Intervención de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría

Vicepresidenta.- Muy buenos días. Vamos a informarles de los asuntos y proyectos que han sido hoy aprobados y debatidos en el Consejo de Ministros.

La semana pasada les informamos de que el Gobierno estructuraba su actuación en este 2015 en cinco grandes ejes: en primer lugar, medidas para la activación del empleo. España es el país que más crece de los grandes de la eurozona y el que más está creando empleo; pero necesitamos medidas, y medidas específicas, para favorecer el acceso al empleo al que no lo ha tenido, al que es para larga duración o al que ha visto interrumpida su formación como consecuencia de otros tiempos de bonanza económica en que se abandonó la formación y ahora, sin formación, se pierde, además, el empleo.

El segundo de los ejes es la Agenda Social del Gobierno. El tercero, la continuación con el paquete de reformas estructurales en ámbitos importantes, como el financiero, cuestiones económicas y cuestiones también de determinados sectores, como la política industrial, importantes para nuestro desarrollo. El cuarto de los ámbitos era la reforma de las Administraciones Públicas, en torno a la cual dimos cuenta la semana pasada de dos importantes leyes, además del avance de resultados. Por último, un conjunto de medidas de fortalecimiento institucional y, entre ellas, también una ley que hoy presentamos: el Anteproyecto de Ley de Seguridad Nacional.

Pues bien, sobre el primero de estos asuntos, sobre el empleo, hoy presentamos una norma importante; es decir, nos centramos también en ese primer eje de la Agenda y de las medidas del Gobierno. Se trata de un Real Decreto por el que se aprueba la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo. Lo que trata esta norma es de garantizar la igualdad en el acceso a los servicios de empleo a todos los trabajadores en el ámbito nacional.

Ya la Estrategia de Activación para el Empleo 2014-2016, que aprobamos en el mes de septiembre, establecía objetivos comunes y, sobre todo, un nuevo sistema de información, medición y evaluación de resultados. Con este Real Decreto, y por primera vez desde el traspaso de las competencias de empleo a las Comunidades Autónomas, fijamos el marco común con las medidas que tienen que llevar a cabo los distintos servicios de empleo autonómicos. Ello sin perjuicio de que pueda ampliarse o complementarse esa Cartera por parte de las Comunidades Autónomas.

Como ahora les detallará la Ministra, la Cartera está integrada por cuatro grandes servicios: el servicio de orientación profesional, encargado de la identificación de los perfiles de los trabajadores y del asesoramiento personal acerca de las tendencias del mercado; el servicio de colocación y atención y asesoramiento a empresas, para buscar el mejor encaje y enlace entre la oferta y la demanda; el servicio de formación y cualificación para el empleo, y, luego, también el servicio para el autoempleo y el emprendimiento.

De todas estas medidas informará seguidamente la ministra de Empleo.

El segundo de los textos que hemos aprobado es el Anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Nacional. Se ha aprobado este Anteproyecto que empieza ahora un trámite de consultas a los principales órganos asesores del Gobierno y, en particular, al Consejo de Estado.

Con esta norma de lo que se trata es de dotar al Estado de herramientas adecuadas en nuestro Sistema de Seguridad Nacional a los nuevos riesgos y amenazas. Este Anteproyecto le da un enfoque integral a la Seguridad Nacional y recoge una mejor coordinación ante fenómenos en los que puede haber varios organismos o varias Administraciones competentes: ciberseguridad, terrorismo, catástrofes naturales, vulnerabilidad energética, etcétera.

La finalidad del Sistema de Seguridad Nacional es el funcionamiento óptimo, flexible e integrado de todos los recursos de que dispone el Estado para garantizar la seguridad y libertad de los ciudadanos, y la defensa de nuestros valores democráticos. Este Anteproyecto responde al compromiso que ya asumió el Gobierno en materia de Seguridad Nacional desde 2012 para adecuar nuestras estructuras, que son amplias, a una realidad compleja y cambiante en materia de seguridad.

Quiero destacar que este texto tiene su origen en la Estrategia de Seguridad Nacional, que preveía ya la necesidad de que los poderes públicos se dotaran de una Ley Orgánica que articulara un Sistema de Seguridad Nacional.

Este Sistema, que estará bajo la dirección del presidente del Gobierno, integrará a todos los agentes clave de seguridad y libertad de los ciudadanos, y de los principios constitucionales de nuestro Sistema. El presidente del Gobierno estará apoyado en esta tarea por el Consejo de Seguridad Nacional que tiene, como saben, carácter de Comisión Delegada del Gobierno, y ha sido la encargada, precisamente, de elaborar el Anteproyecto de Ley. Este texto ha contado con la participación de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Defensa, Interior y Presidencia. Fue aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional el 31 de octubre y ahora será enviado, como decía al inicio de mi intervención, al Consejo de Estado para su dictamen.

