Intervención de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez

Sra. Báñez.- Muy buenas tardes a todos. También en el ámbito del Ministerio de Empleo y Seguridad Social se han presentado y se han aprobado por el Consejo de Ministros una serie de iniciativas legislativas y normativas en el ámbito del empleo y la Seguridad Social.

Empezaré haciendo un breve análisis del informe que ha conocido el Consejo de Ministros sobre la evaluación independiente de la OCDE de la reforma laboral de 2012 del Gobierno de España, diciendo que, como señala el mismo informe de la OCDE, la reforma ha cambiado la dinámica laboral en España. Señala expresamente que ha traído más dinamismo a nuestro mercado de trabajo, ha servido para avanzar y evitar la segmentación del mercado de trabajo y, algo también muy importante, para aumentar la competitividad económica de nuestro país.

El informe señala expresamente que la reforma laboral ha contribuido, con su flexibilidad, que es el elemento fundamental de la reforma, a salvar muchos empleos evitando muchos despidos en un período difícil, de recesión, como es el primer período en el que se ha puesto en marcha esta reforma. La misma OCDE reconoce que la recesión ha sido la primera fase en la que se ha desarrollado la reforma y ahora, con el inicio del crecimiento económico, está por ver la segunda parte, lo mejor, si ustedes me permiten, del despliegue de todo el potencial de la reforma laboral aprobada en 2012 por el Gobierno de España.

Tendrán luego una copia de la exposición que voy a hacer, pero es importante que en este gráfico se evalúe cómo se ha situado España después de la reforma laboral del año 2012. España tenía una de las normativas laborales más rígidas de toda la OCDE; pues bien, se sitúa hoy, después de esta reforma, por debajo de la media. Y quiero también señalarles que la normativas más rígidas de toda la Unión Europea --lo verán cuando tengan delante este gráfico-- son hoy la alemana, la belga, la holandesa, la italiana o la francesa, por decirles alguno de los ejemplos que señala la OCDE. Por tanto, nuestro país tiene una legislación laboral hoy más flexible, más adaptada a las circunstancias, no sólo del país, sino también de la realidad económica de las empresas y trabajadores.

Quiero señalar también, como hemos hecho en la exposición en el Consejo de Ministros, los resultados concretos que el informe de la OCDE hace sobre la reforma laboral. Ha dicho que ha permitido crear veinticinco mil contratos indefinidos adicionales cada mes; estamos hablando de un 30 por 100 más. Ha favorecido que se reduzcan, y esto es muy importante, los períodos de permanencia en el desempleo y que la salida ahora se produce hacia el empleo indefinido de forma más numerosa. También ha dicho y ha puesto de manifiesto que se han frenado en un momento de recesión los despidos en nuestro país a través de la flexibilidad y eso, como decía al principio, ha logrado salvar muchos empleos en una etapa muy difícil de su puesta en marcha.

Por último, y en términos macroeconómicos, la reforma podría favorecer un aumento de la productividad del 0,25 por 100 anual en el sector privado, lo que se traduciría en un incremento del PIB del 0,15 por 100 y eso, sin duda, como ustedes saben, se traduce en crecimiento de empleo.

Por tanto, valoración positiva de la OCDE sobre las medidas laborales que tomó el Gobierno a lo largo del año 2012 y valoración también, por tanto, por el Consejo de Ministros de este informe independiente que es, por cierto, la primera vez que se hace sobre una reforma laboral en nuestro país.

También quería decir que, si hemos abandonado la recesión, el Gobierno reconoce que es bueno impulsar esa segunda fase de inicio del crecimiento económico apostando por la contratación estable y también por la empleabilidad de los trabajadores. Por eso hemos presentado hoy en el Consejo de Ministros, y se ha aprobado, un Real Decreto Ley que favorece la contratación estable e impulsa la empleabilidad de los trabajadores, especialmente pensando en los jóvenes.

Hemos presentado también en el Consejo de Ministros la simplificación de contratos en nuestro país. Como ustedes conocen, las 42 modalidades de contrato las hemos reducido a cuatro (indefinido, temporal, de formación y aprendizaje y en prácticas) para facilitar la contratación, manteniendo, sin duda ninguna, los derechos de los trabajadores.

Y también hemos presentado al Consejo de Ministros el Plan de implantación en España de la Garantía Juvenil Europea, que ayer mismo por la tarde se remitió a Bruselas y que es el instrumento por el cual la garantís juvenil se aplicará en nuestro país.

Por tanto, les voy a hacer un breve resumen de estas tres iniciativas que hemos presentado hoy en el Consejo de Ministros:

Lo primero, la simplificación administrativa de los contratos. Es fundamental facilitar en este momento del inicio de la recuperación la contratación, hacerla fácil, atractiva para los empleadores y también conocida y transparente para los trabajadores. Se consigue esa simplificación administrativa manteniendo los derechos de los trabajadores con un asistente virtual que se pondrá en marcha el 1 de enero del año próximo. Esta tarde --y lo quería comentar, Vicepresidenta--tendrán la oportunidad, en un "briefing" en el Ministerio de Empleo, de comprobar cómo funciona este asistente de manera telemática y fácil. En cinco pasos se hace un contrato a través de este asistente informático y, como les decía, quedan reducidos esas 42 modalidades a cuatro: a indefinido, a temporal, a contrato en prácticas y de formación, y a aprendizaje.

