Respuestas a los medios de comunicación

P.- Ministro, yo le quería preguntar por los tres recursos que ha anunciado contra diferentes leyes aprobadas por el Parlamento de Cataluña. Ha intentado, entiendo, restar trascendencia o polémica, sobre todo dado los recursos que se han presentado anteriormente; pero quería saber, sobre todo, y fundamentalmente, si el presidente del Gobierno le avisó al presidente Puigdemont en la reunión que tuvieron el miércoles pasado y, si creen que esto, aunque el Gobierno tenga que recurrirlo porque considera que tiene razones para ello, puede de alguna manera crear, levantar o generar alguna espina en las relaciones que se han tratado de reconducir esta misma semana.

Sr. Catalá.- El presidente del Gobierno, en la reunión que tuvo con el señor Puigdemont, le puso de manifiesto lo que han sido el comportamiento y la actividad cotidiana del Gobierno, que no puede ser otra que la defensa de la Constitución y del ordenamiento jurídico. Cuando el Gobierno, con todos los informes jurídicos, considera que ha habido un exceso de actuación por parte, en este caso, del Parlamento de Cataluña, que ha invadido competencias que son del Estado, por lo tanto hay que acudir al Tribunal Constitucional para que establezca quién tiene la razón en este caso. Nosotros estamos convencidos de que las leyes del Parlamento de Cataluña van más allá de su ámbito competencial y, por lo tanto, entran en materias reservadas al Estado.

Les daba los datos de en qué medida unos y otros acudimos al Tribunal Constitucional. Quiero dar con eso, es verdad, como usted decía, una imagen de normalidad institucional. El Tribunal Constitucional, al que acude el Gobierno en ocasiones y al que acude la Generalitat en otras, es quien puede arbitrar estas discrepancias y, por lo tanto, situar la razón allí donde corresponda.

El presidente del Gobierno en la reunión con el señor Puigdemont insistió en que el Gobierno va a seguir trabajando, como durante toda la Legislatura, por garantizar los derechos de todos los españoles y de los catalanes, y por colaborar lealmente con las instituciones de Cataluña en todas las políticas públicas y todo lo que tiene que ver con los servicios públicos, todos los grandes elementos de las políticas públicas en Cataluña; pero siempre, lógicamente, dentro del respeto a la Ley y a la Constitución. Por lo tanto, el diálogo y la colaboración absolutamente, y también el respeto a las leyes y a los marcos competenciales de unos y de otros.

P.- Siguiendo con esta misma línea, Ministro, el Presidente dijo eso, efectivamente, y dio los datos que usted ha pormenorizado hoy; pero también dijo que se iba a intentar reducir el nivel de conflictividad. Y veo, y quería ratificarlo con usted, que lo que no se ha anunciado es el recurso a la Ley anti-desahucios del Parlamento catalán. Quería saber si eso es parte de esa política de gestos que desde el Gobierno de la Generalitat se ha pedido y que, además, por lo que se está conociendo hoy, se han quedado bastante contentos con la reunión y con el compromiso del presidente del Gobierno de intentar reducir ese nivel de conflictividad. ¿Qué ha pasado con la ley anti-desahucios?

Perdone que aproveche la oportunidad, pero se acaba de conocer ahora que el ex presidente del Gobierno, José María Aznar, acaba de denunciar ante la Fiscalía a la Agencia Tributaria por varios delitos relativos a la infidelidad de la custodia de los documentos, la violación, la revelación de los secretos… Quería saber qué es lo que opina, si cree que esto tiene un recorrido y si cree que tiene razón el presidente del Gobierno al considerar que se ha vulnerado su derecho a la privacidad con el tema de los datos fiscales.

