Intervención del ministro de Educación, Cultura y Deporte y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo

Portavoz.- Buenas tardes. Vamos a darles cuenta de los acuerdos del Consejo de Ministros celebrado en el día de hoy bajo la presidencia de don Mariano Rajoy. Me acompaña la ministra de Defensa, a quien agradezco aquí su presencia, que hablará más en concreto del acuerdo que ha tomado el Consejo de Ministros relativo a la política de Seguridad y Defensa en Europa.

Antes, permítanme que haga unos comentarios sobre esta semana y empiece hablando de las previsiones económicas de la Comisión Europea que se dieron a conocer el pasado 8 de noviembre; previsiones de crecimiento para España: el 3,1 por 100 en 2017 y el 2,5 por 100 en 2018. Probablemente, lo más importante de esas previsiones es que España va a cumplir con el objetivo del déficit del 3,1 por 100 del PIB acordado con la Unión Europea. La Comisión Europea mejora en todos los aspectos las previsiones de hace unos meses: las mejora en crecimiento económico, en cifras fiscales y en creación de empleo.

Por tanto, esta es una buena noticia, aunque se haya convertido en una constante. Incluso, saben ustedes que el Gobierno que ha hecho unas previsiones para el año que viene que son incluso más prudentes que las de la propia Comisión Europea. Es verdad que el factor de la inestabilidad en Cataluña puede tener un efecto sobre el crecimiento en España y el Gobierno lo ha tenido en cuenta en sus previsiones para el año que viene, un impacto en torno a medio punto. Estamos hablando de una cifra muy importante, de cinco mil millones de euros.

Frente a esa previsión del 2,5 por 100 de crecimiento de la Comisión Europea para el año 2018, el Gobierno estableció la del 2,3 por 100. Está claro que ese elemento de incertidumbre es el que lastra el posible crecimiento de España y, si se disipara, como el Gobierno espera que se disipe el próximo 21 de diciembre, la economía española va a continuar con un ritmo de crecimiento fuerte y equilibrado, con una corrección muy importante de sus cuentas públicas y una creación de empleo intensa.

Ya saben ustedes que el objetivo del Gobierno es la creación de empleo. El objetivo de esta Legislatura son veinte millones de personas trabajando en España en el año 2020. Las cifras de este año, en términos interanuales --589.100 personas, repito, 589.100 personas, porque son personas, hombres y mujeres de carne y hueso, que han encontrado un empleo-- son muy esperanzadoras y ese objetivo, que a algunos les parecía quimérico al comenzar la Legislatura, está al alcance de nuestra mano.

Asimismo, esta semana, también el día 8, al mismo tiempo que la Comisión Europea hacía sus previsiones, el Tribunal Constitucional anuló por unanimidad, tanto la llamada Declaración Unilateral de Independencia, como también la propia Ley de Transitoriedad.

Ayer mismo, 9 de noviembre, el juez del Tribunal Supremo que conoce de este caso decretó prisión bajo fianza eludible a los miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña. El magistrado fundamentó su decisión en el papel medular y la intensa repercusión del liderazgo pero, a diferencia de lo que ocurrió con los consejeros, los que no están huidos eludiendo la acción de la Justicia, los investigados se comprometieron, o bien a renunciar a la política, o bien a acatar la legalidad, renunciando a cualquier acción unilateral.

Esto, sin duda, ha sido tomado en consideración por el juez a la hora de dictar medidas cautelares; pero está claro también que los delitos, los presuntos delitos, por los que están siendo investigados siguen ahí, porque lo que ha sucedido en Cataluña, como saben ustedes, por parte de los secesionistas ha sido la desobediencia consciente de las leyes, el no acatamiento de las resoluciones judiciales, la paralización de las instituciones democráticas, el intento de sustituir el orden constitucional por una nueva arquitectura institucional y el intento de liquidar el principio de soberanía nacional, iniciando una ruptura unilateral con España.

Queremos también señalar, ya saben ustedes, los hechos, los hitos, de este proceso desde aquella vergonzosa reunión en el Parlamento de Cataluña los días 6 y 7 de septiembre, aquella consulta ilegal y, luego, la declaración o no del ex presidente Puidgemont el 10 de octubre y todo lo sucedido en los días siguiente, que obligó al Gobierno a aplicar el artículo 155 tras recabar el apoyo, un apoyo muy mayoritario, del Senado.

