Respuestas a los medios de comunicación

P.- Para la Vicepresidenta. ¿En el proceso de elaboración de este Real Decreto Ley de la reforma laboral, el Gobierno, de alguna manera, tiene la sensación de que este proceso se salda con vencedores y vencidos dentro del Gabinete?

Para la ministra de Empleo. ¿Puede profundizar un poco en lo que es la definición, la tasación, de las causas que van a definir, a partir de ahora, el despido objetivo?

Vicepresidenta.- El Consejo de Ministros en pleno, la totalidad de miembros de su Gabinete, por lo que trabajamos, con esta y con otras reformas estructurales, es por vencer el desempleo, por vencer la crisis económica y por vencer las difíciles circunstancias en que están viviendo españoles en este país. Aquí trabajamos todos, todo este Gobierno, para que estas reformas estructurales se hagan de una manera ágil, de una manera ordenada y con el necesario rigor que exige el momento en el que vivimos.

Es una reforma generada y creada para vencer al desempleo, para vencer a la crisis y para vencer una situación muy dramática que viven muchos españoles, y en la que trabajamos todos con el máximo rigor y la máxima seriedad, porque es un asunto de la máxima responsabilidad de todos.

Sra. Báñez.- Les leo la definición de cómo queda el despido por causas económicas: "Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si se produce durante tres trimestres consecutivos".

P.- Sobre la reforma laboral, Izquierda Unida y sindicatos ya han anunciado, incluso ya antes del anuncio de este Real Decreto Ley, movilizaciones y comentarios en contra. Lo hilo de las palabras del ministro De Guindos para saber si el Gobierno se está preparando para que los sindicatos y otras formaciones políticas pudieran incluso tomar la calle en este sentido.

Luego, ya directamente a la Vicepresidenta, me gustaría preguntarle por el caso del señor Garzón; no por la postura del Gobierno, que entiendo que es la de respeto, como dijo ayer el ministro Gallardón, sino por los ataques que está recibiendo la Justicia por parte de partidos políticos y de otros colectivos. El CGPJ ha tenido que elevar, incluso, una queja pública. A mí me gustaría saber qué opina el Gobierno de todo esto.

Sra. Báñez.- Uno de los principios de este Gobierno ha sido mantener permanentemente abierto el diálogo social. Para nosotros el diálogo social es fundamental en democracia y tiene, además, un importante valor económico. Lo hizo el presidente del Gobierno antes de ser, incluso, investido por las Cortes Generales: una vez se produjeron las elecciones, el presidente Rajoy llamó a los sindicatos y a los empresarios y les pidió que se pusieran de acuerdo en determinadas materias que eran troncales para la futura reforma laboral.

Ellos nos trasladaron, en el tiempo que el Presidente les dio, sus acuerdos y sus desacuerdos. La obligación del Gobierno, evidentemente, es gobernar y completar esas reformas y esas materias en las que no hubo acuerdo por parte de los agentes sociales. Pero les puedo decir que hemos seguido manteniendo contacto permanente con los distintos agentes sociales, con los sindicatos y con los empresarios, y, además, conocen, de conversaciones con el Ministerio, esta reforma laboral. De todas maneras, el lunes les voy a citar en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social para llevarles y presentarles en todo su detalle esta reforma laboral.

Para nosotros, para el Gobierno de España y para el presidente Rajoy, hicieron un esfuerzo de responsabilidad el día en el que consiguieron ese acuerdo de moderación salarial, que ha sido muy importante para nuestro país. Esos tres años de moderación salarial sitúan a nuestro país en la senda de la competitividad y, además, avanzaban en líneas muy importantes de flexibilidad y de negociación colectiva, que han sido las bases, la pista, en la que se ha planteado esta reforma laboral.

Nosotros, desde el Gobierno, seguimos apelando a esta responsabilidad de los agentes sociales. Estamos viviendo un momento de crisis económica importante y esta reforma laboral contribuirá, sin duda, a frenar la sangría de desempleo en el corto plazo pero, sobre todo, a que se cree empleo estable cuanto antes en este país.

