La Moncloa, Madrid
P.- José Miguel Blanco, de la agencia EFE. Comentaba antes la trascendencia de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para este año. Yo querría saber si el Gobierno teme que puedan influir en las negociaciones para esa aprobación las noticias judiciales de esta semana, que hacen referencia al PP de Madrid o, incluso, la citación del presidente del Gobierno como testigo en el "caso Gürtel".
Por otro lado, en relación con Cataluña, querría saber cómo valora el Gobierno el hecho de que el Gobierno catalán hoy se haya considerado responsable colectivo de la convocatoria del referéndum que pretende celebrar.
Portavoz.- El Gobierno está convencido que de la inmensa mayoría de los partidos políticos y su proyección en el Parlamento, los Grupos Parlamentarios, saben que España necesita unos Presupuestos Generales del Estado. Antes he pretendido objetivar las razones por las cuales unos Presupuestos Generales del Estado son necesarios para continuar en la senda de crecimiento y progreso social; por tanto, creemos que el interés general de los españoles en este momento abunda en la necesidad de aprobar esos Presupuestos Generales del Estado.
Por lo tanto, el Gobierno continúa con las negociaciones con los Grupos Parlamentarios. No son negociaciones fáciles, lo hemos dicho desde el principio. El Gobierno es consciente de que cuenta con 137 diputados y que necesita 175 diputados para rechazar las enmiendas a la totalidad --un debate al que me he referido antes de los días 3 y 4, con votación el 4 de mayo-- y 176 para aprobarlo; pero es lo que tiene que hacer el Gobierno. Su responsabilidad es buscar aliados y esperamos de la responsabilidad también de los grupos políticos para poner énfasis en lo que es importante en estos momentos, insisto, que es la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.
En relación con su segunda pregunta, yo pondría el contraste entre la actitud del Gobierno y la vicepresidenta del Gobierno acudiendo a temas que importan de verdad a los ciudadanos, en este caso el tema de la cultura, El Libro y la rosa, con una exteriorización más, a la que niegan, además, cualquier carácter jurídico y que no aporta absolutamente nada a lo que estamos escuchando en todos estos días. El Gobierno se ocupa de los problemas de la gente, intenta resolverlos y nos gustaría que eso es lo que hiciera también el Gobierno de la Generalitat.
P.- Almudena Guerrero, de Televisión Española. Insistiendo en la pregunta del compañero de EFE, más allá de los Presupuestos quería saber si cree el Gobierno que van a afectar al curso de la Legislatura todos los casos de corrupción, la detención esta semana de Ignacio González y la citación del Presidente.
Por otro lado, le quería pedir una valoración de los hechos, de los incidentes, que se están produciendo en Venezuela, donde ya se han registrado varios heridos.
Portavoz.- Este Gobierno ha luchado, lucha y luchará contra la corrupción, porque la corrupción carece de ideología, carece de carné, es un asunto que nos afecta a todos y atenta contra la democracia.
Le voy a recordar medidas que han tomado este Gobierno y el Gobierno anterior, el Gobierno Rajoy-1, contra la corrupción: reformamos en su momento la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos, Proyecto de Ley aprobado, por cierto, en el primer Consejo de Ministros; aprobamos la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, impulsada en los primeros cien días de Gobierno; la Ley Orgánica de reforma del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y la Seguridad Social; la Ley Orgánica de 2015 de control de la actividad económica-financiera de los partidos políticos; la Ley de 2015 reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado; la reforma del Código Penal, que incluye la ampliación de los plazos de prescripción de los delitos relacionados con la corrupción, o la creación de la Oficina de Gestión y Recuperación de Activos Derivados del Delito, para que se pueda obtener mayor rendimiento de los mismos.
Hemos reformado la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con nuevas reglas de conexidad que permiten la acumulación de procedimientos únicamente en supuestos en los que se agilice o se facilite el desarrollo de la investigación; el compromiso, además, también de prohibir el pago en efectivo superior a 2.500 euros para prevenir el fraude; la modificación de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales; el no conceder indultos por casos de corrupción…
Todas estas medidas legislativas, que van en el sentido de apostar por la transparencia, por la claridad y también por una mayor contundencia de las penas, muestran bien a las claras cuál es la actitud del Gobierno contra la corrupción. Y esto son acciones legislativas; pero, además, le voy a recordar dos acciones concretas: en el tema llamado de las "tarjetas black", en el "caso Bankia", la Fiscalía conoció de la denuncia a través del FROB, instrumento del Gobierno; y en el caso al que se ha referido usted ahora fueron la propia Comunidad de Madrid y su presidenta las que pusieron esos indicios de presuntas irregularidades en conocimiento de la Fiscalía.
