Intervención de Íñigo Méndez de Vigo, portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte

La Moncloa, Madrid

Portavoz.- Buenas tardes a todos. Comparezco ante ustedes para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Ministros que se ha celebrado hoy, 10 de febrero de 2017, bajo la presidencia de don Mariano Rajoy.

Recordarán ustedes que el pasado 29 de octubre el Congreso de los Diputados otorgó su investidura a don Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, y el 5 de noviembre tuvo lugar el primer Consejo de Ministros del nuevo Gobierno. Por tanto, se cumplen en estos días los cien primeros días del Gobierno de esta XII Legislatura y, como viene siendo tradición, me dispongo a hacerles una valoración política de esos cien días; cien días que dejaron atrás 315 días con un Gobierno en funciones, en un clima político caracterizado por la tensión, la incertidumbre y la inestabilidad. Hoy la realidad es bien distinta: España ha vuelto a la confianza, a la certidumbre y a la estabilidad política.

Esta nueva etapa política que estamos viviendo tiene, en mi opinión, algunos signos, algunos rasgos diferenciales, respecto a otros tiempos que conviene valorar. En primer lugar, se trata de la Legislatura del diálogo y ello viene de un hecho: primero, el 20 de diciembre y, luego, el 26 de junio los españoles dictaron una composición del Parlamento. La realidad exigió que los representantes políticos llegáramos a acuerdos políticos porque, si no, la Legislatura no sería viable, no tendría continuidad, no tendría eficacia.

Por tanto, en el análisis político quiero empezar diciendo que el diálogo aparece como una exigencia de los ciudadanos. Si el diálogo es, por tanto, una exigencia ciudadana, el diálogo también nace de una convicción democrática, cuya finalidad es encontrar soluciones duraderas a los problemas de los españoles. Los distintos actores políticos podemos y debemos tener posiciones diferentes, pero debemos estar dispuestos a ponderar su maximalismo en aras del interés general.

En definitiva, por exigencia ciudadana, por convicción y también por responsabilidad política, que se deriva del conocimiento de la realidad, este Gobierno ha mantenido y mantendrá una permanente actitud dialogante, porque es en torno al intercambio de ideas y propuestas donde surgen los análisis buenos, y de éstos se derivan las soluciones correctas y aceptables; un diálogo, en estos cien primeros días de Legislatura, que ha estado centrado en un impulso de una agenda reformista. Esta política de mano tendida, la actitud permanente de escuchar, de preguntar, de negociar y actuar, constituye el estilo político que este Gobierno ha practicado y va a practicar.

En los resultados obtenidos, a los que me voy a referir, se refleja también el carácter fructífero y positivo de esta dinámica de diálogo que hemos abierto entre todos --y recalco "entre todos"-- esta Legislatura. Este nuevo clima político está provocando, en mi opinión, un cambio en la cultura política en España y creo que debemos recalcarlo. En legislaturas anteriores, salvo probablemente en la constituyente, los acuerdos se circunscribían a la política internacional, a la política europea o a la política antiterrorista; en el resto de cuestiones el debate se movía en la confrontación. Hoy se está produciendo un paulatino cambio de paradigma: la cultura política gira hacia la cooperación. Hoy se impone un estilo nuevo: la cultura del pacto.

El poeta latino Ovidio solía decir que "no hay nada más fuerte que el hábito". Por ello, estos indicios positivos que vemos en el inicio de la Legislatura esperemos que se conviertan también en un hábito democrático en España. Aquellos que dudaban que el diálogo fuera a tener rédito político se equivocan, porque parece que los ciudadanos valoran muy positivamente la voluntad para alcanzar acuerdos.

No son, por tanto, tiempos para mirar hacia otro lado, para desentenderse de los problemas del país, rehusando el compromiso; no son tiempos tampoco de pedir lo imposible o desfigurar el objetivo de las reformas recargándolas de posiciones partidarias. Es tiempo de perseverar en los acuerdos para los que previamente hay que articular unas mayorías políticas que se concreten en reformas realistas y posibles, cuyo contenido sirva para resolver los problemas de las personas y no para postergarlos o complicarlos.

