Intervención de la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría

Vicepresidenta.- Muy buenos días. Vamos a informarles de los principales asuntos que han sido acordados hoy en el Consejo de Ministros.

En primer lugar, hemos acordado la remisión a la Comisión Europea del Programa de Estabilidad y del Programa Nacional de Reformas del Reino de España. Ello se hace en cumplimiento de obligaciones europeas. Cada año en el mes de abril --decíamos hace un momento que ésta es la sexta vez que lo hacemos los aquí presentes-- todos los Estados miembros de la Unión Europea tienen que presentar ante la Comisión sus Programas Nacionales de Reformas y sus Planes de Estabilidad. El objetivo es coordinar las políticas económicas nacionales y lograr los objetivos establecidos para la Unión en su conjunto.

Es un momento excepcional, el Gobierno está en funciones; pero esto no nos exime del cumplimiento de las obligaciones europeas de presentar estos documentos. En ellos el Gobierno explica la evolución reciente de la economía española y el grado de avance en su agenda de reformas, y el cumplimiento de las recomendaciones específicas formuladas por el Consejo en junio de 2015. Expone su escenario macroeconómico y fiscal a medio plazo.

Pues bien, queremos señalar que, en cuanto a las reformas futuras --y ahora explicaré yo el Programa Nacional de Reformas; mis compañeros, el Programa de Estabilidad--, el PNR esboza en términos generales cuáles deberían ser, en la opinión del Gobierno, las medidas necesarias para consolidar lo obtenido hasta ahora y mejorar el ritmo de la recuperación.

En los últimos cuatro años, como saben, este Gobierno ha puesto en marcha una ambiciosa agenda de reformas que ha transformado la economía española. Ello ha permitido que la economía española recuperara la confianza de los mercados internacionales y ganara en eficiencia, flexibilidad y capacidad de competir. Esto está dando resultados: en 2015, el Producto Interior Bruto español creció un 3,2 por 100 y en el primer trimestre de 2016, según los datos que acabamos de conocer hoy, la economía española creció un 3,4 por 100 en términos interanuales; el mejor dato de los últimos ocho años. Esto nos sitúa a la cabeza de las principales economías de la Unión Económica y Monetaria.

La mejora de la actividad económica se ha traducido, además, en una intensa creación de empleo. En los últimos doce meses, se han creado casi seiscientos mil nuevos puestos de trabajo, un 3,9 por 100 más que hace un año. Además, el empleo disminuyó en 653.000 personas, que es una reducción del 12 por 100; cifra muy similar al récord que se logró en el último trimestre de 2015. Por tanto, lideramos dentro de la Eurozona la reducción de desempleo y la creación de empleo. Hoy ha habido nuevos datos de paro de Eurostat: en el último año, casi una de cada dos personas que abandonan el desempleo en la zona euro lo hacen en España y España es el país en que más se ha reducido el desempleo en el último año.

Pero, además, el español es un crecimiento sano. Sus componentes más dinámicos son la inversión en bienes de equipo y las exportaciones en bienes y servicios. Ello da una base sólida al crecimiento del consumo de los hogares, que creció al 3,5 por 100 al cierre de 2015, un nivel similar al de antes de la crisis. Simultáneamente, en 2015 la evolución favorable de los precios ha permitido que la economía española continúe ganando competitividad; es el cuarto año consecutivo con superávit externo.

Por último, el crédito está mejorando, las empresas tienen acceso a préstamos a mejores tipos, los hogares tienen más financiación y sigue disminuyendo el coste de la financiación de la deuda pública.

Con el Programa de Estabilidad que hoy presentamos y con el Programa Nacional de Reformas, que establece nuestro cuadro macroeconómico para este año y los siguientes, hasta el año 2019, encontrarán ustedes un dato muy relevante: si las cosas se continúan haciendo de esta manera, si continuamos en la senda de reformas que caracterizó la pasada Legislatura, en el año 2019 puede haber en España prácticamente veinte millones de empleos, con una tasa de desempleo de poco más del 13 por 100. Ése es, quizá, uno de los principales resúmenes del Programa Nacional de Reformas y del Plan de Estabilidad que presentamos hoy: si se hacen las cosas bien, España tendrá veinte millones de empleos en el año 2019, al final de la siguiente Legislatura; una tasa de desempleo cercana al 13 por 100.