Por tanto, voluntad legislativa y voluntad de acciones. Eso es lo que hemos hecho, eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que vamos a hacer.
En relación con Venezuela, el Gobierno ha seguido desde el primer momento con gran preocupación la situación por la que atraviesa Venezuela, especialmente después de la victoria de la oposición en las Legislativas del 2015 y el acentuamiento de la confrontación política, que ha llevado a un bloqueo constitucional. Me han oído ustedes decir muchas veces que el Gobierno lo que desea para otros países, y más para países con los que tenemos unos lazos tan estrechos, como es el caso, es que sus ciudadanos disfruten de los mismos derechos que tienen los españoles. Por tanto, en eso incluimos el que no se reprima a los manifestantes, no haya presos políticos o no se arme a una parte de la población.
Por lo tanto, insistimos en el diálogo; creemos que es muy importante seguir en se diálogo, pero también hacemos un llamamiento para que las aguas vuelvan a su cauce y no empeoren. El Gobierno está preocupado; sigue insistiendo en el diálogo como mecanismo para resolver los problemas; el Gobierno también, en el marco de la Unión Europea, impulsó, como saben ustedes, la última posición de la Unión Europea, y va a seguir haciéndolo, pero hace un llamamiento para que esas aguas vuelvan a su cauce, a ese cauce del diálogo, y no se cometa ningún acto que afecte contra lo que es normal en cualquier Estado de Derecho.
P.- Iñaki Aguado, de Informativos Tele-5. Los investigadores de la "operación Lezo", por la que Ignacio González está detenido, han expresado sus sospechas de que hubo dos filtraciones, hace cinco meses y hace dos, una del entorno del Gobierno y otra de la Judicatura. Le pregunto si le preocupa la de la Judicatura y si van a investigar esas sospechas que muestran los investigadores por esa filtración del entorno del Gobierno.
Portavoz.- Este caso al que usted se refiere está bajo secreto judicial. Escuchamos filtraciones, pero comprenderá usted que el Gobierno no puede hacer ninguna valoración sobre filtraciones o sobre si alguien ha dicho esto o lo demás. Nosotros siempre hemos mantenido la misma posición y es la de respetar las decisiones judiciales, respetar el trabajo de los jueces y acatar sus decisiones, y en este caso vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho siempre.
P.- Josep Capella, de Televisión de Cataluña. En relación con una pregunta anterior sobre el compromiso que han firmado todo el Gobierno catalán y 140 altos cargos del Gobierno para comprometerse a organizar, convocar y celebrar el referéndum, yo quería saber si el Ejecutivo ha tomado nota, cree que es un paso más, y cree que hay alguna actuación a estudiar por parte de los Servicios Jurídicos del Gobierno, del Estado.
En segundo lugar, en ese capítulo que nos ha detallado hoy de actividad del Gobierno en Cataluña, quería conocer si tenía prevista agenda el presidente del Gobierno durante las próximas semanas, algún acto, y si, en concreto, en el que va a asistir usted personalmente y su Departamento, como ministro de Deporte, de los Juegos del Mediterráneo de 2018, va a haber alguna aportación o algún anuncio de aportación económica en ese campo.
Portavoz.- Respecto a la primera, yo creo que la posición que tiene el Gobierno respecto a un posible referéndum en Cataluña, la posición no puede ser más clara. Lo hemos dicho por activa y por pasiva, en público y en privado, y yo la voy a repetir hoy aquí: la Constitución española es meridianamente clara: la soberanía reside en el pueblo español y, por tanto, un referéndum que afecta a la soberanía del pueblo español, en una parte del territorio nacional, en la que solamente participa una parte de la ciudadanía, es ilegal, es inconstitucional. Por lo tanto, el Gobierno, ni puede, ni quiere, ni va a cambiar su posición. Se puede modificar la Constitución; solo la Biblia fue escrita para durar millones de años. Cámbiese la Constitución, hágase una propuesta de cambio de la Constitución, si se quiere. Pero la posición del Gobierno es clara, de este Gobierno y de cualquier Gobierno, porque está obligado a guardar la Constitución.
