Intervención del ministro de Educación, Cultura y Deporte, y portavoz del Gobierno, en la conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros

Portavoz.- Buenas tardes. Comparezco ante ustedes para informarles de los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros en la reunión celebrada en el día de hoy bajo la presidencia de doña Soraya Sáenz de Santamaría, la vicepresidenta del Gobierno. Como saben ustedes, el presidente del Gobierno se encuentra en Bruselas asistiendo a las reuniones del Consejo Europeo y creo que dentro de una hora dará una rueda de prensa con algunos de sus compañeros. Algunas caras no están aquí hoy, me imagino que estarán en Bruselas y ahí tendrán ocasión de hablar con el presidente del Gobierno.

Antes de dar a conocer los acuerdos del Consejo de Ministros haré una valoración de la situación política y me referiré a la situación política en Cataluña.

Creo que la gran mayoría de los ciudadanos de España, y también de Cataluña, compartimos una gran preocupación por la situación en esta Comunidad Autónoma. Todos somos conscientes de la magnitud del desafío secesionista que pretende romper la unidad de nuestra nación, de un país que perdura desde hace más de quinientos años. Este daño que este proceso secesionista ha provocado es amplio y afecta especialmente, y eso es lo que le preocupa al Gobierno, a dividir y fracturar a los catalanes, enfrentándolos y extendiendo ese clima de ruptura de la convivencia, y perjudicarles también económica y socialmente. Eso se está viendo en la huida masiva de empresas --ya hay más de novecientas empresas que han abandonado Cataluña--, que han cambiado su sede social, o en la caída de las reservas hoteleras, o de la actividad turística, o de las ventas en espacios comerciales, o de las entradas en espectáculos culturales, o en las caídas en expectativas de inversión.

Por ello, el Gobierno estima que es importante que los ciudadanos estén informados de los diferentes pasos, de las diferentes acciones, que está tomando el Gobierno para restablecer en Cataluña la legalidad. Creo que este Gobierno puede presentar una actitud coherente y consistente de su actuación en los últimos tiempos; una actuación que ha estado basada en la respuesta desde el Estado de Derecho, desde el imperio de la Ley, a todas y cada una de las iniciativas secesionistas, con firmeza pero al mismo tiempo con proporcionalidad.

Políticamente, este Gobierno ha tenido tres ejes de actuación: en primer lugar, ha hecho una oferta de diálogo permanente dentro de la Ley, que no ha sido atendida; en segundo lugar, se ha esforzado por mantener el consenso político con los grandes grupos políticos con representación parlamentaria para defender, desde la unidad constitucional, la unidad territorial de nuestro país; y, en tercer lugar, le ha importado, y mucho, el mantenimiento del apoyo de la Unión Europea. España es un país plenamente integrado en la Unión Europea, forma parte del núcleo dirigente de la misma. El presidente se encuentra, como saben ustedes y lo he dicho antes, desde ayer en Bruselas donde ha recibido el apoyo del Consejo Europeo de los Jefes de Estado y de Gobierno, como no podía ser de otra manera, porque la Unión Europea se fundamenta en ser una comunidad de derecho y lo que pretenden en Cataluña los secesionistas es precisamente violar esa comunidad de derecho.

Como saben ustedes, y ante la declaración del presidente Puigdemont en el Parlamento de Cataluña el 10 de octubre, una declaración confusa, una declaración que dio lugar a muchas interpretaciones, el presidente al día siguiente mandó un requerimiento, tras un acuerdo del Consejo de Ministros, en el que solicitaba formalmente al Gobierno de la Generalidad para que aclarase, de forma clara y precisa, si alguna autoridad de Cataluña había procedido a declarar la independencia de esa Comunidad Autónoma.

El objetivo de ese requerimiento era doble: en primer lugar, el despejar incertidumbres y ofrecer certezas, porque una declaración unilateral de independencia es algo enormemente grave y el que no hubiera quedado claro cuál era el sentido de la intervención del señor Puigdemont hacía imposible que el sosiego, la tranquilidad, la seguridad, volviera a Cataluña; en segundo lugar, pedirle al presidente Puigdemont que rectificase y que volviera a la legalidad en el caso de que hubiera declarado esa independencia unilateral en Cataluña, porque volver a la legalidad es un requisito previo para recuperar la convivencia armónica y la seguridad jurídica en Cataluña.

Saben ustedes que se han producido dos cartas, dos respuestas, del presidente Puigdemont. De las mismas el Gobierno entiende, entendió ayer, que no ha habido una respuesta clara y precisa a su pregunta. La respuesta clara y precisa, tanto en castellano, como en catalán, es una palabra: sí o no. No la hubo. Por ello, ese requerimiento que suponía un paso previo para iniciar el procedimiento establecido en el artículo 155 de la Constitución se ha puesto en marcha.

