Respuestas a los medios de comunicación

P.- Le quería preguntar al ministro de Justicia si no teme que se pueda interpretar que una parte de la Ley pueda estar pensada a favor de los imputados, en el sentido… Le digo, por ejemplo, si se hubiera parado en dieciocho meses el "caso Gürtel", no habríamos sabido nunca que Bárcenas tenía cincuenta millones en Suiza; usted mismo explicaba esto del cambio de imputado por… Está pensado, de alguna manera, entiendo, para bajar la presión precisamente sobre los imputados, la presión política que ha habido para que no se presenten en las listas. ¿No se puede trasladar esa imagen de que una parte de la Ley es a favor de los imputados?

Y, como ministro de Justicia, usted debe velar, entiendo, por la colaboración del Gobierno con la Justicia y le quería preguntar si le preocupa esta imagen que se está dando de la batalla entre el juez Ruz y la Agencia Tributaria, precisamente por el "caso Gürtel".

A la vicepresidenta le quería preguntar por esta aparente guerra interna que hay entre la Policía y el CNI, en la que el comisario Villarejo, a quien esta semana ha defendido el ministro del Interior diciendo que ha hecho grandes servicios, está acusando indirectamente al CNI, prácticamente a usted, de actuar contra él. Quería saber cómo van a resolver este problema y, sobre todo, si, como se está lanzando, la Policía española hace operaciones políticas, si eso está pasando en este país.

Sr. Catalá.- La cuestión relativa a la exigencia de cumplimiento de plazos en la instrucción penal yo creo que es un compromiso de calidad de la Justicia con los ciudadanos, en una respuesta en un tiempo razonable, porque, fíjese, de los más de cuatro millones de asuntos que cada año los españoles llevamos a los tribunales penales, son muy pocos los que superan estos tiempos que aquí se han establecido. Conocemos siempre las macrocausas, los asuntos más llamativos, como el que usted mencionaba, por ejemplo; pero lo cierto es que en el quehacer cotidiano de los Tribunales se cumplen estos plazos de seis meses en las causas sencillas y los dieciocho en las causas complejas.

En todo caso, lo que la Ley prevé, lógicamente, porque en ningún caso tiene ninguna orientación asociada ni con impunidad ni con nada que se le parezca, es precisamente reforzar los mecanismos para que el juez instructor y el fiscal que participa en el caso tengan procedimientos para ampliar esos plazos, poderlos ampliar por otros dieciocho meses más, y, excepcionalísimamente, incluso después de treinta y seis meses, se podrán seguir ampliando cuando las circunstancias lo justifiquen y así se acredite.

Por lo tanto, existen procedimientos para que ningún juez pueda ver finalizado un proceso sin solución por mandato del plazo máximo, siempre habrá posibilidades de ampliación y, por lo tanto, ninguna impunidad, en absoluto, en ese sentido.

En cuanto a la colaboración entre la Justicia y la Administración Pública, en particular la Agencia Tributaria, fíjese que cada año hay miles -y digo "miles"- de funcionarios de la Agencia Tributaria que colaboran en lo que se denomina el auxilio judicial, emitiendo informes que les solicitan los Juzgados y Tribunales en toda España. Cualquier Juzgado de Instrucción de cualquier pequeña localidad pide un informe a la Administración de Hacienda de su localidad y se le asesora, se le informa. 72 informes se emiten, de media, cada día laborable por parte de la Agencia Tributaria. Ése es el contexto en el cual se sitúa la colaboración de la Administración, y en particular de la Agencia Tributaria, con la Administración de Justicia. Yo creo que el balance es muy satisfactorio.

En el caso puntual que usted me preguntaba, se han emitido ya varios informes por parte de la Agencia Tributaria a petición del juez instructor; todavía el último, el tercer informe, después de la ratificación en una comparecencia personal ante el juez. Cuando el juez ha pedido un elemento adicional, la Agencia ha emitido un informe en el que consideraba que no podía emitirlo porque no le estaba pidiendo un informe en términos de derechos, sino en términos de una simulación. Y, tras la última reiteración que ha efectuado el juez, la Agencia Tributaria está volviendo a estudiar el asunto para, en ese contexto de colaboración permanente, poder atender, en la medida de sus posibilidades, lo que el juez le solicita.

