Intervención de Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Función Pública

Sr. Montoro.- En primer lugar, quiero decirles que los objetivos de estabilidad y el "techo de gasto" para 2018, que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros, son los que necesita la economía española para seguir impulsando su crecimiento y la creación de empleo, que es lo que está mejorando la vida de las familias españolas.

Además, 2018 es el año en el que en nuestro país, España, va a abandonar el Procedimiento de Déficit Excesivo, que es un punto de inflexión absolutamente crucial. Tenemos que pensar que hemos estado una década entera por encima del 3 por 100 de déficit público y, por eso, en este "techo de gasto", en esta proyección de objetivos, es fundamental que no haya dudas, ni en España ni en Europa, de que vamos a cumplir este compromiso.

Frente a las presentaciones de estos últimos años, por fin, el llamado límite de gasto del Estado por la Ley, el "techo de gasto", aumenta. Ya llevábamos tantos años viéndolo bajar, siempre sistemáticamente, y ahora ya aumenta, moderadamente, como vamos a ver, pero aumenta.

Los objetivos de estabilidad. Los objetivos de estabilidad son los que ya conocen. No hay novedad respecto de la propuesta que hace el Gobierno en relación con los objetivos del programa de estabilidad; lo nuevo es incorporar el año 2020 a lo que ya son los objetivos de estabilidad que han sido votados, incluso, por las Cortes Generales hace pocos meses. Puesto que las cifras son las mismas para el año próximo, 2018, el total de déficit de las Administraciones Públicas, de acuerdo con los objetivos del programa, quedaría reducido a -2,2 por 100. Recuerdo que este año 2017 estaríamos cerrando el año en el objetivo: en el 3,1 por 100 y, entonces, es bajar del 3,1 al 2,2 por 100.

A partir de ahí, la distribución es la que también conocen, que también hemos sometido a la consideración de la Comisión Nacional de Administración Local y del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Por tanto, estamos proponiendo que la Administración Central registre un -0,7 por 100 de déficit; las Comunidades Autónomas, -0,3 por 100 --recuerden que el objetivo de este año era -0,6 por 100; o sea, es una bajada de tres décimas--; las Corporaciones Locales estarían en cero --saben que la Ley impide proponer y programar superávit y, por tanto, volvemos a insistir en el cero-- y la Seguridad Social, que iría reduciendo su déficit al -1,2 por 100 en el año 2018.

En 2019, los objetivos serían bajar de -2,2 a -1,3 por 100 --o sea, estamos. por tanto, al mismo ritmo prácticamente: el 0,9 por 100 del Producto Interior bruto, año a año--, lo que significaría que, como ya las Comunidades Autónomas, con otras tres décimas menos, alcanzarían equilibrio, el Estado bajaría cuatro décimas y la Seguridad Social, un par de décimas su déficit público.

Finalmente, en 2020, como ya tuvimos ocasión en esta misma sala de proyectar el Programa de Estabilidad, España tendría tan solo un -0,5 por 100 de déficit; pero en realidad no tenía déficit, porque lo más probable es que algunas de las tres Administraciones que ahí aparecen con cero tendrían superávit y, por tanto, prácticamente habríamos conseguido definitivamente el equilibrio presupuestario de nuestras Administraciones Públicas. De manera que, junto a ese gran objetivo de conseguir esa ocupación de 20.500.000 ocupados, eso está sustentado también en unas finanzas públicas equilibradas perfectamente, saneadas y, por tanto, están contribuyendo al crecimiento económico.

La regla de gasto, que es la que se deriva de las estimaciones que hace el Ministerio de Economía sobre el potencial de crecimiento de la economía española, sería del 2,4 por 100 en incremento de variaciones anuales para el año 2018; en años siguientes, 2,7 por 100 en 2019 y 2,8 por 100 en 2020. Por tanto, quiero insistir en que no se trata de un programa donde no se pueda gastar más que el año pasado, sino un programa donde se limite el crecimiento del gasto a esa regla, que es la que se contiene en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y que es la que hace compatible la reducción del déficit de nuestras Administraciones. Por tanto, se puede incrementar el gasto, pero moderadamente, para cumplir esa regla.

Por último, hablando de objetivos de deuda pública, que también son muy importantes, son los conocidos, son los del Programa de Estabilidad que, si lo comparáramos con la deuda pública de este ejercicio 2017, que rondará algo inferior al 99 por 100 de nuestro Producto Interior Bruto, estaríamos bajándola hasta el 92,5 por 100, que es una bajada, por tanto, muy sustancial de casi siete puntos de Producto Interior Bruto, que es consecuencia de la continuidad del crecimiento, pero también de que tenemos cada vez menos déficit público programado en esos objetivos. Esto es muy importante, porque esto significará que bajará también la deuda externa de España frente al resto del mundo y tendremos, por tanto, las posibilidades de financiar muy correctamente la continuidad del crecimiento económico en nuestro país.

Finalmente, quería decirles que la cifra de incremento, que ya se la avanzaba, en el límite de gasto del Estado, calculado de acuerdo con una evolución razonable de los ingresos tributarios disponibles que vendrían de este escenario de crecimiento económico, eso permitiría que, pensando, en primer lugar, que el Estado tiene que reducir el déficit para el año 2018, en relación con la previsión del actual, en torno a seis décimas de Producto Interior Bruto… El resto de los recursos disponibles para el Estado que no vayan a la financiación de nuestras Administraciones Territoriales iría dirigido a lo que es la consecuencia del aumento de las clases pasivas y también el aumento de la retribución de los funcionarios, que es lo que tenemos que negociar con los sindicatos también en las próximas semanas, para que tengan cabida en ese límite de gasto no disponible total.

En suma, los Ministerios tendrán una disponibilidad de gasto de en torno a los 35.000 millones de euros, que es una cifra que también mejora algo, pero no mucho, en relación con lo que ha sido la política del Gobierno, una política de contención del gasto en los Ministerios, para poder facilitar la financiación correcta de los grandes servicios públicos, sobre todo, los del ámbito social.