Intervención de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato

Sra. Mato.- Muy buenos días a todos, para darles cuenta del Real Decreto Ley que hemos aprobado en la mañana de hoy para garantizar la sostenibilidad de la sanidad.

Todo el mundo es consciente de que la actual situación económica nacional requiere que hagamos profundas reformas para garantizar la creación de empleo, el crecimiento económico y, por supuesto, también para garantizar los derechos básicos de los españoles. Existe unanimidad entre todas las fuerzas políticas en que la sanidad necesita ciertas reformas para garantizar su sostenibilidad. Y todo el mundo sabe también que este año el déficit sanitario en nuestro país es de, aproximadamente, dieciséis mil millones de euros.

En este sentido, todas las fuerzas políticas coinciden en la necesidad de realizar estas reformas. Por eso, este Real Decreto Ley que presentamos hoy es imprescindible para acometer esta situación. Se trata de una reforma estructural. No es una medida coyuntural, sino una reforma estructural que hemos debatido con todas las comunidades Autónomas durante tres meses. Hemos establecido un largo y amplio diálogo, hemos compartido muchas posiciones y también se han planteado sobre la mesa muchas posibilidades para llevar a cabo esta reforma.

Siguiendo una constante de nuestro Gobierno, hemos adoptado una reforma, sabemos que es una reforma difícil para algunos ciudadanos, que exige sacrificios; pero, como siempre, siguiendo como digo una constante del Gobierno, queremos que esos sacrificios sean equitativos; es decir, que perjudiquen lo menos posible a los ciudadanos que más lo necesitan. En ese sentido, esta reforma, como digo, es una reforma equitativa y más justa de la situación actual.

Nuestro único objetivo con la reforma es precisamente eso, garantizar un sistema sanitario, no solamente para salir de este tiempo de crisis, sino de futuro. El problema de la sanidad, como ustedes saben, es que en estos momentos hay una grave crisis económica, pero también que la evolución demográfica en nuestro país ha cambiado mucho. Es decir, tenemos unas expectativas de vida mucho más amplias; los ciudadanos afortunadamente, cada vez vivimos más tiempo, y hemos pasado de enfermedades agudas en las que las personas fallecían con motivo de esa enfermedad a enfermedades crónicas que requieren más atención, más prestación sanitaria y más prestaciones médicas. Eso nos obliga a buscar fórmulas para garantizar la viabilidad de nuestro magnífico sistema sanitario, uno de los considerados mejores del mundo, especialmente por nuestros magníficos profesionales que tenemos en ese área.

En ese sentido, como ustedes conocen perfectamente, les voy a dar las líneas generales de lo que significa esta reforma.

En primer lugar, hemos garantizado la universalidad de la sanidad para todos los españoles y también, al mismo tiempo, vamos a adoptar las medidas necesarias para acabar con la utilización indebida de los servicios sanitarios por parte de algunos extranjeros y también por los abusos que, a veces, estos extranjeros cometen accediendo al sistema sanitario sin tener derecho a ello.

Tenemos los datos del informe del Tribunal de Cuentas, que ya les digo que es correspondiente al año 2009, en el que nos dice que más de setecientos mil extranjeros han utilizado indebidamente los servicios sanitarios de nuestro país, con un coste de 917 millones de euros en el año 2009.

Además de eso, también hemos constatado que hay muchos extranjeros que no son comunitarios, y que no están recogidos, por tanto, en el informe del Tribunal de Cuentas, porque tampoco están sujetos a convenios internacionales entre los países, que también están utilizando inadecuadamente o sin derechos nuestros servicios sanitarios. Hay algunas personas, porque no tenemos una base de datos para ellos, que con una tarjeta sanitaria incorporan como beneficiarios de nuestra sanidad pública a todas las personas de su familia que no viven en nuestro país y que simplemente se trasladan para utilizar los servicios sanitarios.

En definitiva, hemos procedido en este Real Decreto Ley a modificar la Ley de Extranjería, en el sentido de que vamos a explicar con detalle lo que significa el aseguramiento de las personas. Hasta ahora cualquier persona simplemente con el hecho de empadronarse, que, como ustedes saben, no necesita ningún requisito, tenía derecho a tener la tarjeta sanitaria de nuestro país. A partir de ahora clarificaremos cuál es ese concepto y a la hora de empadronarse se pedirán una serie de requisitos, que son los mismos que tenemos los españoles a la hora de acudir a la asistencia sanitaria.