Vicepresidenta.- Sobre su tercera pregunta, quiero señalar que el Centro Nacional de Inteligencia actúa siempre con arreglo a la Ley y de acuerdo, además, a un procedimiento de funcionamiento que nos obliga, a los que tenemos relación y conocimiento de informaciones a través del Centro Nacional de Inteligencia, al deber de reserva, lo cual no obsta a su control parlamentario al que siempre el propio Centro ha estado dispuesto, como ha mostrado en reiteradas ocasiones, para informar cuanto sea oportuno sobre cualquier otro asunto.

P.- Al ministro de Justicia querría preguntarle sobre algún aspecto al que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal pudo referirse, y no va a ser. Por ejemplo, la investigación, la instrucción, por parte de la Fiscalía. Eso ha estado siempre sobre la mesa. ¿Por qué el Gobierno ha renunciado? ¿Es una cuestión de fechas? ¿Quizás porque estamos al final de la Legislatura y sería difícil el consenso, o hay razones más de fondo?

En segundo término, sobre los medios económicos; es decir, reformas de calado para agilizar la Justicia. No sé si cuenta usted con algún impulso de tipo económico. Además, ahora se acaban de suprimir, en parte, las tasas. ¿Cree usted que se podrá atender a estas reformas y a la dotación de mejores servicios de auxilio de los Juzgados sin nuevas dotaciones económicas?

Y en último término, una cuestión de mucha actualidad sobre la desaparición del etarra Plazaola. Quería preguntarle si entiende usted que la responsabilidad esencial está en el Tribunal Supremo, a raíz de la filtración que se produjo de su inminente puesta en libertad. ¿Y qué medidas se pueden tomar de cara al futuro? Lo digo porque, ya que estamos con reformas legales, tal vez, a personas en esa situación, ¿podría ser viable establecerles mecanismos de seguridad, cautelares, vigilancia, para que no puedan huir?

Sr. Catalá.- En cuanto al modelo, que es un concepto general de quién debe llevar a cabo la instrucción en nuestro sistema procesal penal, si es el juez instructor o es el fiscal, en el Anteproyecto que el Gobierno aprobó en primera vuelta ya estaba el mantenimiento del sistema actual. Por lo tanto, en la fase de estudios, de propuestas, de ideas, más conceptual, ciertamente se debate: se debate en la doctrina, se debate entre los académicos, y también entre los profesionales, si deberíamos cambiar nuestro sistema. En todo caso, el Anteproyecto del Gobierno nunca lo ha tomado en consideración, porque es una reforma que tiene un cambio profundo de transformación en todos los sentidos de las responsabilidades de jueces y fiscales. Necesita un plan de implantación que llevará tiempo, si algún día se toma esa decisión.

Por lo tanto, en este momento no parecía razonable abordar una reforma de esa naturaleza, más allá de que se considere positiva o negativa, que sobre esto, insisto, hay muchas opiniones. Pero, en todo caso, en la Ley lo que hemos pretendido llevar a cabo son medidas directas, eficaces, que agilicen la Justicia en el corto plazo y que puedan estar aprobadas y, por lo tanto, puestas en aplicación en este año. Ése es el objetivo de esta reforma, que tiene un alcance limitado y muy orientado al mejor funcionamiento de la Justicia.

Y ese mejor funcionamiento de la Justicia --reiteramos permanentemente-- se consigue, en nuestra opinión, con mejores leyes, y por eso reformamos las leyes; y con más medios, y hemos aprobado recientemente un Real Decreto de 282 nuevas plazas de jueces y magistrados, y un Real Decreto de 66 plazas de fiscales para fortalecer también la acción de la Fiscalía, y estamos trabajando en medidas de incorporación de las nuevas tecnologías.

