Intervención de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría

Vicepresidenta.- Buenos días. Vamos a darles cuenta de los principales asuntos aprobados hoy en el Consejo de Ministros; un Consejo de Ministros en el que se ha aprobado definitivamente, para su remisión a las Cortes Generales, el Proyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. Me acompaña el ministro del Interior, que lo explicará ampliamente.

Tan sólo quiero destacar que ha sido sometido el texto a un amplio trámite de audiencia, en el que han participado y al que se han incorporado sugerencias de distintos órganos consultivos, organizaciones y asociaciones. En esta mesa el Ministro asumió el compromiso de escuchar sugerencias para enriquecer la norma y así ha sido.

Es una reforma que, como recuerdan, va en consonancia con la reforma del Código Penal, porque muchos de los que anteriormente se consideraban como delitos o faltas han pasado a tener una sanción menor, de naturaleza administrativa. Explicará ahora su contenido el ministro del Interior.

Por otro lado, presentamos el Real Decreto por el que se regulan los procedimientos administrativos relativos al reconocimiento de sanción de los costes de escolarización previstos en el apartado cuarto de la disposición adicional vigesimoctava de la Ley de Educación. Como saben, su objetivo es garantizar el derecho del alumnado a recibir la enseñanza en castellano y en todas las demás lenguas oficiales, y lo que se hace es simplemente un desarrollo reglamentario y una previsión legal, para poder garantizar o para dar un mecanismo para garantizar el reembolso de esos costes.

En otro ámbito de cosas, aprobamos otros dos Reales Decretos por los que se aprueban los Planes Hidrológicos del Segura y del Júcar. Con la aprobación de estos dos Planes concluimos --y, si me permiten decirlo, en un tiempo récord-- el primer ciclo de planificación. Los doce Planes tenían que haber sido aprobados en el año 2009. Cuando llegamos al Gobierno había aprobado uno; en este tiempo, en menos de dos años y medio, se han aprobado todos los demás con gran participación y consenso, con transparencia.

En cuanto al Plan del Segura, aboga por mantener el regadío existente en la cuenca por su alto valor social y económico, y hace compatibles estos intereses del sector agrícola con la protección y reparación de los valores medioambientales de la cuenca. Identifica siete bloques de acción: mantenimiento del valor económico, social y ambiental asociado a las superficies regables; garantía de los recursos hídricos; evitar la sobreexplotación de los acuíferos; garantizar la calidad de las aguas subterráneas y superficiales; el mantenimiento de los caudales ambientales; el coste del agua desalinizada y la defensa contra las avenidas. Para alcanzar los objetivos previstos en su programa de medidas, se contemplan actuaciones por valor de 4.800 millones de euros, a financiar por todas las Administraciones afectadas de aquí a 2027.

Por lo que respecta al nuevo Plan del Júcar, incluye novedades destinadas, de forma prioritaria, a la protección del medio ambiente; y da soluciones a cuestiones importantes en la demarcación, como la regulación del sistema de abastecimiento a Albacete, el reconocimiento del convenio de Alarcón o las reglas de explotación en el Sistema Júcar. Se prestará especial atención al mantenimiento de los caudales ecológicos, a la restauración de los ecosistemas y al uso racional del agua y su calidad. Para alcanzar los objetivos propuestos en su programa de medidas se contemplan actuaciones por importe de 5.460 millones de euros, a financiar, como en el caso anterior, por todas las Administraciones hasta 2027.

También se aprueba la Agenda para el Fortalecimiento del Sector Industrial en España, mediante acuerdo de Consejo de Ministros. La crisis económica ha puesto en evidencia la trascendencia del papel de la industria como generador de crecimiento y de empleo, demostrando que aquellos países con un mayor peso industrial en su Producto Interior Bruto han sido más resistentes ante este ciclo económico adverso, perdiendo menos empleo, aumentando sus exportaciones y contribuyendo, así, a contrarrestar la caída de la demanda interna y la mejora de la balanza de pagos.

El sector industrial --entendiendo por tal manufacturas más energía-- representa el 15,9 por 100 del Producto Interior Bruto de la economía española y genera más de dos millones de empleos. La industria es el sector que realiza el mayor esfuerzo en innovación, en I+D+i, el 48,3 por 100 en 2012, y representa más del 20 por 100 del peso de las exportaciones. Por tanto, el sector industrial puede y debe ejercer un papel clave en el proceso de crecimiento, recuperación de la economía española y la creación de empleo.

La Agenda para el Fortalecimiento que hoy aprobamos es un plan de acción integrado por un conjunto de propuestas concretas de muchos órganos del Gobierno. Con su puesta en marcha se van a desarrollar las condiciones por las que podemos mejorar la actividad industrial para que la industria crezca, sea competitiva y aumente su peso en el Producto Interior Bruto. Para su elaboración se han organizado cuatro foros de discusión en los que han participado un buen número de organizaciones.

Contiene 97 medidas estructuradas en diez líneas básicas, que pasan --lo tienen en la Referencia del Consejo de Ministros--, muy brevemente, por los siguientes ejes:

- Estimular la demanda de bienes industriales como efecto multiplicador en la economía. Aquí podemos incluir tanto los planes de estímulo temporales, los que ha habido, los Planes PIMA o los Planes PIVE, como el apoyo financiero a la inversión en sectores estratégicos y en sectores de alta tecnología, como la Agencia Espacial Europea.

- Mejorar la competitividad en los factores productivos clave, mediante la reducción de costes de transporte y la mejora de las conexiones nacionales y europeas.

- Asegurar un suministro energético estable, competitivo y sostenible dentro de la Unión Europea. Saben que este asunto, especialmente el de las interconexiones, es uno de los temas en los que España está más atento, con un mayor esfuerzo impulsor, en el seno de la Unión Europea.

- Reforzar la estabilidad y uniformidad del marco regulatorio español, especialmente la Unidad de Mercado. Como saben, a lo largo de todas estas fechas estamos introduciendo cambios para aplicar esa Ley de Garantía.

- Incrementar la eficiencia y la orientación al mercado, y a los retos de la sociedad de la I+D+i.

- Apoyar el crecimiento y la profesionalización de las Pymes.

- Adaptar el modelo educativo a las necesidades de las empresas.

- Aumentar el peso de la financiación no convencional.

- Apoyar su internacionalización.

- Y orientar la capacidad de influencia de España a la defensa de sus intereses industriales, reforzando la diplomacia comercial.

La Secretaría General de Industria y de la PYME tiene, además, la obligación con esta Agenda de presentar anualmente un informe de seguimiento del grado de implantación de las medidas recogidas en la misma.