En paralelo, también estamos elaborando en la Ley de Empleo un capítulo único donde se recogerán y se refundirán todos los incentivos a la contratación que estaban dispersos en bastantes normativas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Así, también facilitamos el conocimiento de las bonificaciones y de los incentivos asociados a la contratación, buscando siempre facilitar esa contratación.

Los cinco pasos en los que se simplifican esa asistencia virtual son, simplemente, cuando se entra en el asistente virtual, lo primero y paso número uno es "¿qué tipo de empleador soy"? Eso ya determina a qué contrato voy a tener al final. El segundo paso es: "¿qué tipo de trabajador o empleado quiero tener en mi empresa?". El tercero será el perfil de la persona a contratar: si es joven, es mayor de 45 años, es discapacitado o no, viene de la exclusión social o me es indiferente. Y el asistente me va dirigiendo hacia el siguiente paso que es el tipo de jornada que necesito para ese trabajador que voy a contratar en mi empresa: si es a tiempo completo, si es a tiempo parcial o si necesito un fijo discontinuo porque esté en el ámbito, por ejemplo, de la hostelería. El último paso es el tipo de contrato que quiero: indefinido, temporal, en prácticas o de formación. Y ya el asistente por defecto me da los contratos que pueden estar asociados a mi elección. En algún caso será uno y en algún otro caso, dependiendo de las características anteriores, serán varios contratos y elige el empleador finalmente el que quiere para la persona que va a emplear.

Esto es un mecanismo muy fácil de simplificación administrativa para facilitar la contratación por parte del empleador, sobre todo, pensando en el mundo de la pequeña y mediana empresa y de los autónomos, que son más del 80 por 100 de nuestro tejido productivo; pero también es muy importante para el trabajador, porque va a conocer el tipo de contrato que le puede hacer su empleador, el tipo de incentivos que va a tener por ese contrato y, evidentemente, seguro que así negociará también el salario con la persona que le va a contratar. Por tanto, es transparente para ambas partes.

En el ámbito de las nuevas medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad, quiero decir que nuestro país tiene una carencia fundamental que es que, si la media de la OCDE, según Eurostat, es del 20,9 por 100 el tipo de contratación a tiempo parcial, en nuestro país supera un poco el 14 por 100, 14,6 por 100, y creemos que es un momento y es una oportunidad la contratación a tiempo parcial, que debemos fomentar en este inicio de la recuperación como transición a la contratación estable. Por tanto, en el Real Decreto Ley se presenta una modificación de contrato a tiempo parcial; ya se impulsó con la reforma laboral, pero ahora intentamos mejorarlo haciéndolo más flexible y también más garantista. Por tanto, hay una serie de cambios en lo que es el contrato a tiempo parcial.

Por otra parte, como ya anunciamos, y lo hizo también el presidente del Gobierno, el contrato indefinido de emprendedores que se hacía hasta ahora a jornada completa también se va a poder hacer a tiempo parcial. Hacemos también un fomento del trabajo a tiempo parcial con vinculación formativa para los jóvenes menores de treinta años y, en materia de conciliación, hacemos una ampliación de la reducción de jornada por cuidado de hijos que, en vez de ser hasta menores de ocho años, consideramos hasta doce años, como pasa hoy en la Administración Pública. Por tanto, tenemos ahí un gesto también para ampliar la conciliación.

En cuanto al fomento de la contratación estable y de la mejora de la empleabilidad, se limita la duración del período de prueba de los contratos temporales: los contratos temporales de menos de seis meses tendrán a partir de ahora un período de prueba como máximo de un mes. Se permitirá celebrar contratos para la formación y aprendizaje en materias en las que no existe certificado de profesionalidad o de formación profesional, para incentivar esos contratos en formación como inserción para los jóvenes en el mercado de trabajo. Y también se fomenta el contrato en prácticas. Por tanto, se le da un impulso importante a la contratación estable que es lo que en definitiva es el paso siguiente, la segunda fase, ahora que iniciamos el crecimiento económico.

Por otra parte, también quiero señalar que tomamos en el Real Decreto Ley otras medidas de impulso del empleo juvenil y de la formación de los trabajadores en línea también con lo que hemos presentado, como decía ayer, que es el Plan español de implantación de la Garantía Juvenil en nuestro país, en línea con lo que se aprobó con el Consejo Europeo.

