Intervención de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría

Vicepresidenta.- Muy buenos días. Vamos a informarles de los principales asuntos abordados hoy en el Consejo de Ministros; un Consejo de Ministros muy amplio, en el que se ha dado el primer paso para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado con la presentación del conocido como "techo de gasto" y el cuadro macroeconómico que marcan el entorno en el cual se van a desarrollar esas cuentas públicas, en una situación económica de crecimiento y de expansión, como están reconociendo distintos informes internacionales, precisamente la OCDE y el Fondo Monetario Internacional.

El Fondo Monetario Internacional ha constatado que la economía española está a la cabeza del crecimiento este año entre las economías avanzadas. España es el país, además, que registra un mayor incremento al alza en las revisiones de la previsión del Fondo; el resto de países, o se han mantenido, o se han revisado a la baja. En la zona euro el crecimiento se sitúa en un punto y medio de media; España duplica con creces ese crecimiento.

El crecimiento en esas cotas es lo que está permitiendo acelerar la creación de empleo, que es el objetivo especial y esencial de este Gobierno desde el primer día. Por eso, la OCDE también ha dicho en sus previsiones que seremos el país desarrollado que más trabajo creará este año y el que viene, con incrementos cercanos al 3 por 100. Esta mejora en las previsiones, por parte, entre otros, de estos organismos internacionales, es el indicador y la prueba de que se están consiguiendo los objetivos de la política económica que se puso en marcha en el año 2012 para lograr consolidar, después, la recuperación y crear empleo.

Hemos corregido los desequilibrios porque hemos puesto en marcha reformas de calado. Ahora al Gobierno le toca devolver a la sociedad española los esfuerzos realizados durante los momentos más duros de la crisis, y ésa es la senda que seguiremos durante toda esta etapa de crecimiento. Por eso es importante no revertir las reformas y por eso es importante seguir en la dirección que nos ha determinado el crecimiento económico y la creación de empleo. Esto es precisamente lo que hacemos hoy.

En primer lugar, quiero darles cuenta de la aprobación de un Real Decreto Ley de medidas urgentes para reducir la carga tributaria soportada por los contribuyentes en el IRPF y otras medidas económicas, que pasaré a detallar.

Como explicará el ministro de Hacienda, este Real Decreto-ley incorpora el compromiso del presidente del Gobierno de adelantar a julio de 2015 la segunda parte de la rebaja del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Aprobado por el Consejo de Ministros el límite de gasto no financiero para el Presupuesto del Estado 2016, del que ahora hablaremos, y constatado que hay margen de maniobra para las decisiones presupuestarias, el Gobierno ha decidido dar este paso adicional en la rebaja de impuestos para los ciudadanos.

Podemos, como decía, adelantar esta segunda fase de la rebaja en el IRPF porque la evolución de la economía y de la recaudación ha sido más positiva de lo esperado, y debemos hacerlo, además, porque con ello mejoraremos el crecimiento y, por tanto, la creación de empleo.

Muy brevemente, porque lo explicará el Ministro, las retenciones van a volver a bajar para veinte millones de ciudadanos y sus familias, como lo hicieron en enero. Los contribuyentes podrán contar con esta rebaja a partir de sus nóminas de agosto y algunos de ellos, incluso, en julio, y las empresas calcularán un nuevo tipo al aplicar las retenciones de sus trabajadores en esta segunda parte del año 2015.

Muy brevemente, también, como explicará el ministro, destacar que recogemos, entre otras medidas, limitar la posibilidad de embargo de las ayudas públicas a colectivos en riesgo de exclusión social, situaciones de emergencia social, necesidades habitacionales de personas sin recursos o necesidades de alimentación, escolarización y demás necesidades básicas de menores y personas con algún tipo de discapacidad o capacidad diferente, cuando carezcan de medios económicos suficientes. También se incluyen en este apartado las ayudas concedidas a víctimas por delitos violentos y, en particular, las recogidas entre las medidas de protección integral contra la violencia de género.

Profundizamos, por tanto, en la consolidación fiscal y damos un nuevo impulso clave en rebaja de impuestos, a la vez que aplicamos medidas de inclusión social.

Pero, además, en el Real Decreto Ley se incorporan tres medidas importantes que afectan al Ministerio de Industria y que van a contribuir a rebajar la factura de la luz que pagan los consumidores y las empresas.