En ese sentido, también vamos a incorporar el artículo 7 de la Directiva relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de su familia a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros. Se preguntarán ustedes por qué he dicho que voy a incorporar sólo el artículo 7 de una Directiva y les explico: esa Directiva está incorporada al Derecho español, se incorporó hace unos años, y lo sorprendente es que se incorporó completa salvo el artículo 7, que es el que prohíbe expresamente desplazarse a otro país con el objetivo de recibir atención sanitaria. Por ese motivo, muchas personas se han desplazado a nuestro país a hacer lo que todo el mundo conoce comúnmente como "turismo sanitario".

Creemos que ésta es una medida imprescindible que tenemos que adoptar. Hay europeos que se empadronan en nuestro país, consiguen la tarjeta sanitaria española, con ella acceden a la tarjeta sanitaria europea, vuelven a su país, utilizan los servicios sanitarios de su país y nosotros, los españoles, pagamos por ello. Parece que es un despropósito absoluto y queremos poner coto a esta utilización ilegal de nuestros servicios sanitarios y a los abusos que se asumen en este campo.

Por ello, como digo, vamos a modificar esas leyes y también vamos a revisar los convenios con algunos países, porque el informe del Tribunal de Cuentas, asimismo, dice que muchos países con los que tenemos convenios no nos reintegran el dinero que nos deben por la atención sanitaria.

En esas tres medidas se supondrá un ahorro de más de mil millones de euros, simplemente con los europeos, y suponemos o calculamos que, por lo menos, otros quinientos millones de euros con relación a los inmigrantes que traen a sus familias sin derecho a prestación a nuestro país simplemente para utilizar nuestros servicios sanitarios.

En segundo lugar, saben ustedes que todavía se ha constatado que existen diferencias entre las prestaciones sanitarias en las distintas Comunidades Autónomas. Es decir, hay ciudadanos que tienen prestaciones distintas en materia de sanidad si están en una Comunidad Autónoma o si viven en otra Comunidad Autónoma diferente. Hemos decidido, conjuntamente con el Consejo Interterritorial, abordar esa cuestión y, por tanto, vamos a poner en marcha una cartera común básica de servicios para toda España.

Todos los ciudadanos en España tendrán derecho a la asistencia sanitaria, asistencia sanitaria de calidad, en todos los territorios del Estado español con independencia de su lugar de procedencia o de donde vivan. Exactamente a los mismos derechos sanitarios.

Nuestra intención es, en base a criterios de calidad, de eficiencia y eficacia, conformar esa cartera básica de servicios asistenciales. Pera ello vamos a contar con una red de agencias que hemos creado, la red de agencias que se dedican a evaluar las tecnologías y las prestaciones sanitarias. Esa red de agencias, que es un formato similar al "NICE" británico, permanentemente estará evaluando las prestaciones sanitarias, así como también las prestaciones farmacéuticas que se dan en nuestro país. De esa manera, conseguiremos ahorros a base de eficiencia, a base de eficacia y a base de mejorar la calidad de los servicios que se prestan a los ciudadanos, y --lo que es más importante-- conseguiremos que todos los ciudadanos tengamos los mismos derechos con independencia de la Comunidad Autónoma en la que nos encontremos.

En tercer lugar, abordamos una cartera suplementaria de servicios. En esta cartera suplementaria de servicios estarán aquellas prestaciones que se hacen de manera ambulatoria o se prestan por terceros. Me estoy refiriendo a los productos dietoterápicos, a la ortoprótesis y al transporte no urgente, y también a las prestaciones farmacéuticas.

En los tres primeros que les he comentado hasta ahora había un sistema según el cual en unas Comunidades Autónomas había participación en el pago de los usuarios; en otras, no; en otras había un 10 por 100 y en otras era gratuito. Y lo que hemos hecho es que en todas las Comunidades Autónomas tengan la misma participación.

En el caso de las prestaciones farmacéuticas, como ustedes bien saben, ya existía en estos momentos una participación de los ciudadanos para el pago de los fármacos; pero lo que pasa es que había una división entre activos, es decir, personas que tienen edad de trabajar, y pasivos, es decir, las personas mayores de 65 años, los jubilados. Los activos tenían que pagar un 40 por 100 del precio de los medicamentos y las personas jubiladas, los llamados "pasivos" --a mí no me gusta nada llamarlos pasivos, porque creo, y especialmente en el Año del Envejecimiento Activo, que son más activos y cada vez tienen que serlo más-- no tenían que pagar por esas prestaciones, salvo los regimenes especiales de funcionarios, que tenían un régimen especial y pagaban el 30 por 100 de los medicamentos.