Tuve oportunidad de informarles a ustedes de que a partir del 1 de enero del año 2016 las comunicaciones entre los profesionales y la Administración de Justicia serán sólo electrónicas; vamos a hacer un esfuerzo muy importante en estos próximos meses de incorporación de las nuevas tecnologías, y también con mejores modelos organizativos, y aquí hemos hablado también de la Oficina de Gestión de Activos, estamos implantando, además de la mediación y el arbitraje, una Ley de Jurisdicción Voluntaria, que está en el Congreso de los Diputados, que permitirá sacar de la mesa de los jueces y los fiscales asuntos que puedan ser tratados de otra manera.

Por lo tanto, lo que estamos haciendo es un paquete integrado de medidas que busca agilizar la Justicia y dotarla de medios y capacidad suficiente para que se cumplan los objetivos que aquí planteamos.

En el tema de Plazaola, el presidente del Tribunal Supremo ha puesto de manifiesto que va a llevarse a cabo una investigación. Yo creo que lo razonable es esperar a que se concluya con esa investigación para saber qué ha sucedido y, a partir de ahí, tomar las medidas adecuadas que nos garanticen… Algunas hemos tomado ya; por ejemplo, el establecer plenos jurisdiccionales en los órganos colegiados para que las unidades, las secciones, de los órganos colegiados no puedan tener criterios divergentes en la aplicación de la legislación. Eso ya estaba en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que presentamos hace unos días. Por lo tanto, ésa es una manera de evitar que sucedan los casos, simplemente que se pueda excarcelar --que es el asunto concreto-- a personas cuando es una interpretación de una sección que se aleja de lo que luego el Tribunal Supremo ha acordado.

Por lo tanto, esa manera de armonizar la interpretación de la Ley ya está puesta en marcha y, en el caso concreto de lo que haya podido suceder, cuando tengamos el resultado de la investigación, podremos actuar en su caso.

P.- Vicepresidenta, quería saber qué opinión tiene el Gobierno sobre el viaje del presidente Rodríguez Zapatero al Sáhara Occidental y si cree que es adecuado o no. ¿Cómo ha sentado esto en el Gobierno, que en esta ocasión sí tenía conocimiento de él?

Una segunda pregunta. Hace unos días, en una respuesta parlamentaria, el Gobierno dijo que no piensa promover la detención de los ex ministros franquistas que solicita una juez de Argentina. ¿Se ha tratado esto en el Consejo de Ministros o se da ya el tema por zanjado?

Vicepresidenta.- Sobre la primera pregunta, el viaje del ex presidente del Gobierno, lo que me gustaría señalar es que el presidente Rodríguez Zapatero ha sido Presidente hace escasas fechas; conoce o debe conocer, al menos, perfectamente cuál es la situación en la zona; se presupone ese conocimiento y yo creo que eso llevaría o debiera llevar en el ánimo de todos a estos asuntos abordarlos con la debida prudencia. Es un viaje particular y propio, pero yo creo que quien ha ostentado la Presidencia del Gobierno debe conocer, y se presupone que debe conocer, las implicaciones de diferente índole que tienen viajes de esta naturaleza.

Sr. Catalá.- En relación con la segunda cuestión, el pasado mes de diciembre recibimos en el Ministerio de Justicia, de autoridades argentinas, la petición de extradición de veinte ciudadanos españoles, entre ellos ocho ex ministros, por una serie de hechos acontecidos en los años 70. Pedimos una ampliación de información --el expediente no estaba completo--; recientemente, nos ha llegado esa ampliación de información y hoy he sometido a la consideración del Consejo de Ministros un Acuerdo para la denegación de la continuación de la extradición, porque la concesión de extradiciones en nuestro país, en España, se regula por la Ley del año 85, la Ley 4/85, de extradición pasiva, que es cuando nos solicitan al Estado español una extradición, y por los acuerdos internacionales, y en este caso tenemos un tratado de extradición con Argentina vigente desde el año 1987. Y tanto en la Ley como en el Tratado, se establecen las reglas para llevar a cabo esta colaboración internacional.