Vicepresidenta.- En relación con su pregunta sobre los ataques al Tribunal Supremo, como bien me señalaba en su pregunta, este Gobierno respeta cualquier decisión judicial. La comparta o no la comparta, le guste o no le guste, le favorezca más o le favorezca menos, o no le favorezca de ninguna de las maneras, el Gobierno respeta todas las decisiones judiciales de todos los órganos judiciales y pedimos al conjunto de los responsables políticos que tengan ese mismo respeto. ¿Por qué? Porque España es un país democrático; porque hemos trabajado mucho para que lo sea y porque dentro de ese país democrático, de ese Estado democrático, España es un Estado de Derecho en el que hay una separación de poderes: Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial.

El Poder Judicial es la garantía de la igualdad de los derechos de todos los españoles y de la protección de sus derechos. Y nuestras instituciones democráticas, y los Tribunales son una de ellas, merecen el respeto de todos, porque respetar a los Tribunales de Justicia es respetar a la democracia que nos hemos dado entre todos, por lo que yo llamaría a la reflexión y a la responsabilidad, porque la fortaleza de nuestra democracia también depende de que todos sepan respetar a sus instituciones, y la Justicia es una de ellas. Es un poder independiente y deberían, especialmente quienes tienen responsabilidades políticas, salvaguardar esa independencia.

P.- Dos preguntas para la Ministra y una para la Vicepresidenta. En la oposición, cuando se hizo la otra reforma, ustedes insistieron muchísimo en que abaratar el despido no era la solución para crear empleo; se lo hemos escuchado a todos ustedes. En esta reforma hay un abaratamiento del despido en algunas cuestiones. ¿Qué les ha hecho cambiar de opinión? ¿Por qué creen ahora que eso sí puede servir para crear empleo?

Usted dice que este año no se va a crear empleo; lo dijo el presidente Rajoy el otro día. ¿Cuándo vamos a poder pensar en que se puede crear empleo y, por tanto, cuándo va a empezar a funcionar esta reforma? Si ustedes creen que esta reforma sirve para crear empleo, ¿cuándo podremos valorarlo?

Y a la Vicepresidenta. Como Vicepresidenta y responsable de la coordinación del Gobierno, ¿hasta qué punto le preocupa la cierta imagen de descoordinación del Gobierno, con voces discordantes, que se está dando en las últimas semanas?

Sra Báñez.- Empiezo por la última que me ha hecho. Esta reforma laboral pertenece a una agenda reformista que ha puesto en marcha el Gobierno para volver a la senda del crecimiento económico y, por tanto, a la creación de empleo. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Por tanto, tenemos que poner en marcha todo el paquete de reformas para que España recupere cuanto antes el crecimiento económico y, con él, el empleo.

Segundo, ésta es la reforma para el empleo estable, para la estabilidad en el empleo, y lo que hemos hecho es clarificar, respetando los derechos adquiridos de los trabajadores, lo que va a ser el empleo en el futuro. Por tanto, el contrato indefinido, a partir de la fecha de la entrada en vigor de la reforma, será a 33 días por año trabajado durante veinticuatro meses y se respetarán los derechos adquiridos con anterioridad por los trabajadores.

Vicepresidenta.- Me preguntaba sobre la coordinación del Gobierno. El Gobierno habla con sus decisiones y el Consejo de Ministros con los acuerdos que adopta.

Llevamos, como decía al inicio de mi intervención, cincuenta días de Gobierno y en cincuenta días este Gobierno ha aprobado importantes reformas en el ámbito, primero, de la austeridad: un Acuerdo de no disponibilidad de 8.900 millones para atajar el desfase presupuestario que se ha encontrado; en segundo lugar, ha llevado a Consejo de Estado el Anteproyecto de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en desarrollo de la reforma constitucional que llevamos a cabo el pasado mes de agosto, un elemento muy importante que nos coloca a la cabeza de la Unión Europea a la hora de abordar cuestiones tan importantes como el Pacto Fiscal y la necesaria responsabilidad de todos.