La reforma eléctrica --ésta es la primera de las medidas que lleva el Real Decreto Ley-- ha permitido eliminar el déficit de tarifa que existía en el sistema eléctrico. Así que, ante la mejora de las condiciones de demanda y el ahorro de costes que se está produciendo, se va a reducir la parte regulada del recibo eléctrico. Ésta es la parte del recibo sobre la que el Gobierno puede actuar; el resto, como saben, depende, entre otros, de los precios de mercado derivados muchas veces también por temas meteorológicos. Lo que hacemos es aplicar una bajada media de la factura eléctrica para los consumidores del 2,1 por 100, que será del 2,2 por 100 para los consumidores doméstico. Es decir, aprovechando la eliminación de déficit de tarifa y la rebaja de determinados costes, el ahorro de determinados costes, el Gobierno aplica a la parte sobre la que puede operar una rebaja que llevará a una reducción de la factura de la luz en estos meses en un 2,1 por 100 de media.

Segunda medida, también importante y de ahorro, en materia de autoconsumo eléctrico: se introduce una modificación de la Ley del Sector Eléctrico a fin de disminuir la carga para los pequeños consumidores que decidan autoconsumir; por ejemplo, que tengan placas en los techos de sus viviendas. En este caso, se exceptúa a los pequeños consumidores --menos de diez kilovatios-- para aminorar las cargas administrativas y de gestión, de manera que estos pequeños consumidores se van a beneficiar de esta exención, que se desarrolla garantizando en todo momento, tanto la seguridad, como la sostenibilidad económica y financiera, del sistema eléctrico.

Por último, se ha reforzado la protección social a los trabajadores del sector de la minería, anticipando con carácter voluntario el acceso a su prejubilación de aquéllos que tuviesen previsto prejubilarse antes del 31 de diciembre de 2018. Se establece una regulación de la ayuda, si se adelanta un año la prejubilación, del 4,66 por 100 de minoración y de un 9,32 por 100 si se adelanta dos años. Esta medida ya ha sido acordada y pactada con los sindicatos mayoritarios.

Además del paquete fiscal, el ministro trae hoy el desarrollo de la reforma fiscal en dos Reales Decretos: el de parte del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.

Por otro lado, y éste es el segundo elemento que se ha aprobado hoy en materia económica, como ustedes saben, hoy tiene el visto bueno el Acuerdo por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las Administraciones Públicas y de cada de sus subsectores para el período 2016-2018, y el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2016. El ministro de Economía explicará luego el cuadro macroeconómico y el ministro de Hacienda, las consecuencias de esa fijación del cuadro en los objetivos de estabilidad presupuestaria en nuestro país.

Muy brevemente, como saben, el Gobierno revisa, como anunció el presidente del Gobierno, al alza sus previsiones macroeconómicas respecto a las contenidas en el Programa de Estabilidad 2015-2018.

En otro orden de cosas, hoy se aprueba un Acuerdo por el que se decide solicitar la autorización del Congreso de los Diputados para el despliegue y la participación de las Fuerzas Armadas en la operación militar de la Unión Europea en el Mediterráneo Central Meridional, la operación se conoce como EUNAVFOR-MED. El objetivo de esta misión es interrumpir el modelo de negocio de las redes de tráfico de seres humanos en el Mediterráneo
Central y Meridional. ¿Cómo? Con la identificación, captura y eliminación de embarcaciones y medios utilizados o que se sospecha son empleados por los traficantes de conformidad con el Derecho Internacional.

Esta operación se desarrollará en dos fases: en una primera fase se apoyará la detección y seguimiento de las redes de migración a través de la recopilación de información y el trabajo de las patrullas en alta mar; en una segunda fase se procederá, por un lado, al abordaje, registro, incautación y desvío en alta mar de las embarcaciones sospechosas de ser utilizadas para el tráfico ilícito de personas conforme al Derecho Internacional y, por otro, de conformidad con una Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o el consentimiento del Estado ribereño concernido, a abordar, registrar y desviar el alta mar, mar territorial o aguas interiores del mencionado Estado las embarcaciones sospechosas.

La participación española en la operación consistirá, primero, en un despliegue en el Cuartel General de la operación en Roma y en el Cuartel General de la Fuerza de hasta un máximo de doce efectivos, y la participación inicial de un avión de vigilancia marítima y sus unidades de apoyo, con un máximo de cincuenta efectivos, que tendrán su sede en Sigonella (Italia). En total, España podrá contribuir con medios marítimos de apoyo aéreos de hasta un máximo de 250 efectivos; éste es el límite que, como saben, se remite al Congreso. La duración de la misión será un año desde que alcance su capacidad operativa plena. Los gastos de la participación en esta misión se financiarán con cargo a la rúbrica presupuestaria de participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de mantenimiento de la paz.

Quiero añadirles que el ministro de Defensa solicitará la preceptiva autorización del Congreso en el Pleno que se celebrará el próximo 15 de julio, si así lo admite la Junta de Portavoces.

