta es la manera de salir de la crisis. Se ve que, cuando se apoya a determinados sectores, la economía española tiene capacidad. Tenemos unas empresas, unos emprendedores y unos trabajadores que tienen capacidad. Y si vemos, por ejemplo, que el dato de las exportaciones va bien y que la balanza comercial va bien, ésa es la senda por la que tenemos que trabajar y uno de los elementos clave del próximo año será, precisamente, profundizar en ese apoyo al emprendedor y a la internacionalización de la empresa.

P.- Sólo una pregunta a la Vicepresidenta. Después del debate que ha habido en el Parlament de Catalunya, ¿cree que todavía hay margen para la colaboración y el diálogo entre el Gobierno central y el próximo Gobierno de la Generalitat?

Vicepresidenta.- Yo creo que no hay que confundir los planos. Este Gobierno lo es también de todas las Comunidades Autónomas, lo es del conjunto de la nación y, desde luego, nosotros vamos a trabajar para que Cataluña y el conjunto de los catalanes, desde un punto de vista institucional, padezcan lo menos posible los rigores y los problemas de la crisis, y la ausencia de financiación. Desde luego, este Gobierno también lo es de los catalanes y de Cataluña, como lo es de Castilla y León, como lo es de Andalucía o como lo es de Galicia. Nuestra relación institucional será siempre en esa línea de trabajar para salir de la crisis, porque también somos allí Gobierno; somos el Gobierno del conjunto de España.

Yo pediría a todas las Administraciones, y en este caso a la Generalitat de Catalunya, que participe en lo que, a nuestro juicio, tiene que ser el objetivo principal de país, el objetivo principal de España, que es salir de la crisis. Cuando la Generalitat de Catalunya tenga otro tipo de planteamientos, como Gobierno de la nación nos tocará tomar las decisiones oportunas; pero, desde luego, como Gobierno de la nación, también lo somos de los catalanes y este Gobierno, al contrario, tratará de trabajar de la mejor manera posible para que Cataluña, a pesar o a no pesar del Gobierno que se decida constituir en la investidura, procure estar en un contexto que le ayude a salir de la crisis.

Ésta es nuestra posición; como Gobierno, nuestra posición institucional y que nadie tenga la menor duda de que trabajaremos en beneficio de los catalanes, con independencia de lo que en el Parlamento algunos hayan decidido que tenga que ser su Gobierno.

P.- Yo tengo también sólo una pregunta para la Vicepresidenta relacionada con este tema, precisamente, con Cataluña, y en línea con la pregunta anterior. Al principio decía, Vicepresidenta, que este Gobierno está para cumplir las leyes y hacer cumplirlas, y quería saber hasta qué punto está dispuesto el Gobierno a cumplir estrictamente una de esas leyes que se aprobó a principio de este año: la Ley de Estabilidad. En esa Ley de Estabilidad se establecen varias condiciones y un largo proceso de sanciones para las Comunidades Autónomas que no cumplan el déficit público, y parece que Cataluña no lo va a cumplir este año e, incluso, ya se han hecho declaraciones en ese sentido. Si no se cumple, ¿hasta dónde va a llegar el Gobierno? ¿Incluso puede llegar a retirarle el apoyo financiero del FLA, porque también está condicionado con la Ley de Estabilidad?

Vicepresidenta.- Tanto la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, en lo que son los planes de ajustes para el cumplimiento del déficit, como el Fondo de Liquidez Autonómico, establecen una serie de condiciones y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas analiza y, en su caso, requiere a las Comunidades Autónomas para que las mismas se cumplan. Es decir, nosotros, desde luego, estamos con las Comunidades Autónomas revisando esas cifras, se conocerá el resultado de los cierres del ejercicio y, con arreglo a ello, a los planes de ajuste y a los compromisos del Fondo de Liquidez Autonómico, tomará, desde luego, el Ministerio de Hacienda, las medidas que considere oportunas para cumplir un objetivo fundamental, que es la consolidación fiscal que nos ayude a salir de la crisis.

P.- Vicepresidenta, yo quería preguntarle si nos podía decir qué Comunidad Autónoma también se está pensando poner una tasa a los depósitos y qué miedo tiene el Gobierno.

También, ¿nos puede decir por qué el Gobierno quiere subir la tasa a los depósitos que ha creado con tipo cero? Muchos economistas están diciendo que esto puede contribuir, junto con la tasa a las transacciones financieras, a agravar un poco la sequía del crédito que vive España y la recuperación económica atrasarla, por tanto.

Después, yo quería saber si el Gobierno, ahora que ha convocado plazas nuevas contra el fraude fiscal, cree que este primer año del Gobierno, con amnistía fiscal, ha sido un año perdido en este tema, en la lucha contra el fraude, por la amnistía. ¿Nos podía explicar qué le parece? ¿Cree que la estrategia ha sido acertada o no?

