Intervención de la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría

Vicepresidenta.- Muy buenos días. Voy a exponerles los acuerdos que se han adoptado hoy en el Consejo de Ministros.

En primer lugar, hemos aprobado un Acuerdo bilateral sobre el tratamiento de la deuda entre la República de Cuba y el Reino de España. En la actualidad, Cuba es el segundo deudor de España por volumen de deuda, que asciende a más de 2.400 millones de euros que se encuentran íntegramente impagados. La deuda se deriva, tanto del seguro de crédito de la exportación por cuenta del Estado, es decir, gestionado por CESCE, como de créditos del extinto Fondo de Ayuda al Desarrollo que ahora pertenecen y se gestionan por el ICO.

Dada la evolución de la situación de la isla y el objetivo de impulsar la relación comercial bilateral, y consolidar la presencia de empresas españolas, el Ministerio de Economía y Competitividad llegó en noviembre de 2015 a un acuerdo con las autoridades cubanas que permitió la renegociación de la deuda a corto plazo, que ascendía a 201 millones de euros. Además, en diciembre de 2015 Cuba firmó con sus acreedores soberanos unas recomendaciones en el seno del Club de París. En ellas se establecen las nuevas condiciones para la reestructuración y condonación de la deuda, en este caso, a largo plazo. Tras este compromiso internacional los acreedores deben firmar con Cuba, antes del 30 de junio de este año, las condiciones financieras multilaterales recomendadas, lo que supone la reestructuración del pago del principal y de los intereses.

En el caso de España, se trata de una reestructuración de deuda por valor de 750 millones de euros en el plazo de dieciocho años. Durante los primeros cinco años el interés será del tipo cero y, a partir del 30 de octubre de 2020, del 1,5 por 100 anual. También se han establecido penalizaciones para el caso de que Cuba no reembolse los importes pactados, con un interés del 9 por 100 a los importes vencidos y no pagados. Además, el acuerdo supone también la condonación de los intereses de demora que, de forma proporcional al pago de los reembolsos consensuados, ascienden a 1.492 millones de euros.

Por otro lado, el Club de París permite que cada acreedor, de forma voluntaria, otorgue condonaciones adicionales a las anteriores expuestas a través de programas de conversión de deuda. En el caso de España se ha procedido a condonar 375 millones de euros adicionales correspondientes a deudas de CESCE destinados a financiar proyectos de interés común. En el caso de la deuda CESCE, el pasado 4 de mayo se firmó un acuerdo bilateral para el pago de la deuda, así como un programa de conversión de deuda entre CESCE y la República de Cuba, que contiene tanto los términos multilaterales, como los voluntarios. Hoy lo que hacemos es el acuerdo correspondiente a los fondos gestionados por el ICO.

El Gobierno también ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la convocatoria de subvenciones estatales con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Estas ayudas, como saben, se realizan con cargo al 0,7 por 100 del IRPF de los contribuyentes que marcan la casilla "actividades de interés general consideradas de interés social" y subvencionan programas de las entidades del Tercer Sector que se ejecutarán, por lo general, en 2017. En total se reparten más de 230 millones de euros, diez millones de euros más que el año anterior, que benefician cada año a más de seis millones de personas.

En esta convocatoria hay una novedad y es que las dos terceras partes de las herencias procedentes de personas que no tienen herederos legítimos, lo que se llama los "abintestatos", que corresponden a la Administración General del Estado se van a incorporar a ese reparto de las subvenciones del IRPF. Se estima que esta cantidad asciende a unos cuatro millones de euros, aunque podría ser superior. Es decir, se les da una finalidad social a las herencias que recibe el Estado de aquellas personas que no tienen otros herederos legítimos.

La convocatoria aprobada hoy regula, entre otras cuestiones, la finalidad de las subvenciones, las características de los proyectos y los requisitos de los beneficiarios así como el procedimiento de solicitud, concesión, justificación y control de las subvenciones. Los proyectos que se vienen realizando en años anteriores se ejecutan en tres líneas de actuación: atención a las personas con necesidades de atención integral socio-sanitaria, atención a las personas con necesidades educativas o de integración laboral, y fomento de la seguridad ciudadana y prevención de la delincuencia.

Los programas a los que se da prioridad son los dirigidos a la atención de necesidades básicas de las personas en situación de pobreza, como programas de prevención y lucha contra la exclusión social, y los de la infancia y familia.

También el Consejo de Ministros ha dado luz verde al Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un acuerdo de subvención y de un acuerdo de consorcio, y de un memorando de entendimiento, las tres cosas, para la participación de España en la Red Europea de Investigación, cofinanciada por la Comisión Europea, y la contribución voluntaria en 2016, 2017 y 2018 por importe máximo de 1.730.000 euros.