Eso por lo que respecta al primer aspecto. Por lo que respecta a lo que hemos oído estos días del referéndum unilateral, un referéndum unilateral es ilegal. Pero eso no se lo dice solamente el Gobierno; se lo dice el Tribunal Constitucional; se lo dice el Consejo de Garantías Estatutarias, creado por la Generalitat de Cataluña; se lo dicen los letrados del Parlamento de Cataluña, cuando le dicen que los Presupuestos no puede incorporar ninguna partida para un referéndum que es ilegal; se lo dice… Se lo repite hasta la saciedad la Unión Europea.
Por tanto, esa posible declaración unilateral de independencia, aparte de que es ilegal, no tiene ningún efecto jurídico ni político alguno. Esto lo decimos con claridad, con nitidez, porque creemos que es importante que lo sepan los ciudadanos catalanes; que no les engañen, que no les cuenten cosas que no son. Lo decimos con tranquilidad y lo decimos también con la tranquilidad de quien tiene la mano tendida para el diálogo, sin fecha de caducidad, para hablar de los temas que preocupan a los ciudadanos y para resolver los problemas que tiene la gente en Cataluña. Lo está haciendo el Gobierno y lo seguiremos haciendo,
Me preguntaba usted por la agenda del presidente del Gobierno. Ahora mismo la verdad es que no tengo en la cabeza lo que va… Sé que el presidente del Gobierno tiene previsto acudir a Cataluña, pero no le puedo decir exactamente la fecha porque no lo recuerdo.
Y respecto a Tarragona, sí, vamos a ir a Tarragona para seguir haciendo lo que hacemos, que son inversiones en cosas que preocupan y que importan a los ciudadanos. Vamos a hacer, con la vicepresidenta del Gobierno y con el ministro de Hacienda, que también va a venir, una aportación a los Juegos del Mediterráneo que se celebrarán en la ciudad, en Tarragona, el próximo año. Por tanto, era un compromiso que tenía el Gobierno, era un compromiso en el que estamos gustosos de contribuir, precisamente, además, en un año en el que estamos conmemorando el XXV aniversario de ese acontecimiento que fue tan importante para Barcelona, para Cataluña y para España, que fueron los Juegos Olímpicos.
P.- Marcelo Moncayo, de la cadena latinoamericana NTN24. Quisiera volver a preguntarle y complementar la pregunta que hizo mi colega sobre Venezuela. Usted dice que están preocupados y que están siguiendo de cerca, pero yo quisiera saber si se está haciendo algo, no solo preocupándose, considerando que en Venezuela hay alrededor de 190.000 ciudadanos españoles y uno de los actuales presos políticos, un chico que se llama Yon Goicoechea, es español, tiene nacionalidad española, y su esposa en estos momentos está aquí, en Madrid, pidiendo "auxilio" --es lo que ella ha dicho--, tanto en el Congreso, como en el Senado. Entonces, yo quería saber si, a nivel consular, a nivel de Embajada, se está haciendo algún seguimiento de los ciudadanos españoles en Venezuela.
Portavoz.- Sin duda alguna. Yo quiero recordarle que el presidente del Gobierno fue el primero que recibió a doña Lilian Tintori en España y me alegro poder decirle que la concesión de la nacionalidad española a don Yon Goicoechea fue una instancia del ministro de Educación, Cultura y Deporte. Por lo tanto, seguimos la situación en Venezuela con preocupación. El presidente Rodríguez Zapatero está también en Venezuela con el apoyo del Gobierno. Estamos intentando mediar en casos humanitarios. Me permitirá usted que en ocasiones la diplomacia o los casos diplomáticos son incompatibles con luz y taquígrafos; requieren también negociaciones que no se acomodan bien a esa luz y taquígrafos. Pero claro que estamos preocupados, claro que nos preocupan nuestros compatriotas y lo seguiremos haciendo.
Yo he hecho una declaración antes, creo que rotunda, creo que clara, respecto al sentido político que tiene este Gobierno con la situación en Venezuela. Estamos preocupados, porque estamos viendo que la situación se está complicando desde un punto de vista político y lo que estamos viendo de represión de manifestaciones o esa propuesta o iniciativa de armar a los milicianos nos parece que no son la mejor manera de desbloquear la situación ni de buscar ese gran acuerdo nacional a través del diálogo.