Sobre el cumplimiento del déficit público, me gustaría también saber si el Gobierno nos puede decir ya un mensaje positivo, a cierre de año, de que vamos a quedarnos por debajo del 7 por 100, porque hay economistas, FEDEA y también algunos medios de comunicación que están dando por hecho, con los datos de ayer de ejecución presupuestaria, que va a ser prácticamente imposible el 6,3 por 100, pero también que nos quedaríamos por encima del 7 por 100. ¿Nos podría dar aquí un mensaje o tiene ya datos sobre este asunto?

Vicepresidenta.- Sobre este asunto, los que tenemos se hicieron públicos en el día de ayer.

Me pregunta qué Comunidades Autónomas. Asturias ha hecho alguna manifestación en este sentido, lo ha hecho públicamente, y nosotros desde aquí lo que le recordamos es que se ha tomado la decisión de que ese hecho imponible sea un hecho imponible reservado al Estado, habida cuenta que nos movemos en un ámbito en que está muy afectada la unidad del mercado. Las diferencias, simplemente por la localización de los sucursales, no son coherentes con un sistema como el nuestro que tiene que tender hacia un mercado único. Además, el poder originario tributario es del Estado, a quien le corresponde decidir en cada caso esa reserva de los hechos imponibles. Y yo lo que llamo al ánimo de todo el mundo es a su cumplimiento.

Sobre el segundo de los aspectos, el ministro Montoro, expresamente en el Senado, hizo referencia a esta posibilidad. Sabe que es un asunto, éste y el de las transacciones financieras, especialmente las transacciones financieras, en el que se está trabajando en el marco de la cooperación reforzada en la Unión Europea para hacerlo de la mejor manera posible y para que grave, al menos en la manera menos repercutible, a los depósitos y a los particulares. Nosotros estamos trabajando en ese seno de la cooperación reforzada con otros Estados que puedan llevar a cabo o que puedan establecer normas similares.

Sobre la lucha contra el fraude fiscal, el propio presidente del Gobierno, en una reunión con la Agencia Tributaria, avanzó los datos de la lucha contra el fraude fiscal, que han experimentado un crecimiento muy notable en el número de inspecciones y en la recaudación de ellas derivada respecto al año 2011.

Aquí, periódicamente, yo les presento los datos de cómo va, porque ya digo que es una prioridad del Gobierno, que tenemos absolutamente monitorizada, eso y la lucha contra el fraude a la Seguridad Social, y periódicamente analizamos cómo evolucionan esos datos. Desde luego, el crecimiento en la lucha contra el fraude, los datos de la Agencia Tributaria y el incremento de la recaudación, como saben, son muy voluminosos; también lo es en el ámbito de la Seguridad Social, donde aspectos como la detección de empresas ficticias, creadas exclusivamente para cobrar prestaciones, se ha incrementado enormemente. Si tiene interés, yo procuraré la semana que viene ver si le puedo traer los últimos datos en ese ámbito y en el ámbito de la Seguridad Social.

Y sobre el déficit público, los últimos datos los explicó ayer la secretaria de Estado de Presupuestos. Yo me quedo con una cosa, y es que en el conjunto de la Unión Europea han reconocido, tanto las reformas, como el esfuerzo que ha venido realizando, no el Gobierno, sino el conjunto de los españoles, para cumplir lo que nos corresponde en nuestro ámbito de consolidación.

P.- Mi pregunta es para la Vicepresidenta. Quería saber si el Gobierno puede garantizar con rotundidad, sin dejar lugar a la duda, que no habrá referéndum sobre la independencia de Cataluña en el año 2014, ya sea legal o ilegal. ¿El Gobierno puede garantizarlo a los ciudadanos?

Vicepresidenta.- El Gobierno garantiza a los ciudadanos que la Constitución que ellos refrendaron en el año 1978, y que es el marco de convivencia, se aplicará. Se cumplirá y se hará cumplir.

P.- Son tres cuestiones muy concretas para el ministro de Justicia. Primera pregunta, aparte de la constatación de que lo que ustedes plantean ahora respecto a la elección del Consejo del Poder Judicial no es que sea una variación de lo que habían establecido en el programa electoral, sino que está en las antípodas del programa electoral; me gustaría saber cómo explican esto a los ciudadanos que creen que el programa electoral es el compromiso, el pacto. Algunos constitucionalistas han hablado del sagrado contrato del partido en el Gobierno con los ciudadanos.

La segunda cuestión es: ¿qué razones concretas aconsejan que sólo seis de los veinte vocales tenga dedicación exclusiva?

Y la tercera es si el Gobierno ha valorado que, para la carrera judicial, este Proyecto es "casus belli", mucho más allá de permisos o de pagas extras. ¿O al Gobierno le resulta indiferente un recrudecimiento del conflicto con la carrera judicial?

