Portavoz.- Habrán visto ustedes que los anuncios culturales encuentran seguimiento en los anuncios medioambientales de la ministra de Agricultura. Muchas gracias. Efectivamente, así es.
P.- José Miguel Blanco, de la Agencia EFE. Para el portavoz del Gobierno. Después del anuncio realizado hoy por el presidente de la Generalitat, ¿el Gobierno puede garantizar hoy que no habrá urnas en Cataluña el día 1 de octubre y ve más cerca la posibilidad de tener que recurrir al artículo 155 de la Constitución?
Por otro lado, respecto a la amnistía fiscal, ¿el Gobierno ha debatido este asunto en el Consejo? En cualquier caso, ¿no cree que el ministro Montoro puede quedar con una posición dañada de cara a negociaciones futuras, como la de los próximos Presupuestos de 2018?
Portavoz.- Respecto a su primera pregunta, el Gobierno mantiene la misma posición que ha mantenido siempre: el referéndum de autodeterminación que pretenden los secesionistas es un referéndum ilegal. Va contra la Constitución. Y no solamente se lo dice el Gobierno de España, se lo dice la Comisión de Venecia. El presidente Puigdemont ha mandado una carta a la Comisión de Venecia y ha recibido respuesta en veinticuatro horas. Le han dicho que los referenda tienen que hacerse de acuerdo con la Constitución de los Estados miembros y, además, le han dicho otra cosa: quien se puede dirigir a la Comisión de Venecia son los Estados miembros, no las Comunidades Autónomas o regiones. Ni apoyo internacional y vemos que el apoyo interno también se deteriora. En esa foto cada vez hay menos gente, pese a que han intentado sumar a otros partidos o a otras organizaciones.
Por tanto, la posición del Gobierno es la misma y va a seguir siendo la misma: ese referéndum no se va a celebrar porque es ilegal. Pero seguimos con la mano tendida al señor Puigdemont diciéndole: lo que tenemos que hacer es hablar, debatir, dentro de la Ley y sin fecha de caducidad, y lo que nos gustaría es el anuncio que diga "sí, voy a debatir al Congreso de los Diputados", que es lo que le han propuesto el Gobierno y otras fuerzas políticas, y que nos diga la fecha en qué quiere venir. Eso es lo que estamos esperando, eso es lo que esperan también los catalanes y eso es lo que yo creo que es justo, necesario, hacer en estos momentos.
Respecto a la otra cuestión que me plantea usted, a la sentencia del Tribunal Constitucional, la sentencia del Tribunal Constitucional anula el Real Decreto Ley por una cuestión de procedimiento: pensaba que para esa regularización había que haber utilizado el instrumento de la ley y no del decreto ley. El ministro Montoro va a comparecer, a petición propia, inmediatamente en el Congreso de los Diputados y hará, como es lógico, las oportunas explicaciones.
Creo que el ministro Montoro ha hecho un gran trabajo en la confección y en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017; va inmediatamente --están ahora en el Senado-- a empezar la negociación del "techo de gasto" para 2018 y cuenta con todo el apoyo del Gobierno.
P.- Carina Verdú, de Antena 3. Quería preguntarle por ese resultado de las elecciones británicas y si el Gobierno cree que ese resultado puede complicar la negociación del "Brexit".
Portavoz.- La negociación del "Brexit" es muy complicada, en cualquier caso. Yo oigo hablar de "Brexit" duro… Es muy complicada por una razón: porque salirse de una Unión Europea, en la que has estado cuarenta y tantos años, con todas las interconexiones y relaciones que has trenzado, es, desde un punto de vista jurídico, político y afectivo, enormemente difícil. Yo tengo la sensación de que el Gobierno británico se ha dado cuenta en este año --el referéndum fue hace un año, aproximadamente-- de lo difícil que es llegar a una solución.
Pero el artículo 50 del Tratado es muy claro. Desde el momento en que fue activado por la primera ministra el botón de la negociación, hay dos años para hacerlo. La Unión Europea está preparada, está dispuesta; ha estado hace unos días aquí Michel Barnier, que es el negociador. Creo que también, y esto es importante recalcarlo, hay una posición unitaria de los Veintisiete --eso es importante, porque no siempre es fácil, pero hay una posición unitaria-- y lo que queremos es tener un interlocutor con quien hablar.
