Conferencia de prensa del ministro de Educación, Cultura y Deporte, y portavoz del Gobierno, después de la reunión del Consejo de Ministros

Portavoz.- Buenas tardes. Comparezco ante ustedes para informarles de los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros en la reunión celebrada en el día de hoy, 8 de septiembre, bajo la presidencia del presidente del Gobierno, don Mariano Rajoy. Ayer, como saben ustedes, tuvo lugar un Consejo de Ministros extraordinario y al término del cual intervino el presidente del Gobierno.

Déjenme referirme, como hago siempre, a los asuntos políticos de esta semana.

El 6 de octubre, la Mesa del Parlamento de Cataluña admitió a trámite la proposición de ley de la denominada "Ley de referéndum de autodeterminación". Esa misma madrugada, los gobernantes en Cataluña, PDeCAT y ERC, y su socio parlamentario de la CUP, admitieron a trámite la denominada "Ley de transitoriedad". En ambos casos, se hizo mediante la alteración del orden del día, forzando para este fin el Reglamento de la Cámara y no procediendo tampoco el envío de ambas leyes al Consejo de Garantías Estatutarias, como resultaba preceptivo cuando lo pidieran los grupos parlamentarios.

Si ya el mismo día 6 de septiembre, después de recibir el informe preceptivo y favorable del Consejo de Estado, la Abogacía del Estado presentó incidente de ejecución de sentencia ante el Tribunal Constitucional sobre la admisión a trámite, ese mismo día la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se querelló contra la señora presidenta y otros cuatro miembros de la Mesa por el mismo motivo.

Ayer, 7 se septiembre, el Consejo de Ministros extraordinario, después de recibir igualmente el informe favorable del Consejo de Estado, acordó, como saben ustedes, presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del referéndum de autodeterminación de Cataluña, que se había votado el día anterior; se impugnó también ante el Tribunal Constitucional el decreto de convocatoria de dicho referéndum, el decreto por el que se aprueban las normas complementarias que desarrollan el decreto de convocatoria y, finalmente, el Consejo de Ministros recurrió igualmente la designación por parte del Parlamento de cinco miembros de la llamada "Sindicatura Electoral".

En el recurso se pedía que se comunicara dicha suspensión al presidente y a todo su Gobierno, a los altos cargos relacionados con la organización y a los 947 alcaldes de Cataluña, así como a los dirigentes de los Mossos d'Esquadra y de los medios de comunicación públicos. El Tribunal Constitucional aceptó ayer los recursos del Gobierno y suspendió, tanto la Ley de referéndum, como el decreto de convocatoria, y llevó a cabo esa comunicación que se solicitaba.

Ayer mismo también, el fiscal general del Estado anunció una querella contra el presidente de la Generalidad y todo su Gobierno por firmar el decreto de convocatoria del referéndum. Esa querella se interpondrá por desobediencia, por prevaricación y malversación; querella que se unía a otra en marcha contra la Mesa del Parlamento.

Hoy el Consejo de Ministros ha acordado interponer recurso de inconstitucionalidad en contra de la denominada "Ley de transitoriedad", aprobada esta madrugada por el Parlamento de Cataluña. Esta es la segunda de lo que denominan las "leyes de ruptura", implica la ruptura total y absoluta con el orden constitucional establecido, y pretende regular una auténtica constitución transitoria y abrir un período constituyente en Cataluña.

Sin duda alguna, serán los juristas los que puedan hacer una valoración de la Ley; pero no deja de ser curioso, desde el punto de vista jurídico, que la Ley, esa Ley, se presente como la norma suprema del ordenamiento jurídico catalán, en tanto no sea aprobada la constitución de la república; también, establece la asunción y subrogación de la posición del Estado español en el Derecho de la Unión Europea y los Tratados internacionales, sin contar --claro está-- con España, e incluso regula una inexistente nacionalidad catalán diferente de la española, si bien prevé el mantenimiento de la doble nacionalidad catalana, española o cualquier otra.