Como decía Sánchez Ferlosio, "lo más sospechoso de las soluciones es que se encuentran siempre que se quiere". Es, por tanto, tiempo de encontrarlas, de arrimar el hombro, de ser generosos, de actuar sin miedos ni prejuicios, defendiendo cada uno en el debate político su posición y fijando, así, su propio perfil.

Si hay alguna seña de identidad que caracterice la política del Gobierno y de otros es un sesgo hacia la vertiente social. Somos un Gobierno sensible y cercano a las necesidades de los problemas de nuestros conciudadanos. Por ello, el 70 por 100 de los Presupuestos Generales del Estado van orientados al gasto social.

Pero también el Gobierno tiene que gastar el dinero público, gastarlo bien, contribuir al crecimiento económico, invertir en I+D+i, completar nuestras infraestructuras, invertir en formación, fomentar la cultura, preparar a la sociedad para la era digital y afrontar el cambio tecnológico y el climático. Por tanto, el diálogo debe servir para alcanzar el consenso para aprobar una agenda reformista. Si lo conseguimos, habrá estabilidad política y, por eso, hacemos un llamamiento a todos los partidos para que estén a la altura de ese reto. Si el diálogo no conduce a acuerdos, será la propia inercia del debate la que hará que se pidan responsabilidades a aquellos que no consiguen llegar a esos acuerdos.

Esta primacía de los intereses generales tiene su prueba más evidente en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Nadie sabe qué ganan aquellos que se oponen a los mismos, desde un "no" cerrado dogmático; pero sí sabemos lo que se puede perder. Perderemos todos, el Gobierno y las Comunidades Autónomas, cualquiera que sea su signo político, que tendrán menos recursos y reducirán su margen de ejecución presupuestaria, y perderá la ciudadanía en su conjunto.

No es coherente haber aprobado un "techo de gasto" y una estrategia de estabilidad presupuestaria, y no aprobar los Presupuestos. No beneficia a la estabilidad política y, por tanto, no contribuye a la defensa de los intereses generales, y afecta negativamente a nuestra credibilidad internacional.

De la aprobación de los Presupuestos depende también el que se puedan ejecutar los acuerdos de investidura suscritos con otras fuerzas políticas, como Ciudadanos, Coalición Canaria, Foro Asturias o UPN, a los cuales agradecemos, porque éste es un Gobierno que tiene palabra y cumple.

Por tanto, después de esta primera reflexión quiero también continuar haciéndola sobre el punto de partida político en el que estábamos. Todos sabemos que España tuvo que enfrentarse a la más grave crisis económica y social desde la II Guerra Mundial; pero también sabemos que el inicio de esta Legislatura es muy distinto a aquella que tuvimos en el año 2011. Entonces, España tuvo, entre 2009 y 2013, cinco años consecutivos de no crecimiento del PIB, que se tradujeron en que España perdió el 10 por 100 de su riqueza en términos de PIB. Se perdieron también, hasta bien entrado el año 2013, 3,4 millones de puestos de trabajo y el desempleo, según la EPA, en el primer trimestre de 2013, llegó a alcanzar el 27,16 de la población española. El déficit público era del 9,3 por 100 del PIB: 93.000 millones de euros.

Había unos costes de financiación --recordarán ustedes la prima de riesgo en 670 puntos básicos--; un endeudamiento de empresas y particulares que alcanzó en 2008 los 2,17 billones de euros; los problemas a pagos y proveedores, financiación de las Comunidades Autónomas...

Todo ello hizo que España estuviera en el año 2012 al borde del rescate. El camino emprendido por el Gobierno de entonces, su hoja de ruta, puede sintetizarse en dos ideas básicas: la consolidación fiscal, que se hizo a un ritmo razonable, compatible con el crecimiento, con la creación de empleo y con el sostenimiento de los servicios públicos y de las pensiones, haciéndolo compatible también con una reducción de impuestos en el año 2015 a las personas y a las empresas; y la agenda reformista, que nos llevó a la recapitalización y reestructuración del sector bancario, a crear operaciones de crédito para las Pymes, al desapalancamiento de empresas y familias o la adopción de reformas estructurales de calado que afectaban a la reforma laboral, a la Ley de Unidad de Mercado o la reforma energética.