Las consecuencias, sin embargo, siguen ahí: la división política y social en Cataluña, con una descomposición de la convivencia y una fragmentación de la sociedad; un resultado que también apunta a inestabilidad institucional, la falta de seguridad jurídica, la incertidumbre y la desconfianza, que se ha traducido también en una serie de preocupantes datos económicos. Ya la semana pasada les mencioné a ustedes cómo el paro registrado en Cataluña era superior al del resto de España, el abandono de más de 2.300 empresas que han desplazado, o bien su domicilio fiscal, o su sede social, fuera de Cataluña y la caída de la ocupación turística. Conocemos también datos de reducción del comercio minorista o las ventas de empresas del sector textil, que cayeron un 35 por 100. Además, la venta de vivienda se ha desacelerado y hay postergación de inversiones internacionales.

También, el Gobierno, esta misma semana, ha acudido a hablar con los organizadores del Mobile World Congress para asegurarles la importancia de la recuperación del orden constitucional para que ese importantísimo Congreso se siga celebrando en Barcelona.

Por lo tanto, todo esto apunta en esa dirección de inestabilidad, de inseguridad, creada por el secesionismo. La confianza del consumidor en octubre cayó en 3,6 puntos y hay una encuesta de un periódico catalán, con la empresa GAD3, que refleja que más del 67 por 100 de los ciudadanos de Cataluña creen que la economía catalana se ha resentido en las últimas semanas a raíz de la declaración, de la pretendida declaración, de independencia.

Sobre la huelga de esta semana, el Gobierno también quiere afirmar que la huelga ha tenido muy escaso seguimiento. Hay un factor clave a la hora del seguimiento, que es el consumo eléctrico: ha sido absolutamente normal. En el comercio minorista ha habido un seguimiento nulo de la huelga y solamente lo que ha habido son piquetes que han interrumpido el tráfico en la AP-7, por la mañana en una estación de tren en Girona y, por la tarde, en la estación de Sants, en Barcelona. Lo que han hecho ha sido, como siempre, perjudicar los intereses, los derechos y las libertades de los ciudadanos catalanes.

Dicho esto, el Gobierno hoy, en su reunión del Consejo de Ministros, ha tenido una parte de sesión ordinaria y otra dedicada a la aplicación del artículo 155; por tanto, temas catalanes. En la primera, el Gobierno ha aprobado el Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal, traído por el ministro de Justicia.

En los últimos años, como saben ustedes, en el ámbito de la Unión Europea y en la línea del artículo 18.4 de nuestra Constitución, se ha trabajado para lograr una regulación más uniforme del derecho de protección de datos de carácter personal. Fruto de ello es un Reglamento, el Reglamento 679/2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos. El Reglamento, como saben ustedes, es de aplicación directa e inmediata; pero lo que ha pretendido el ministro de Justicia a través de esta Ley es ir acomodando la legislación española a muchas de las figuras y de los mandatos contenidos en ese Reglamento.

Entre los objetivos y novedades de este Proyecto destaca el aumento de la seguridad jurídica, conservando la posibilidad de que el tratamiento de datos se encuentre amparado en una ley que establezca la prevalencia de un interés legítimo de quien trata los datos; se permite a los herederos solicitar acceso a datos de personas fallecidas, así como su rectificación o supresión; desaparece el consentimiento tácito o por omisión, que implicaba que los datos serían usados salvo que se manifestase la negativa de forma expresa, y los menores podrán prestar consentimiento con trece años, asimilando en esto a España a lo que sucede en otros Estados de nuestro entorno. También se recoge la denominada "información por capas" y se regulan los sistemas de información crediticia, videovigilancia, sistemas de exclusión publicitaria, etc., etc.

Por tanto, es un Proyecto que nos equipara con Europa, que refuerza también la seguridad jurídica y la transparencia, y adapta ese artículo 18.4 de nuestra Constitución a la realidad actual de la protección de los datos personales.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha tomado un Acuerdo por el que se declara a las Comunidades Autónomas de Galicia y Asturias "zona afectada por una emergencia de protección civil", debido a los incendios que todos ustedes conocen del mes de octubre, en los que hubo que lamentar la pérdida de vidas humanas. Se han llevado, como saben ustedes, a cabo multitud de actuaciones de rescate y de evacuación por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y se tiene constancia también de que hubo en su momento cortes de suministro de servicios públicos esenciales, daños en viviendas, establecimientos, etcétera.