¿De qué se trata? De potenciar las capacidades que tiene el Estado para responder a desafíos de índole muy diversa. Por eso, lo que hace esta norma es implantar un concepto amplio e integral de seguridad nacional: por un lado, se recogen los componentes fundamentales de la Seguridad Nacional, como son la defensa, la seguridad pública y la acción exterior, que tienen, por otro lado, su normativa específica; pero, además, se definen los llamados ámbitos transversales, en que distintos Departamentos pueden tener competencias. Estoy hablando de asuntos tan importantes y trascendentes para nuestra seguridad como la ciberseguridad, la seguridad marítima, el espacio aéreo o la económico-financiera. Y se recogen, además, determinados sectores que son de especial interés para la Seguridad Nacional, como pueden ser el medio ambiente, la energía, los transportes o las telecomunicaciones.

La norma lo que hace es detallar el sistema orgánico institucional, defendiendo qué competencias tiene cada órgano superior y cada autoridad en el ámbito de la Seguridad Nacional: las Cortes, el Gobierno, el presidente del Gobierno, los distintos ministros y el propio Consejo de Seguridad Nacional.

Este sistema lo que permite es operar en diversos escenarios que se definen según la particularidad y la gravedad de la situación. En concreto, se introduce un nuevo concepto, que es el de situaciones de interés para la Seguridad Nacional. Con esto se cumple la función de complementar un vacío normativo que existe en la actualidad. Tenemos los estados de alarma y excepción que, junto a los de sitio, son estados que contempla nuestra propia Constitución; por otro lado, tenemos aquellas situaciones ordinarias que se satisfacen con mecanismos y con recursos habituales. Sin embargo, hay una serie de circunstancias en las que es necesario poner en común una mejor coordinación, una mayor cantidad de medios y una especial atención sobre el asunto, sin necesidad de que se adopten estos otros estados constitucionales, la alarma y la excepción, que suponen, como bien saben, medidas extraordinarias que conllevan suspensión de derechos.

En este punto quiero insistir mucho: en ningún caso la adopción de una declaración de interés para la Seguridad Nacional comporta la suspensión de ningún derecho fundamental ni de ninguna libertad pública. Eso sólo es en los estados de alarma y excepción, y, en su caso, en el estado de sitio. Pero sí permite coordinar mucho mejor y poner especial atención y esfuerzos a estas medidas que requieren, por su gravedad potencial, o por la transversalidad de las medidas adoptadas, o por la incertidumbre que generan, una especial atención, mediante la declaración de situación de interés para la Seguridad Nacional que la lleva a cabo el presidente del Gobierno.

Por tanto, ¿qué se pretende? Completar y dar continuidad a las políticas y a la Estrategia de Seguridad Nacional que ha emprendido este Gobierno desde el inicio de la Legislatura, con un objetivo fundamental: preservar la seguridad y las libertades de los ciudadanos.

Tercero de los asuntos. Hoy damos un impulso muy importante al Corredor Mediterráneo. Como saben, esta infraestructura, el Corredor Mediterráneo, es considerado como un eje ferroviario fundamental por la Unión Europea. Ni más ni menos, el Corredor Mediterráneo aglutina el 40 por 100 de la población española y representa el 49 por 100 del tráfico total de mercancías por medios terrestres en España. Hoy se da impulso a esta Línea de Alta Velocidad en un tramo que afecta a las provincias de Murcia y Almería, con lo que se da continuidad al Corredor Mediterráneo en Andalucía.

En cuanto a las obras que hoy aprobamos: hoy se autoriza la celebración del contrato-ejecución de las obras del proyecto de construcción de la plataforma del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad en el tramo Pulpí-Cuevas de Almanzora, que es de un interés esencial para la conexión con Murcia. El contrato tiene un valor estimado, sin IVA, de más de 71 millones de euros.

Las obras que hoy aprobamos tendrán una longitud de 12,2 kilómetros y discurren entre los municipios de Pulpí y Cuevas de Almanzora; pero es un elemento fundamental para conectar Andalucía y Murcia y dar, por tanto, continuidad a todo el Corredor Mediterráneo. El trazado se ha diseñado para doble vía, con ancho internacional y posibilidad de uso para tráfico mixto: personas y mercancías. Ya hemos visto que el Corredor Mediterráneo aglutina el 40 por 100 de la población y el 49 por 100 del tráfico de mercancías por vía terrestre.

