Respuestas a los medios de comunicación

P.- Al ministro Montoro. Sobre la Ley General Tributaria, ya que va a ir como Ley Orgánica la lista de defraudadores de sentencias firmes, ¿contemplan ampliar un poco la posibilidad de que se publiquen antes estos nombres y con más amplitud, ante los casos que estamos conociendo, la emergencia social que hay y la verdadera necesidad de luchar contra el fraude, ya que probablemente sólo conoceremos estos casos una década más tarde, calculamos, según como se van produciendo esta firmeza en las sentencias?

Sobre el proceso contra Rodrigo Rato, ¿qué legitimidad tiene el Gobierno para luchar contra el fraude si el vicepresidente económico del Gobierno durante ocho años, que era su inmediato superior y que luchar contra el fraude era una de sus principales misiones, sabemos ya que tiene patrimonio opaco y que es sospechoso de blanqueo y alzamiento de bienes? ¿Se arrepiente de haber lanzado la amnistía? ¿Se imaginaba estas consecuencias?

Tanto Luis Bárcenas, como Rodrigo Rato, han declarado que comentaron con Hacienda que estaban preparando su declaración de la amnistía. ¿Esto es así? ¿No hay otros políticos de otros partidos en este proceso o en la lista de 705 investigados ahora por blanqueo? ¿No hay más políticos que no sean altos cargos del Partido Popular?

Sr. Montoro.- En primer lugar, quiero decirle que, respecto de la reforma de la Ley General Tributaria, la sección orgánica, la publicidad de los defraudadores, insisto, tiene que ser con sentencia firme, puesto que son los Tribunales los que determinan cuándo existe ese fraude fiscal. Por tanto, eso será, como antes he referido, aplicable a sentencias que alcancen firmeza tras la entrada en vigor de la Ley. No hace falta que tarden tantos años; se van publicando a medida que se van conociendo. Muchas de esas sentencias ya son suficientemente difundidas; pero se trata de presentarlas a través de un régimen común, un listado, y en ese terreno también para mejorar la conciencia fiscal, porque en España se están produciendo sentencias, y sentencias condenatorias, frente al fraude fiscal.

En relación con el otro asunto que me pregunta, quería hacerle el siguiente planteamiento: primero, la acción que estamos conociendo durante estas últimas horas en relación con el anterior vicepresidente económico del Gobierno no tiene que ver con la DTE; es consecuencia de una investigación de la Agencia Tributaria que lleva realizando desde hace bastante tiempo, basada también en la Declaración 720; es decir, los cambios normativos, la Ley de Lucha Antifraude, que, como ustedes conocen, ha permitido aflorar mucho patrimonio que no conocíamos y que está residenciado en el exterior. Pero quiero decirles que no existe, digamos, ese término de vinculación, sino la sucesión y la eficacia de normas.

En segundo lugar, quiero decirles que la Ley es para todos, que la Agencia Tributaria actúa con independencia y con firmeza. Por eso, cuando usted me pregunta por color político, no lo entiendo. Da igual la pertenencia a un partido o no; da igual el relieve social o el relieve político, o el poder político o el poder económico que uno se atribuya. Todos somos iguales ante la Ley y eso es algo que tiene que preservar y que hacer cumplir un Gobierno, y lo hace, obviamente, de la mano de una Agencia Tributaria completamente independiente en su actuación y con una eficacia que todos tenemos que celebrar y valorar.

Por tanto, estamos en una época, como estoy insistiendo en el Parlamento y en los actos públicos, de extraordinarios avances en la lucha contra el fraude fiscal, aparte de singularidades, pero son extraordinarias. Nunca hemos vivido una época como ésta, en positivo. Si queda alguna persona por ahí que no haya declarado correctamente, tiene poco tiempo para hacerlo, añado, porque, realmente, la eficacia de los procedimientos que se están poniendo en marcha y la exigencia son cada vez más manifiestas.