Nosotros tenemos interés, y lo ha recalcado el presidente del Gobierno, en que esta salida, porque se va a producir la salida, sea lo menos traumática posible para los ciudadanos, porque hay muchos vínculos con Gran Bretaña de personas que, fíjese, todas las que vienen a España y los españoles que trabajan allí… Todo eso hay que resolverlo de la mejor manera posible y, por tanto, lo que queremos es que haya un interlocutor y que esas negociaciones comiencen, porque, insisto, el plazo de dos años ya ha comenzado a correr, y lo hagamos de la manera en que sean más favorables para los intereses de la gente.
P.- Lucía Gómez Lobato, de La Sexta Noticias. Dos cuestiones. Es verdad que el Constitucional lo ha declarado inconstitucional por una cuestión de procedimiento pero, además, en la sentencia describe la Ley como una ley injusta, que legitima a los defraudadores, con lo cual no sé si esto también arrastra, de alguna manera, al promotor de una ley que ha resultado injusta e inconstitucional.
En segundo lugar, quería saber, como portavoz del Gobierno, si nos puede decir qué va a pasar el 1 de octubre en Cataluña.
Portavoz.- Respecto a la segunda, yo soy, como usted ha dicho muy bien, el portavoz del Gobierno, pero no soy pitoniso. Lo que le puedo decir es lo que no va a pasar. Lo que va a pasar, no lo sé; lo que no va a pasar es que no se va a celebrar un referéndum ilegal que va contra la Constitución. Lo hemos dicho muchas veces e insisto en lo que he dicho anteriormente: creo que el presidente Puigdemont debe aceptar la invitación, venir al Congreso de los Diputados y hablar con los representantes de la soberanía nacional. Hablar, dialogar, sin fecha de caducidad, pero siempre con respeto a la Ley.
Respecto a su primera pregunta, yo quiero recordar las circunstancias en que se produjo ese Real Decreto Ley que, como usted ha reconocido, ha sido anulado por un defecto de forma. 30 de marzo del año 2012, el primer Gobierno del presidente Rajoy se encuentra con que el déficit público de España no era de 60.000 millones de euros, como le había dicho el Gobierno anterior, sino de 93.000 millones, 33.000 millones más. Además, había muchas facturas impagadas, lo que provocaba que proveedores no cobraran, y teníamos unos compromisos con la Unión Europea; un calendario que había sido previsto, pactado, por el Gobierno anterior, que luego nosotros renegociamos, pero que había sido pactado y que había que cumplir.
Yo recuerdo, porque entonces estaba en el Ministerio de Asuntos Exteriores, cuando el presidente del Gobierno, a primeros de marzo, anunció cuál era la cifra del déficit y ustedes recordarán cuando el ministro de Economía fue y contó la realidad de la situación española, que no era la que nos había contado el Gobierno anterior… ¿Recuerdan ustedes aquella foto del hoy presidente de la Comisión, entonces presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, que le cogió del cuello al señor De Guindos? Ese era el tono en el que la Unión Europea hablaba de España. Tuvimos que subir los impuestos. Va en contra de la filosofía política del Partido Popular subir los impuestos, pues creemos que el dinero donde mejor está es en los bolsillos de la gente, para que se lo gaste en lo que quiera. Tuvimos que hacerlo, ¿para qué? Para garantizar el pago de las pensiones y de las prestaciones sociales. Y hubo que nacionalizar parte del sector bancario español, recuérdelo usted.
Esa era la situación en la que nos encontrábamos. Nadie fiaba a España. En ese mes de marzo, la prima de riesgo española creció en cincuenta puntos básicos respecto al bono alemán. Esa era la situación en la que nos encontrábamos, situación excepcional que requirió medidas excepcionales y una de ellas fue esta. Y yo quiero recordar aquí que con esta regularización afloraron 40.000 millones de euros y a esta regularización se acogieron 29.000 personas, que desde entonces tributan en España.
Situación excepcional requería medidas excepcionales y, gracias a eso --a eso y a otras muchas cosas, pero a eso también--, España hoy crece por encima del doble de la media europea y creamos 7.500 puestos de trabajo al día.
Por lo tanto, hubo que tomar medidas excepcionales ante una situación excepcional y el Tribunal Constitucional lo que ha dicho es que la fórmula utilizada, el decreto ley, no era la adecuada. Nosotros respetamos y acatamos. Pero también ha dicho otra cosa muy importante y es que nada, desde el principio de seguridad jurídica, tiene efectos jurídicos para esas personas. Con lo cual, respetamos y acatamos; pero creemos que esa medida, junto con otras muchas, fue eficaz para evitar lo que hubiera sido una catástrofe, que era el rescate de España.
