Intervención de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría

La Moncloa, Madrid

Vicepresidenta.- Muy buenos días. Vamos a darles cuenta de los principales asuntos que han sido aprobados hoy en Consejo de Ministros.

Me acompaña el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, porque hoy hemos aprobado un importante avance de lo que se conoce como la Agenda Social del Gobierno, que son los Proyectos de Ley y de Ley Orgánica de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Se trata de dos Proyectos de Ley que enviamos ahora a las Cortes y que tienen como objetivo fundamental garantizar la especial protección de los menores y responder a sus necesidades actuales.

Estos Proyectos lo que hacen es establecer un nuevo marco de derechos de los menores, también de sus deberes, y una especial atención de los más vulnerables, como menores extranjeros no acompañados, jóvenes ex tutelados, etcétera.

Se configura un nuevo sistema de protección a la infancia; se definen, por primera vez en una norma estatal, cuáles son las situaciones de riesgo o de desamparo, y se agilizan los procedimientos de acogimiento y adopción, buscando, sobre todo, que lo hagan, que puedan vivir en el seno de una familia.

En España hay casi 35.000 menores bajo tutela o guarda de las Administraciones, de los que 13.400 están en residencias, es decir, no conviven con una familia; están en establecimientos públicos, con lo que eso comporta. Lo que se busca con la reforma es primar soluciones familiares frente a las residenciales y soluciones estables frente a las temporales, que siempre son más dificultosas a la hora de lograr que esos menores puedan vivir en un clima adecuado para su formación y su evolución. Queremos que, al menos, todos los menores de tres años puedan vivir con una familia y eso sea así sin pasar por un centro de acogida.

Además, se refuerza la lucha contra la violencia en la infancia. No sólo se va a reconocer expresamente a los menores como víctimas de violencia de género, sino también queremos protegerlos frente a otros delitos, como los abusos sexuales. Para ello, también cuidaremos que los profesionales cuya profesión sea el contacto habitual con los menores no hayan sido condenados por determinados delitos, básicamente contra la libertad sexual, la trata y la explotación.

También hay, y acabo, numerosas modificaciones en aspectos puntuales, que el Ministro explicará, y lo que buscamos ahora es remitirla a las Cortes y trabajar para el mayor consenso posible.

En segundo lugar, hemos aprobado una reforma estructural importante en el sector de los seguros. Se envía a las Cortes el Proyecto de Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras. Lo que se busca es construir un nuevo esquema, un nuevo marco, que garantice la solvencia de estas entidades.

Con ello incorporamos, además, al ordenamiento jurídico lo que se llama Directiva de Solvencia II, que es una norma fundamental para el desarrollo del mercado interior europeo, que fortalece al sector del seguro y favorece, sobre todo, la competencia y la eficacia de estas entidades, lo que siempre es en beneficio del consumidor. De esta manera, lo que se busca es proteger mejor los derechos de los tomadores, asegurados y beneficiarios --es decir, del que contrata el seguro, del que está asegurado y del que se beneficia, en el caso de que se produzca el evento asegurado--, y se promueve la transparencia del mercado de seguros y el desarrollo de la actividad aseguradora. Ello también contribuirá a la estabilidad del sistema financiero, del que el sector del seguro forma parte.

La Directiva de Solvencia II pretende facilitar el acceso y el ejercicio de la actividad aseguradora y reaseguradora en la Unión Europea mediante, además, la eliminación de las diferencias más importantes entre legislaciones de los Estados miembros, con lo que buscamos un marco para que ese mercado interior de seguros y reaseguros sea verdad.

¿Qué se hace? Una nueva metodología para asegurar la solvencia de estas entidades. Su solvencia es importante, y además cara a futuro, teniendo en cuenta que el sector del seguro muchas veces opera con plazos bastante amplios. Se incorporan nuevas exigencias en materia de gobierno, valoración de activos y pasivos, garantías financieras e inversiones; y se les obliga, además, a presentar con periodicidad anual un informe sobre su situación financiera. Lo que se trata es de minimizar las posibilidades de insolvencia, especialmente en escenarios económicos adversos.

Para realizar los cálculos de probabilidades y de eventuales situaciones económicas desfavorables se requiere de una adaptación que se producirá a lo largo de este año.

También esta norma, en línea con otras muchas que hemos aprobado a lo largo de esta Legislatura, refuerza el gobierno corporativo de las entidades del seguro y el reaseguro. Si ustedes se fijan, cada vez que hemos traído normativa de esta naturaleza de este sector o similares, el gobierno corporativo, la transparencia, el fortalecimiento y la honorabilidad de los gobiernos corporativos forma parte de lo que es ya la tónica habitual cuando modificamos las normas de estos sectores. Constituye, por tanto, un eje de acción constante en nuestra actuación: fortalecer, dar transparencia, mejorar la profesionalidad y la honorabilidad de los directivos de las empresas.

Y se introducen mejoras en la supervisión de estas entidades. Se incorporan modificaciones en el régimen de revocación de las autoridades administrativas y de la disolución y liquidación de estas entidades.

También se contempla la posibilidad de llevar a cabo un control en las prácticas de comercialización, cómo se comercializan estos seguros por parte de las aseguradoras, que lo llevará a cabo los funcionarios de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, sin necesidad de identificarse previamente; lo que se llama el "mistery shopping", es decir, que puedan ir a contratar un seguro sin dar a conocer que son funcionarios para saber si. de verdad, se está tratando a los clientes, si se está informando a los clientes, como se debe.