P.- Para la vicepresidenta. En relación con la situación del vicepresidente Rato, quería saber si el Gobierno está preocupado por el daño que pueda hacer especialmente en un momento electoral como éste.

Por otro lado, ¿el presidente del Gobierno podría comparecer en el Congreso, tal y como ha pedido la oposición?

En relación con la polémica de ayer en el Parlamento de Andalucía, querría saber la valoración del Gobierno y si ve argumentos suficientes, como ha avanzado el Partido Popular, como para presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Vicepresidenta.- Como decía el ministro Montoro hace un momento, la Agencia Tributaria y las instituciones funcionan, y tienen que funcionar con independencia del momento y del lugar; con independencia de que haya o no elecciones y con independencia de que afecten a uno o a otro político de uno u otro partido, o de una u otra institución. La preocupación del Gobierno es hacer que la Ley se cumpla.

Sobre las comparecencias, como también decía el Ministro, estamos ante un asunto particular de una investigación particular. No estamos ante hechos relacionados con el cargo, que ya no lo tiene, en el ámbito público; con lo que yo creo que hay que diferenciar también esos conceptos.

Y sobre la actuación del Parlamento de Andalucía, el Gobierno no es quien para valorar o no el planteamiento de ese tipo de recursos, que, en su caso, se plantearán ante el Tribunal y es independiente para admitirlos y, en su caso, resolverlos. Nosotros lo único que pedimos es que se cumpla la Ley y que se respete el pluralismo político; pero eso, en general, para todo tipo de instituciones. Porque lo que sí digo es que a este Gobierno lo que le parece es que todos los Parlamentos tienen que actuar con respeto al pluralismo político, porque respetar ese pluralismo es ni más ni menos que respetar el resultado de los ciudadanos con sus votos en las urnas. De eso es de lo que se está hablando y eso es de lo que, en su caso, se presentará y se resolverá por parte del Tribunal Constitucional: si se respeta la voluntad de los ciudadanos en las urnas en la representación de las instituciones.

P.- Vicepresidenta, quiero hacerle dos preguntas de carácter internacional. Desde la aprobación el pasado martes en el Congreso de los Diputados de una PNL que defiende los derechos de los opositores venezolanos detenidos en Venezuela, ha habido un montón de cruces de cartas y de reclamos entre España y Venezuela. Entonces, yo quisiera preguntarle, en primer término, si España revisará las relaciones bilaterales con Venezuela, tal como lo aseguró el presidente Nicolás Maduro, que, según el Gobierno venezolano, se está haciendo esa revisión de relaciones en este momento. Ayer la embajada venezolana aquí, en Madrid, reenvió nuevamente una protesta del Gobierno venezolano, asegurando que quienes gobiernan en España en este momento han tomado partido para favorecer a quienes atentan contra la democracia y la paz en Venezuela. Ésa es mi primera pregunta.

Y la segunda, vicepresidenta. Por el protagonismo que ha tenido España en la reanudación o en el proceso de paz colombiano con el grupo terrorista de las FARC, ¿cómo recibe su Gobierno, el Gobierno de España, la reanudación de los bombardeos hacia los campamentos de las FARC después de la muerte estos días de once militares colombianos? Lo digo porque España ha sido el Gobierno que ha estado impulsando a nivel internacional la creación de un fideicomiso para recaudar los recursos necesarios que serán utilizados en una etapa post-conflicto en Colombia.

Vicepresidenta.- Sobre la primera de las cuestiones, permítame que realice una serie de puntualizaciones: estamos hablando de una Proposición no de Ley, que se debatió en el Congreso de los Diputados y que tuvo un respaldo muy mayoritario en la Cámara. Por tanto, estamos hablando de una decisión del Poder Legislativo en la que, entre otros, los dos principales partidos, el partido del Gobierno y el partido de la oposición, estuvieron de acuerdo en llevar a cabo una reclamación en defensa de los derechos políticos y la democracia, en este caso, en Venezuela.