No voy a entrar en la valoración que le produce al Gobierno esta llamada "Ley de transitoriedad"; sí decirles únicamente que nos sorprende que no recoja el derecho a decidir, que ha sido el objeto de la campaña de los secesionistas durante este tiempo. Parece que el derecho a decidir debe ser recogido a nivel estatal, pero a nivel de esa futura constitución de Cataluña no hay ni una palabra sobre el derecho a decidir.

Me gustaría referirme también a las imágenes que han podido contemplar todos, catalanes y el resto de españoles, de los debates --debates es llamarlo mucho--, de las sesiones parlamentarias que han tenido lugar en Cataluña el pasado miércoles 6 y ayer, jueves 7. La elocuencia de esas imágenes y el propio desarrollo de las mismas llevaron a una actuación inaudita y antidemocrática por parte de la presidenta de la Cámara, que solo actuó a favor de unos diputados, aquellos que defendían posiciones secesionistas. Esos debates, esas sesiones parlamentarias, han dejado patente el clima de descomposición político e institucional en que está incursa la política en Cataluña, donde una exigua mayoría parlamentaria quiere imponer, sin leyes que lo permitan y vulnerando todas las reglas democráticas, un proyecto excluyente a la totalidad de la sociedad catalana, eliminando ese pluralismo social que siempre ha sido una de las señas de identidad de Cataluña.

La sesión careció de las más mínimas garantías legales y democráticas. Esto no solamente lo dice el Gobierno; lo acreditaron el letrado mayor de la Cámara, que es un funcionario; el secretario de la Cámara, que es otro funcionario; y el propio Consejo de Garantías Estatutarias, que es una institución creada por la Generalidad. En definitiva, conculcaron la Ley y sin ley no es posible la democracia. Ese debate, esa sesión parlamentaria, dejó sin voz a la mitad de la Cámara.

Estamos, por tanto, y lo vimos ayer, ante un punto álgido en una estrategia de desafío a la democracia, al Estado de Derecho, a la Constitución y al Estatuto.

Yo quiero recordarles hoy cuál ha sido la línea de actuación del Gobierno desde hace ya algunos meses. Desde el momento en que el Gobierno de Cataluña inició su deriva antidemocrática y secesionista, el Gobierno ha venido insistiendo en que respondería a la misma desde nuestro Estado de Derecho; Estado de Derecho que se asienta en el imperio de la Ley, en el respeto al ordenamiento jurídico vigente, en cuya pirámide normativa se encuentra la Constitución.

Porque el Gobierno, en el marco de nuestra democracia constitucional, tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes, garantizando y defendiendo los derechos y libertades de todos los ciudadanos, y no solo de una minoría; de todos los ciudadanos, de todos los catalanes, y no solo de los secesionistas.

El sistema democrático tiene el derecho y el deber de defenderse ante quienes le atacan. Defender las leyes, la democracia y las instituciones forma parte de ese pacto de convivencia que los españoles suscribimos en nuestra Constitución y que está en el origen funcional de nuestra democracia. Por tanto, aun en los momentos tensos y más irracionales, este Gobierno no se ha apartado en ningún momento de esa línea y lo ha hecho siempre desde la moderación, desde la proporcionalidad, pero también con firmeza y determinación. Proporcionalidad y moderación con el objetivo de limitar los daños, no contribuyendo a alentar un clima de confrontación ni de división.

Para este Gobierno, el objetivo irrenunciable es mantener un clima de concordia cívica, de convivencia entre todos, sin discriminaciones cualesquiera que sean sus ideas, siempre que estas se expresen sin recurrir a la violencia y sin impedir la libre manifestación de las ideas de los otros. Así lo hemos hecho a lo largo de cuarenta años de democracia y así vamos a continuar haciéndolo.

Esos cuarenta años de normal funcionamiento democrático, de libertad y de concordia, y no de episodios como hemos visto estos días, contrastan con ese debate del Parlamento de Cataluña de anomalía democrática, de restricción arbitraria de los derechos y las libertades, de ruptura y de profunda animadversión al discrepante.