Muy brevemente, les voy a hacer --me voy a encargar yo de ello; del Programa de Estabilidad, mis compañeros-- un resumen de lo que planteamos en el Programa Nacional de Reformas. Damos cuenta del elevado grado de cumplimiento de los compromisos asumidos por España en el marco del semestre europeo y del avance de los objetivos de la Estrategia Europea 2020.

La práctica totalidad de las medidas comprometidas en el año 2015 han sido puestas en marcha y lo que hacemos es señalar cuáles serían las principales medidas, a nuestro juicio, a adoptar --su adopción dependerá de gobiernos subsiguientes-- para mantener el crecimiento y el ritmo de creación de empleo: en primer lugar, reformas a nivel nacional; en segundo lugar, consolidación presupuestaria para favorecer el crecimiento, que explicará después, con el Programa de Estabilidad, el ministro de Hacienda; y, por último, reformas a nivel europeo.

En el ámbito nacional, el principal objetivo es la recuperación económica y la creación de empleo, juntamente con su calidad; empleo y calidad en el empleo. Para ello, se prevén cinco áreas de actuación importantes: la primera, creación de empleo e inclusión social; la segunda, avanzar en el aumento de la eficacia y la competencia en los mercados de bienes y servicios; la tercera, respaldo a la actividad emprendedora y el desarrollo empresariales, especialmente medidas que ayuden a autónomos y a Pymes; la cuarta, el impulso al crecimiento sostenible, centrado en la I+D y en el medio ambiente; y, por último, la eficiencia en la Administración Pública, que además, como explicará el Ministro, será uno de los elementos determinantes para seguir avanzando en la consolidación fiscal.

En el ámbito fiscal, seguiremos la senda de la consolidación en los términos que explicará el ministro de Hacienda. Tenemos el objetivo el reformar el sistema de financiación autonómica para asegurar un nivel mínimo de servicios en todos los territorios, definiendo una cartera común en áreas fundamentales (sanidad, educación y servicios sociales), y una financiación estable y suficiente, independientemente de la coyuntura económica.

Por último, seguiremos con prioridades como la lucha contra el fraude y la evasión fiscal. Hasta esta fecha, y les doy un dato, se han conseguido importantes resultados: entre 2012 y 2016 se ha recaudado, por actuaciones de lucha contra el fraude, 50.449 millones de euros, que es el histórico mejor de la Agencia Tributaria.

Finalmente, y en el ámbito europeo, seguiremos esforzándonos y colaborando en el diseño de la nueva gobernanza económica, en particular de la zona euro, que asegure una coordinación eficiente en las políticas económica, prevenga la acumulación de desequilibrios y permita consolidar la recuperación europea. Y, en el ámbito de la Unión Económica y Monetaria, impulsaremos una reforma ambiciosa de acuerdo con el papel activo que hemos venido desempeñando en los últimos debates sobre el futuro de la Unión.

Después sobre estos temas se extenderán más mis compañeros; yo voy a informarles de algunos otros asuntos adoptados en el Consejo de Ministros.

En el capítulo de recursos respecto a decisiones de Comunidades Autónomas, les informo de que, por un lado, se plantean dos recursos de inconstitucional contra algunos artículos de dos leyes aprobadas por el Parlament de Cataluña --esto por el lado, digamos, de España respecto a decisiones del Parlament catalán-- y, por otro lado, damos contestación al requerimiento de incompetencia que nos formula la Generalitat de Cataluña en un asunto como el de las audiencias energéticas. Nos han requerido de incompetencia y antes de enviarnos al Tribunal Constitucional le damos respuesta, y éste es uno de los temas que yo planteé ayer al señor Junqueras, para, de acuerdo con las explicaciones que damos en el requerimiento, a ver si evitamos que nos lleven al Tribunal Constitucional por este asunto.

Sobre las otras dos cuestiones, fundamentalmente son dos leyes: una es la conocida como Ley de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, conocida como la Ley contra la pobreza energética, la Ley 24/2015, y la otra es otra Ley más limitada, que es una ley de incorporación de la propiedad temporal y de la propiedad compartida; es un aspecto más civil. Me voy a centrar fundamentalmente en la primera, que era la que me preguntaban ayer.