P.- Josep Capella, de Televisión de Cataluña. Entiendo, aunque no lo ha comentado en su intervención, que del acto de hoy no se ha deducido ningún estudio por parte de la Abogacía del Estado, si hay alguna medida que se pueda recurrir o impugnar sobre el acto de hoy. Han dicho que en cualquier actuación que pase de anuncio a hecho sí habría respuesta del Gobierno. Yo quería, tampoco no en plan pitoniso, saber si nos puede augurar cómo va a hacer el Gobierno a nivel de empresas, según se ha comentado alguna vez, para que las urnas no se compren.
Y a nivel de funcionarios, había una apelación de algún sindicato mayoritario al Gobierno para que proteja a los funcionarios catalanes. ¿El Gobierno español tiene previsto alguna actuación, aparte de sus comentarios, que nos los dice todos los viernes, sobre la protección a los funcionarios?
Portavoz.- Los revolucionarios alemanes de 1848 cantaban una canción cuya letra decía: "los pensamientos son libres, los pensamientos no delinquen". Hoy es el enésimo anuncio que hacen, pero el anuncio no se traduce en nada; por tanto, los pensamientos son libres. El Gobierno a los pensamientos responde con la razón y dando la mano y diciendo "por ahí no se va a ningún lado", y constatando la soledad en la que se encuentran el presidente Puigdemont, los radicales de la CUP y los del Junts pel Sí.
Creemos que hay que hablar, creemos que hay que hablar dentro de la Ley y hemos establecido una vía de diálogo que nos gustaría que aceptara el presidente Puigdemont.
Respecto a las urnas, yo creo que el Tribunal Constitucional no ha podido ser más claro. Todo aquello que implique actos que conduzcan a un referéndum ilegal no se puede llevar a cabo y ha habido una advertencia clara en esa sentencia del Tribunal Constitucional. Yo recuerdo que en algún proceso judicial anterior algunos de los anteriores dirigentes de la Generalitat de Cataluña dijeron que ellos no sabían lo que pasaba, no estaban enterados… Están enterados ahora con toda claridad y con toda nitidez.
Y respecto a los funcionarios, yo he hecho hoy un llamamiento a que no se puede obligar a los funcionarios a algo que los funcionarios no van a hacer, y los funcionarios no van a cumplir órdenes que son ilegales cuando los dirigentes políticos, ellos mismos, no firman esas órdenes ilegales. Por tanto, que tengan la tranquilidad de que el Gobierno les va a proteger y que estará detrás de ellos, porque es la labor del Gobierno, es la responsabilidad del Gobierno, cumplir la Ley y hacer cumplir la Ley.
P.- Carmen del Riego, del diario "La Vanguardia". Tanto el vicepresidente de la Generalitat, como el president, durante el anuncio han echado toda la culpa de haber llegado hasta aquí al Gobierno y han hecho un rosario de agravios hacia el Gobierno. ¿Qué tiene que decir el Gobierno a todas esas cuestiones?
Por otro lado, insiste en la oferta de diálogo, ¿pero esa oferta de diálogo lleva implícito que tenga que tenga que venir con una reforma constitucional o del Estatuto para que sea votada?
Portavoz.- Respecto a la primera, yo estaba en otros menesteres y no he escuchado --lo lamento mucho-- la intervención de los señores…, del presidente Puigdemont y del vicepresidente Junqueras; pero imagino que será lo de siempre, porque ya casi me lo conozco de memoria.
Yo creo que lo que tenemos que hacer, como digo, y contesto a su segunda pregunta, es hablar. Nosotros no ponemos aquí ninguna traba, ningún obstáculo, ni una condición; lo que decimos es que, si lo que pretenden es realizar un referéndum de autodeterminación, que es lo que es… No es, como oigo por ahí, que se vote; no, esto es un referéndum de autodeterminación que no está reconocido en ninguna Constitución europea y de ahí el portazo que han recibido de todos los países europeos; el último, de la Comisión de Venecia.