Hoy podemos decir --mensaje que podemos dar a los españoles-- que nuestro PIB lleva tres ejercicios creciendo y que España recuperará en el segundo trimestre de 2017 el nivel de riqueza anterior a la crisis; es decir, recuperará aquellos diez puntos de PIB perdidos. En segundo lugar, hemos creado más de un millón y medio de puestos de trabajo en los tres últimos años y de aquella cifra del 27,16 por 100 de desempleados, hoy estamos en el 18,63 por 100. Durante 2016 se crearon 1.500 puestos de trabajo al día, que afectan a todos los sectores: desde el paro juvenil, que cayó catorce puntos, o al paro de larga duración o la bajada del número de hogares que tienen a todos sus miembros en paro.

Por tanto, crecimiento equilibrado, que se ha traducido también en el continuo incremento de nuestras exportaciones. España exporta más, salvo Alemania, que el resto de los países del G-7.

De esta crisis y de estos años podemos extraer también lecciones positivas para el futuro. La crisis puso a prueba al Estado y al sistema político, y demostró la salida de la crisis que tenemos un Estado fuerte y que nuestras instituciones son el cauce adecuado para resolver nuestros problemas. Y también queremos reconocer la voluntad de superación de la sociedad española para salir de la crisis y la vitalidad de una sociedad que nunca tiró la toalla, haciendo frente a las dificultades con entereza y con esfuerzo.

Las grandes cuestiones, en suma, han ido mejorando, el clima político ha mejorado, el económico y social es mejor, y esto permite que podamos mirar hacia adelante, hacia lo que el Gobierno considera que son objetivos nacionales. Como repite una y otra vez el presidente del Gobierno, el gran objetivo nacional es que en el año 2020 haya veinte millones de ocupados en España. El cuadro macroeconómico que presentó el ministro de Economía aquí, hace unas semanas, va en esa línea, con el mantenimiento del crecimiento económico por encima de las economías más avanzadas y particularmente de la zona euro. Ayer mismo, el Servicio de Estudios del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria aumentaba, incluso, la previsión del crecimiento hasta el 2,7 por 100. Reduciremos el déficit hasta el 3,1 por 100 en 2017, para lograr en 2019 el equilibrio presupuestario, y mantendremos los servicios públicos esenciales y el sistema de pensiones.

Esto se está consiguiendo en base a tres diálogos que se han instaurado también en esta Legislatura y, en concreto, en estos cien días de Gobierno: en primer lugar, el diálogo político, que se ha concretado --como he dicho antes, hay que hablar, pero hay que concretar, hay que ejecutar-- en la aprobación por las Cortes de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, y el límite de gasto de los Presupuestos de 2017; en la convalidación del Real Decreto Ley de ampliación del calendario de implantación de la LOMCE o en el Real Decreto Ley que instaura el bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica. Asimismo, recientemente se aprobó el Real Decreto Ley de medidas urgentes de protección de los consumidores en materia de cláusula suelo en las hipotecas.

En el ámbito social, se ha avanzado también estos cien días con el Real Decreto Ley de medidas urgentes para el impulso del Sistema Nacional de Garantía Juvenil o para la fijación del Salario Mínimo Interprofesional.

En el diálogo territorial, hemos aprobado --hoy les daré cuenta de ello-- una serie de acuerdos que vienen a desarrollar los acuerdos de la Conferencia de Presidentes recientemente celebrada en el Senado y que afectan a la reforma del sistema de financiación autonómica y sostenibilidad del Estado de Bienestar, a la Estrategia Nacional Demográfica --recientemente se aprobó un Real Decreto de creación del Comisionado del Gobierno ante el Reto Demográfico-- y ya he hablado del Pacto por la Educación.

Pues bien, la semana que viene, el martes 14 de febrero, se constituirá formalmente la subcomisión creada en el Congreso de los Diputados para llevar a cabo propuestas para ese Pacto de Estado Social y Político por la Educación; también, se va a poner en marcha el grupo de trabajo de la Tarjeta Social y ya me he referido al bono energético. Antes del 31 de marzo se va a constituir el Consejo Nacional de Protección Civil. El 9 de marzo se convocará en el Senado la Comisión General de Autonomías para celebrar un debate monográfico sobre violencia de género y también puedo anunciarles que el 15 de febrero se convocará la Conferencia de Asuntos Relacionados con la Unión Europea, la CARUE, para tratar con las Comunidades Autónomas de la participación del Estado en las decisiones europeas.