En el ámbito de la austeridad se han aprobado importantes reformas desde la estructuración del Consejo de Ministros mismo para lograr redimensionar el sector público estatal. Hoy incluimos una nueva de ellas, en relación a la situación de las empresas públicas y los sueldos e indemnizaciones que tendrían que pagarse al personal directivo contratado.

En segundo lugar, este Gobierno, en estas siete semanas de vida, ha aprobado una reforma de verdad del sistema financiero; una reforma que tiene por objetivo el saneamiento del sector y la necesidad de su reestructuración para lograr fortaleza y solvencia para las propias entidades y para el Estado en su conjunto.

Y se ha atajado, de una vez por todas, un asunto que preocupaba a la opinión pública y que era necesario solucionar, por cuanto las empresas con ayudas públicas tienen que tener la necesaria responsabilidad a la hora de fijación de sus sueldos y de sus salarios.

Hoy traemos, en esos cincuentas días, la tercera de las grandes reformas estructurales, que es una reforma laboral, como habrán visto, extensa, completa, profunda y destinada a crear empleo.

Esto es, desde un punto de vista absolutamente objetivo, el volumen de trabajo que ha desarrollado este Gobierno en estos cincuenta días y creo que lo que dice más o pone mejor en evidencia su labor.

P.- Vicepresidenta, tenía dos o tres preguntas; una sobre la reforma laboral. En primer lugar, quería plantearle si el Gobierno, aunque sea un Real Decreto Ley, como han decidido aprobar la reforma, se plantea aceptar en el Parlamento tramitarlo como Proyecto de Ley, en el caso de que así lo soliciten los Grupos Parlamentarios.

Quería también preguntarle sobre la reunión de la semana que viene entre el señor Rajoy y el señor Rubalcaba. Nos ha dicho un poco los temas que van a tratar, pero más en profundidad quería saber cuál es el objetivo real o, por lo menos, la intención con la que el Gobierno afronta esa primera reunión con el líder de la oposición, y si a eso van a seguir más reuniones con los líderes de otros partidos políticos.

En tercer lugar, si me permite, quería preguntarle por la polémica que se ha montado desde Francia con nuestros deportistas. Quería saber si usted, que dirige o está al frente de los servicios de la Abogacía General del Estado, se plantea poner los Servicios Jurídicos del Estado a disposición de nuestros deportistas para que emprendan algún tipo de demanda, como han dicho que están dispuestos a hacer, o si considera que se tienen que defender ellos solos a nivel judicial.

Vicepresidenta.- Sobre la primera de las preguntas, este Real Decreto Ley se tramitará como Proyecto de Ley, porque este Gobierno tiene intención de estudiar las aportaciones y las enmiendas que puedan presentar los distintos Grupos Parlamentarios, analizarlas muy bien y, desde luego, admitir aquellas que consideremos que pueden enriquecer el texto. Queremos que sea una reforma laboral que suscite el mayor consenso posible y que se nutra con las aportaciones de todos, porque, sin duda, serán garantías de que esta reforma laboral logre, con otras reformas estructurales, lo que todos buscamos, que es salir de la crisis y crear empleo.

Me preguntaba por la reunión de la semana que entra entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición. Es una reunión con una agenda importante y una agenda completa. En primer lugar, se analizarán el conjunto de las reformas estructurales que está presentando el Gobierno y hay una de ellas en que es importante esa reunión por cuanto está en marcha la aprobación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y nosotros entendemos que sería buena que esa reforma culminara el acuerdo que se llevó a cabo con el Partido Socialista, entonces partido del Gobierno, en la reforma constitucional del mes de agosto.

Éste será uno de los puntos más importantes que se abordará también en el conjunto de esa puesta en común de visiones respecto de la política europea que en estas semanas, además, está viviendo acontecimientos importantes, acontecimientos que pueden influir en el futuro de la Unión misma y de todos los Estados.