El presidente del Gobierno quiso recordar ayer, recordamos, que la petición de poner en marcha el 155 está avalada por una amplia mayoría del Parlamento español, que quiere restablecer, como he dicho antes, la legalidad y quiere que Cataluña vuelva a la autonomía y a su Estatuto. Por ello, también, ayer el Gobierno hizo un comunicado, que todos ustedes conocen, y convocó para mañana una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros. En dicha sesión, insisto, que tendrá lugar mañana a partir de las 10 de la mañana, se aprobarán las medidas que el Gobierno elevará al Senado a fin de proteger el interés general de los españoles, entre ellos, los ciudadanos de Cataluña, de todos los ciudadanos de Cataluña, y restaurar el orden constitucional en dicha Comunidad Autónoma.

Esta situación tiene un único responsable y el único responsable es el señor Puigdemont y los miembros de su Gobierno que, a través de distintas iniciativas, han pretendido la ruptura unilateral con España. En la memoria de todos están el Pleno del Parlamento de Cataluña de los días 6 y 7 de septiembre donde, por medio de un procedimiento inaudito, exprés, en contra de la opinión de todo el mundo, de los letrados de la Cámara y del Consejo de Garantías Estatutarias, amputando los derechos políticos de la oposición, se pretendieron aprobar dos leyes: la Ley de Referéndum y la llamada Ley de Transitoriedad. Es una de las páginas más vergonzosas de la historia de la democracia española.

Llama la atención el contraste entre esa actividad frenética los días 6 y 7 de septiembre con que hoy, desde aquella fecha, el Parlamento esté cerrado y la oposición en el Parlamento de Cataluña no pueda pedir la convocatoria de plenos porque estos no se convocan. El Parlamento de Cataluña, después de la actividad frenética, clausura sus actividades.

El Tribunal Constitucional, el 17 de octubre, declaró inconstitucional la primera de esas leyes de desconexión, la llamada Ley del Referéndum para la autodeterminación, y dijo, y lo quiero citar expresamente porque me parece muy elocuente: "un poder que niega expresamente el Derecho se niega a sí mismo como autoridad merecedora de acatamiento".

Por último en este sentido, quiero manifestar también que la aplicación del artículo 155 está prevista en nuestra Constitución. Es, por tanto, un elemento más de la Constitución y es un elemento que tiene unos objetivos muy concretos:

- En primer lugar, restaurar la legalidad constitucional y estatutaria en el ejercicio del autogobierno, violentadas por esas decisiones, esas leyes, aprobadas los días 6 y 7 de septiembre; la legalidad constitucional, pero también la legalidad proveniente del Estatuto de Autonomía para Cataluña.

- En segundo lugar, asegurar la neutralidad institucional: las instituciones de Cataluña están al servicio de los secesionistas y las instituciones son las instituciones de todos los catalanes; lo recalco, de todos los catalanes, no solo de una parte de ellos.

- En tercer lugar, garantizar el mantenimiento de los servicios públicos esenciales y la recuperación económica, que en estos momentos está seriamente en duda. Como han visto ustedes, hace unos días en las previsiones que el Gobierno ha enviado a Bruselas ha reducido la previsión de crecimiento en España precisamente por la situación por la que se atraviesa en Cataluña.

- Y, en cuarto lugar, preservar los derechos de los catalanes, entre ellos, algo tan importante como la libertad, la seguridad y la pluralidad.

Estos objetivos, y quiero dejarlo claro también, que se pondrán en marcha en el marco del artículo 155, no suponen suspender la autonomía de Cataluña. Se trata de un medio complementario, de los medios de control ordinarios que establecen, tanto judiciales como administrativos, la Constitución y las leyes; y es un instrumento, el artículo 155, que en su momento, cuando se elaboró la Constitución Española en 1978, se incorporó como un principio propio de los Estados federales. Es un trasunto del artículo 37 de la entonces Ley Fundamental de Bonn que implica el llamado "mecanismo de coerción federal"; pero hay también unos instrumentos muy parecidos en otras constituciones como la Constitución suiza o como la Constitución austríaca. Incluso hay Constituciones que van más allá de este artículo 155, que hablan de la posible disolución de aquellos órganos que han violado la Constitución. Nuestro artículo 155, como he dicho antes, no es para suspender la autonomía, sino para devolverla a su legalidad.

