Intervención del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro

Detrás de ello hay mucho más que presupuesto, en el sentido estricto del término; hay una reforma por la que lo que estamos haciendo en el último tramo de legislatura es abordar aquellos procedimientos internos de la Administración y procedimientos de relación de la Administración con el administrado, que podemos completar a partir de la experiencia que hemos recorrido. Esa experiencia, que es positiva porque esa reforma de la Administración está facilitando la salida de la crisis económica… Esa reforma, decía, es la que nos tiene que conducir a que a final de Legislatura tengamos una Administración moderna, ágil, eficiente y transparente.

Éstos serían los grandes conceptos que han guiado esa reforma y que todavía, en el último tramo de Legislatura, con el desarrollo de estos Proyectos de Ley, pretendemos completar: moderna, ágil, eficiente y transparente. Es lo que necesita un país como es España, un país plenamente europeo, y una economía competitiva que dé respuesta a la necesidad de crear empleo.

Al mismo tiempo, decía que estamos identificando también la conveniencia de que la Administración debe regular mejor su actividad interna, desde esos mismos principios, tanto en el funcionamiento de la Administración General del Estado, como en las relaciones entre las distintas Administraciones, que también, en lo que llevamos recorrido de Legislatura, ha sido también exponente de que el Gobierno de España, además de ejercer su responsabilidad constitucional de coordinar las políticas económicas del conjunto de las Administraciones públicas de España, puede también hacer, a través del desarrollo de la regulación básica, esa transformación que debe impulsar la reforma de la Administración en sus diferentes estamentos, en concreto, en la relación con las Administraciones territoriales.

Esos datos que presentaba la vicepresidenta, que son datos realmente impresionantes de ahorro, en buena parte descansan en la tarea que han hecho las Administraciones territoriales: Comunidades Autónomas y Administraciones Locales. Cuando ella ha leído ese resumen de cifras, detrás de ello está el comportamiento de Ayuntamientos, de Diputaciones y de Comunidades Autónomas. No es ni mucho menos, y nadie debe entenderlo, como una tarea o un esfuerzo únicamente de la Administración General del Estado.

Es CORA, como ella ya ha relatado, y hoy el Consejo de Ministros, en términos de completar ese proceso de CORA, pretende dar un impulso legislativo a la manera de integrar la organización y el funcionamiento de nuestras Administraciones Públicas impulsando dos Anteproyectos de Ley: el Anteproyecto de Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regulará las relaciones externas entre las Administraciones y los administrados; por otro lado, el Anteproyecto de Ley de Régimen Jurídico del sector público, que se centra en la regulación sistemática de las relaciones internas de las Administraciones.

Para facilitarles también a los medios de comunicación el contenido más concreto, además que ya saben que no es tan propio de esta mesa, como hacemos, casi tradicionalmente, esta tarde convocaremos un briefing que estará protagonizado por quienes son los autores, digamos, materiales, que son nuestros equipos, el subsecretario de Presidencia y la subsecretaria del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que también con sus equipos tendrán oportunidad de desarrollarles el contenido de ambos Anteproyectos de Ley.

Insistiéndoles en los grandes planteamientos, como decía, es lógico que tratemos de dotar a esas relaciones entre Administración y administrado de la mayor agilidad, simplicidad y transparencia posible, para lo que contamos hoy con la oportunidad que significa el uso extensivo de las tecnologías de la información.

El objetivo es llegar completamente a la Administración electrónica, es decir, hacerlo desde un planteamiento integral: que la Administración sea íntegramente electrónica, en la que desaparecerá el papel y que estará totalmente interconectada. ¿Qué ventajas tiene eso para el ciudadano? Son grandes, porque ya las estamos comprobando. En la parte de la Administración que está más avanzada, los ciudadanos podrán realizar sus gestiones administrativas en cualquier momento, a lo largo del día, las veinticuatro horas del día, y con independencia de cuál sea el organismo al que se dirijan. Además, ningún ciudadano se encontrará con que no puede realizar un trámite porque le falte algún documento, sino que será la propia Administración la que obtendrá las copias que necesite de cualquier documento que esté registrado electrónicamente.