Sr. Catalá.- En relación con la primera cuestión, como el presidente del Gobierno les informó a ustedes en la rueda de prensa posterior a su entrevista con el señor Puigdemont, antes de formalizar, en su caso, acuerdos por los que se impugna de inconstitucionalidad una norma del Parlamento o un decreto de un Gobierno, hay unas comisiones mixtas bilaterales de expertos, donde hay un análisis puramente jurídico --ahí no hay análisis político o de conveniencia, sino análisis jurídico-- y donde se buscan soluciones, y muchas veces se encuentran. Por tanto, el compromiso del Gobierno es fortalecer esos mecanismos previos de colaboración, de cooperación, de búsqueda de soluciones, y, por lo tanto, en ese sentido vamos a seguir trabajando y vamos a tener la mejor disposición para encontrar esos acuerdos con la Generalitat y con cualquier otro Gobierno o Parlamento autonómico.

Ahora bien, cuando esas negociaciones culminan y cuando los plazos, porque estas impugnaciones tienen unos plazos… En el caso de los acuerdos que hoy se han adoptado, vencen ya inmediatamente, por eso había que tomar una decisión finalmente y por eso hay que tomar una posición final.

En el caso de la ley anti-desahucios, todavía no estamos en ese momento final. Se puede seguir trabajando y se va a seguir trabajando con la mejor disposición por nuestra parte. Puede generar, incluso, que haga falta alguna modificación, porque la negociación no significa que nadie abandone sus posiciones en defensa de la legalidad. La legalidad no es negociable. Pero sí puede pasar que una Administración, un Parlamento, apruebe una norma que modifique un planteamiento inicial si es que hay un acuerdo sobre el fondo de la cuestión.

Por lo tanto, como le digo, la mejor disposición para encontrar acuerdos, para encontrar posiciones comunes, para resolver los problemas de la gente, de los ciudadanos, que es para lo que estamos, y no para crearlos, y siempre en el marco de la legalidad y de las competencias de cada Administración Pública.

En cuanto a lo que preguntaba sobre la denuncia presentada por el presidente Aznar, yo en primer lugar quisiera decir que la Agencia Tributaria es una organización extremadamente profesional y cualificada. Además de como ciudadano y como miembro del Gobierno, yo he sido subsecretario del Ministerio de Hacienda y conozco bien esa organización y esa casa. Me constan los procedimientos internos que utilizan; las limitaciones al acceso a la información que tienen todos los funcionarios y personal de la Agencia Tributaria, y las inspecciones que hace el servicio de inspección interna de la Agencia cuando se produce algún tipo de incidencia. Ésa es la primera consideración que quería hacer: la Agencia Tributaria es una organización profesional, servida por funcionarios independientes, que hacen un trabajo extraordinario.

Si el señor Aznar considera que ha habido alguna filtración que afecta a su intimidad, a sus datos personales y tributarios, por supuesto que tiene toda la legitimidad para interponer las acciones legales que correspondan y estoy seguro de que, tanto de la investigación que pueda hacer la Fiscalía, como de la colaboración que la Agencia Tributaria va a prestar, con toda seguridad, como hace siempre, se identificará dónde ha podido existir, si es que ha existido, esa filtración.

P.- Ministro, le quería preguntar en primer lugar acerca de la reunión entre el vicepresidente de la Generatitat, Oriol Junqueras, y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. ¿Nos puede usted adelantar más información, si es que la tiene?

Por otra parte, por el Ministerio que a usted le compete, una de las demandas que también el President le dirigió a Mariano Rajoy fue estudiar la judicialización de los casos del 9-N, como fueron Homs o Rigau, entre otros consejeros. ¿Nos puede dar alguna opinión?

Sr. Catalá.- En relación con la reunión que la vicepresidenta y el señor Junqueras mantendrán, se está preparando para la semana que viene. Todavía no hay fecha cerrada exacta de agenda; pero me consta que se está trabajando ya por los equipos de una y otro en la preparación de la lista de temas, en la preparación de la documentación… Por lo tanto, tendrán ustedes la información en cuanto se convoque y se haga el orden del día de esa reunión.