En segundo lugar, encima de la mesa está una agenda muy cargada de renovación de órganos constitucionales: el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y también el Consejo de Administración de Radiotelevisión Española. Nosotros queremos encontrar un acuerdo, un acuerdo ágil, con el principal partido de la oposición, sin perjuicio de hablar con otros Grupos Parlamentarios, para que puedan renovarse estos órganos, estas instituciones, a fin de que cuanto antes puedan recuperar la normalidad de su funcionamiento, con la integridad de sus miembros trabajando. Vamos a buscar un acuerdo para ello.

Buscamos el máximo entendimiento con el principal partido de la oposición para abordar estas reformas y para abordar algo que nos compete a todos, que es volver a prestigiar nuestras instituciones y acometer las renovaciones, pero también las reformas que sean necesarias para volver a ponerlas a punto.

Me preguntaba usted sobre el asunto o la polémica desde Francia. Yo quiero dejar algunas cosas bien sentadas. Primera, quiero decirle que de mí no dependen los servicios de la Abogacía General del Estado, que dependen del Ministerio de Justicia, aunque los integre por la base, pero la jerarquía no me corresponde. Formo parte de la base de la Abogacía General del Estado, pero no soy quien dirige los Servicios Jurídicos del Estado.

Ya en el fondo del asunto, que es serio y que es importante, yo, en primer lugar, quiero dejar claro que España es un país que cumple con la normativa antidopaje y que, además, si analizan ustedes la media de condenas por este tipo de conductas, estamos muy, muy, por debajo de esa media; que hay otros países que la superan con creces. Sin embargo, en España se cumple la Ley y en España, además, es intención del ministro de Educación, Cultura y Deporte, como lo ha puesto de manifiesto, reforzar esa Ley en la medida de lo posible.

En segundo lugar, desde el Gobierno, desde luego, vamos a defender la autenticidad de los logros de nuestros deportistas, porque es gente que se lo gana a pulso. Muchos de ellos son un ejemplo de superación y, además, de defensa de su país por donde van. Ayudan a hacer eso que se llama "marca España" y todos nos sentimos muy orgullosos de ello.

Desde luego, lo que no entendemos y lo que no compartimos es que determinados medios de comunicación del país vecino hayan hecho el ataque que han hecho. Nos hemos puesto en contacto con las autoridades francesas, que me consta que tampoco ven con buenos ojos que se produzcan este tipo de debates, porque a todos los países nos interesa un deporte fuerte, un deporte con valores fuertes, con valores serios, y un deporte auténtico, y ésa ha sido una puesta en común que hemos hecho con las autoridades francesas.

Por nuestra parte, ayudaremos a esos deportistas en la medida en que nos lo pidan y en que nuestras leyes nos lo permitan. Por poner un ejemplo, el presidente del Gobierno se reunirá esta misma semana con los ganadores de la Copa Davis. Es decir, el Gobierno apoyará y defenderá el deporte en su conjunto y la labor de esos deportistas que están haciendo país y que están, además, poniendo a España en los lugares donde queremos volver a estar en todos los ámbitos. Estamos en los del deporte y ahora se trata de trabajar, con reformas de éste y de otro tipo, para que en todos esos ámbitos estemos en los sitios donde nos colocan estos deportistas, auténticos, que tenemos en nuestro país.

P.- Vicepresidenta, le quería preguntar a usted, al margen del llamamiento al respeto a las decisiones judiciales, si le preocupan la deriva y el tono que han tomado esas declaraciones; si al Gobierno le parece que se ha subido un escalón y si, incluso, han instado a la Fiscalía a que mire algunas declaraciones, dado que algunos dirigentes políticos, por ejemplo Gaspar Llamazares, han indicado que ni acatan ni respetan un fallo, y que dice que los siete magistrados del Supremo defienden a los corruptos. Quiero preguntarle si puede especificar un poco cómo ve el Gobierno esta deriva ante un fallo judicial.

Vicepresidenta.- Comparto su preocupación y yo a lo que llamaría a esos líderes políticos, que, además, integran otro poder del Estado, que es el Poder Legislativo, a que tengan presente que todas las resoluciones judiciales merecen su respeto y su acatamiento si son parte. El señor por el que me pregunta no tiene porque acatar la sentencia porque no es parte de ella, salvo que se sienta parte; pero, desde luego, la tiene que respetar, como todos los españoles estamos llamados a respetar las resoluciones de los Tribunales, pero especialmente los poderes públicos, y, en ese caso, el Poder Legislativo.