Éste es otro de los avances que ya estamos consiguiendo: se acaba el famoso papeleo de "tráigame usted, ciudadano, administrado, lo que la Administración ya conoce". Entonces, lo hacemos al contrario: responsabilizamos a la Administración del documento que ya tiene en su poder.

Para poder extender la Administración electrónica también se van a simplificar los medios que permiten la identificación de los ciudadanos y la firma electrónica. Para ello, se facilitarán claves electrónicas concertadas en el momento, para realizar el trámite, y aquellos ciudadanos que necesiten ayuda para poder relacionarse con la Administración electrónicamente, como decía la vicepresidenta en la presentación, recibirán la asistencia del funcionario, del personal, obviamente. Hay una parte de la población que no lo podrá hacer por sí misma y, entonces, será asistida por los funcionarios.

Además, los ciudadanos podrán conocer a través de Internet también las principales reformas que se tienen previstas abordar cada año.

Ventajas para las empresas. Cuando esta reforma esté totalmente en vigor, las empresas tendrán que relacionarse obligatoriamente de forma electrónica con la Administración, de la manera que ya lo están haciendo obligatoriamente con la Administración Tributaria, con la Agencia Tributaria, o con la Seguridad Social, cuyo modelo de gestión pretendemos extender al conjunto de la Administración, una vez que hemos comprobado su eficacia.

Las empresas tampoco podrán aportar documentos que ya hayan sido registrados con anterioridad o elaborados por la propia Administración, lo que, sin duda, también va a agilizar mucho los procedimientos administrativos. Además, podrán otorgar poderes electrónicamente para que sus representantes realicen trámites administrativos. Finalmente, se fija con carácter general que las normas entrarán en vigor en enero o junio, de manera que las empresas puedan planificar su actividad con mayor certidumbre.

En lo que se refiere al funcionamiento interno de la Administración, las comunicaciones entre las Administraciones serán íntegramente electrónicas. No existirá otra forma de relación entre Administraciones, con lo que se reduce, por razones obvias, el tiempo de conocimiento de información entre Administraciones y el tiempo de tramitación, lo que, sobre todo, acabará repercutiendo al administrado.

Además, se creará un inventario único y público de todos los organismos y entidades para que puedan ser conocidos por los ciudadanos y empresas. Con la misma filosofía se creará un registro estatal en el que se incluirán todos los órganos de cooperación en los que participa la Administración General del Estado y todos los convenios que ésta tiene suscritos con el resto de las Administraciones; también en los Convenios todo ese conocimiento y esa difusión son absolutamente fundamentales. La Administración ganará en transparencia en el proceso de elaboración de normas, al prever una realización de una consulta pública previa y al establecer una evaluación de las iniciativas normativas aprobadas en el año anterior, para analizar sus efectos y el grado de cumplimiento de sus objetivos.

Por otro lado, también llevamos a cabo una norma reguladora de las Conferencias Sectoriales. Serán informadas de los cambios normativos previstos, cuando puedan afectar a las competencias de otras Administraciones, con el fin de evitar duplicidades.

El Anteproyecto de Ley de Régimen Jurídico de Sector Público incide, como decía desde el comienzo de la explicación, en la consolidación fiscal puesta en marcha a lo largo de esta Legislatura, estableciendo nuevas causas de disolución de entidades públicas. Por ejemplo, cuando estén en desequilibrio económico durante más de dos ejercicios, eso será causa de disolución de esas entidades pública o cuando se constate que ya no cumplen el fin para el que fueron creadas. Para mejorar el control sobre los organismos estatales se evaluará periódicamente el cumplimiento de sus objetivos. Además, se impondrá condiciones exigentes para que la creación de cualquier organismo estatal esté plenamente justificada y sea económicamente sostenible.

Finalmente, quería destacarles que por primera vez se regula por ley el funcionamiento de la Conferencia de Presidentes y entramos también a regular más precisamente el contenido de las Conferencias Sectoriales, así como también los requisitos de idoneidad que deben cumplir los miembros del Gobierno, secretarios de Estado, subsecretarios, secretarios generales, delegados del Gobierno y directores generales, acomodándolo a lo que está siendo la tramitación de la Ley que regula la ocupación de los altos cargos, que está en tramitación parlamentaria; por tanto, adecuándolo a ello.