Intervención de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría

Vicepresidenta.- Muy buenos días. Vamos a informarles de los principales asuntos que han sido aprobados hoy en el Consejo de Ministros; un Consejo de Ministros del que tengo que decirles que, en primer lugar, el ministro de Economía y Competitividad ha presentado un informe sobre el crecimiento económico, de acuerdo con las nuevas estimaciones de la zona euro.

El Producto Interior Bruto de la zona euro creció en el tercer trimestre un 0,3 por 100 intertrimestral. Se modera, por tanto, el crecimiento de la zona euro porque en el segundo trimestre había subido un 0,4 por 100. Pero lo importante es que dos países -uno es Eslovaquia, con un 0,9 por 100, y el otro es España, con el 0,8, por 100- son las economías de la eurozona que más crecieron. El crecimiento español es más del doble que el de Alemania o el de Francia, 0,3 por 100 en ambos casos, en la media, y multiplica por cuatro el de Italia, que está en el 0,2 por 100.

El Gobierno mantiene el objetivo de crecimiento del 3,3 por 100 para 2015 y del 3 por 100 el año que viene. Los indicadores de crecimiento del cuarto trimestre de 2015 son todavía escasos, pero sí el Ministerio de Economía advierte una cierta aceleración en el mes de octubre. Los operadores económicos, además, están anticipando también una buena campaña de Navidad, lo que se traducirá en creación de empleos.

Este alto crecimiento es compatible con una inflación negativa, lo que redunda en la mejora de la capacidad adquisitiva de los salarios y de las pensiones, así como de la competitividad de la economía española. Esta semana se ha conocido, por ejemplo, que los salarios pactados en convenio, como puede explicar la Ministra, han aumentado un 0,7 por 100, dato que afecta a seis millones de trabajadores. Si se compara con el -0,7 por 100 que cayeron los precios en octubre, da una mejora de la renta real de casi 1,5 por 100. Del mismo modo, los pensionistas, si se cierra el año con estos datos, ganarían 775 millones de euros de poder adquisitivo; unas ganancias que se suman a las generadas en 2013 y 2014, en los que los pensionistas ganaron 2.082 millones de euros de poder adquisitivo.

Tras este informe de Economía, hemos aprobado una serie de Acuerdos de los que les paso a destacar los más importantes.

En primer lugar, y a propuesta de la ministra de Empleo y Seguridad Social, que me acompaña, se ha aprobado el Acuerdo por el que se distribuyen territorialmente para este ejercicio económico, para su gestión por las Comunidades Autónomas con competencias asumidas, subvenciones del ámbito laboral financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. En total, se ponen a disposición de las Comunidades 1.418 millones de euros para la ejecución de los servicios y programas incluidos en distintos ejes de Políticas Activas de Empleo establecidos en la Ley de Empleo, así como del Programa de Modernización de los Servicios Públicos de Empleo y las ayudas previas a la jubilación ordinaria en el sistema de Seguridad Social.

Por tanto, se reparten 1.418 millones de euros, a los que deben añadirse 129 millones para financiar el Programa Extraordinario de Activación para el Empleo, cuya distribución se aprobó en el Consejo de Ministros del 24 de julio de 2015. Por tanto, esta suma será de 1.547 millones de euros para la reactivación y dinamización del empleo. Ahora les informará con detalle la ministra de Empleo.

Por otro lado, se ha aprobado un Acuerdo que autoriza la convocatoria de ayudas, por importe de más de 71 millones de euros, para la formación de profesorado universitario integrado en el Subprograma de Formación y Movilidad del Programa Estatal de Promoción de Talento y su empleabilidad, que forma parte del Plan Estatal de Innovación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. Este Acuerdo supone la convocatoria de 850 contratos predoctorales para la formación de personal docente e investigador y estancias de movilidad en centros extranjeros, en el conocido como Programa FPU, cuya convocatoria se realizará en las próximas semanas.