Como consecuencia de la reacción de algunos cargos en Venezuela, con unos insultos que nosotros consideramos intolerables, se convocó al embajador de Venezuela en Madrid para darle traslado de ese malestar. Y, desde luego, el Gobierno de España lo que va a hacer es dejar bien claro que ese tipo de declaraciones e insultos no es aceptable y que no contribuyen a un mínimo entendimiento, que para nosotros es imprescindible, entre dos pueblos históricamente unidos por distintos lazos.

Entonces, lo que queremos hacer constar es que esperemos que el embajador de Venezuela haya tomado buena nota de esos mensajes, que lo comunique a sus autoridades y que sea también muy consciente de que a todos nos corresponde trabajar por el bienestar de nuestros ciudadanos. En este caso han hablado las Cortes Generales, el pueblo español, en defensa de lo que consideramos un ámbito internacional necesario para todos, que es la defensa de las libertades. Pero eso no puede llevar a la emisión de este tipo de declaraciones, de este tipo de insultos a un presidente elegido democráticamente en España, donde se respetan esos procedimientos democráticos con arreglo a nuestra Constitución.

Sobre el segundo de los puntos, nuestra máxima solidaridad. Somos un país que conocemos muy bien lo que significa el terrorismo y, desde luego, nosotros respetamos la legislación y los procesos que otros Gobiernos decidan democráticamente abrir. Es a ellos a quienes les corresponde dirigirlos y diseñarlos. Nuestra solidaridad parte de ese reconocimiento del dolor que genera a los pueblos el terrorismo, de su apoyo a las víctimas y nuestra colaboración para lo que las legítimas autoridades colombianas lleven a cabo es de todos conocida y en numerosas ocasiones así se le ha hecho constar al propio Presidente.

P.- Para el ministro Montoro un par de cuestiones. Cada vez hay más propuestas, no sólo desde el Partido Socialista, sino también hay propuestas u opiniones dentro del Partido Popular, que reclaman la publicación de los nombres de esos 705 contribuyentes que, habiéndose acogido a la amnistía fiscal en 2012, han sido derivados sus expedientes al SEPBLAC por haber encontrado en ellos inicios de blanqueo de capitales. Quería saber en qué medida podría ser posible la publicación de estos nombres, sobre todo si es cierto que todos, o la mayoría de todos ellos, tienen vínculos con la Administración Pública en calidad de altos cargos, ex altos cargos o funcionarios. Tal vez nos pueda confirmar el perfil de estos contribuyentes.

Quería preguntarle también por su sensación personal al saber que con quien estuvo compartiendo equipo económico durante tanto tiempo en el Gobierno está ahora acusado de graves delitos económicos.

Sr. Montoro.- En primer lugar, en lo que se refiere a la publicación de datos, porque no estamos hablando de nombres; estamos hablando de circunstancias fiscales, estamos hablando de los datos de contribuyentes. Eso la actual Ley lo prohíbe. Entonces, los que así proclaman deberían ser más precisos, porque parece que el ministro de Hacienda tiene potestad para hacerlo. Imagínense, ¿no? Un grupo político me pide que publique los datos de, vaya usted poniendo el nombre, ese grupo social, del otro grupo social... Es que, realmente, esto no ocurre en ningún país del mundo.

Entonces, yo le pediría a la oposición que sitúe los debates, que, por supuesto, están en condiciones de desarrollar, en qué es esto. El debate es la reforma de la Ley General Tributaria, ése es el debate. Esta Ley entrará en el Parlamento y allí se podrán escuchar las opiniones relativas en cuánto hay que levantar la confidencialidad. Entonces veremos si el Partido Socialista está de acuerdo en levantar la confidencialidad de los datos tributarios, en qué grado, a quiénes. Esa es la cuestión y ése es el vehículo; por tanto, lo demás son todo expresiones en términos públicos, políticos, generales, demás.