Yo llamaría, de verdad, a la reflexión. Cuando se cuestionan las instituciones democráticas del Estado, se cuestiona la democracia misma y se la cuestiona dentro y fuera de nuestras fronteras. Yo hago un llamamiento muy serio a la responsabilidad. España es un país democrático y que merece ser considerado como una democracia, porque lo es entre todos los Estados de la Unión Europea y en todo el ámbito internacional. Y me preocupa, y mucho, esa imagen que está tratando de trasladar de España que no es España.

En España tenemos unas instituciones democráticas que nos las hemos dado entre todos, que están en nuestra Constitución, que protegen los derechos de los españoles y que garantizan la igualdad ante la Ley. Unas sentencias pueden gustar más o pueden gustar menos, pero todas deben ser respetadas por todos y acatadas por las partes, por lo que yo, desde luego, creo que la primera responsabilidad es una responsabilidad política, porque la misma Constitución que permite a esos responsables políticos ejercer sus tareas políticas es la que atribuye al Tribunal Supremo, en su artículo 123, el Poder Judicial en su supremo vértice.

Entonces, si la democracia la entendemos para ejercer nuestras responsabilidades políticas, también la tenemos que entender para defender al resto de las instituciones del Estado. Y, desde luego, a la Fiscalía le corresponde, y no recibe instrucciones de este Gobierno, analizar, en este o en otros casos, las conductas de todos; pero, desde luego, el Gobierno --y eso se ha acabado-- no da instrucciones a la Fiscalía sobre cómo proceder.

P.- En primer lugar, señora Báñez, me gustaría saber, concretamente, qué motivos cree que tiene hoy un empresario para hacer más contratos indefinidos que ayer, al margen del contrato indefinido para jóvenes que ha descrito.

Para la Vicepresidenta. ¿Cree que esta reforma va a ser bien acogida en el seno de la Unión Europea, en las instituciones, ya que hemos visto a algún ministro dando cuenta a algún líder europeo previamente de esta reforma?

Sra. Báñez.- Hoy, un empresario que contrata a un trabajador tiene, primero, más seguridad jurídica y, segundo, tiene mecanismos, como este nuevo contrato, si es un empresario de menos de cincuenta trabajadores, bastante más potente, porque es un contrato suficientemente incentivado, para que, en medio de esta crisis, se puedan atrever a contratar los empresarios.

Vicepresidenta.- En el ámbito de la Unión Europea, lo que está trasladando el Gobierno es el conjunto de las reformas estructurales que estamos poniendo en marcha para cumplir los distintos objetivos que tiene en la mano. Nosotros somos un país que merece confianza y este Gobierno, desde luego, en lo que va a trabajar es para que el resto del mundo vuelva a tener confianza en un país que lo merece, porque los españoles lo merecen.

La principal preocupación que tienen muchos Estados de la Unión Europea es el elevado índice de desempleo que existe en nuestro país y, de hecho, en el último Consejo Europeo, como bien conoce, se establecieron y se señalaron medidas necesarias para atajar esta situación de desempleo.

Nosotros, desde luego, trasladaremos en ese ámbito las principales novedades de esta reforma que, como digo, es completa; es una reforma equilibrada y es una reforma que va a suponer, como ya hemos dicho tanto la Ministra como yo, un antes y un después en la legislación laboral, en un objetivo, que es un objetivo conjunto también de la Unión Europea, pero que a nosotros nos compete más, porque tenemos un problema mayor, que es la creación de empleo y es la creación de puestos de trabajo.