P.- Marisol Hernández, de "El Mundo". Yo quería preguntarle, después de que haya indicado usted el compromiso de este Gobierno con la corrupción, si podía hacernos una valoración sobre el hecho de que Génova conoció, a través de diferentes vías, el supuesto pago de comisiones y la supuesta cuenta en Suiza de Ignacio González y no actuó ante estas informaciones. Lo pregunto también, porque usted mismo señalaba que se han puesto en conocimiento de la Fiscalía diferentes asuntos, uno de ellos relacionado con este tema. Entonces, quería saber su valoración de por qué estas informaciones que Génova conoció no se pusieron en manos de la Fiscalía.
Portavoz .- Me pregunta usted una cosa a la que no le puedo responder, no porque no quiera, sino porque no tengo conocimiento alguno sobre la cuestión. Lo que creo, y le he dado dos ejemplos muy claros, es que, cuando hay unos indicios, actuamos de forma contundente, que es poniéndolo en conocimiento de la Fiscalía. Pero de otras noticias, que yo también he leído, o suposiciones, permítame que no haga ninguna valoración, porque es que no tengo ni idea de lo que hay de cierto en ellas o no.
Ustedes no me respetarían nada si yo empezara a hacer valoraciones de este tipo de cosas.
P.- Esther Redondo, de La Sexta Noticias. Quería saber si el Gobierno no está preocupado por la imagen que está dando la Fiscalía Anticorrupción en nuestro país. En las últimas horas, días, hemos conocido que el fiscal Moix ha frenado un par de registros de la "operación Lezo"; también, que ha pactado que no se imputara inicialmente el delito de organización criminal a Ignacio González; hoy lo de los ceses de los fiscales que han llevado hasta ahora el "caso del 3 por 100". ¿El Gobierno no está preocupado por la imagen que está dando la Fiscalía, porque todas estas cosas han suscitado mucha polémica en el seno de la Fiscalía y entre los propios fiscales? Incluso la oposición ya está hablando de que sería necesario el cese del fiscal Manuel Moix.
Luego, quería pedirle también una valoración por el hecho de que en el Congreso ya Unidos Podemos y el PSOE han anunciado que se van a personar como acusación popular en este caso. Quería saber cómo lo valora el Gobierno.
Portavoz.- Respecto al primer caso, volvemos a los dimes y diretes, a cosas que se escuchan o se dicen. Yo creo que la Fiscalía, que es independiente, ha emitido un comunicado y yo creo que a ese comunicado debe remitirse el Gobierno. Por tanto, centrémoslo ahí y dejémoslo en ese ámbito. En todo caso, el fiscal general del Estado está dispuesto a ir al Congreso de los Diputados, que es donde se sustancia la responsabilidad política, para dar las aclaraciones oportunas.
Sobre la segunda pregunta que me hace usted, que los partidos políticos se personen como acusación popular es asunto de ellos, es responsabilidad de ellos. El Gobierno no tiene ninguna opinión sobre ello. Serán ellos los que responsan ante los ciudadanos si esa es la función de un partido político o no. Pero de eso yo no tengo ninguna opinión.
Creo que en estos momentos tenemos todos que hacer un esfuerzo por guardar la calma y por dejar que las cosas sigan con sus tiempos. España es un Estado de Derecho, la Justicia funciona en España, los jueces funcionan, hay que dejar que los jueces funcionen y hagan su trabajo sin injerencias, sin interferencias, y esperar a cuál sea su decisión, también respetando la presunción de inocencia. Una vez que se produce esa sentencia, hay que respetarla y hay que acatarla. Y yo creo que no es bueno sembrar la duda sobre el sistema judicial español porque, además, primero, porque no es así, porque es un tema que funciona, y porque el Estado de Derecho es una garantía de nuestra democracia.
Por lo tanto, yo hago votos porque todo el mundo actúe con responsabilidad también en este tema.
El domingo es el Día Internacional del Libro y el Derecho de Autor; por tanto, yo les voy a animar a leer y por una vez no les voy a hacer ninguna sugerencia particular, porque el ámbito de la lectura es muy amplio y el elenco es fantástico.
El año pasado aumentó el 8,3 por 100 la edición de libros en España y, dado que ayer entregamos el Premio Cervantes, permítanme recordar una cita de "El Quijote": "en algún lugar de un libro hay una frase esperándonos para dar un sentido a la existencia". Animo a que así lo hagan y que lean; que lean siempre, pero especialmente este fin de semana.
Muchas gracias.