Saben que vendrán a nuestro país 1.880 millones de euros en los años 2014 y 2015. Yo quiero agradecer las aportaciones durante este tiempo, hasta que hemos conseguido cerrar y acordar el plan con todos los interlocutores sociales y con las Comunidades Autónomas. Han hecho aportaciones, y se ha dialogado y acordado, la CEOE-CEPYME, CCOO y UGT, los autónomos, la economía social, las Cámaras de Comercio, las asociaciones de jóvenes empresarios y, por supuesto, todas las Comunidades Autónomas. Es un Plan nacional que se va a hacer complementariamente también con planes desde las Comunidades Autónomas, por primera vez todos juntos. En un instrumento único telemático vamos a hacer un seguimiento de todos los jóvenes que puedan beneficiarse de la Garantía Juvenil en nuestro país.

Ha habido un consenso total con los interlocutores sociales y con las Comunidades Autónomas porque, como venimos diciendo hace tiempo, el gran objetivo de país es luchar contra el desempleo juvenil y darles oportunidades a nuestros jóvenes que muchos todavía, uno de cada dos, no la tienen.

Para simplificar un poco esta intervención decir que las líneas principales de este Plan de implantación de la Garantía Juvenil en nuestro país son cuatro: el fomento de la contratación de jóvenes, el fomento del emprendimiento, la mejora de la empleabilidad y la mejora de la intermediación laboral. Tendrán a disposición ustedes el Plan de implantación de la Garantía Juvenil que, como digo, ayer se envió a la Unión Europea cumpliendo el compromiso de que se hiciera antes de final de año.

Por otro lado, y en el ámbito de la Seguridad Social, hemos aprobado en el Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley de Mutuas. Ustedes recordarán que los objetivos que perseguíamos con este Proyecto de Ley eran la reordenación y clarificación del régimen jurídico de las mutuas, que estaba muy disperso en toda la normativa española; por supuesto, la mejora de la eficiencia de la gestión de unos recursos que son públicos, aunque las mutuas son entidades formadas por empresas y de ámbito privado, pero gestionan recursos públicos; y, por supuesto, y lo más importante, incrementar la eficiencia en el control de las prestaciones, sobre todo, buscando luchar contra el absentismo laboral injustificado y también, y muy importante, la mejora de la salud y la prevención de riesgos laborales, pensando en los trabajadores.

Por tanto, ponemos en marcha esta reforma, esta nueva Ley de Mutuas, que tiene tres objetivos básicos: la mejora de la gobernanza y de la transparencia, la modificación de la gestión de las prestaciones económicas, especialmente la incapacidad temporal, y también alguna modificación de prestaciones tan importantes de las que se ocupan las mutuas como es el cese de actividad de los trabajadores autónomos, porque son ellas las que tienen encomendadas esa labor en colaboración con la Seguridad Social.

En cuanto a la mejora de la gobernanza y la transparencia, en línea con la Ley de Transparencia que puso en marcha la vicepresidenta del Gobierno y la reforma de las Administraciones Públicas, se hace un control de los recursos de las mutuas, de los órganos de dirección de las mutuas; también, incluso, de las retribuciones de los altos cargos de las mutuas, que se hacen equiparables a los correspondientes en el sector público. Se aprovechan los recursos ociosos que hoy tienen las mutuas: piensen ustedes que el 40 por 100 de los recursos, pensando principalmente en los hospitales, no se utilizan y se ponen con esta Ley a disposición de los convenios que las Comunidades Autónomas puedan llevar a cabo con ellas para dar mejor servicio en el Sistema Nacional de Salud para todos los españoles. Y, en su caso, subsidiariamente, podrían hacer convenios con la sanidad privada para también buscar eficiencias.

En otro orden de cosas, hay un nuevo control de la incapacidad temporal. Se modifica el seguimiento de este tipo de circunstancia y desde el primer día de la baja el seguimiento lo hará ya la mutua, y, cuando la mutua considere que la persona puede estar ya de alta, hará una propuesta de alta dirigida al facultativo del Sistema Público de Salud, a través de la Inspección Médica del Sistema Público de Salud. La Inspección Médica, que se pondrá en contacto con el médico, evidentemente, que le dio la baja al trabajador, dispone de cinco días hábiles para dar respuesta a esta propuesta de alta y comunicar así la estimación o no de esa propuesta. En caso de que no se contestase en esos cinco días hábiles, se entiende por estimada la propuesta de alta y ya la mutua comunica al trabajador y a la empresa que el trabajador ha superado esa incapacidad temporal.

Por otra parte, y por señalar alguno de los cambios relevantes, hacemos posible que una prestación que era una conquista importante para los autónomos en España, como es el cese de actividad por la que cotizan, sea una realidad y sea una prestación que puedan percibir a lo largo del tiempo. A día de hoy, por como se concibió en su día la legislación en este sentido, el 82 por 100 de las solicitudes de cese de actividad son denegadas por el sistema y lo que hacemos es cambiar el sistema para que, efectivamente, se pueda dar una prestación por la que cotizan los autónomos cada mes. Por tanto, hacemos efectivo un derecho al que tienen los autónomos con esa cotización.

Ésos son, fundamentalmente, los cambios que acompañan a este Anteproyecto de la Ley de Mutuas y con ello termino, Vicepresidenta, todas las medidas y los cambios en el ámbito de empleo y Seguridad Social.