Vista la legislación laboral en el ámbito de la Unión Europea, que es muy diferente y muy dispersa, en esta reforma se sigue la línea de algunas legislaciones laborales en distintos ámbitos, que viene --ha señalado algún ejemplo la Ministra-- a situarnos en el marco de cómo se está funcionando en el ámbito de la Unión Europea; pero, sobre todo, lo que la Unión Europea está valorando es que aquí hay un Gobierno con capacidad para hacer reformas, al que los ciudadanos le han dado su confianza para hacerlas, que las está llevando a cabo y que las estamos llevando a cabo con rigor y con seriedad, en un tiempo, además, que pone de manifiesto la agilidad a la hora de tomar medidas ante una situación tan grave como la que vivimos en nuestro país, donde hay 5.200.000 parados, y eso preocupa, y mucho, a los Estados de nuestro entorno.

P.- Yo tenía una pequeña duda, que no he entendido bien. Las veinticuatro mensualidades como límite máximo de indemnización, ¿se van a aplicar ya para todos los contratos, incluso los de 45 días previos a la reforma? Es decir, ¿el límite máximo va a ser de veinticuatro mensualidades?

Sra. Báñez.- No. La persona que tenga su derecho reconocido y sus derechos consolidados tendrán 45 días a 42 mensualidades. Es de ahora en adelante.

P.- Vicepresidenta, yo quería volver a la reunión del miércoles entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición. Me gustaría saber si nos podría concretar si hay algún margen para la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, ya que, como el Presidente dijo el miércoles, dialogarían por si hay algún punto de fricción que se pudiera cambiar. ¿Ese tema va a estar sobre la mesa y tienen ustedes algún margen para cambiarlo para obtener el apoyo del Partido Socialista?

Vicepresidenta.- Me preguntaba usted si tenemos algún margen. Nos movemos en el ámbito de las decisiones y los acuerdos de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque, en el ámbito de la reforma constitucional que pactamos en el mes de agosto, se estableció en la Constitución misma que los límites de déficit serían los que marcara una ley orgánica de acuerdo con la normativa comunitaria.

El terreno en el que se está trabajando en el ámbito del Pacto Fiscal establece que esa limitación de déficit será, en el medio plazo, en el 0 por 100. Es decir, nosotros estamos constreñidos por propio imperativo constitucional a respetar esos límites de déficit y de endeudamiento que vienen marcados por la normativa comunitaria, y en ese marco es donde nos movemos y nos tenemos que mover en la negociación y en la aprobación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria.

Es más, cuando se discutió en su día, y estuvimos de acuerdo en que no se incluyeran porcentajes en la Constitución misma, se hizo por un criterio de flexibilidad, que defendió incluso el líder de la oposición, entendiéndose que, como la Unión Europea era quien nos podía en cada ámbito, de acuerdo con nuestros compromisos, fijar unos niveles de déficit y unos niveles de endeudamiento, habría que estarse, en todo caso, a los acuerdos y a las obligaciones que se marquen en el seno de la Unión Europea. Ése es nuestro marco de entendimiento: lo que marca la Unión Europea como límites para el déficit que tienen que respetarse, en todo caso, por la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria.

Como digo, precisamente no se incluyeron en la Constitución porcentajes para poder aplicar inmediatamente y trasponer a nuestra legislación los que fijara la Unión Europea. Entendemos que el desarrollo legislativo y los acuerdos posteriores tienen, en todo caso, que respetar ese ámbito, como no puede ser de otra manera.

P.- La pregunta es para la ministra de Trabajo. Sobre las causas de despido objetivo por motivo de la crisis, ha hablado usted de pérdidas, caídas de ventas o previsión de caída de ingresos. Quisiera saber si ahí estarán tasados con un porcentaje estos motivos y, además, si va a haber algún tipo de control judicial para controlar este tipo de despidos.

Sra. Báñez.- Lo que dice exactamente el texto es: "se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas --este texto estaba ya en la Ley-- o la disminución persistente de su nivel de ingresos o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución persistente es cuando se produce durante tres trimestres consecutivos".

Y, por supuesto, tiene control judicial, sin duda.

P.- Me gustaría preguntarle a la ministra de Trabajo si no cree que con este abaratamiento real, directo o indirecto, del despido y en plena recesión no vamos a favorecer la destrucción de empleo, sobre todo durante este año 2012, en el que está prevista caída de la actividad económica.