Por tanto, si lo que pretenden es un referéndum de autodeterminación, para llevarlo a cabo hay que modificar la Constitución Española; por lo menos, los artículos 1 y 2. Por lo tanto, donde tiene que acudir el señor Puigdemont a debatir, a dialogar, con el máximo respeto, es a aquel cuerpo legislativo, en este caso el Congreso de los Diputados, que forma parte de las Cortes Generales, que es el que, en su caso, podrá modificar los artículos 1 y 2 de la Constitución. El Gobierno no puede modificar los artículos 1 y 2 de la Constitución porque hay un procedimiento constitucional tasado, que está en nuestro texto constitucional.
Es de pura lógica, de puro sentido común, que, si lo que quiere es un referéndum constitucional, un referéndum de autodeterminación que sea constitucional, tiene que modificar la Constitución. El Gobierno no le establece ninguna precondición. Nosotros no establecemos precondiciones. Diálogo dentro de la ley sin condiciones, pero queremos escucharle y donde mejor se le escucha es precisamente en ese foro que puede tomar, en su caso, decisiones, si así lo estima conveniente. Por lo tanto, es de pura lógica.
El anuncio, el buen anuncio, que quiere escuchar el Gobierno, es: pues sí, voy a acudir a las Cortes Generales; pues sí, voy a acudir en tal fecha, vamos a hablar de esta cuestión, vamos a hablar todos de este tema.
P.- Marisa Cruz, del diario "El Mundo". Ministro, a mí me gustaría volver al tema de la amnistía fiscal, porque hoy la interpretación que han dado todas las fuerzas políticas de la oposición y los medios de comunicación difiere bastante del simple hecho de un defecto de forma. Más aún, la propia sentencia, en la página 19, dice que "debe concluirse que, con la medida de la amnistía fiscal, se afectó a la esencia misma del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, como recoge el artículo 31 de la Constitución". Entonces, a mí me gustaría saber si el Gobierno comparte que, además de en la forma, se falló en el fondo o si, por el contrario, cree, parafraseando al presidente del Gobierno y a usted mismo, que esta interpretación es un chisme.
Portavoz.- Yo nunca he dicho que esta interpretación sea un chisme, ¡eh! Yo soy respetuoso con las sentencias judiciales y el Tribunal Constitucional, muy respetuoso. Puedo no estar de acuerdo, como es lógico. Yo, al final, también soy jurista; un modesto jurista, pero soy jurista y puedo tener una opinión. Pero mi deber como miembro del Gobierno es respetarlas y acatarlas, y es lo que voy a hacer.
Reitero lo que he dicho: fundamenta la sentencia la nulidad del Real Decreto Ley en que el procedimiento no es el correcto y, para hacerlo, lo que dice, se va al artículo 86 de la Constitución y establece qué está excluido del ámbito del decreto ley. Y habla del Título Primero, y por ello lo fundamenta ahí. Esa es la realidad de las cosas. Pero lo importante es decir que se trata de un procedimiento, de un vicio de forma, que no tenía que haber sido el decreto ley el instrumento utilizado por el Gobierno.
Antes me he referido a la situación por la que atravesaba España. Mire, el Gobierno podía haber presentado un proyecto de ley y el proyecto de ley tiene una tramitación, que usted conoce muy bien, que dura seis meses. O sea, que estábamos con el agua al cuello, que tuvimos la prima de riesgo en 670 puntos básicos y que a ninguna Comunidad Autónoma le fiaba nadie, y había que tomar medidas excepcionales. No admitía esa medida una tramitación parlamentaria que durara seis meses que, por cierto, el Gobierno la hubiera sacado, porque quiero recordar que en aquella Legislatura el partido que apoyaba al Gobierno tenía mayoría absoluta en la Cámara. Por tanto, si utilizó el decreto ley, fue obligado por las circunstancias, creyendo que era la manera de paliar una situación límite.
El Tribunal Constitucional ha dicho que había que haber utilizado otro procedimiento. Bien, lo respetamos; pero yo creo que, cuando se ven las cosas en perspectiva y se hace un análisis en perspectiva, la conclusión a la que se llega, a la que llega el Gobierno, es que esa decisión, que, insisto, permitió aflorar 40.000 millones de euros y se acogieron a la misma 29.000 personas... Si no se llega a hacer, no hubieran aflorado y no estarían tributando en estos momentos. Esa es la realidad de las cosas. Esa es una de las medidas que han contribuido --una de las medidas; no la única, pero una de las medidas-- a que en estos momentos España esté a la cabeza de los países que más crecen y que más empleo crean.