Hemos decidido que en un momento en que, como digo, hay que tomar medidas que son difíciles, que no nos gustaría haber tenido que tomar, pero que son imprescindibles porque tenemos un déficit sanitario de dieciséis mil millones de euros, porque la crisis económica nos hace adoptar sacrificios y porque tenemos que mantener la viabilidad del sistema para no tener que adoptar otras medidas que ya se prestan y a las que me refería anteriormente y se han adoptado en otros países de la Unión Europea; teníamos que hacer una reordenación del sistema de aportaciones de los usuarios al mercado farmacéutico.

En materia de farmacia, como ustedes saben, es donde más gasto se produce. Estamos prácticamente a la cabeza de los países de la Unión Europea en gasto farmacéutico y, por tanto, tenemos un amplio margen para poder ahorrar.

Básicamente, les diré que porque desgraciadamente en España los medicamentos no se valoran suficientemente; es decir, hay que poner en valor el medicamento y hay que instar al buen uso de los mismos. Digo esto porque en estos momentos, aunque luego me referiré de nuevo a ello, se tiran 3.800 toneladas de medicamentos cada año. Dato constatable: en el punto SIGRE en este último año se han tirado 3.800 toneladas de medicamentos. Y les diré que va en crecimiento. Va subiendo la cifra de los medicamentos que tiramos, como digo, a la basura, sin contar aquellos que se quedan en los hogares de cada una de las personas que no van al punto SIGRE a tirar sus medicamentos. Eso nos hace necesario que adoptemos medidas para poner en valor el medicamento. El medicamento tiene muchísimo valor, y así tenemos que considerarlo, y esta medida permitirá que no tiremos tantos medicamentos como hacemos ahora.

Para ello, se han adoptado las siguientes medidas. En primer lugar, se pedirá --una demanda social muy reclamada-- que la industria farmacéutica adecue los envases de los medicamentos al número de pastillas de la duración de los tratamientos médicos. Es decir, si una persona tiene una enfermedad aguda, una enfermedad que le surge de repente y el tratamiento dura siete días, que haya las unidades necesarias para los siete días de tratamiento. Ni más, ni menos.

En segundo lugar, también les diré, que a efectos de los tratamientos crónicos, vamos a instar a que, sin embargo, las cajas de medicamentos, los envases, sean superiores. Es decir, si antes tenían cincuenta unidades, que ahora dispongan de cien, porque son tratamientos continuados y no es necesario comprar de veinte en veinte, sino que, si lo compras de cien en cien, siempre se supone que hay un ahorro considerable.

Por tanto, un esfuerzo a la industria farmacéutica para que de una vez por todas los medicamentos se adecuen a las duraciones de los tratamientos medios de las enfermedades.

Vamos a seguir con el impulso de la medida de utilización de los genéricos. Los genéricos abaratan los precios de los medicamentos. Ya se han tomado en los últimos años algunas medidas que están consiguiendo rebajar, ahorrar, en gasto farmacéutico y vamos a seguir en esa línea.

También en este Real Decreto Ley se recogen algunas cuestiones en cuanto a precios de referencia y también precios seleccionados que, sin ninguna duda, bajarán el precio de los medicamentos. Es un esfuerzo que también se les pide a las industrias farmacéuticas, igual que se lo estamos pidiendo a los ciudadanos. Aquí todos tenemos que compartir las dificultades, todos tenemos que solidariamente ayudar y como digo, lo tenemos que hacer de manera equitativa.

Además, hemos incluido un nuevo sistema de actualización del vademecum. Es decir, van a salir de ahí medicamentos. No van a salir en función de su precio, en ningún caso se hará por razón de precio, sino por razón de su eficacia terapéutica o porque ya estén obsoletos. Como ustedes se imaginan, muy a menudo se incorporan nuevos medicamentos que dejan obsoletos a los anteriores, que tienen mayor eficacia, y lo que vamos a sacar es del sistema de financiación pública aquellos que tienen menor valor terapéutico.