En este caso que nos solicita la juez Servini hay una serie de circunstancias que nos ha parecido, con todos los informes jurídicos y también con el informe que en su día fijó ya la Audiencia Nacional, que hay tres motivos para no conceder esa extradición: en primer lugar, el que se denomina principio de jurisdicción preferente. La jurisdicción preferente significa que cuando la Ley de un Estado --en este caso la Ley española-- prevé la competencia para enjuiciar a los ciudadanos españoles, y así es en nuestra vigente Ley Orgánica del Poder Judicial, eso es motivo suficiente para no conceder la extradición: el hecho que sean ciudadanos de nacionalidad española, que están en España y delitos cometidos en España, hipotéticamente. Por lo tanto, ése es un primer criterio para no conceder la extradición.

En segundo lugar, también el principio de la extinción de la responsabilidad criminal. Los delitos que supuestamente se les imputan fueron cometidos en los años 70 y la Ley penal de entonces, el Código Penal de 1973, incluso el Código Penal vigente, tenía una previsión de extinción de la responsabilidad de quince años que, por lo tanto, en el momento, en el año 2014, en que se inicia ese procedimiento, estaría absolutamente prescrita, extinguida, la responsabilidad criminal.

En tercer lugar, como tercer motivo de denegación, también hay un principio por el cual algunos de los delitos que se imputan a estas personas incurren en lo que se denomina…, que no existe la doble incriminación, en el sentido de que el delito que se les imputa, que es el haber firmado sentencias de penas de muerte en los años 70, en el Código Penal español vigente en aquella época preveía como una pena la pena de muerte y, por lo tanto, quien firmaba una pena de muerte no cometía un delito; no era delictivo en aquel momento en España. Una etapa superada pero, evidentemente, en aquel momento no era.

Por lo tanto, por estos tres motivos, la no doble incriminación, la jurisdicción española preferente y la extinción de la responsabilidad criminal, he sometido este Acuerdo de no continuación de la extradición, en aplicación de nuestra Ley vigente y en aplicación del Tratado vigente con la República de Argentina.

P.- Tenía una duda sobre la Ley de Inspección de Trabajo que han presentado hoy: ¿qué tipos de fraude son los que más están preocupando al Gobierno, los que han motivado este cambio legislativo?

Después, hay algo que no entiendo: ¿de qué sirve que se cree una mesa para que se sienten los sindicatos y las Comunidades Autónomas para hablar sobre el fraude a la Seguridad Social si no hay más fondos? Porque entiendo que todavía sigue el 50 por 100 de reposición; es decir, que por cada dos que se jubilan solo entra uno nuevo. Entonces, sin más inspectores, ¿cómo va a mejorar la lucha contra el fraude?

También en este tema tenía la duda de si no es contrario al adelgazamiento de la Administración Pública que se propone esto de crear un organismo autónomo, una oficina, un nuevo cuerpo de funcionarios…

Sobre el tema de la eliminación del término "imputado", no quiero ser malpensado, pero tenía esta curiosidad: ¿tiene algo que ver la eliminación de este término con que el partido que sustenta al Gobierno haya dicho en mil ocasiones que no va a incluir imputados en las listas del PP y, al final, ha tenido que incluir a dos imputados, uno por Valladolid y otro en Melilla? ¿Es legislar sobre un eufemismo o no?

Vicepresidenta.- Sobre la Ley de Inspección de Trabajo, en la que me formulaba tres preguntas, en primer lugar, ésta es una Ley organizativa. ¿Por qué es necesaria y por qué se ha optado por la fórmula del organismo autónomo? Porque aquí estamos hablando de una materia en la que hay competencias compartidas entre el Estado y las Comunidades Autónomas. El Estado tiene una serie de competencias y el ejemplo más claro es en materia de Seguridad Social --estamos hablando de la caja única--; pero las Comunidades Autónomas también tienen competencias en materia de relaciones laborales que son objeto de inspección por parte de la Inspección. ¿Por qué? Porque la Inspección de Trabajo depende orgánicamente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social; pero, funcionalmente, depende, en determinadas ocasiones de Comunidades Autónomas que tienen competencias en esta materia.