Algunas otras cuestiones de interés. Hoy aprobamos un Real Decreto por el que se desarrolla la reglamentación comunitaria en materia de etiquetado, presentación e identificación de determinados productos vitivinícolas. ¿En qué consiste? Esta modificación incluye la posibilidad de que los vinos con denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida puedan recoger en su etiquetado la mención "Embotellado en origen", cuando estos vinos hayan sido embotellados por empresas situadas en la zona geográfica de esas denominaciones de origen. Esto lo que permite es, además, señalar que el embotellado se ha producido en la zona de la denominación de origen. Ha sido pedido por algunas Comunidades Autónomas, como Cataluña y Castilla y León.

También incluimos la actualización del listado de unidades geográficas mayores que la zona que abarca una denominación protegida, para que pueda ser utilizada la mención de la zona más amplia: Andalucía, en este caso, para esa Comunidad Autónoma. Es decir, las denominaciones de origen de Andalucía podrán contener la expresión "Andalucía" y la denominación geográfica correspondiente: Montilla-Moriles, por poner un ejemplo, y la ministra, que es de la zona, podrá poner muchísimos ejemplos. Se nota que es de Huelva: Vinos del Condado.

Por último, y en otro orden de cosas, hemos aprobado el Acuerdo por el que se aprueban los criterios de distribución para el año 2015 del fondo procedente de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados. Como bien saben, según la Ley que regula este fondo, el producto de la enajenación de los bienes decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados se destina a medidas de lucha contra el consumo, a la asistencia a drogodependientes o a la colaboración internacional. Con el Acuerdo aprobado hoy se autoriza a la mesa de coordinación de adjudicaciones del Fondo a sufragar en 2015, con cargo a esta partida, diversas actuaciones.

Es decir, el procedimiento es: los bienes decomisados por el tráfico de drogas pasan a un fondo, se hacen líquidos, se convierten en dinero y ese dinero a lo largo de cada año va destinado a una serie de fines de este interés social. Pues bien, lo que se hace al principio de cada año es decir a qué fines irá lo que se decomise y se haga líquido en el año 2015.

En el ámbito de la reducción de la demanda, programas de prevención de toxicomanías, asistencia a drogodependientes, inserción laboral y social de los mismos, a través de programas de sensibilización y prevención, sobre todo los referidos a la prevención de enfermedades transmisibles asociadas al consumo de drogas inyectadas y los problemas generados por nuevas sustancias y nuevos patrones de consumo; programas asistenciales y de inserción socio-laboral dirigidos a menores afectados o en situaciones de riesgo, drogodependientes con problemas judiciales o internados en instituciones penitenciarias, y a población de alto riesgo; programas de formación y reciclaje de profesionales, voluntarios y mediadores sociales en prevención de asistencia e inserción socio-laboral; y, además, se incluyen proyectos de investigación en drogodependencia y actuaciones de cooperación en el ámbito internacional.

En el ámbito del control de la oferta, se recogen programas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de lucha contras las drogas y el blanqueo de capitales. Están dirigidos a mejorar las comunicaciones, los sistemas informáticos, el incremento de los medios materiales y promover la formación de los recursos humanos destinados a esta actividad.

Hoy lo que aprobamos son los criterios de distribución de 2015, no las cantidades. Pero, para que se hagan una idea, en 2014 se repartieron 27,5 millones de euros. No es una cantidad, por tanto, pequeña.

Por último, hoy damos un paso para potenciar los principios de mérito y capacidad en la selección de los candidatos a jueces y abogados generales del Tribunal de Justicia y miembros del Tribunal General de la Unión Europea. Como saben, estos tribunales se integran por candidatos de distintos Estados que presentan su candidatura y su propuesta final a las instituciones europeas.

España necesitaba un sistema que garantizara la elección de los mejores expedientes, de los mejores currículos, y que lo hiciera con criterios objetivos de mérito y capacidad; de modo que, cuando sea necesario proponer el candidato, el Ministerio de Asuntos Exteriores comunicará a Justicia y al Ministerio de la Presidencia, así como al Consejo Ejecutivo de Política Exterior, la necesidad de elaborar la propuesta, desarrollando un proceso de selección con publicidad. Un comité de selección examinará la idoneidad de los candidatos y propondrá un candidato a juez o abogado general del Tribunal de Justicia, o a miembro del Tribunal General de la Unión Europea. Esto se comunica al Consejo Ejecutivo de Política Exterior que, previa a la elevación al Consejo de Ministros, es quien toma la decisión final.

Por tanto, se establece un sistema que ofrece las máximas garantías de capacitación, transparencia y adecuación al cargo de los candidatos que España presenta, de cara al desempeño de unas responsabilidades tan relevantes en el ámbito de la justicia europea, cuyas decisiones, como bien saben, tienen una repercusión creciente en todos los Estados de la Unión y en todos sus ciudadanos.