P.- Mariano Calleja, del diario "ABC". Ha repetido hoy aquí que el referéndum no se va a celebrar el 1 de octubre, pero los que estamos aquí escuchamos lo mismo exactamente en 2014 y lo cierto es que el 9-N hubo urnas y hubo una votación. Entonces, me gustaría saber si el Gobierno garantiza también que no se va a repetir el 9-N el próximo 1 de octubre y qué medidas que no se tomaron entonces se van a tomar ahora para impedirlo. Es decir, seguimos sin saber las medidas que va a tomar el Gobierno. No sé si nos puede adelantar ya alguna, porque ustedes mismos lo han calificado de "golpe de Estado" todo este proceso.
Portavoz.- El Gobierno afirma, reafirma --no lo digo hoy, yo lo he dicho en varias ocasiones antes, lo ha dicho también la vicepresidenta del Gobierno y lo ha dicho, sobre todo, el presidente del Gobierno-- que en España un referéndum inconstitucional, un referéndum de autodeterminación, no se va a celebrar y no se puede celebrar. El Gobierno, al mismo tiempo que dice eso, que lo declara, que lo mantiene y que lo dice con argumentos sólidos y firmes; al mismo tiempo tiene esa mano tendida hacia los dirigentes secesionistas en estos momentos y decirles: vamos a hablar y les hemos abierto una vía: vengan al Congreso de los Diputados y debatamos todas estas cosas. Eso es lo que nos parece importante y vamos a seguir haciéndolo, vamos a seguir intentando el diálogo.
Nosotros creemos, insisto, porque además lo cree la mayor parte de la sociedad catalana, que lo bueno sería debatirlo en el Congreso de los Diputados, ver dónde estamos todos y ver quiénes están a favor de un referéndum de autodeterminación y quienes no están. Diálogo sin condiciones, sin caducidad, dentro de la Ley, en eso estamos y en eso vamos a continuar estando.
Háganle, por favor, alguna pregunta a la ministra. La sequía es muy importante. No va a querer volver nadie a venir conmigo aquí.
P.- Javier Casqueiro, del periódico "El País". Yo le haría una pregunta a la ministra sobre Cataluña, pero no sé si procede.
Yo quería volver sobre el tema de Cataluña, ministro portavoz. Quería saber si ha habido debate sobre esto en el Consejo hoy, aunque acabo de escucharle a usted que decía que no habían tenido oportunidad de ver la declaración. Y hemos escuchado esta mañana al portavoz del PP en el Congreso hablar de lo que tenía que hacer el señor Puigdemont ya era disolver y convocar elecciones. Quería saber si esta es la posición también del Gobierno.
Y acabo de escucharle también a usted, me parecía muy interesante… Ha hecho una alusión, no sé si implícita o velada, al tema del uso, no sé si irregular, ilegal, excesivo, de la propia institución de la Generalitat, del edificio. ¿Les parece que eso ya es algo que no se debería de poder admitir?
Portavoz.- Respecto a la segunda, no. Lo que yo he dicho es que hay que respetar la neutralidad de los edificios públicos. La Generalitat es la casa de todos los catalanes y este acto de hoy, que es un anuncio de un anuncio de otro anuncio, es un acto no de todos los catalanes, sino de los que tienen una posición secesionista cara a un referéndum de autodeterminación. Pedimos respeto para las instituciones. Hay mucha gente en Cataluña, la mayoría de los catalanes, que no se siente identificada con ello y, por tanto, pedimos que no se utilicen las instituciones de todos para cosas que solamente conciernen a algunos.
Respecto a la primera, evidentemente, yo no lo he visto; el resto del Consejo de Ministros, tampoco. Hemos hablado de este tema y lo que yo les he leído antes es consecuencia de ese debate en el Consejo de Ministros.
¿Las elecciones, la disolución del Parlamento? Depende del presidente de la Generalidad. Nosotros lo que queremos es introducir elementos de racionalidad y de afecto. Decir que de nada vale meterse en callejones sin salida que no llevan a ningún lado; que estamos contentos, encantados, dispuestos, de dialogar. Hemos establecido una vía, que es una vía democrática y legítima, la del Congreso de los Diputados, y pedimos que se utilice esa vía. Por tanto, las otras consideraciones son consideraciones políticas que harán unos partidos o que…, pero insisto, es una prerrogativa del presidente de la Generalidad y a él le corresponde el uso de su responsabilidad.
