Vicepresidenta.- Muy buenos días. Vamos a informarles, el ministro de Hacienda y yo, de los principales asuntos acordados hoy en el Consejo de Ministros.
Hoy se ha aprobado la Oferta de Empleo Público para el año 2016, que incluye plazas correspondientes a la Administración General del Estado, sus organismos y entes adscritos, personal al servicio del Consejo General del Poder Judicial y de la Administración de Justicia, y la de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, todo ello para el año 2016.
La Oferta de Empleo Público aprobada hoy, previa negociación con los sindicatos más representativos, supone la oferta de 13.427 nuevas plazas para turno libre, que es un incremento del 62 por 100 respecto del año 2015, y 5.594 plazas para la promoción interna, un incremento del 20,2 por 100. Se mantiene, como en años anteriores, una política de reposición del 100 por 100 de las bajas de efectivos en todos los sectores prioritarios, como son lucha contra el fraude fiscal y laboral, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, como novedad en el año 2016, la asistencia directa a los usuarios de servicios sociales, prestaciones y políticas activas en materia de empleo, y seguridad ferroviaria. Además, es una oferta que busca, fundamentalmente, la ampliación de la carrera administrativa de nuestros servidores públicos y una apuesta por la estabilidad en el empleo, al convocarse plazas que estaban ocupadas, en muchos casos, por empleados públicos de naturaleza interina.
En segundo lugar, hoy se ha aprobado un paquete importante de inversiones que corresponden al Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Por un lado, se aprueba un Acuerdo que autoriza a la Secretaría de Estado de Turismo la convocatoria para 2016 de líneas de préstamos para proyectos y actuaciones dentro del programa Emprendetur I+D+i, compuesto por líneas Emprendetur I+D y Emprendetur Desarrollo de Productos Innovadores, que tiene un importe de 45 millones de euros.
Como saben, el turismo es un sector con un alto potencial y gran importancia en la economía española, además de un generador muy importante de empleo. Con esta convocatoria lo que pretendemos es estimular el sector, apoyar la investigación y el desarrollo turístico e impulsar el desarrollo de productos innovadores que mejoren la competitividad y la rentabilidad del sector.
Las ayudas de este programa consisten en préstamos reintegrables a empresas del sector turístico para la realización de proyectos y modelos de negocio en una serie de ámbitos, tales como la energía y la sostenibilidad, las tecnologías de la información y la comunicación, y la gestión empresarial. El importe de los préstamos será de hasta un máximo del 75 por 100 del presupuesto financiable de la actuación y la cantidad financiada no podrá exceder de un millón de euros o la cifra del neto patrimonial acreditado en la empresa en el momento de la solicitud. Lo que se van a incentivar son, fundamentalmente, proyectos de un gran valor añadido y de una innovación que permita la transformación de un sector clave para nuestro crecimiento económico.
Por otro lado, también se autoriza a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información la convocatoria de ayudas correspondientes a actuaciones contempladas en el programa de extensión de la banda ancha de nueva generación, por importe máximo de 63 millones de euros. Estas actuaciones se enmarcan dentro de la Estrategia de Desarrollo de Redes Ultrarrápidas incluida en la Agenda Digital Europea. Con ella se pretende acelerar la extensión de la cobertura en las redes públicas de comunicaciones electrónicas, capaces de proporcionar servicios de banda ancha de alta y muy alta velocidad a zonas sin cobertura actual ni previstas en los próximos tres años. Lo que se pretende es cubrir las llamadas "zonas blancas", entendiendo por tales aquellas que no tienen cobertura actual ni está previsto su desarrollo, en términos ordinarios, en los próximos tres años.
Las ayudas combinan la forma de subvención y anticipos FEDER, con una cuantía máxima de ocho millones de euros y cincuenta y cinco millones de euros, respectivamente. Podrán tener una ejecución plurianual, con un presupuesto máximo financiable de cuatro millones de euros.