Tercer asunto importante: una importante iniciativa medioambiental con el Real Decreto de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Es una realidad que los residuos de aparatos electrónicos y eléctricos son cada vez más abundantes en nuestra sociedad: contienen, por un lado, materiales valiosos, que es oportuno recuperar y reutilizar, y también sustancias peligrosas, que es necesario tratar adecuadamente. Se estima que el coste anual asociado a toda esta gestión supera al año en España los trescientos millones de euros.

La regulación existente hasta esta fecha no ha sabido dar respuesta a alguno de los problemas detectados, que son: bajas tasas de recogida separada, gestión inadecuada de algunos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y falta de información sobre el origen y evolución de todos estos aparatos.

Con este Real Decreto lo que hacemos es implantar un nuevo modelo de gestión de los residuos. El objetivo principal es mejorar el control de la recogida y gestión de estos residuos e incrementar las tasas de recogida para cumplir los objetivos fijados por la Unión Europea. Para 2015, el objetivo fijado es de cuatro kilos de recogida separada por habitante, cuatro kilos; pues bien, según el último dato disponible, el de 2012, se recogieron en España 3,4 kilos por habitante, con lo que tenemos un trecho que mejorar y tratamos de hacerlo con este nuevo Reglamento.

¿Qué se hace? Por un lado, se crea una Plataforma Electrónica de Datos, que permitirá conocer por medios telemáticos la cantidad de residuos recogidos y tratados --también se informatiza esto del residuo-- y una Oficina de Asignación de Recogidas, que organizará la recogida de estos residuos desde los puntos limpios y las tiendas donde los consumidores los entreguen. Además, esta norma clarifica las obligaciones que tienen los diferentes agentes que intervienen en la gestión de esos residuos (fabricantes, distribuidores y gestores) e incentiva la reutilización de aparatos eléctricos y electrónicos.

La norma recoge obligaciones concretas, es muy amplia; pero yo quiero señalarles algunas muy prácticas. Por primera vez, de una manera expresa, se prohíbe el abandono en la vía pública de estos residuos. En segundo lugar, a la hora de entregar los aparatos en las tiendas, cuando el consumidor compra un nuevo aparato en la tienda, el vendedor deberá preguntarle si desea dejar un aparato usado similar al que va a comprar. El comprador podrá entregar dicho residuo en el momento de la compra o, si no dispone de él en ese momento, con el ticket de compra podrá volver a la tienda y entregarlo treinta días tras la compra, y recibirá un albarán de entrega por parte del vendedor. El vendedor hará una ficha sobre el residuo entregado, indicando que no está roto, si existe posibilidad de reparación, y, si la entrega del aparato nuevo se realiza en casa, el vendedor se lleva el usado y se realiza la misma ficha. Todo de manera gratuita.

En el caso de superficies de venta de aparatos eléctricos de más de cuatrocientos metros cuadrados, esas grandes tiendas de electrodomésticos, deberán aceptar pequeños aparatos usados de menos de veinticinco centímetros, tales como móviles, transistores o relojes digitales, sin coste y a pesar de que el cliente no realice compra. Es decir, tienen que tener un punto de recogida para esos pequeños aparatos, generalmente electrónicos, de los que tienen que hacerse cargo y gestionar el tratamiento del residuo.

Y por primera vez, en el caso de venta online de los aparatos, los vendedores por Internet tendrán que asumir los mismos servicios de manera gratuita a los compradores que los vendedores con tienda abierta al público.

Ésos son algunos ejemplos prácticos de una normativa que nos parece importante.

Por último, dos cuestiones. Hoy se ratifica la autorización provisional para la suscripción del Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Economía y Competitividad, la Generalitat de Catalunya y la Universidad Politécnica de Catalunya para la creación, construcción, equipamiento y explotación del Centro Nacional de Supercomputación, el Barcelona Supercomputing Center. Este Convenio establece la colaboración entre el Estado, la Generalitat y la Universidad Politécnica de Catalunya para el equipamiento y explotación del Centro Nacional de Supercomputación y la constitución del Consorcio con las tres entidades, que se encargará de su gestión.

El Centro Nacional de Supercomputación podrá continuar con su labor científica y tecnológica, y seguir prestando sus servicios a la comunidad investigadora española, lo que además, no sólo redundará en importantes avances científico-tecnológicos, sino que además permitirá retornos significativos de ayudas competitivas y colaboraciones empresariales.

Quiero recordar que este Centro, que alberga el "Superordenador MareNostrum", con una de las mayores capacidades de cálculo de Europa, ha sido reconocido como centro de excelencia "Severo Ochoa" y sus infraestructuras forman parte del Mapa Nacional de Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares, aprobado por el Consejo de Política Científica y Tecnológica e Innovación en su reunión de 7 de octubre de 2014.

Con el acuerdo de hoy, el Ministerio de Economía y Competitividad aporta casi seis millones de euros, 5.800.000. La Universidad Politécnica de Barcelona, por su parte, aportará a lo largo de este año personal docente e investigador y personal de administración de servicios, y cede el uso permanente de un edificio.

Por último, y en el capítulo de nombramientos, nombramos nuevo delegado del Gobierno en Andalucía; saben que el lunes cesó la anterior delegada. Será Antonio Sanz Cabello, que es licenciado en Derecho y actualmente portavoz adjunto del Grupo Popular en el Parlamento andaluz. Ha sido diputado autonómico y senador durante varias Legislaturas.