Esta nueva convocatoria supone un incremento del 11 por 100, con un aumento de cincuen5ta plazas respecto a ejercicios anteriores. Este Acuerdo permitirá establecer un calendario más adecuado de convocatorias para cumplimentar mejor los acuerdos de colaboración con otros países o con organismos internacionales. Son medidas complementarias que se añaden a otras recientemente adoptadas como, por ejemplo, la promoción interna de los cuerpos universitarios para titulares de universidad.

También hemos aprobado un Real Decreto que modifica el Reglamento de Régimen Económico-Fiscal de Canarias en las medidas relativas a incentivos fiscales en la imposición indirecta, Reserva de Inversiones para Canarias y Zona Especial Canaria. Son incentivos fiscales que se orientan a la creación de empleo, la diversificación productiva de la estructura económica canaria, la inversión intensiva en tecnología y la exportación hacia el continente africano. Esta nueva regulación se aplicará para el período 2015-2020, si bien las entidades inscritas entonces en la Zona Especial Canaria podrán beneficiarse del régimen fiscal hasta 2026.

Novedades que introduce este Real Decreto: en primer término, se modifican varios artículos para adecuarlos a la nueva regulación legal de la Reserva para Inversiones en Canarias; en segundo lugar, se incorporan modificaciones en el control y seguimiento de las ayudas estatales incluidas en el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, al objeto de adecuar su regulación a lo preceptuado en la normativa estatal y europea; y un tercer grupo de modificaciones son las relativas a la regulación de la Zona Especial Canaria, modificaciones que son fundamentalmente de carácter técnico y procedimental, para mejorar el régimen de autorizaciones previas que debe otorgar el Consejo Rector y la notificación por las entidades de la Zona Especial Canaria de las medidas que se introducen.

En el ámbito de inversiones, se han adoptado distintas medidas. De las más importantes es una que permite incrementar los límites presupuestarios para suscribir una adenda al Convenio para la puesta en marcha y explotación de la Autopista del Mar, entre los puertos franceses de Nantes-Saint-Nazaire-Le Havre y los puertos españoles de Vigo y Algeciras; es la denominada Atlántica. Según dicha adenda, el Gobierno español subvencionará el funcionamiento de esta Autopista del Mar con un importe total de 11,9 millones de euros hasta 2019. Tanto el Estado francés, como el español, recibieron en septiembre de este mismo año la autorización de la Comisión Europea para la aplicación de ayudas estatales por importe de 26,8 millones de euros, incluida la ayuda comunitaria que forma parte del programa Marco Polo por un importe de tres millones.

Este proyecto de la Autopista del Mar Atlántica tiene por objetivo ofrecer una solución por vía marítima complementaria al transporte de mercancías por carretera que se realiza a través de los Pirineos.

También hemos aprobado un Real Decreto para identificar la residencia fiscal de las personas que ostenten la titularidad o el control de determinadas cuentas financieras, y de informar acerca de las mismas en el ámbito de la asistencia mutua. Este Real Decreto permite el intercambio de información anual de forma automática y estandarizada sobre todo tipo de cuentas financieras, en aplicación del Acuerdo Multilateral al que se llegó en Berlín el pasado año, así como de las Directivas europeas. Por tanto, es una transposición de Directivas y un cumplimiento de ese Acuerdo Multilateral.

La obtención de esta información por la Agencia Tributaria, en relación con los contribuyentes residentes fiscales en España de los que informe otro país, supondrá un importante paso adelante en la aplicación efectiva del sistema tributario español, ya que permite verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes que obtienen rentas financieras en el extranjero.

Las principales novedades de este Real Decreto son: definir las instituciones financieras obligadas a informar a la Agencia Tributaria acerca de las cuentas financieras; regular la obligación de identificar la residencia fiscal de las personas que ostentan titularidad o control de estas cuentas, y regular la obligación de información respecto a las personas que, ostentando titularidad o control de cuentas, sean residentes en algunos de los países o sus jurisdicciones con los existe obligación de intercambio de información en el ámbito de la asistencia mutua. En cuanto a su entrada en vigor, las instituciones financieras deberán suministrar por primera vez a la Administración tributaria la información relativa al año 2016 y el primer suministro de información tendrá lugar en 2017.