Un Gobierno constitucional y democrático no va a actuar como observador de quienes quieren liquidar el principio de soberanía nacional. Ayer lo dijo el presidente: estamos defendiendo un principio fundamental de nuestra convivencia: la voluntad de decidir entre todos el futuro de nuestro país. Esto es la soberanía nacional. Por ello, no habrá referéndum porque nadie puede privar a todos los españoles para decidir su futuro sobre aquello que les pertenece a todos los españoles y, por ello, quiero recalcar las palabras del presidente del Gobierno: haré todo cuanto sea necesario, sin renunciar a nada, para evitarlo.

En defensa de la Constitución y de la democracia, el Gobierno, para adoptar las medidas legales que fueran necesarias, tiene el apoyo de otras fuerzas políticas, como son el PSOE y C's. El presidente del Gobierno está en permanente contacto con los líderes de estas formaciones y ayer, como saben ustedes, se reunió con los señores Sánchez y Rivera. Es el momento de unidad nacional, de defensa de lo que es de todos los españoles, y, por tanto, el Gobierno quiere agradecer públicamente su apoyo. Si nosotros fuéramos oposición, habríamos hecho lo mismo. Ya lo hicimos en otras ocasiones, cuando nuestro papel era distinto. Todos los partidos con ambición y compromiso nacional deben apoyar al Gobierno cuando algunos están buscando la ruptura de España.

Como asimismo queremos agradecer el apoyo europeo e internacional recibido. Ayer lo volvía a recordar el presidente del Parlamento Europeo, don Antonio Tajani: "quien actúa contra la Constitución de un Estado miembro --ha dicho Tajani-- estará actuando contra el marco legal europeo y, por lo tanto, esta actuación nunca será reconocida en el marco europeo y no podrá tener efecto alguno". Es decir, quienes intentan obtener la independencia por procedimientos ilegales y antidemocráticos nunca serán reconocidas por la Unión Europea.

En este mismo sentido se han pronunciado a lo largo de todos estos últimos años todos los dirigentes europeos y eso es así porque Europa está con los Estados nacionales, que la conforman y que son Estado de Derecho, con las leyes y con los valores democráticos y de libertad. Y también porque en el ámbito judicial europeo ha quedado claro cuál es la posición jurídica. Fue, además, el propio presidente de la Generalidad de Cataluña el que acudió a la Comisión de Venecia, que, como saben ustedes, es el órgano consultivo del Consejo de Europa en materia constitucional, y la Comisión de Venecia fue muy clara en la carta que remitió al señor Puigdemont: no se pueden celebrar referendos si la Constitución no lo estipula. Por tanto, se puede decir más alto, pero no se puede decir más claro.

Por lo tanto, queremos poner de manifiesto la preocupación del Gobierno por el sesgo autoritario y antidemocrático que está tomando el debate en Cataluña. Esta es una demostración de algo que les venimos advirtiendo, alertando, a la sociedad catalana desde hace tiempo. Hoy la política del Gobierno catalán está dirigida por una minoría radical y excluyente, que ha erradicado cualquier atisbo de racionalidad en el ejercicio político. Esa minoría que domina la agenda catalana es la CUP, que no considera ni respeta a la mayoría del pueblo al que dice representar, y que, como quedó claro en esa sesión parlamentaria, aspira a unos "Països Catalanes" con un régimen anticapitalista y antipatriarcal.

Se trata de personas, las que han impuesto la agenda, las que han impuesto el debate, con las que no es posible hablar ni negociar porque ni escuchan, ni razonan, ni dialogan; solo quieren romper la convivencia. Y es triste que este partido sea el que marque los pasos a seguir y los ritmos del Gobierno de la Generalidad. Es este partido el que en su momento vetó al señor Mas como presidente y los que pidieron y obtuvieron el cese de los consejeros porque no estaban de acuerdo en violentar la Ley.

En todo caso, el Gobierno, y quiero dejarlo con toda claridad, sabe y afirma que solo respetando la Ley se podrá restaurar la conciencia cívica y suturar las líneas de división y fractura que hoy forman parte de la vida política y social de Cataluña.