El Consejo de Ministros ha adoptado medidas hoy para paliar esos daños. Mediante este Acuerdo, por un lado, se declaran ambas Comunidades Autónomas "zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil" y hay una serie de ayudas que recoge el Acuerdo; ayudas que provienen, unas, del Ministerio del Interior; otras, del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y, finalmente, otras a cargo del Ministerio de la Presidencia y del Ministerio de Hacienda.

Igualmente, el Consejo de Ministros ha tomado Acuerdos de toma de razón de declaración de emergencia para paliar los daños de incendios que ocurrieron en las provincias de León, Albacete, Valencia y Huelva, por un valor de 2,8 millones de euros. Y, también, otro Acuerdo del Consejo de Ministros, a instancias de la ministra de Agricultura y Medio Ambiente, en el que se toma razón de la declaración de emergencia en el procedimiento de contratación de un servicio con diversos medios aéreos ante el riesgo de incendios, que es un contrato estimado de 704.800 euros.

Asimismo, se han tomado sendos acuerdos en el ámbito del Ministerio de Educación por los que se formalizan los criterios de distribución a las Comunidades Autónomas para el año 2017 de créditos de implantación de nuevos itinerarios en la ESO y nuevos ciclos de FP básica. Estamos hablando de un total de 321 millones de euros, que se han distribuido con las Comunidades Autónomas y con el acuerdo de estas Comunidades Autónomas.

Los objetivos de las trayectorias en ESO y FP básica son: ofrecer a los alumnos nuevas posibilidades adaptadas a sus capacidades, intereses y aspiraciones, e incrementar su motivación; erradicar el abandono educativo temprano, donde la Comisión Europea acaba de hacer público un informe en el que constata cómo en España este era un gran problema: llegó a alcanzar el 31,2 por 100 de nuestros alumnos y hoy estamos en el 18,6 por 100 y bajando; mejorar la empleabilidad y lograr el desarrollo personal y profesional de los ciudadanos.

Por otra parte, el Consejo de Ministros ha tomado el acuerdo de solicitar al señor presidente del Gobierno la interposición de un recurso de inconstitucionalidad en relación con determinados preceptos de la Ley de Illes Balears de 3 de agosto del año 2017, de regulación de las corridas de toros y de protección de los animales, puesto que, primero, el Estatuto de esta Comunidad Autónoma no tiene competencias específicas para protección de animales y, además, la regulación del Parlamento balear incumple determinados preceptos de leyes estatales, tanto las referidas al patrimonio inmaterial, como las referidas a la tauromaquia. El Acuerdo incluye, asimismo, la solicitud de suspensión cautelar de esta ley autonómica.

Igualmente, el Consejo de Ministros ha acordado el nombramiento de don Francisco Bernabé Pérez como nuevo delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

El Consejo de Ministros, tras celebrar esta sesión ordinaria, ha celebrado un Consejo de Ministros convocado con arreglo al Acuerdo del Pleno del Senado del 27 de octubre de 2017, por el que se aprueban las medidas requeridas por el Gobierno al amparo del artículo 155 de la Constitución. El Acuerdo que ha tomado es la aprobación del Manuel de Instrucciones para los miembros de las mesas electorales a utilizar en las elecciones al Parlamento de Cataluña el próximo 21 de diciembre. La semana pasada se tomaron una serie de medidas también orientadas a la jornada electoral del 21 de diciembre y esta es una más, por tanto, dentro de la más absoluta normalidad en la celebración de esas elecciones.

Asimismo, el Consejo de Ministros, en este Consejo dedicado a la aplicación del artículo 155, ha acordado el nombramiento como directora general de Modernización de la Administración de Justicia de la Generalitat de Catalunya de doña Rosa Anna Castillo i Picas.

Esto es lo que yo tenía que contarles, pero la ministra de Defensa va a hablarles a ustedes ahora de un Acuerdo muy importante, que se refiere a Europa y a la seguridad y defensa europeas.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)