Este diálogo político, diálogo social y territorial se enmarca dentro de los grandes pactos de Estado que el presidente del Gobierno ofreció a toda la sociedad española en la sesión de investidura:

- El Pacto de Estado Social y Político por la Educación, al que ya me he referido

- El Pacto por el fortalecimiento del sistema de pensiones, enormemente importante en estos momentos. Ya saben ustedes que desde 2007 hay 1.200.000 pensionistas más y 40.000 millones de presupuesto deben dedicarse a las pensiones. Por tanto, la sostenibilidad del sistema es algo enormemente importante, que nos concierne a todos, porque es un derecho de los pensionistas, con independencia de quién gobierne, y, por tanto, ese pacto es un pacto muy importante.

- El Pacto por el Empleo. Esta misma mañana la ministra de Empleo va a recibir el estudio encargado sobre los interinos, resultante de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

- El Pacto por la lucha contra la violencia de género.

- El Pacto por la Energía, y ya me he referido antes al bono social.

- El Pacto por la Calidad Democrática y contra la corrupción.

Finalmente, también quiero decirles que el Gobierno cree que en estos momentos de incertidumbre, de desasosiego en Europa, por la negociación sobre el "Brexit", con las incógnitas de varios procesos electorales abiertos en diferentes países europeos, junto con otras preocupaciones estructurales en Europa, como son las secuelas de la crisis económica y social o la inmigración o el terrorismo yihadista; España es un país que puede aportar soluciones y contribuir con lo que ha hecho en España a lo que ha sucedido en Europa.

Antes me he referido a las reformas que hemos llevado a cabo y que nos llevan a ser en estos momentos el país que más crece en la zona euro y el que más empleo crea; pero también tenemos una experiencia estimable en las cuestiones de inmigración, invirtiendo en los países de origen y de tránsito y colaborando con ellos, y en la lucha contra el terrorismo yihadista. Nosotros hemos sufrido también el terrorismo de los yihadistas y disponemos de una larga y sólida experiencia en la lucha contra el terrorismo, porque en España el Estado de Derecho venció al terrorismo de ETA.

También el presidente del Gobierno tiene interés en dedicarse a trasladar estas ideas, estos ejemplos españoles, a Europa y adquirir ese protagonismo que en estos momentos vemos que Europa está necesitado de ello.

Por tanto, junto al diálogo, creemos también que en estos cien días se ha producido una apertura a la esperanza; una esperanza que compartimos los españoles, esperanza en una mejora del clima político, económico y social, que exige continuidad, que exige seguir avanzando y que exige innovar, renovar y actualizar nuestro proyecto sin sectarismos y sin inmovilismos.

A continuación, les voy a dar cuenta a ustedes de los acuerdos del Consejo de Ministros en sus distintos ámbitos. Voy a empezar por los nombramientos. El Consejo de Ministros ha acordado el nombramiento de don Pablo Gómez de Olea como embajador de España en la República de Colombia, y de don Carlos Avella como embajador de España en la República de El Ecuador. Asimismo, ha acordado el nombramiento de doña María José Ordóñez como delegada del Gobierno para la Violencia de Género.

Igualmente, el Gobierno ha acordado el nombramiento de los siguientes vocales del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. Se propone el nombramiento de diez vocales nuevos: doña Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid; don Francisco Javier Lacalle, alcalde de Burgos; don José Luís Vázquez, alcalde del Real Sitio de San Ildefonso; don Fernando Benzo, secretario de Estado de Cultura; don José María Jover, subsecretario del Ministerio de la Presidencia; don Domingo Martínez Palomo, que es el secretario general de la Casa de S.M. el Rey y don Francisco Belil, que es el presidente de la Fundación Princesa de Girona. Igualmente, integrarán el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional don Gregorio Marañón, que es el presidente del Patronato del Teatro Real; don José Pedro Pérez Llorca, que es el presidente del Real Patronato del Museo del Prado; don Fernando de Terán, que es el director de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando; y doña María Rosario Pablos, don Juan Antonio Martínez Menéndez y doña Carmen Iglesias son vocales que se mantienen.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha tomado tres Acuerdos: uno por el que se constituye una comisión de expertos para la revisión del modelo de financiación autonómica; otra comisión de expertos para la revisión del modelo de financiación local y una comisión para el análisis de la situación del Sistema de Dependencia. Los tres son consecuencia de la Conferencia de Presidentes que se celebró recientemente en el Senado. Estamos viendo, por tanto, resultados tangibles e inmediatos de aquella Conferencia.