Va a hacer ahora cuarenta años, el próximo 23 de octubre, que Cataluña se llenó de democracia y de legitimidad con el regreso del presidente Tarradellas como presidente de la Generalidad de Cataluña. Sus sucesores pretenden dinamitar la democracia y la legitimidad recuperada tras una dictadura a la que ahora se dirigen sin complejo alguno. Y yo, después de ver el debate parlamentario del otro día, no puedo menos que recordar aquella frase del presidente Tarradellas: en política se puede hacer de todo menos el ridículo.

Permítanme también recordar como en esta semana el presidente del Gobierno ha recibido en el Palacio de La Moncloa al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, don Julio Borges, acompañado por el primer vicepresidente del Parlamento venezolano, don Freddy Guevara, en una reunión en la que estaba previsto que participara también doña Lilian Tintori, activista de derechos humanos y esposa del preso político Leopoldo López, a la que, lamentablemente, las autoridades venezolanas impidieron abandonar el país.

El presidente del Gobierno transmitió al señor Borges el pleno compromiso de España con la democracia en Venezuela y le ha hecho llegar su pesar por las numerosas víctimas mortales de las manifestaciones de los últimos meses. También ha reiterado que España no reconoce la asunción de competencias legislativas por la Asamblea Constituyente y considera a la Asamblea Nacional, la única elegida democráticamente, como la depositaria exclusiva del poder legislativo en Venezuela.

El presidente del Gobierno hizo llegar también al señor Borges el apoyo de España a una solución democrática a la crisis venezolana, que debe pasar por la liberación de todos los presos políticos y la celebración de elecciones democráticas en dicho país. A ello el Gobierno se va a esforzar en continuar haciendo, tanto en relación bilateral, como en la colaboración con los socios europeos e iberoamericanos.

Hoy el Consejo de Ministros, además de la interposición del recurso de inconstitucionalidad contra la llamada "Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república", al que me he referido anteriormente, ha tomado también distintos acuerdos. Otro de sus acuerdos ha consistido en la solicitud al presidente del Gobierno para que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra un artículo de la Ley 17/2017, de 1 de agosto, del Código Tributario de Cataluña y determinadas disposiciones del mismo.

En esta situación que vivimos en Cataluña, el Gobierno de Cataluña ha tratado de impulsar la creación de una Agencia Tributaria catalana y convertirla en una hacienda propia. Como saben ustedes, el Tribunal Constitucional ya anuló en su momento todas las disposiciones que excedían del marco constitucional y estatutario. El caso que hoy nos ocupa, el denominado "Código Tributario", fue aprobado hace poco más de un mes por los mismos que protagonizaron el debate estos días en Cataluña, Junts pel Sí y la CUP, con el rechazo nuevamente del Consejo de Garantías Estatutarias.

Esta Ley lo que pretende es vulnerar las competencias exclusivas del Estado para la garantía de la igualdad de todos los españoles en materia de legislación civil, de hacienda y de las bases de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común. Normas, por tanto, que demuestran, como es el recurso que hoy presenta el Gobierno, que el Estado de Derecho da una respuesta rápida y eficaz a todos los intentos de vulnerar nuestro orden constitucional. El Estado lo ha hecho y lo seguirá haciendo.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha tomado el Acuerdo por el que se aprueba una Estrategia de Internacionalización de la Economía Española durante los años 2017-2027 --por tanto, a lo largo de diez años-- y el Plan de Acción Bienal para los próximos dos años. Este es un tema muy importante. Estamos hablando de una Estrategia de Internacionalización de la Economía Española, que es la que ha permitido, entre otras causas, el aumento del PIB y de la riqueza en nuestro país. Desde el año 2014, el superávit por cuenta corriente de nuestra economía ha venido acompañado de cifras positivas en el crecimiento del PIB, algo que no ocurría desde hace veinticinco años. En el año 2016 la exportación española consiguió su máximo histórico: entre 2007 y 2016, para que tengan ustedes una idea de lo que digo, el déficit comercial español se redujo en 81.000 millones de euros, fundamentalmente por el aumento de las exportaciones totales, que supusieron una cifra alrededor de 69.000 millones.