En otro orden de cosas, se ha aprobado un Acuerdo de reconocimiento de los compromisos con la Asociación Internacional de Fomento, el Fondo Africano de Desarrollo, el Fondo Asiático de Desarrollo y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Estos compromisos suponen aportaciones cercanas a los 1.200 millones de euros del período 2015 a 2020 e irán destinadas a promover el desarrollo económico y social en los países más necesitados.

España, como miembro del sistema económico internacional, forma parte de las instituciones financieras multilaterales y está comprometida con su sostenimiento como papel fundamental en nuestra política de cooperación al desarrollo. Con este Acuerdo del Consejo de Ministros, España reconoce su compromiso con el grupo Banco Mundial, con el grupo Fondo Africano de Desarrollo, el Fondo Asiático de Desarrollo y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial.

Además, hemos dado luz verde al Acuerdo de reconocimiento de los compromisos con el Fondo Verde del Clima. Este Acuerdo surge en el marco de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático de 2010, donde se estableció un Fondo Verde para el Clima. España anunció en 2014 una aportación de 120 millones de euros para el período 2015-2020, reconociendo su compromiso con la lucha contra el cambio climático. Este Acuerdo establece el calendario de aportaciones en todo el período y formaliza los compromisos realizados por España de cara a la próxima Cumbre del Clima, que se celebrará en París el próximo mes y donde se establecen los fundamentos en la lucha contra el cambio climático para los próximos años.

También hemos asumido un compromiso de gasto para posibilitar al Fondo Español de Garantía Agraria la licitación del contrato de suministro de alimentos en el marco del Programa Operativo del Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas, el Programa 2016. El objetivo es adelantar a mayo la primera fase del suministro de alimentos para reducir el espacio temporal con la última fase de entrega de alimentos del programa de 2015, previsto para febrero de 2016. De esta manera, se destinarán 100 millones de euros entre 2016 y 2017, que se suman a los 37 millones ya comprometidos a través del FEGA, Fondo Español de Garantía Agraria, para la licitación del suministro y distribución de alimentos correspondientes al programa 2016 de ayuda alimentaria.

Por último, quería informales de que hemos aprobado un Acuerdo por el que se autoriza --fíjense-- la extinción de la sociedad mercantil estatal RUMASA, S.A. Esto es también dentro de las medidas de la CORA. Como saben, la sociedad mercantil estatal RUMASA se constituyó como una sociedad anónima en el año 1961 y el Gobierno de entonces la expropió, junto con los bancos y sociedades que componían el grupo, mediante un Real Decreto Ley en 1983, pasando el 100 por 100 de su capital a ser propiedad del Estado español.

La decisión de expropiar originó, entre otras consecuencias, jurídicas y económicas, como bien saben, multitud de reclamaciones judiciales. Durante este período, la entidad se ha mantenido en colaboración directa con la Abogacía del Estado para la defensa de los más 1.500 pleitos que los antiguos accionistas habían mantenido con la Administración del Estado. Hay que destacar el éxito respecto de todos los fallos obtenidos, que eran favorables a la Administración. En 2014 se dictó auto del Tribunal Supremo desestimando las pretensiones de los antiguos accionistas de retasación de 182 sociedades, lo que puso fin a un contencioso de más de treinta años.

La novedad es que, una vez enajenadas todas las sociedades que figuraban en la Ley de Expropiación y finalizados los contenciosos, vamos a proceder a la liquidación y extinción de la sociedad; a cerrar el capítulo, por fin.

Importante: está previsto que la Sociedad Estatal COFIVACASA se encargue de la liquidación de RUMASA, que cuenta con una cifra total de activos cercana a los 160 millones de euros, que ingresaremos en el Tesoro y que contabilizaremos también entre las medidas de la CORA.