Intervención de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría

Vicepresidenta.- Muy buenos días. Vamos a informarles de los principales acuerdos aprobados hoy en el Consejo de Ministros.

Me acompaña la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, porque hemos aprobado, para su remisión a las Cortes Generales, el Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Montes. El objetivo de esta modificación es la mejora de la gestión de los montes para la conservación de la biodiversidad, la prevención de los incendios forestales, la lucha contra el cambio climático y el aprovechamiento económico de los recursos forestales, que, sin duda, además, son una contribución esencial para el desarrollo del medio rural.

Por otro lado, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y yo misma comparecemos para informarles del impulso importante que hemos dado hoy a la reforma de las Administraciones Públicas en determinados aspectos que brevemente expondré y que explicará con más detalles el ministro Cristóbal Montoro.

En primer lugar, hemos aprovechado este Consejo de Ministros para presentar un Informe de progreso del cumplimiento del informe de la reforma de las Administraciones Públicas. La Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración ha elevado este Informe anual de Progreso, que corresponde al año 2014. Quiero decirles que el Informe estará disponible on-line para consulta de todos los interesados y detalla los avances realizados a lo largo del año pasado.

Sí quiero destacar, en resumen de este Informe de Progreso, tres aspectos fundamentales: los ahorros acumulados hasta la fecha con la reforma de las Administraciones Públicas son de dieciocho mil millones de euros; en segundo lugar, el número de entidades, entre organismos y empresas públicas, suprimidos en este proceso ha sido de más de dos mil, 2029 organismos y empresas públicas; y el grado de ejecución del Informe es, en grandes líneas: un 85 por 100 de sus medidas están, o totalmente implantadas, o en fase final de implantación: más de un 58 por 100, totalmente implantadas, y un 27 por 100, en fase final o muy avanzada de ejecución.

Quiero añadir, además, que no solo se han producido ahorros para la Administración, sino que, como consecuencia de la eliminación de trabas para los ciudadanos, se ha generado un ahorro para empresas y particulares de 1.700 millones de euros.

Por tanto, dieciocho mil millones de ahorro acumulado por la reforma de las Administraciones; en segundo lugar, más de dos mil entidades, entre organismos y empresas públicas, suprimidos, y un grado de ejecución muy avanzado, en el entorno del 85 por 100, de medidas totalmente implantadas o en fase muy avanzada de implantación.

También hoy hemos aprobado --aparte de las dos Leyes que les diré muy brevemente-- un Acuerdo… Ya saben que periódicamente hacemos revisión de todos los procedimientos y vemos qué trámites nos podemos cargar, por decirlo de alguna manera; qué trámites podemos suprimir, que trabas le quitamos al ciudadano. Diecinueve nuevas medidas: permitir el cambio de domicilio a través de la plataforma de intermediación de datos; habilitar centros de reconocimiento de conductores para la gestión de la renovación del permiso de conducir a las personas con discapacidad, cuando se mantengan las condiciones por las que fue concedido; o, por ejemplo, la solicitud telemática de certificación del informe de gastos en I+D+i ante el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial; o, por ejemplo también, utilizar el punto único de la Administración General del Estado para la remisión de facturas electrónicas de proveedores, también de otros organismos públicos del Estado.

Pero, como decía, hoy damos un avance muy importante al Informe de la Comisión de la Reforma de las Administraciones Públicas. ¿En qué sentido? Voy a poner un ejemplo. Saben que una de las medidas del informe era reducir la tasa de morosidad de las Administraciones Públicas pagando a sus proveedores. Primero, ¿qué hicimos? Aplicar los Planes de Pagos a Proveedores, que supusieron una importante inyección de liquidez a nuestra economía, y además salvaron a muchas empresas de la quiebra; y, después, una vez que limpiamos esas deudas pendientes, aprobar una Ley de Deuda Comercial y una Ley de Factura Electrónica.

Ahora hacemos lo mismo. Hoy se presentan para una primera fase, Anteproyecto de Ley, una nueva Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y una nueva Ley de Procedimiento Administrativo. Como decía, proceso de reestructuración de todo el sector público: se suprimen más de dos mil entidades. Ahora lo que tenemos que conseguir es que no volvamos otra vez al punto de partida; una nueva Ley de Régimen Jurídico que analiza cómo se deben crear entes públicos, cómo deben funcionar las Administraciones, qué planes y qué objetivos tienen que cumplir, cómo tiene que ser su contabilidad, sus controles, etc., etc., hasta un proceso nuevo, más fácil, de disolución en caso de que no sean necesarias o en caso de que sean superficiales.

Del mismo modo, en el ámbito del procedimiento administrativo. Les he explicado ahora mismo un Acuerdo de reducción de cargas, de eliminación de trámites. A lo largo de estos meses lo que hemos hecho es convertir en telemáticos muchos procedimientos: citas previas, la posibilidad de a través de Internet obtener mucha información o relacionarse directamente por Internet... Por ejemplo, esta semana se abrió el plazo para la presentación de solicitudes de las deducciones de apoyo a la familia, de lo que llama el Ministro "impuestos negativos", en esa terminología curiosa, a las familias numerosas o a las familias que tienen algún dependiente a su cargo. Se podía hacer telemáticamente o por teléfono, antes que presencial.

Lo que hacemos es el procedimiento telemático. La relación a través de Internet con la Administración se convierte en la tónica general. Por supuesto, los ciudadanos que no tengan Internet o no quieran acceder a través de Internet podrán hacerlo por la vía tradicional; pero el procedimiento electrónico se convierte en la vía ordinaria de trabajo y de relación de la Administración con el resto de las Administraciones Públicas.

Ésa es, digamos, la filosofía. Ahora explicará el Ministro el contenido de las dos leyes que hoy presentamos y, como digo, son la consolidación, la cristalización, en dos leyes de los principios que han inspirado la profunda reforma administrativa que hemos hecho y que se traduce en esos, entre otros, datos que les acabo de presentar.

Finalmente, les informo de otras dos cuestiones. Hoy se aprueba un Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Como saben, España forma parte del Consejo de Seguridad de la ONU durante estos dos años, 2015-2016, y ello conlleva un incremento de trabajo; pero también una mayor capacidad para incidir en la toma de decisiones y para, además, representar, a través de esta silla, determinadas opciones que consideramos adecuadas a nivel internacional. Para ello lo que se hace es crear la Dirección General de Naciones Unidas y de Derechos Humanos. Se suprime la Dirección General de Política Exterior y Asuntos Multilaterales, Globales y de Seguridad, y se divide en dos: una que será de Política Exterior y de Seguridad, que se encargará de esa Dirección Política del Ministerio, y la otra, la Dirección General de Naciones Unidas y Derechos Humanos, para potenciar la acción de España en ese foro internacional para estos dos años.

Por último, les informo que ya se ha aprobado definitivamente el Real Decreto por el que se nombra fiscal general del Estado a doña Consuelo Madrigal Martínez-Pereda. Tal y como marcan la Constitución y la ley por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, oído el Consejo General del Poder Judicial y previa comparecencia de la candidata ante el Congreso de los Diputados, que se produjo ayer, hoy se aprueba su nombramiento mediante ese Real Decreto.