A nosotros lo que nos importa es que los catalanes sepan que el Gobierno de la nación vela por su intereses; que el Gobierno de la nación lo que quiere es dialogar, pero siempre dentro de la Ley, y que estén tranquilos porque en España no se van a cometer actos ilegales, actos que van contra la Constitución y que van contra el Estatuto de Autonomía, que es el que ha permitido también, en estos cuarenta años, un gran progreso económico y social en toda Cataluña.
P.- Nuria Vega, de Colpisa. Portavoz, le quería hacer dos preguntas. Por un lado, y hablaba usted del anuncio del anuncio, ¿del hecho de que este anuncio de la fecha y de la pregunta del referéndum se haya ratificado, como ha dicho el señor Puigdemont, en el Consejo Ejecutivo de la Generalitat, de ahí puede desprenderse algún tipo de valor jurídico que motive un recurso o se descarta por completo?
Por otro lado, sobre la moción de censura, como portavoz del Gobierno sí quería preguntarle si se ha tomado ya la decisión de que el Gobierno intervendrá en el debate, y si va a ser el presidente directamente el que lo haga.
Portavoz.- Respecto a la primera pregunta, yo es que estaba trabajando en ese momento y no he escuchado lo que ha dicho el presidente Puigdemont. Lo que yo he dicho lo reitero: los anuncios, los pensamientos, no delinquen; si eso se traduce en actos, evidentemente, serán los expertos jurídicos los que verán si esos actos son constitutivos o no de delito.
Pero insisto nuevamente en el llamamiento, que es lo que me parece importante. Estamos a tiempo de hablar, de debatir, de venir al Congreso de los Diputados. Es importante que las autoridades catalanas se den cuenta de que este procedimiento en el que se han metido no lleva a ningún lado. Por lo tanto, desde el Gobierno y desde las fuerzas políticas queremos decirle: ven a debatir al Parlamento, hablemos y veamos de qué manera podemos resolver las cosas. Si no, yo creo que la situación no nos llevará a ningún lado y creo que esta situación, en la que cada semana, donde se produce una serie de anuncios y de actos, y llevamos ya varias semanas, ustedes me preguntan sobre esto una y otra vez…
A mí me gustaría que el anuncio que hiciera el presidente Puigdemont fuera el de decir: voy a ir al Congreso de los Diputados en la fecha tal y vamos a hablar. Debate sin fecha de caducidad.
Respecto a la moción de censura, el debate que ha habido se ha ceñido a los tiempos, aunque la verdad es que no ha sido concluyente, porque depende de las intervenciones y de su longitud. Primero, hemos escuchado cómo es el procedimiento: la presentación de la moción de censura, la contestación, la intervención del candidato y la intervención de los Grupos Parlamentarios.
Como he tenido ocasión de decir en alguna ocasión, la moción de censura constructiva en realidad es la investidura del candidato. A quien se juzga no es al Gobierno, se juzga al señor Iglesias Turrión, que es el candidato, que va a presentar su programa. Por tanto, vamos a escuchar el programa del señor Iglesias Turrión y, al final, lo que se va a ver, no es los apoyos que tiene el Gobierno, sino los apoyos que tiene el candidato. A eso me refiero yo a con una investidura que ha presentado una moción de censura. Por tanto, ahí estamos.
Sobre su pregunta respecto a si va a intervenir el presidente del Gobierno, no se ha hablado de eso.
P.- Pilar Santos, de "El Periódico de Cataluña". Ministro, respecto a Montoro, usted ha dicho que tiene todo el apoyo del Gobierno pero, por la dureza de la sentencia, que han remarcado varias compañeras, quería saber si el ministro ha hablado de ello en el Consejo de Ministros, si ha dado alguna explicación o no ha salido este tema en la reunión del Gabinete.
Después, sobre Cataluña ha vuelto a invitar a Puigdemont a que venga al Congreso a presentar una reforma constitucional; pero al presidente del Gobierno le hemos escuchado muchas veces que no ve que ahora se den las circunstancias para abrir la reforma de la Carta Magna. Entonces, mi pregunta es: si hay voluntad política, ¿no se podría encontrar una fórmula para que Puigdemont viniera a hablar al Congreso y no acabara en una votación?
Portavoz.- Respecto al ministro de Hacienda, el ministro de Hacienda ha hecho una exposición de la sentencia que recoge lo que yo he podido decir hoy. No ha sido una intervención muy larga y ha anunciado que había pedido la comparecencia formal en el Congreso de los Diputados para informar.