Como hay que ser eficaces y como además pasa una cosa como que usted puede ir y descubrir una empresa ficticia, pero de esa inspección derivarse infracciones contra la Seguridad Social, pero también infracciones de seguridad e higiene en el trabajo; lo normal es que sea una entidad que preste servicio a todas ellas y que pueda permitir descubrir todo tipo de infracciones o todo tipo de problemas en ese ámbito.

Por eso, y dada la necesidad de reforzar la inspección de trabajo en este punto, se ha procedido a darle esa configuración. ¿Por qué? Porque, constituyendo ese organismo autónomo, que no supone --y lo verá en la Memoria, que me consta que usted se las lee-- incremento de gasto, lo que permite es articular mejor, a través de esos Consejos Rectores, la colaboración necesaria de, por un lado, Comunidades Autónomas, que, como digo, son Administraciones que tienen competencias --no todas, pero sí algunas-- en ese ámbito, y también de los agentes sociales, porque es fundamental la colaboración que podamos tener de ellos. En el ámbito de la Seguridad e Higiene en el Trabajo es clave, y lo han visto ustedes en casos muy recientes, pero también en otro tipo de cuestiones.

Me dice usted: ¿esto va o no a favor del adelgazamiento de la Administración? Pues mire, yo le digo que es a coste cero y que, además, permite ese segundo objetivo. La Inspección de Trabajo existe como tal, es un cuerpo centenario y de gran prestigio en nuestro país, y lo que queremos es darle una mayor capacidad de adaptación con coste cero. De lo que se trata es de ser eficaces y, además, garantizamos una cosa que va muy unido al ámbito de la reforma de la Administración, que es la unidad de mercado; en este caso, la unidad del mercado laboral. Con la constitución de ese organismo autónomo lo que podremos es fomentar una actuación mucho más coordinada, mucho más eficaz y, por tanto, mucho más uniforme en todo el territorio nacional en cómo tratamos a las empresas que incumplen, cómo mejoramos la seguridad y la salud en el trabajo, y en cómo somos, digamos, bastante más eficaces en ese ámbito.

Última de sus preguntas. A lo largo de todos estos años en que se ha producido --y permítame que a veces le recuerde esta pregunta a la inversa, porque a veces me la formula usted a la inversa--… En el ámbito del crecimiento o no de los funcionarios públicos, desde el principio de la Legislatura lo que hemos procurado es: que en los cuerpos en que era necesario un mayor número de plazas, y éste lo era, nosotros mismos hacer una excepción a nuestra regla de no cobertura de las vacantes. Si usted observa la Oferta de Empleo Público a lo largo de todos estos años, una de las excepciones ha sido la relativa a la lucha contra el fraude. Eso ha afectado al cuerpo de los Inspectores y Subinspectores, al cuerpo de la Administración Tributaria, al cuerpo de la Abogacía del Estado…, a una serie de cuerpos que tienen relación en el ámbito puramente administrativo o judicial en esa lucha contra el fraude.

La creación de este tipo de subinspectores lo que busca es esa especialización, que muchos ya la tienen, y de lo que se trata es de crear un cuerpo de doctrina importante en un ámbito para nosotros fundamental, que es la salud y la seguridad en el trabajo. Y que haya subinspectores que tengan un conocimiento en este tema muy especializado va en la línea de lo que se hace en otros Cuerpos del Estado, incluso en otras Administraciones o en otros poderes, que es una tendencia a la especialización en ámbitos que, por su singularidad, porque no es lo mismo una inspección en materia de Seguridad Social que una inspección en un accidente laboral o en una serie de cuestiones, cuanto mayor sea el conocimiento en determinados ámbitos de estos subinspectores, mejor puede, ya no sólo sancionarse, que es importante, sino lo más importante todavía: prevenirse y poder colaborar en determinados planes de seguridad e higiene en el trabajo que son clave. Asuntos en los que, además, como hemos visto hace meses aquí, es necesario siempre estar actualizándose constantemente, porque cada vez es un terreno mucho más especializado.