Pues bien, es una ley que tiene distintos artículos y dos partes fundamentales: una parte, que es la pobreza energética, que da título o que le ha dado título a la Ley; y la otra parte, relativa al ámbito de la vivienda. De acuerdo con el dictamen del Consejo de Estado, porque, como ayer les decía, estos recursos se basan fundamentalmente y exclusivamente en criterios jurídicos, en criterios competenciales, y en la búsqueda del respeto al principio de igualdad entre todos los españoles porque, como verán, algunos afectan a legislación procesal; recurrimos aquellos elementos que el Consejo de Estado ha considerado y ha avalado la consideración del Gobierno de que son inconstitucionales.

En primer lugar, les voy a decir lo que no es objeto de recurso. No es objeto de recurso ninguna de las medidas relativas a pobreza energética. El Consejo de Estado ha dictaminado que estas medidas, tal y como han sido concebidas en su redacción final, no son contrarias a la Constitución. Les diré que el informe del Consejo de Estado no se cerró esta semana, es de la semana anterior; también que lo tengan en consideración.

Pues bien, el principal artículo que regulaba estos aspectos de pobreza energética es el artículo 6 y ese artículo contempla una serie de medidas que no son impugnadas: el establecimiento por las Administraciones Públicas de acuerdos o convenios con las compañías administradoras para garantizar que conceden ayudas a fondo perdido a las personas o unidades familiares --este asunto de los fondos le preocupaba al señor Junqueras; podrán seguir haciendo sus fondos sin ningún problema--; el principio de precaución, de manera que antes de realizar un corte de suministro se avise o se tenga un informe de los servicios sociales municipales para ver si esa persona o esa unidad familiar está en riesgo de exclusión residencial, o la información por parte del suministrador de los derechos relativos a pobreza energética que contempla la Ley.

Tampoco está impugnado el punto 5.5, relativo a algunos aspectos de exclusión social en materia de disfrute de ayudas para evitar lanzamiento --esto ya entra en otro terreno, pero ese artículo ha sido también preservado--, o el apartado 6 del mismo artículo, que permite la garantía del adecuado realojamiento de personas y unidades familiares en situaciones de riesgo de exclusión social; tampoco el artículo 8 de la Ley, que establece el umbral máximo de gastos destinados a vivienda habitual o a suministros básicos en supuestos de vulnerabilidad; y tampoco la disposición transitoria primera, que establece garantías para la aplicación de tales umbrales.

Es decir, ni los ámbitos de la pobreza energética ni alguno de los ámbitos relativos a los lanzamientos son recurridos, porque se entiende que puede adoptarlos el Parlamento de Cataluña de acuerdo con su ámbito competencial y que no perjudican el derecho de igualdad.

Esto es lo que nos ha dicho el Consejo de Estado. Como digo, nosotros aquí no nos apartamos del criterio del Consejo de Estado. No solemos hacerlo, por otro lado, en el ámbito de los recursos.

¿Qué recurrimos? Se recurren algunos aspectos procesales y que afectan a la igualdad de los españoles ante la Ley: el procedimiento de mediación, porque excede de su función; el requisito previo a las interposiciones de demanda y aspectos civiles, como la transferencia coactiva de la titularidad de la vivienda, porque afectan al contenido esencial del derecho de propiedad, que debe ser igual para todos los españoles. Esto se recurre y se recurre pidiendo la suspensión.

Nosotros tenemos que garantizar el principio de igualdad y garantizamos la igualdad de trato entre todos los ciudadanos de todas las Comunidades Autónomas. Hay leyes de objeto similar de distintas Comunidades Autónomas, entre ellas, Andalucía, Canarias, Navarra y el País Vasco. En tres de ellas el Tribunal Constitucional ha acordado su suspensión por entender que pudiera causar perjuicios de carácter irreparable. Por tanto, lo que no podemos es aplicar un criterio político y no jurídico a este tipo de asuntos. Puede perjudicar el interés general, así lo ha dicho el Tribunal Constitucional, y se pide su suspensión.

He sido un poco extensa. Después, si quieren preguntarme más, hablo de los extremos que consideren oportunos; pero sí tener presente, en primer lugar, que contestamos a ese requerimiento de competencia de la Generalitat, y yo espero que en los términos de esa contestación con la Generalitat de Cataluña podamos llegar a un acuerdo en un asunto tan importante como la eficiencia energética de cara al cumplimiento de los objetivos de cambio climático; y, en segundo lugar, respecto a la Ley de Pobreza Energética, se recurren aquellos aspectos que jurídicamente y constitucionalmente exceden de las propias competencias de la Generalitat y pueden perjudicar la igualdad entre españoles, de acuerdo con el criterio del Consejo de Estado y pidiendo de esos preceptos la suspensión, de igual manera que se hizo con leyes similares de otras Comunidades Autónomas. Ese puede ser el resumen.