La Red Europea HERA tiene entre sus objetivos estratégicos crear una ciencia de excelencia a nivel europeo e investigar las grandes cuestiones que afectan a todos los ciudadanos europeos. Se inició en enero de 2015 con el objetivo de promover la excelencia en la investigación colaborativa trasnacional e interdisciplinaria en Humanidades. Este Acuerdo aprueba la contribución voluntaria de España para 2016 (692.000 euros), para 2017 (692.000 euros) y para 2018 (346.000 euros) con la finalidad de contribuir a la financiación de los socios españoles de los proyectos de investigación financiados en el marco de esta Red Europea.

También se ha aprobado un Real Decreto por el que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas a la cooperación para planteamientos conjuntos con respecto a proyectos medioambientales y prácticas medioambientales en el marco del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020. En dicho Real Decreto se establecen bases reguladoras de la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones por actuaciones de cooperación en las que participen entidades asociativas prioritarias o Pymes agroalimentarias supra-autonómicas y otras entidades para conseguir mejoras de eficiencia energética en procesos industriales y el eventual uso de energías renovables.

Esta medida cuenta con una dotación presupuestaria de 1,24 millones de euros de gasto público total, de los cuales 993.000 euros proceden del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Todo ello se enmarca en la Ley de Fomento y la Integración de Cooperativas, que aprobamos el 2 de agosto de 2013, que establece un marco orientado a conseguir estructuras empresariales más competitivas, empleando la economía social como herramienta, y, en definitiva, apoyar a los agricultores integrantes en estos grupos asociativos.

También quería informarles de que hoy se ha aprobado la Declaración del Gobierno con motivo de la celebración del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. En 2009 el Consejo de Ministros adoptó un acuerdo para promover el reconocimiento internacional del 17 de mayo como Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, coincidiendo con la conmemoración de la desclasificación de la homosexualidad como enfermedad mental por la Organización Mundial de la Salud en el año 1990. Desde 2010 el Gobierno de España ha venido adoptando esta Declaración institucional anual coincidiendo con la celebración de este día, para manifestar su absoluto compromiso con la erradicación de cualquier forma de discriminación, odio o violencia por motivos de orientación sexual e identidad de género.

Desde su compromiso con la igualdad como valor superior de nuestro ordenamiento, el Gobierno de España manifiesta así, un año más, su determinación para seguir trabajando en la promoción de la igualdad de todas las personas, así como en la prevención y la lucha contra cualquier forma de discriminación, odio y violencia, tanto en el ámbito de la política interior, como exterior.

En el ámbito nacional hemos seguido adoptando medidas para garantizar el disfrute efectivo de los derechos humanos por parte de todas las personas, independientemente de su orientación sexual y de su identidad de género. En este plano se inscribe la aprobación de la reforma del Código Penal por Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, que refuerza la persecución penal de la incitación al odio y a la violencia contra grupos o individuos que estén motivados, entre otras muchas razones, por su orientación sexual o su identidad de género, y que agrava el tratamiento penal de estos delitos de odio y discriminación cuando se cometen a través de internet u otros medios de comunicación social.

También, en la Ley del Estatuto de la Víctima se prevé una especial valoración de las necesidades de las víctimas de los delitos motivados por su orientación sexual y su identidad de género. También se ha aprobado en el año 2015, y se ha publicado, la guía online "Abrazar la Diversidad".

En el ámbito internacional, España defiende en diversos foros la aplicación efectiva de las normas internacionales de derechos humanos que se rigen por los principios de universalidad y no discriminación.

Por último, verán en la Referencia un Real Decreto por el que se establecen los requisitos para la expedición del suplemento europeo al título universitario de Doctor. El suplemento es un documento que acompaña al título universitario que tiene carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. Contiene la información unificada y personalizada para cada titulado universitario sobre los estudios cursados, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales adquiridas y el nivel de su titulación en el Sistema Nacional de Educación Superior. Facilita el reconocimiento del título en España y en el extranjero, y la movilidad de los egresados universitarios, en este caso doctores.

Con este Real Decreto se completan los desarrollos normativos que comenzaron en 2007 para implantar en España el Espacio Europeo de Educación Superior; un proceso iniciado en 1999 con la Declaración de Bolonia que pretende la armonización progresiva de los sistemas universitarios europeos y que supone una nueva estructuración de las titulaciones oficiales universitarias a los niveles de Master, Grado y Doctorado. La aplicación de este Real Decreto para el Gobierno era imprescindible, aun estando en funciones, para completar el marco normativo de los Suplementos Europeos al Título y para realizar un conjunto de modificaciones en la normativa de las enseñanzas universitarias, por motivos de interés público y urgencia debidamente acreditados.