En cuanto a los asuntos judiciales en marcha, es que no es una responsabilidad de Gobierno. Es la Fiscalía General del Estado, que actúa con absoluta autonomía, la que presentó una querella por actuaciones desarrolladas con ocasión de la consulta del 9 de noviembre. Ahí el Gobierno no tiene nada que decir ni, aunque algunos se empeñan en decir lo contrario, tuvo nada que hacer en aquel momento. Fue la Fiscalía con total autonomía la que decidió, después de una Junta de Fiscales de Sala, presentar aquella querella.

Por lo tanto, como digo, la Fiscalía, cuando considera que ha habido alguna violación de la legalidad, presenta una querella; los Tribunales la enjuician y tendremos algún día una sentencia, esperemos que antes que después, y podremos entonces tener la solución judicial a ese conflicto. Pero el Gobierno ahí, ni en el ámbito de la Fiscalía, ni en el ámbito del Tribunal competente, tiene nada que decir.

P.- Ministro, quería preguntarle por la paga extra de Navidad, por la devolución. Al parecer, los funcionarios de Justicia van a ser de los primeros en recibirla. ¿Ha decidido el Gobierno cuándo se va a devolver? ¿Va a ser en un pago aparte de la nómina? ¿Se va a extender al resto de funcionarios? ¿Cuándo va a ser?

Sr. Catalá.- Me parece que el Boletín Oficial del Estado de ayer publicaba una resolución de la Secretaría de Estado de Presupuestos del Ministerio de Hacienda en la que hacía todo el detalle minucioso de cómo se lleva a cabo una paga de atrasos, por decirlo de alguna manera. Se va a hacer una nómina singular, una nómina ad hoc, y en los próximos días. Yo no sé si vamos a ser capaces en Justicia de ir más deprisa que el Ministerio de Hacienda. Me extrañaría, porque no es lo habitual que la Justicia vaya más deprisa que otras administraciones públicas. Pero estamos todos los Ministerios preparando esa nómina para hacer la devolución, que estaba ya prevista, que estaba acordada por el Gobierno y que la decisión ha sido hacerla ya en estos próximos días. Por lo tanto, lo que tarden los centros pagadores de cada Ministerio en poderla hacer efectiva.

P.- Señor Catalá, me gustaría preguntarle un par de cosas. ¿En los recursos ante el Tribunal Constitucional contra las tres leyes piden la suspensión cautelar o no? Puigdemont pidió a Rajoy que no se pidiera la suspensión automática.

Y también sobre las palabras de ayer de Pablo Iglesias, en las que acusó a los periodistas de dar noticias falsas para prosperar en sus medios. También, qué opinión le merecen al Gobierno.

Sr. Catalá.- Los tres acuerdos por los que se promueve la impugnación de inconstitucionalidad de las leyes que he mencionado llevan incorporada la petición, de acuerdo con la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, de la suspensión, porque consideramos que el impacto que tienen los contenidos de esas leyes justifican y requieren de esta medida cautelar. El Tribunal Constitucional, lógicamente, al admitirlos a trámite, lo aceptará así y tendrá que dictaminar sobre el mantenimiento de esa suspensión o su levantamiento. Pero nos parece que, por los contenidos, tiene relevancia el hecho de que ese recargo sobre las viviendas vacías, esa regulación de los derechos en igualdad, que son de ámbito nacional… En fin, tiene la trascendencia suficiente como para que así sea.

En relación con las declaraciones del señor Iglesias de ayer, simplemente, creo que han sido múltiples las opiniones que se han vertido sobre la cuestión. Los que nos dedicamos a la vida pública, los que ocupamos posiciones institucionales, yo creo que tenemos muchas obligaciones y la primera de ellas es respetar nuestro sistema de libertades y, entre ellas, la libertad de prensa y la libertad de opinión. Por lo tanto, yo creo que todos los demócratas estamos comprometidos con nuestro sistema de libertades, muy especialmente los que tenemos responsabilidades públicas.

Muchas gracias.