Hoy se aprueban, además, tres acuerdos por los que se establecen diferentes convenios de colaboración con la Sociedad Pública ENISA para la financiación de emprendedores y Pymes en 2016. Se trata de 98 millones de euros de límite máximo en tres líneas de financiación, mediante préstamos participativos que ENISA ofrecerá a Pymes, jóvenes emprendedores y empresas de base tecnológica.

Otro asunto, del que después puede informar, si quiere, el Ministro con mayor amplitud, es el acuerdo alcanzado con la Comisión Europea para otorgar ayudas adicionales al sector del carbón, de acuerdo con la normativa europea. Este acuerdo preliminar incluye también la autorización del Plan de la Minería del Carbón 2013-2018.

Tras un largo proceso de intensas negociaciones que llevó a cabo el anterior ministro de Industria, y en un contexto europeo donde el apoyo al carbón es difícil dados los compromisos medioambientales, el acuerdo logrado con la Dirección General de Competencia ha de ser ratificado en las próximas semanas por el resto de los servicios de la Comisión. Pero sí quiero decirles que en el último mes el precio del carbón en los mercados internacionales ha seguido una tendencia decreciente que ha provocado una pérdida de competitividad del carbón nacional frente al carbón importado, y que ha agravado la situación del sector nacional de la minería del carbón. El incentivo adicional se establecerá anualmente en función de la diferencia entre el precio internacional y el precio que había en 2013, cuando el plan de cierre fue acordado. De esta manera, las empresas mineras se verán compensadas por la caída imprevista en el comercio internacional.

¿Cuáles son los términos del acuerdo? La validación del Plan de la Minería y, por tanto, la validación de todas las ayudas dadas desde 2011 a ese plan; pero, además, nos permite una ayuda adicional a la producción que puede suponer un incremento de diez euros por tonelada, con lo que se duplicarían las ayudas previstas con la normativa actual.

En otro orden de cosas, brevemente, hoy el ministro de Hacienda también ha autorizado límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros para posibilitar la participación de España en la financiación del fondo de refugiados para Turquía. Como saben, en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del 29 de noviembre de 2015 con Turquía se abordó la creación de un fondo de refugiados para Turquía dotado de un importe inicial de tres mil millones de euros. De éstos, mil millones se financian con cargo al presupuesto UE y los otros dos mil restantes, con aportaciones de los Estados miembros en función de su participación relativa en el conjunto de la renta nacional bruta de la Unión Europea.

La contribución que corresponde a España es superior a los 152 millones de euros, según se establece en el anexo de ese mandato del Instrumento que regula las contribuciones de los Estados miembros al fondo de refugiados, adoptado por el COREPER, por el Comité Representantes Permanentes del Consejo de la Unión Europea. El calendario que hemos autorizado en este Consejo de Ministros es --tienen las cifras detalladas en la Referencia--: para el año 2016, 45 millones de euros; para 2017, 62 millones; para 2018, 33 millones y para 2019, 6,5 millones. Al no existir crédito inicial en 2016 --sí había un fondo importante, una partida importante, para refugiados, pero no concretamente ésta--, estamos ya tramitando una modificación presupuestaria.

También quiero señalar brevemente dos cuestiones importantes: se ha autorizado una encomienda de gestión a la empresa Tragsa para la prestación del servicio de funcionamiento del dispositivo de extinción y prevención de incendios forestales del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para los años 2016 a 2020, por un importe máximo de 114 millones de euros; y también se ha tomado razón de las obras de emergencia para la recuperación de los desagües de fondo de la presa del Grado, en el término municipal del mismo nombre, provincia de Huesca, por un importe de hasta 5,1 millones de euros. Se trata de una presa de enorme importancia, de más de 130 metros de altura sobre cimientos, y que además es fundamental para garantizar el suministro en la zona.