Sobre las medidas de flexibilidad interna, los agentes sociales llegaron a un pacto en el que, al final, se determinaba que tendrían que tomarse siempre con acuerdo entre ellos. Me gustaría saber si, cuando usted dice "ir más allá", ¿qué supone cuándo no haya acuerdo entre ellos?

Por último, me gustaría preguntarle cómo y cuándo ha informado a los agentes sociales. Si les ha convocado para el lunes, ¿ya va a estar publicado el Real Decreto Ley el lunes?

Sra. Báñez.- Empiezo por el final. He hablado con ellos durante toda esta semana, hemos quedado ya en vernos el lunes y estará publicado el Real Decreto Ley antes del lunes; pero tenemos toda la tramitación parlamentaria para si se puede mejorar el texto que hoy presenta el Gobierno.

En segundo lugar, en cuanto a la flexibilidad de la que usted me habla, los agentes sociales llegaron a un acuerdo de flexibilidad en ese acuerdo de moderación salarial para casos en que hubiese acuerdo para la flexibilidad y para el descuelgue. Lo que hemos hecho nosotros es también recoger el otro acuerdo al que ellos llegaron con una semana de anticipación, que es la solución extrajudicial de conflictos.

Es decir, en el caso en que no haya acuerdo entre los agentes sociales, entre los empresarios y los trabajadores, la empresa iría a una solución extrajudicial de conflictos, que, además, en el caso de que se sometan voluntariamente a un arbitraje obligatorio, irán al arbitraje. En el caso de que todo ese itinerario resulte sin final, porque no se han sometido al arbitraje obligatorio las partes en el convenio colectivo, lo que el Gobierno plantea en esta reforma es que el empresario acuda a la Comisión Nacional de Convenios Colectivos de carácter nacional, o bien al órgano similar tripartito autonómico, para los convenios de carácter autonómico. Ese órgano está formado por las tres partes otra vez: empresarios, trabajadores y la Administración. Entre los tres nombrarán a un árbitro y ese árbitro finalmente decidirá, con lo cual tenemos un final al descuelgue en el caso de que no haya acuerdo entre las partes; pero es un final negociado y con todo el procedimiento que ellos previamente han acordado en los acuerdos interconfederales.

Sobre la otra pregunta que me hacía, desde el Gobierno pensamos que lo que de verdad va a ayudar a que no se despida en este país es la flexibilidad interna en la empresa. Los mecanismos de rigidez que hoy tiene nuestro mercado de trabajo hacen que todo el ajuste se haga vía despidos. Sin embargo, la apuesta por la flexibilidad y la modernización de la negociación colectiva va a hacer que se frene la sangría de desempleo que hoy hay en este país, de destrucción de empleo, y, probablemente, ganemos en eso que haya menos paro en nuestro país en el corto plazo y se sienten las bases de un empleo más estable en cuanto se recupere la economía.

P.- Vicepresidenta, dos preguntas. Con el señor Garzón la Fiscalía estuvo respaldando en todo este proceso al señor Garzón cuando ordenó la grabación de las conversaciones entre los presos y sus letrados. El Tribunal Supremo ha definido estas prácticas como totalitarias y me gustaría saber en qué lugar queda la Fiscalía en este caso.

Por otro lado, le quería preguntar por el ministro de Defensa, el señor Morenés, que ha reconocido que ha facilitado datos erróneos sobre sus relaciones con empresas armamentísticas. Ustedes se definen como el Gobierno de la verdad y me gustaría saber cómo se compagina esto y si cree que es causa de dimisión.

Vicepresidenta.- El ministro de Defensa ha sido él mismo el que ha trasladado su situación y ha sido el propio titular del Departamento el que lo ha puesto en evidencia.

Sobre el primero de los asuntos, como ya he señalado, el Gobierno respeta escrupulosamente las decisiones judiciales; las respeta, no las comenta, porque no es su tarea comentar las resoluciones judiciales. Su tarea es respetarlas y, cuando es parte, acatarlas. Y yo, desde luego, no voy a comentar una resolución judicial.

Muchísimas gracias.