Sr. Catalá.- El objetivo fundamental de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal es la agilización del procedimiento. Por lo tanto, para una persona que va a estar encausada, va a estar investigada, va a estar condenada finalmente, la sentencia se va a dictar mucho antes de lo que se está haciendo en la actualidad. Por lo tanto, no hay ninguna ventaja, ningún privilegio, ningún cambio procesal, en términos de garantías, o no se mejora en absoluto esa condición, sino que, por el contrario, lo que sí vamos a hacer es que la respuesta penal sea mucho más cercana a la comisión de los hechos y, por lo tanto, haya más eficacia en la respuesta del Derecho a la comisión de delitos.

Fíjense que en la actualidad, paradójicamente, cuando se acaba dictando sentencia en materia penal, muchas veces se considera una atenuante, que es la de dilación indebida. Cuando los procedimientos duran muchos años, al final, se pone una pena en algún grado menor por dilación indebida, cuando en ocasiones ha sido en beneficio del condenado por el que ha tardado tanto el proceso. O sea, estamos en una situación absolutamente paradójica: procesos muy largos, que encima favorecen la condena menor al que finalmente resulta condenado.

Si algún objetivo tiene esta Ley, como les digo, es mejorar la investigación, agilizar los tiempos, la capacidad de respuesta. Por tanto, la nueva denominación de la Ley no tiene que ver con superar ningún debate. Lo que sí nos hemos intentado encargar de hacer es poner de manifiesto que una imputación no significa ninguna pre-responsabilidad, no significa quebrar la presunción de inocencia, cuando en ocasiones es verdad que se está llevando a ese punto.

Por lo tanto, la modificación terminológica, con todo el aval, como he dicho, de la Real Academia, del Consejo de Estado y de una serie de órganos consultivos, creo que nos ayuda a situar mejor la posición procesal en la que una persona puede estar presente en una causa penal, sin que ese hecho de ser investigado esté presuponiendo ninguna responsabilidad anticipada, lo cual, como digo, puede llevar a la quiebra de la presunción constitucional de inocencia.

P.- Vicepresidenta, hoy hemos conocido un sondeo en Cataluña, el del CEO, que, entre otras cosas, dice que aumenta el número de catalanes que rechazan la independencia. A mí me gustaría preguntarle a qué cree que es debido este resultado y si cree que ha tenido algo que ver la política del Gobierno en el proceso soberanista. Eso por un lado.

Por otro lado, ha pedido o ha hablado de la prudencia del ex presidente del Gobierno en su viaje al Sáhara Occidental en un foro realizado por Marruecos. Cuando habla de "prudencia", ¿qué le hace suponer que no va a ser prudente el ex presidente del Gobierno? ¿O es que la imprudencia es el viaje en sí?

Vicepresidenta.- A la primera de sus preguntas, sabe que yo aquí no valoro encuestas. Las respetamos, pero para nosotros lo importante es la tendencia. Yo creo que lo que se ha puesto de manifiesto a lo largo de este tiempo es que los ciudadanos valoran cada vez más la estabilidad, el cumplimiento de las normas. Este Gobierno, a lo largo de toda esta Legislatura, lo que ha hecho es, en primer lugar, trabajar por Cataluña, porque somos también Gobierno en Cataluña, y hemos procurado con toda nuestra acción de Gobierno que allí también se recupere el bienestar y que se puedan pagar los servicios públicos con gran esfuerzo; y poner de manifiesto que hay que cumplir la Ley. Yo creo que eso se valora y se valora positivamente por el conjunto de la ciudadanía, porque para eso estamos todos los Gobiernos: para respetar la Ley. Y, si no nos gusta, cambiarla, pero por los procedimientos legalmente establecidos. Yo creo que, además, la estabilidad es un valor, y más en tiempos de crisis.

Sobre la segunda de sus preguntas, yo creo que quien ha pasado por el Gobierno conoce perfectamente el contencioso y, entonces, tiene que conocer las implicaciones de decidir acudir a un viaje de esa naturaleza. Yo creo que eso debería valorarse por todos antes de tomar determinadas decisiones. Durante también, pero antes de decidirse, también.

Muchas gracias.