Por último, y brevemente, hoy, previo al 1 de Mayo, el Gobierno concede las Medallas de Mérito del Trabajo en su categoría de oro. Se trata de reconocer el mérito de conductas socialmente útiles y ejemplares en el desempeño de los deberes que impone el ejercicio de cualquier trabajo, profesión y oficio. Los condecorados en esta ocasión serán:

• Federico Beltrán Galindo, que es presidente de Famadesa (Fábrica, Matadero y Despiece, SA.), que surgió en 1970 a partir de un pequeño matadero ubicado en Campanillas (Málaga) Es un grupo empresarial que hoy sostiene mil empleos directos, con clara vocación exportadora: el 40 por 100 de sus ventas.
• María Benjumea, que creó en 1994 el que hoy es uno de los portales de empleo más importantes de España, con cuatro millones de usuarios registrados y sesenta mil empresas clientes. También está impulsando redes que actúen como punto de encuentro entre empresas e inversores.
• La Confederación Empresarial Española de la Economía Social, con un volumen global de empleos directos e indirectos de 2.219.000. Engloba entidades de las que forman parte veintiocho organizaciones.
• José María Fidalgo Velilla, que, como saben ustedes, es especialista en cirugía ortopédica, pero conocemos su trayectoria por su dedicación a la actividad sindical en Comisiones Obreras, de la que llegó a ser secretario general desde 2000 hasta 2008.
• La Federación Gallega de Redeiras "O Peirao", que es una federación creada en 2004, que agrupa a ocho asociaciones de redeiras en otros tantos puertos de Galicia, con el objeto de recabar el reconocimiento de la igualdad de derechos en una labor que, además, contribuye a la preservación del patrimonio cultural, en este caso de Galicia.
• Soledad Lorenzo, que, como saben, se inició en el mundo del arte en 1974, abriendo su propia galería en 1986, y su visión del arte se basa en un compromiso social, que se ha traducido en la cesión de su patrimonio y su colección privada de arte al Museo Reina Sofía en 2014.
• Francisco Martínez-Cosentino Justo, que heredó la empresa de su padre hasta convertirla en una de las empresas familiares más importantes de Andalucía y de España. Su producto estrella, el Silestone, se vende en más de noventa países, dando trabajo a más de tres mil personas en tres fábricas situadas en Macael, y exporta el 90 por 100 de su producción.
• Cándido Méndez Rodríguez, que se inició como obrero metalúrgico, que fue afiliado a UGT desde 1970, que ha sido diputado en el Congreso y en el Parlamento de Andalucía y que ha sido secretario general de UGT desde 1994 hasta marzo de 2016.
• Alfredo Montoya Melgar, inspector de Trabajo pero conocido fundamentalmente como catedrático del Derecho del Trabajo, miembro del Consejo Económico y Social, director de la Revista Española de Derecho del Trabajo y miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Fue elegido el mejor laboralista español en el año 2014 por la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas.
• Alberto Palatchi Ribera, que empezó con una pequeña tienda de bordados de su padre en Barcelona en el año 1922 y que hoy dirige uno de los proyectos familiares de moda más importantes de España, que es el Grupo Pronovias, con ventas en más de noventa países y un volumen de empleo cercano a las mil personas.
• Mariano Puig. Creado como una empresa familiar de perfumería en 1914, hoy el Grupo Puig tiene una dimensión internacional con ventas en más de 140 países y más de cuatro mil personas empleadas. Es un ejemplo de transformación de una empresa familiar a un proyecto fiel a su origen.
• María Teresa Rodríguez Sainz-Rozas. En la misma línea, Galletas Gullón es una empresa familiar fundada en 1892, pero que ha hecho una importante apuesta por la I+D y por la internacionalización, y que está siendo la base de su desarrollo empresarial. Con base en Aguilar de Campóo, genera un volumen de empleo, además con importante responsabilidad social, en más de novecientas personas.
• Juan Roig Alfonso. Creado en 1977, en Valencia, a partir de un negocio familiar cárnico, Mercadona se ha convertido en un referente en la distribución en España por su compromiso en la orientación al cliente, la gestión basada en modelos de calidad y su progresiva expansión por España. Mantiene 75.000 puestos de trabajo.
• Por último --esto, como verán, va por orden alfabético--, Víctor Ullate, Premio Nacional de Danza y Medalla de Oro de las Bellas Artes. Es considerado como uno de los bailarines más importantes, ya lo saben, en danza clásica. Formó parte del Ballet Nacional de España, creó después su propio ballet, ha dedicado un importante esfuerzo en la formación y le llevó a crear, además, la Fundación para la Danza Víctor Ullate.

En otro orden de cosas, el ministro de Economía.