La distribución entre las Comunidades Autónomas del presupuesto total se realiza en función de las previsiones del Programa Operativo de Crecimiento Inteligente 2014-2020 por tipo de región: menos desarrolladas, en transición y más desarrolladas. Cuando haya excedentes de algunas de estas Comunidades Autónomas, pasarán al conjunto del territorio nacional. Estas ayudas suman tres convocatorias (2013, 2014 y 2015) y sería, por tanto, la cuarta convocatoria. Las vigentes, las tres anteriores, han propiciado 193 proyectos con una inversión inducida de 253,5 millones de euros, y han llevado banda ancha ultrarrápida a casi dos millones de hogares y empresas en 1.100 municipios y 51 áreas empresariales.
También hemos tomado conocimiento de un acuerdo de la segunda extensión de un año del acuerdo de préstamo entre España y el Fondo Monetario Internacional. Como otros países de la Unión Europea, el 19 de julio de 2013 entró en vigor un Acuerdo de préstamo entre España y el Fondo Monetario Internacional para poner nosotros a disposición del Fondo recursos por valor de 14.860 millones de euros como consecuencia de la crisis económica. El acuerdo ha tenido una duración inicial de dos años a partir de la entrada en vigor; pero el Fondo Monetario podía extender su plazo hasta dos períodos adicionales de un año, sin que el plazo global exceda de cuatro años. Se establecía que la primera extensión sería solamente previa consulta y la segunda sólo exigiría el consentimiento. La primera extensión se produjo en 2014 y expira el 18 de julio de 2016; con la segunda seguirá en vigor hasta el 18 de julio de 2017.
Por último, y de una manera excepcional, hemos aprobado en el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Justicia, trece Reales Decretos de concesión de indultos. ¿Por qué? Por la Semana Santa, que cae cuando cae. A hermandades y cofradías de doce provincias: Jaén, que lleva dos; Granada; Oviedo; Zaragoza; Málaga; Sevilla; Logroño; Burgos; Teruel; León; Valladolid y Alicante. En la concesión de indulto se han tenido en cuenta los informes del tribunal sentenciador, y también de la Fiscalía, el informe del centro penitenciario, la antigüedad de los hechos, el avanzado cumplimiento de las condenas o la satisfacción de las multas e indemnizaciones, así como los antecedentes penales.
Se trata de casos especiales, en los que concurren circunstancias de índole humano, que, junto con los informes favorables, ya digo, o de la Sala o del Fiscal, y en ocasiones de ambas instituciones, permiten apoyar la concesión de los indultos solicitados por las hermandades y cofradías de Semana Santa, dando continuidad a una práctica y a una tradición arraigada a lo largo de varios siglos en España.
El número de indultos en Semana Santa se encuentra en la media usual. El pasado año se concedieron doce indultos y la media de la Legislatura de los años 2008 a 2011 fue de quince indultos anuales, y este año son trece; es nuestra media.
Asimismo, les informo que este Consejo ha rechazado la concesión de 599 indultos, de los cuales 584 habían sido informados desfavorablemente, tanto por la sala sentenciadora, como por el Ministerio Fiscal. De los quince restantes, tres contaron con informe favorable de ambos y doce, con informe desfavorable de uno de los dos, según el caso. No obstante, las quince denegaciones en que había un informe favorable se refieren a delitos de violencia de género, delitos de índole sexual, en los que este Gobierno no ha concedido ningún indulto, ni ahora ni en los cuatro años de la Legislatura pasada.
Aunque había quince indultos que tenían informe favorable o del tribunal sentenciador o de la Fiscalía, como se refieren a delitos --fundamentalmente éstos y algún otro-- fundamentalmente de violencia de género, violencia sexual, este Gobierno no ha dado ni un solo indulto en materia de violencia de género. Por tanto, aunque haya informe favorable, no se corresponde con la política de lucha contra la criminalidad que este Gobierno defiende y, por lo tanto, no han sido concedidos.