Por último, en cuanto a la aportación de los usuarios en el gasto farmacéutico, les he dicho que está absolutamente disparado y lo que hemos hecho es una reordenación del sistema de aportación. Hemos tenido en cuenta tres variables. En primer lugar, la edad de las personas. ¿Por qué? Porque las personas mayores tienen más necesidad permanente de medicamentos, porque tienen más enfermedades, especialmente crónicas. Hemos tenido también en cuenta la renta y también hemos tenido en cuenta el grado de enfermedad. No es lo mismo una persona joven y sana que una persona mayor y con una enfermedad crónica. Por tanto, para hacerlo de manera equitativa, hemos tenido en cuenta esa cuestión: que aporten los que más tienen y que aporten menos o que aporten nada los que menos tienen.

En ese sentido, las pensiones más bajas, las no contributivas, las rentas de reinserción y, por primera vez, los parados que no tienen prestación en este momento no van a pagar medicamentos.

Creemos que en estos momentos hay una situación muy difícil en España, que tenemos que ayudarnos entre todos y que entre todos tenemos que colaborar para que los que lo están pasando mal, los que lo están pasando peor y los que están en una situación rozando el límite que se puede asumir, tengan ayudas. Por tanto, por primera vez, como digo, los parados --serían activos en este caso, pero son parados- desgraciadamente-- que no tienen derecho a prestación no pagarán por medicamentos. En el lado contrario, aquellas personas que tienen una renta más alta, los que tienen una renta superior a cien mil euros, pagarán el 60 por 100 del coste de los medicamentos.

En cuanto a la parte intermedia, también hemos diferenciado, como les digo, entre personas mayores y entre personas jóvenes, personas activas. En ese sentido, las personas mayores pagarán un 10 por 100 de los medicamentos, pero con un tope para todas las personas mayores: aquellos que tienen las pensiones más bajas, que están por debajo de la obligación de declarar a la renta --les diré por qué hemos asumido ese criterio: simplemente ha sido para facilitar la gestión, pues seguro que ustedes saben que hay que organizar esa gestión-- pagarán un límite de ocho euros al mes. Ocho euros al mes es el límite que pagarán las personas mayores que tienen una pensión por debajo de dieciocho mil euros al año. En sentido contrario, las personas mayores, los jubilados, que tienen una pensión por encima de ese límite pagarán también el 10 por 100 y también pagarán un tope de dieciocho euros al mes.

Puedo decirles que las personas mayores que tomen menos medicamentos no llegarán al tope de ocho euros y algunas otras que están polimedicadas o que tienen enfermedades crónicas estarán en torno a esas cifras. Pero, en todo caso, como digo, no pagarán más de esa cifra.

Sé, me consta, que es un sacrificio importante para los pensionistas. Como he dicho antes, nos gustaría no haber tenido que adoptar esa decisión, pero en este momento no hemos tenido más remedio que hacerlo para garantizar que la sanidad pública siga siendo viable. De esta manera, mantenemos nuestro compromiso de que no habrá copago sanitario. En muchos países de la Unión Europea, como ustedes saben, se paga por consulta médica, hospitalización y por urgencias, y nosotros hemos decidido que íbamos a pedir un esfuerzo para que podamos mantener nuestro sistema que, como ustedes saben, en este momento tiene una asistencia sanitaria gratuita para todos los ciudadanos que la necesitan.

En el caso de las personas que están en activo hemos hecho también una ordenación por nivel de renta y pagarán un poquito más los que más tienen. En ese sentido, los que tienen una renta más baja se mantendrán en la situación que están ahora, un 40 por 100 de aportación --por tanto, no varía; aportan lo mismo que ya aportaban-- y los que tienen una renta un poco más alta pagarán el 50 por 100.

Estas medidas de farmacia, que, como le digo, es donde tenemos más posibilidades de ahorrar porque ahí no somos eficientes --nuestra sanidad es muy eficiente, pero no en las prestaciones farmacéuticas--, supondrán un ahorro estimado de, al menos, 3.500 millones de euros.

También vamos a adoptar medidas de eficiencia. Vamos a crear una plataforma de compras centralizada, que ya ha sido acordada por todas las Comunidades Autónomas. Como les he dicho al principio, todas estas decisiones fueron acordadas en el Consejo Interterritorial que celebramos el pasado miércoles, del que les dí cumplida cuenta, y en el que prácticamente todas las Comunidades Autónomas, dieciséis Comunidades Autónomas, se sumaron al acuerdo, si bien es verdad que algunas de ellas manifestaron que no les gustaba que los pensionistas tuvieran que pagar. Y todas ellas, como no puede ser de otra manera, van a aplicar todas estas medidas que suponen ese ahorro.