Con el objetivo, por tanto, de que esta contribución positiva del sector exterior al crecimiento económico se convierta en estructural y revierta en la creación de empleo, el Gobierno ha considerado necesario contar con una estrategia a medio y largo plazo, bienal y a diez años.

Por tanto, junto con distintos Departamentos ministeriales, con las Comunidades Autónomas y con el sector privado, hoy el Acuerdo contempla una serie de medidas encaminadas a ofrecer un apoyo a la internacionalización cada vez más adaptado a las necesidades y al perfil de nuestras empresas; a la incorporación de la innovación de la tecnología, la marca y la digitalización a la internacionalización; al desarrollo del capital humano para la internacionalización --los becarios del ICEX, según ha contado el ministro de Economía, juegan un papel fundamental en ello--; al mejor aprovechamiento de las oportunidades de negocio derivadas de la política comercial común y de las instituciones financieras y organismos multilaterales; a potenciar la captación y consolidación de la inversión extranjera de alto valor añadido, y a reforzar, por último, la coordinación y complementariedad de las acciones de todos los sectores relevantes en materia de internacionalización.

Además, también en esta línea de afianzar estructuralmente la economía española, el Consejo de Ministros ha tomado el acuerdo por el que se aprueba el Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista. Con ello, lo que buscamos es ayudar al comercio tradicional a incorporarse a los nuevos escenarios de compra, a subirse a las plataformas digitales y a operar "on line" para dar respuesta a los nuevos hábitos de compra de los consumidores. Como ustedes saben, el comercio minorista es un sector crucial de la economía española, que representa, aproximadamente, el 5 por 100 de nuestro Producto Interior Bruto y da empleo a casi dos millones de personas.

La crisis económica que dejamos atrás fue muy dura en el sector, con caídas sustanciales en las ventas. Consciente de ello, el Gobierno ha impulsado desde el año 2013 sucesivos planes de apoyo a la competitividad del comercio minorista, que ha beneficiado a más de trescientos mil comercios. Y este Plan que el Consejo de Ministros ha aprobado hoy da continuidad a ese trabajo, pero se reorienta hacia los nuevos escenarios y trata de apoyar a las empresas para renovarse, adaptarse al mercado digital y facilitar el relevo generacional. Para ello apuesta por una combinación de tiendas físicas con estrategias "on line". No hay que olvidar que el comercio en la red facturó el año pasado más de 24.000 millones de euros, un 20,8 por 100 más que en el año 2015. Por tanto, estamos hablando de un comercio in crescendo.

En el ámbito de los asuntos sociales, el Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se autoriza la contratación del servicio integral del sistema de seguimiento por medios telemáticos de cumplimiento de medidas cautelares y penas de aproximación en materia de violencia de género, por un valor de más de veintisiete millones de euros. Estamos hablando de un sistema de seguimiento por medios telemáticos, las "pulseras", para el cumplimiento de medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación, como digo, en materia de violencia de género. Es un contrato por seis años, tres y tres, y el objetivo del contrato es mejorar y dar continuidad a este servicio contemplado en la Ley Integral de Violencia de Género.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha adoptado un Acuerdo por el que se formalizan los criterios de distribución y la distribución resultante de los créditos previstos para los programas derivados del Plan Nacional sobre Drogas, que desarrollan las distintas Comunidades Autónomas para este ejercicio. Estamos hablando de 9,5 millones de euros para desarrollar en el ámbito autonómico este tipo de planes.

Igualmente, el Consejo de Ministros ha aprobado los siguientes nombramientos: el de don Jorge García Reig como nuevo director general de Fondos Europeos, en el Ministerio de Hacienda; y el de don Marco Rando como nuevo director general de Evaluación y Cooperación Territorial.

Esto es lo que tenía que decir respecto al Consejo de Ministros de hoy. Por supuesto, estoy a su disposición para aquellas preguntas que quieran hacerme.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)