La primera comisión de expertos, que va a presidir el catedrático don Manuel González Sánchez, tiene por objeto la revisión del modelo de financiación autonómica. Va a comenzar sus trabajos inmediatamente. Su idea es repensar un nuevo modelo basado en los principios de solidaridad, suficiencia, equidad, transparencia y corresponsabilidad fiscal, así como de garantía de acceso de los ciudadanos a los servicios públicos en función del coste efectivo del mismo. Esta comisión de expertos va a constituir en su seno una ponencia; esa ponencia, constituida por siete miembros, elevará un informe a la comisión y, a su vez, en el plazo de seis meses, esa comisión mandará el informe al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Por tanto, diálogo y participación a la hora de hablar de financiación autonómica, algo que importa mucho, dadas las competencias en nuestro país de las Comunidades Autónomas.

Otro tanto sucede con la comisión de expertos para la financiación de entidades locales. Va a ser la catedrática doña Ana Muñoz Merino la que la presida, y sus términos de funcionamiento son parecidos a los que acabo de referirme.

Hay una tercera comisión, que también es consecuencia de la Conferencia de Presidentes, que es aquella que va a analizar la situación del Sistema de Dependencia y los contenidos derivados de la financiación de la Ley 39/2006. Los trabajos de esta comisión consisten en analizar la situación del Sistema y sus mecanismos de financiación, y tendrá un plazo de tres meses para hacer un informe que será enviado al Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, y luego a estas Conferencias que van a agrupar los informes relativos a la financiación autonómica y a la financiación local. Va a presidirla el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, que actuará como presidente, y formarán parte de la misma, además de otros altos cargos, los consejeros que tengan atribuidas las competencias en materia de servicios sociales de determinadas Comunidades Autónomas que han manifestado su interés en participar.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se establece la concesión de una ayuda excepcional para la adaptación al sector productor vacuno de leche. Se trata de un paquete de medidas de apoyo aprobado por la Comisión Europea, de las cuales 14,6 millones de euros corresponden a España, y el Gobierno, a través del Real Decreto, ha optado por destinar este presupuesto al sector vacuno de la leche, especialmente a aquellos ganaderos que han contribuido al equilibrio del sector, por un lado y, por otro lado, a mejorar la organización del sector y reforzar la posición el productor frente al siguiente escalón de la cadena.

Igualmente, el Consejo de Ministros ha tomado el acuerdo de autorizar la concesión de ayudas correspondientes a la convocatoria de subvenciones a inversiones materiales e inmateriales en transformación, comercialización y desarrollo de productos agrarios. Se trata de una partida de 34,9 millones de euros, repartidas en dos anualidades, cuyos beneficiarios serán las entidades asociativas de ámbito supra-autonómico y se destinarán a proyectos de inversión para mejorar le valor añadido de sus productos y el posicionamiento en los mercados. Por tanto, ganadería y agricultura son prioridades también de este Gobierno.

Además, el Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autoriza la contratación de un servicio de seis helicópteros bombarderos pesados para su utilización en la extinción de incendios forestales, por un importe de más de veintiún millones de euros. Y también otro Acuerdo por el que se toma conocimiento de la concesión de la garantía del Estado a 51 obras para la exposición "Piedad y terror en Picasso: el camino a Guernica", la gran exposición que se inaugurará el 5 de abril en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Por tanto, en suma, estos acuerdos van en la misma línea a la que me he referido antes, de dialogar, negociar, actuar y ejecutar, y creo que constituyen un buen resumen, un buen balance, de lo que han sido estos cien primeros días de legislatura.

Por supuesto, estoy a su disposición para aquellas preguntas que quieran hacerme.