En la segunda de sus cuestiones, hoy no estoy aquí para expresar sentimientos personales; estoy para aplicar la Ley. Por tanto, no cabe otro tipo de sentimiento que no sea la aplicación estricta de la Ley.

P.- También para el Ministro y sobre este tema. Han quedado algunas dudas de la operación que se llevó a cabo o están planteándose algunas dudas de procedimiento, para empezar. Yo quería saber si usted considera que, tal y como se ejecutó la operación de ayer --estamos hablando del registro de las casas y los despachos por parte de agentes del servicio de Vigilancia Aduanera, y no de la Guardia Civil o de la Policía-- eso es normal.

En el tema de la Fiscalía, se recurrió a la Fiscalía Provincial de Madrid. Parece que hay polémica y críticas porque no se recurrió a la Fiscalía Anticorrupción. Yo quería saber si eso es un procedimiento normal, si es lo habitual y si ahí no hubo ningún tipo de intercepción.

Sobre el tema que le planteaban antes, hay mucha gente también que se pregunta, y usted lo estará viendo, si hay 705 casos en los que están de exposición pública relevante, política, ¿por qué sólo se ha conocido el caso de Rodrigo Rato? ¿Usted nos podría decir cuántos políticos, por ejemplo, implicados hay en esa partida de 705 personajes públicos?

Sr. Montoro.- Ni yo mismo lo sé. Es que yo no sé quiénes componen los 705. ¿Usted cree que yo tengo en la cabeza 705 nombres ahí puestos? Es que, si no creemos en las instituciones, en el trabajo normal de las instituciones, no sé… Entiendo las consideraciones, las dudas; pero todo lo que se ha hecho es procedimiento ordinario.

Vigilancia Aduanera actúa como Policía Judicial, sí, con mucha frecuencia, cuando el juez lo determina así; con mucha frecuencia. En muchos casos recientes y muy conocidos; no hace falta ahora que los relacione, lo sabe todo el mundo. Entonces, ahora resulta que, cuando lo ven en una foto, aparece como si fuera un hecho extraordinario. No es así. Actúa como Policía Judicial y, por tanto, no está actuando como una Policía Fiscal a las órdenes de la Agencia Tributaria.

Por lo demás, insisto, es ordinario. Se eligen las vías ordinarias. Y todo ello es un proceso judicial abierto, que todos debemos respetar en términos también de confidencialidad. Pero les insisto en que en todos los países civilizados la confidencialidad de los datos tributarios es total. Ahora nosotros la vamos a levantar parcialmente en relación con la morosidad de la Hacienda Pública y de los defraudadores. Seremos uno de los países que más ha avanzado en término de cambiar eso, pero en todos los países. Hemos estudiado todos los sistemas comparados antes de llevar adelante este Proyecto de Ley y lo normal es, efectivamente, la más estricta confidencialidad, porque es lo que mejor garantiza a todos la relación con la Hacienda Pública.

A partir de ahí, obviamente, se producen litigios y se producen confrontaciones, que resuelven los Tribunales.

P.- Vicepresidenta, un par de preguntas. Como ministra encargada de las Relaciones con las Cortes, no sé si ha contestado si el Presidente va a dar explicaciones en la Cámara…

Vicepresidenta.- Sí, he contestado.

P.- …o si, en otro caso, si el grupo mayoritario, que preside el presidente del Gobierno, y usted misma también es parte de él, está dispuesto a someter a una comisión de investigación este caso, el "caso Rato".

En segundo lugar, también le quería preguntar cuál creen que puede ser el impacto --porque los tres pertenecen al Partido Popular-- del "caso Rato" en la próxima campaña electoral y, en concreto, en las filas de su partido, del Partido Popular.