Yo quiero recalcar aquí una y otra vez que el ministro de Hacienda, junto con el ministro de Economía, junto con la ministra de Empleo y con todo el Gobierno, son los que en el año 2012 hicieron todo lo posible por sacar a España de una situación calamitosa, al borde del rescate; una situación por la que nadie daba un euro en Europa. A mí, entonces en Asuntos Exteriores, cuando iba a hablar con mis colegas, no me preguntaban sobre si iba a haber rescate o no, me preguntaban sobre la fecha del rescate y la cuantía.
Han pasado solo cinco años desde entonces, en estos cinco años la situación ha cambiado drásticamente y, desde luego, el ministro de Hacienda tiene mucho que ver en ello, y creo que los españoles son conscientes de ello.
Respecto a su segunda pregunta --estamos dando vueltas a la misma cuestión--, yo creo que aquí nadie le ha puesto al señor Puigdemont, al presidente Puigdemont, ninguna condición; le han dicho: tiene usted el mejor foro posible, que es el Congreso de los Diputados. Si usted lo que pretende es un referéndum de autodeterminación y que ese sea legal, que es la única manera de hacer las cosas y de que sea aceptado internacionalmente, tendrá usted que hablar y convencer a aquellos que tienen la llave para la reforma constitucional, y esos son los diputados que se sientan en el Congreso de los Diputados.
Desde el punto de vista de legitimidad democrática, a mí el argumento me parece impecable y de lógica, también. Por tanto, ahí está, es una invitación abierta, es una invitación que hacemos gustosamente y creo que lo lógico, lo de sentido común, lo que agradecería la mayor parte de los catalanes, es que lo aceptaran.
P.- Cristina de La Hoz, de "El Independiente". Voy a interrogarle de nuevo sobre Cataluña y sobre la moción. ¿Alberga el convencimiento de que se atreverán a dar finalmente el paso de firmar el decreto de convocatoria del referéndum?
En cuanto a la moción de censura, aunque usted insiste en que quien se examina es el aspirante a la Presidencia, ¿no cree que lo ocurrido con el Tribunal Constitucional, el varapalo con respecto a la amnistía fiscal, añade un inconveniente a ese debate, a esa moción; una situación de incomodidad al Gobierno?
Portavoz.- Respecto a su primera pregunta, yo no me pronuncio nunca sobre futuribles y quiero pensar que todos --y recalco lo de "todos"-- queremos hacer las cosas de la manera más razonable, más sensata y siempre de acuerdo con la Ley. Por tanto, yo espero que no se firme ese decreto de convocatoria, porque será ilegal.
Respecto a la segunda pregunta, no es que lo diga yo; yo muchas veces expreso una opinión, no propia, sino la que dicen todos los tratadistas de Derecho Constitucional: la moción de censura constructiva es, en realidad, una moción de investidura. Por tanto, insisto, quien va a examinarse es el señor Iglesias Turrión; de quien esperamos escuchar el programa de su Gobierno, de su posible Gobierno, es del señor Iglesias Turrión y, al final, los votos no van a ser votos a favor o en contra del Gobierno del presidente Rajoy, van a ser votos a favor o en contra del señor Iglesias Turrión y veremos cuántos obtiene. Veremos si es capaz de convencer a la Cámara de la bondad de sus propuestas.
Hoy viernes se celebra el Día Internacional de los Archivos y en Sevilla no se pierdan "Humor, caricatura y sátira política", en el Archivo General de Indias. Si se van a Almería, en el Palacio Provincial de la Diputación se expone el legado del Premio Cervantes, Juan Goytisolo; es una buena manera de honrar a Goytisolo. Asimismo, cambiando de registro, el Palma de Mallorca, en el Teatro Principal, una cita con "Carmen", de Bizet, a cargo de la Compañía Nacional de Danza. Si prefieren el norte, Logroño tiene las Fiestas de San Bernabé, con una intensa agenda cultural en la capital de La Rioja. Y últimamente se quejan de que no hable de deporte; pues hoy Real Madrid y Valencia Basket comienza la final de la Liga ACB, y dentro de nada vamos a apoyar, a empujar todos, a Rafa Nadal, para que esté en la final de Roland Garros, y la ministra de Agricultura lo presencie.
Muchas gracias a todos.