Se trata en esta cuestión de una plataforma de compras centralizada, que va a permitir comprar medicamentos hospitalarios, comprar tecnología médica y comprar productos sanitarios y servicios sanitarios que ahora se compran en cada Comunidad por separado. De esta manera, se conseguirá un ahorro importante, que se estima aproximadamente, en función del producto, que puede llegar al 50 por 100 de los ahorros. Según los informes que hemos solicitado a las empresas que lo han puesto en marcha, tanto en el Reino Unido, donde ya funciona, como en Francia, la media de ahorro en España supondrá de 1.000 a 1.500 millones por la aplicación de la central de compras, que, como ustedes saben, porque lo anunció la Vicepresidenta en el pasado Consejo de Ministros, ya se ha puesto en marcha, en este caso para las vacunas de la gripe, con la aprobación de todas las Comunidades Autónomas, incluida Cataluña, que para este año no se ha sumado porque tenía ya comprometida la compra de esas vacunas; pero sí nos ha pedido que lo incluyamos para el año que viene. Suponía un ahorro de seis millones de euros.

En esa línea ya tenemos prevista la compra de las vacunas infantiles. Como ustedes saben también, hicimos en el primer Consejo Interterritorial que todas las vacunas fueran iguales para todo el territorio nacional y las compraremos de manera centralizada.

De esa manera, también, como digo, se podrá ahorrar una gran cantidad de dinero, simplemente con medidas de eficiencia.

Ordenación de recursos humanos. Tenemos puesto en marcha un grupo de trabajo dentro del Consejo Interterritorial avanzando en esa cuestión, que también en una parte está recogida en el Real Decreto Ley, para ordenar los recursos humanos y permitir que pueda haber una mayor movilidad de los profesionales entre los servicios de salud. Es una demanda histórica, diría yo, y lo que vamos a hacer es elaborar un catálogo homogéneo de categorías profesionales donde se establezcan equivalencias y permita esa movilidad.

También en el grupo de trabajo se está actuando en todo lo que significan modelos retributivos, un modelo de troncalidad y, además, se regularán las especialidades. De esa manera, también se podrá producir un ahorro considerable, simplemente por la movilidad que vamos a efectuar.

En último lugar, tenemos el pacto socio-sanitario. Este primer acuerdo, para mí un gran acuerdo, que hemos adoptado entre las Comunidades Autónomas y el Estado se engloba en el pacto socio-sanitario que plantee desde el principio en que llegue al Ministerio. Dentro del pacto socio-sanitario hay otras medidas, otras acciones, que se pueden adoptar haciendo que trabajen de manera conjunta los servicios sociales y los servicios sanitarios. Hasta ahora, son dos servicios que caminan por la misma carretera, pero en aceras opuestas, uno en una acera y otro en la otra, cuando podrían compartir muchísimos gastos y evitar duplicidades. Por ejemplo, hay muchas personas que están utilizando camas hospitalarias cuando perfectamente estarían mejor atendidos si estuvieran en residencias.

En ese sentido también, vamos a hacer un esfuerzo con las Comunidades Autónomas en las Conferencias Sectoriales correspondientes para en el plazo de dos meses cerrar el acuerdo de servicios sociales, que conformará el pacto socio-sanitario.

Les diré, por último, aunque ya lo conocen también, que hemos incluido la incorporación del Fondo de Garantía Asistencial --ya lo conocen, porque lo anuncié hace unas semanas-- para garantizar la asistencia sanitaria de todas las personas que viven en zonas limítrofes, que no tienen por qué sufrir las inconveniencias de discrepancias en lo que significa la solidaridad entre Comunidades Autónomas. En ese sentido, el Estado ha creado este Fondo, que estará dentro del Fondo de Cohesión, para garantizar que los ciudadanos tengan la atención en todos los territorios del Estado nacional.

En definitiva, se trata de una reforma estructural, una reforma importante, una reforma que, como digo, siento que en alguna de las medidas haya tenido que ser así. Todas las personas que nos están escuchando saben que no nos hubiera gustado que fuera así, pero que no hemos tenido más remedio que hacerlo. Vamos a constituir un modelo mucho más eficaz, un modelo más eficiente, en el que todos colaboramos de manera solidaria, de manera equitativa; vamos a evitar duplicidades y, con ello, vamos a garantizar lo más importante: nuestro magnífico sistema sanitario público, universal, gratuito y de la máxima calidad para todos los españoles.