Sr. Ruíz-Gallardón.- Vamos por partes. El compromiso de nuestro programa electoral era la despolitización de la Justicia y yo le aseguro que este instrumento que hoy propone el Gobierno, después del esfuerzo de aproximación que ha hecho para buscar ese consenso, es válido y es eficaz para alcanzar la despolitización de la Justicia, porque la politización de la Justicia no debe, única y exclusivamente, observarse como la consecuencia o la interferencia de los partidos políticos dentro del mundo judicial. Quiero decir con ello que también es politización cuando, no los partidos políticos pero sí otros órganos o asociaciones, lo que hacen es sustituir a los partidos políticos en ese ejercicio de politización.

Le podría poner muchos ejemplos, pero le voy a dar uno: ¿qué es lo que queríamos evitar con la despolitización? Por ejemplo, que en la selección de los jueces y magistrados que tienen que ocupar los puestos de responsabilidad de nuestra carrera no fuesen criterios objetivos los que determinasen el nombramiento de un magistrado del Tribunal Supremo, el nombramiento de un presidente de un Tribunal Superior de Justicia o la propuesta de un magistrado del Tribunal Constitucional, sino que fuesen criterios de mérito y capacidad.

Una de las constataciones que a nosotros nos ha llevado a esta reflexión es comprobar que los nombramientos que ha hecho el Consejo durante los últimos años desvían su elección de una forma abrumadora hacia no toda la carrera judicial, sino hacia el 50 por 100 de la carrera judicial que pertenece a algunas de las asociaciones. No tiene sentido objetivo pensar que, si los criterios de selección son mérito y capacidad, hay un 50 por 100 asociados que tiene mejor condición de capacidad y mérito que el otro 50 por 100 que no lo está.

Por lo tanto, déjeme que le conteste que el cumplimiento de nuestro programa electoral de despolitización de la Justicia se manifestará cuando esta Ley, una vez aprobada, lleve al Congreso de los Diputados y al Senado a la selección de los veinte miembros del Consejo General del Poder Judicial. Y en la selección de esas personas, de acuerdo a los criterios de representación de la propia carrera, que están establecidos en la Ley, será cuando se acredite que, efectivamente, no ha sido razón política, sino que ha sido auténtica razón de Estado la que ha llevado al Gobierno a la propuesta de esta forma.

¿Por qué seis, que son siete, más el presidente, que preside la Comisión Permanente? Porque entendemos que en los criterios de austeridad que en estos momentos deben de regir el funcionamiento de la totalidad de las Administraciones Públicas, con un órgano ejecutivo de siete componentes tiene suficiente capacidad el Consejo General del Poder Judicial para dar respuesta a las necesidades cotidianas que tiene atribuidas de acuerdo con sus competencias. Pensamos, además --y éste es un aspecto en positivo--, que es muy bueno para el Consejo que una parte sustancial de sus miembros, en lugar de aislarse de la propia carrera, en lugar de quedar en una situación de servicios especiales, sigan ejerciendo jurisdicción, sigan poniendo sentencias y sigan conociendo la realidad cotidiana del funcionamiento de la Justicia. Entendemos que esto va a enriquecer sus decisiones.

Yo no voy a criticar al legislador constituyente, pero en el Consejo de Ministros de España somos catorce personas, incluido el presidente, y las mesas de las Cámaras, que son los órganos de gobierno del Poder Legislativo, tienen una composición muy limitada. Y no parece que sea necesario que los veinte miembros del Consejo, que son convocados para funcionar en Pleno, tengan que tener un abandono de sus responsabilidades con carácter permanente, de acuerdo con las funcione que el propio Consejo tiene. Es la razón por la que lo hemos hecho.

Por último, le voy a decir, no algo que intuya, sino algo de lo que estoy convencido, de lo que estoy absolutamente convencido, y es que no podemos confundir la carrera judicial con las asociaciones que representan al 50 por 100 de la carrera judicial. Yo le aseguro que esta Ley va a ser muy bien recibida en la carrera judicial y que nuestra interlocución --que, por supuesto, ya lo he dicho, lo va a ser con las asociaciones-- lo está siendo paralelamente, probablemente, con actores jurídicos que tienen menos protagonismo mediático, pero que son determinantes.

Yo creo que será importante ver qué opinan desde el Presidente hasta el resto de los magistrados del Tribunal Supremo sobre este modelo, qué opinan los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y qué opinan, en definitiva, esos miles de titulares del poder del Estado, que son los jueces y magistrados, sobre una norma que, cumpliendo los criterios de austeridad, garantiza la independencia del Poder Judicial de una forma absolutamente efectiva.

En todo caso, sí le digo que yo respeto absolutamente los intereses, por supuesto, de las asociaciones judiciales; pero entiendo que ellos tienen que hacer lo que hace una asociación judicial, que es defender a sus asociados. Sin embargo, el Gobierno, además de defender a esos asociados, porque tenemos también obligación de hacerlo, además de a ellos tiene obligación de defender al resto de la carrera y a todos los ciudadanos. Por lo tanto, el nuestro es un interés de carácter general, tanto si hablamos de jueces y magistrados, como de ciudadanos, y el otro es un interés absolutamente legítimo, pero parcial, porque es el interés de defensa de aquellos que han tomado la decisión de asociarse.

Vicepresidenta.- Muchas gracias.