Finalmente, una cuestión de organización y de agenda sobre el funeral de Estado para las víctimas de Germanwings. ¿Tiene algún detalle? ¿Va a ser el día 27 en la Sagrada Familia o no? ¿Lo van a presidir los Reyes o el presidente del Gobierno¿ ¿Qué nos podría decir?

Vicepresidenta.- Sobre la primera de sus preguntas, he contestado a un compañero; además, quiero añadir que el director de la Agencia Estatal de Administración Tributaria comparecerá este martes, probablemente por la mañana, para dar las explicaciones que se consideren oportunas, en el bien entendido de que en este caso, como decía el ministro Montoro, no estamos ante unas actuaciones relacionadas con la regularización extraordinaria. Pero, no obstante, es un procedimiento que ha llevado la Agencia Estatal de Administración Tributaria y llevará a cabo su comparecencia para explicarlo.

Sobre la siguiente de sus preguntas, este Gobierno respeta la Ley, la cumple y la hace cumplir, como decía hace un momento, con independencia de los procesos electorales. Lo que sería difícilmente soportable es contestar la pregunta contraria: que este Gobierno interfiriera, cosa que nunca hace, en un procedimiento por una u otra fecha, o por uno u otro calendario.

Y respecto de la tercera de las cuestiones, estamos trabajando para un funeral institucional, que ésta es su denominación. Lo estamos haciendo, tanto con la Casa de S.M. el Rey, como con las autoridades catalanas, para llevar a cabo ese funeral el día 27, probablemente por la tarde. Y estamos eligiendo el lugar para celebrarlo y el desarrollo del mismo, teniendo muy presentes también las sugerencias de las familias, con las que estamos en estos días, y está aquí el secretario de Estado de Infraestructuras que ha pilotado mucho este asunto, para que también puedan aportarnos sus preocupaciones y sus opiniones sobre la manera de llevar a cabo este funeral institucional.

P.- Vicepresidenta, quería hacerle una pregunta directamente a usted y es que, dado que las personas que están implicadas en los presuntos casos de corrupción, desde el señor Bárcenas al señor Rato, pertenecían al círculo más o menos próximo al presidente del Gobierno, ¿no exigiría que el Presidente diera explicaciones públicas?

Luego, una pregunta al ministro de Hacienda. Hoy hemos conocido los datos de la deuda, que ya sobrepasan el 1 por 100 del PIB. ¿Este incremento de la deuda pública va a obligar a tomar medidas adicionales para el cumplimiento de los objetivos de déficit?

Vicepresidenta.- Como decía hace un momento, en este caso estamos ante un asunto en el que la Agencia Estatal de Administración Tributaria lleva a cabo una actuación de investigación patrimonial a una persona como consecuencia de sus actividades privadas, con lo que aquí lo que se hace es aplicar estrictamente la Ley. Y el Gobierno ni interfiere ni interviene en este tipo de procedimientos.

Sr. Montoro.- Sí, la deuda pública evoluciona de acuerdo con lo programado. España sigue teniendo un déficit público muy alto y, por tanto, a España le conviene reducir el déficit público; le conviene entrar cuanto antes en un superávit primario nominal --no sólo estructural, como ya estamos, sino nominal-- para que se reduzca el peso de la deuda en el Producto Interior Bruto. A medida que eso va ocurriendo, que ya ocurrirá a partir del año 2016, veremos cómo la deuda pública va reduciendo su participación, su peso, en el Producto Interior Bruto y de esa manera estará ayudando a consolidar la recuperación económica y la creación de empleo.

Aprovecho para decirle que ésta es la salida definitiva de la crisis económica. Ahí no podemos retroceder ni dudar un centímetro, porque toda política que ponga en cuestión esta senda, realmente lo que haría es que volviéramos a casillas de entrada en lo que es la recuperación económica de España, que, afortunadamente, cada vez va a más y, por tanto, también va mejorando la creación de empleo.

Vicepresidenta.- Muchas gracias.