Por lo tanto, mañana tendrán ustedes otra cita con el Consejo de Ministros. Ta sé que luego en las preguntas algunos de ustedes querrán preguntarme en qué van a consistir esas medidas. Ya les aviso de que creo que es una prerrogativa el presidente del Gobierno darlas a conocer y que, por tanto, será por él tras esa reunión del Consejo de Ministros cuando se adopten y cuando se hagan públicas.

Asimismo, el Consejo de Ministros hoy ha tomado otros acuerdos.

En primer lugar, un Acuerdo por el que va a impugnar el acuerdo del Gobierno de la Generalidad de Cataluña, del día 2 de octubre, por el que se crea una comisión sobre la violación de derechos fundamentales en Cataluña. Esa comisión lo que pretendía era documentar, determinar y difundir las violaciones de derechos fundamentales con motivo del pretendido referéndum de autodeterminación. No intenta investigar cualquier violación de derechos, sino únicamente las producidas, cito textualmente, "como consecuencia de las acciones y omisiones imputables a las instituciones y órganos del Estado y, en particular, de las actuaciones del Gobierno del Estado, de la Fiscalía, del Poder Judicial y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".

Es evidente que la constitución de esta comisión, este acuerdo de la Generalidad, produce una serie de situaciones de inconstitucionalidad. Vulnera las competencias exclusivas del Estado previstas en el artículo 149.1.5 de la Administración de Justicia y 149.1.6 sobre legislación procesal; pero, además, resultan vulnerados otros muchos principios, por ejemplo, la presunción de inocencia, la prohibición de indefensión del artículo 24 o la garantía del derecho al honor recogida en el artículo 18. Asimismo, no prevé trasladar la investigación a los órganos judiciales, lo que resulta igualmente inconstitucional y contrario a la legislación procesal, tal y como establece el artículo 259 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

También este acuerdo, que prevé que la policía autonómica estaría al servicio de la nueva comisión regulada, lo que refuerza su configuración como una especie de organismo parajudicial, atribuye o pretende atribuir a la Generalidad un poder omnímodo que le permite investigar todas las infracciones producidas por cualquier poder que no sea la propia Generalidad, incluyendo al Poder Judicial.

Es, por ello, por todas estas razones por las que el Gobierno ha tomado el acuerdo de recurrir dicho acuerdo al Tribunal Constitucional.

Otros asuntos que ha tomado el Consejo de Ministros se refieren, en primer lugar, al Acuerdo de distribución de los créditos para el programa de atención a las personas paradas de larga duración. Se trata de un Acuerdo similar al adoptado el pasado mes de abril del año 2017 en la Conferencia Sectorial. Ese Acuerdo con el apoyo de todas las Comunidades Autónomas se hizo con cargo el Presupuesto del año 2016 y con cargo al Presupuesto del año 2017, Presupuesto actualmente en vigor, existía una dotación adicional por un valor de 166,7 millones de euros. De esa cuantía adicional 129 millones se destinan a financiar el programa de acción conjunto para la mejora de la atención a las personas paradas de larga duración en función de objetivos. Por tanto, mejorar la atención a los demandantes de empleo parados de larga duración con edades entre los 30 y los 50 años, y todo ello con el acuerdo, como he dicho antes, de las Comunidades Autónomas.

Seguimos, por tanto, en la línea inclusiva de la recuperación económica y también en la proyección de esa recuperación a políticas sociales, en este caso, políticas de empleo.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha tomado el acuerdo por el que se concede a la Comunidad Autónoma de Canarias una subvención nominativa para el sistema de transporte terrestre de viajeros por importe de una cuantía de 27,5 millones de euros, un 10 por 100 más respecto a la del año pasado. Con ello se cumplen los acuerdos que el Gobierno firmó con las distintas fuerzas políticas canarias y reafirmamos también nuestro compromiso para mejorar la calidad del servicio público de viajeros en dicha Comunidad.

Igualmente, se ha aprobado un Real Decreto por el que se regula la Inspección Técnica de Vehículos, se ha llevado a cabo también una Declaración con motivo del Día Europeo contra la trata de seres humanos y el Consejo de Ministros ha procedido a los siguientes nombramientos: embajador de España en la República de Honduras, don Guillermo Kirkpatrick de la Vega; embajador de España en la República de Polonia, don Francisco Javier Sanabria Valderrama; embajador representante permanente de España en el Consejo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, don Nicolás Pascual de la Parte, y director general de Naciones Unidas y Derechos Humanos, don Juan Ignacio Morro Villacián.

Estos son los acuerdos del Consejo de Ministros que quería trasladarles y estoy, por supuesto, a su disposición para responder a las preguntas que tengan a bien hacer.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)