También en este Consejo de Ministros hemos continuado con el desarrollo de medidas de reforma de las Administraciones Públicas. El Consejo de Ministros ha aprobado el noveno acuerdo de reducción de cargas administrativas. Como saben, nos hemos marcado la obligación de, periódicamente, revisar todos aquellos procedimientos en que podamos ir simplificando y eliminando trámites. El objetivo es agilizar procedimientos, acabar con obstáculos que impidan a ciudadanos y a empresas desarrollar su potencial de crecimiento, y ahorrar desde el punto de vista de la Administración y desde el punto de vista del ciudadano.

¿Qué hacemos? Eliminar obligaciones redundantes e innecesarias, reduciendo burocracia. ¿En qué ámbitos? Entre otros, emisión de tarjetas de ITV de los tipos B y BL en soporte electrónico; tramitación electrónica del libro de ruta en el sector transporte por carretera; supresión de la obligación del libro de visita electrónico de las inspecciones de trabajo; sistema de denuncia electrónica del Ministerio del Interior para determinados delitos, como sustracción de vehículos o robos en su interior, hurtos sin violencia o intimidación, pérdida o extravío de documentos, y sistemas específicos de ayuda para trámites o para la obtención de información de la Agencia Tributaria o de la Seguridad Social.

También, otras medidas que buscan evitar desplazamientos o gestiones innecesarias y redundantes; ejemplos: pago de tasas mediante tarjeta electrónica, evitando el desplazamiento a bancos; pago de deudas con la Seguridad Social a través de su sede electrónica; cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Ley de Transparencia para pequeñas y medianas empresas; evitar acudir al Registro Mercantil para obtener el certificado de empresa, que será digital; y aplicación de períodos de validez de los certificados electrónicos incorporados al DNI que, como saben ustedes, se aprobó en una decisión hace dos semanas.

También como fruto de los trabajos de la CORA, hoy ya tiene el visto bueno definitivo el Acuerdo para que las licencias de caza y pesca obtenidas en una Comunidad Autónoma tengan validez en otras mediantes reconocimiento mutuo. A este convenio se han adherido las Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Aragón, Galicia, el Principado de Asturias y la Comunidad Valenciana, de manera que cualquier licencia de caza o pesca obtenida en una de ellas servirá a todas las demás, e invitamos al resto de las Comunidades Autónomas a que se sumen a la misma.

También, hoy se han decidido los criterios de distribución, así como la distribución resultante para el año 2015, de distintos créditos adscritos a la Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad para el desarrollo de programas sociales. Se trata de 60 millones de euros con los que impulsar proyectos de inclusión social para las familias con hijos menores a cargo o en situación de dificultad, así como para otras personas en riesgo de exclusión social.

De un lado, este reparto de fondos abarca el Plan Concertado, el Plan de Desarrollo Gitano y el Fondo contra la Pobreza. En cuanto al Plan Concertado, para el que se destinan veintisiete millones de euros, buscará, entre otras cosas, mantener las redes de servicios sociales de atención primaria gestionadas por las Corporaciones Locales y asegurar una cobertura de sus necesidades básicas. El Plan apoya servicios de información, orientación, ayuda a domicilio, apoyo a la convivencia, alojamiento alternativo y prevención e inserción social. Con estos veintisiete millones será posible apoyar el mantenimiento de albergues, centros de acogida, comedores sociales, centros de día y pisos tutelados, entre otros.

El Plan de Desarrollo Gitano, cuyo monto asciende a 412.500 euros, consiste en promover y mejorar las condiciones de vida de la población gitana en campos como el empleo, la salud, la vivienda y la educación.

Y el Fondo contra la Pobreza, que estará dotado de 32 millones de euros, tiene por objeto continuar el creado por el Ministerio de Sanidad en el año 2014. En él se enmarcan actuaciones que hagan frente a la situación de familias en situación de privación material severa o en riesgo de pobreza, y con menores a su cargo. Se trata de recibir asistencia para cubrir necesidades básicas de alimentación, de higiene o ropa; promover el acceso a los servicios de salud y educación, como compra de material escolar, ayuda para comedor o transporte o gastos de vivienda, y programas también de mediación familiar o de atención socio-sanitaria a menores.

En la Referencia del Consejo de Ministros encontrarán el detalle de la distribución de estos fondos por Comunidades Autónomas.

Por último, en el capítulo de inversiones, una importante: el acuerdo para autorizar la celebración del contrato de obra de un nuevo edificio en los Juzgados de Albacete, con un presupuesto total de 25 millones de euros y un plazo de ejecución de 56 meses. Se trata de concentrar los veintiún Juzgados en la ciudad conforme a las necesidades que exige la puesta en marcha de la Oficina Judicial.