Intervención de Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Función Pública

La Moncloa, Madrid

Sr. Montoro.- En primer lugar, el Gobierno ha aprobado la remisión a las Cortes de los objetivos de estabilidad 2017-19, y en realidad actualizando 2016 en la nueva senda de reducción del déficit público, y el límite de gasto no financiero del Estado para el año 2017.

Quiero advertir, aunque afortunadamente ya lo hemos explicado y cada vez queda a todos más claro, que esa remisión a las Cortes no lleva implícito que las Cortes, Congreso y Senado, voten los dos elementos que ha aprobado el Gobierno. El límite de gasto no financiero del Estado no lo votan, lo que votan las Cortes son los objetivos de estabilidad; es decir, la senda de reducción del déficit público y los límites de deuda. Por tanto, eso es lo que prevé nuestra Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y hoy en día, habidas las circunstancias políticas, tenemos que resaltarlo. Lo digo porque siempre se ha entendido que se votaba todo y nunca se ha votado todo.

El límite de gasto del Estado es, efectivamente, la primera secuencia del ciclo presupuestario, como lo son también los objetivos de déficit; pero, a efectos de lo que serán las posiciones políticas en el Congreso y en el Senado, conviene dejar bien claro, por tanto, qué es lo que se vota y, por tanto, lo remitiremos, digamos, especialmente claro, si se quiere. Es un documento único, pero diferenciado; no con un solo título, como hasta ahora se ha venido haciendo.

La senda de objetivos de estabilidad comienza, como decía, con la actualización de 2016. Después de celebrar la Comisión Nacional de Administración Local el pasado miércoles y ayer el Consejo de Política Fiscal y Financiera, la senda de 2016 llevaría a que cerraríamos este ejercicio en el conocido también y difundido -4,6 por 100 de déficit público. Se desglosaría de la siguiente manera: para la Administración Central tendríamos que tener un -2,2 por 100; Comunidades Autónomas, -0,7 por 100; Corporaciones Locales, 0,0 por 100; y Seguridad Social, -1,7 por 100. Eso es lo que conformaría ese 4,6 por 100.

Lo que ayer hicimos también en el Consejo de Política Fiscal y Financiera fue programar que el paso que daban las Comunidades Autónomas del 0,3 al 0,7 por 100 para este ejercicio 2016, el presente ejercicio, para el año próximo se tradujera en que desde el -0,1 por 100 inicialmente programado pasaran al -0,6 por 100; las Corporaciones Locales seguirían en el cero; la Administración Central tendría que reducir su déficit hasta el -1,1 por 100 --por tanto, estaría ahí el gran esfuerzo de reducción-- y la Seguridad Social reduciría su déficit desde el -1,7 al -1,4 por 100, para que todo ello diera lugar al 3,1 por 100 de déficit total de las Administraciones Públicas españolas. Desde el 4,6 por 100 reducirlo al 3,1 por 100 es, sin duda alguna, un gran esfuerzo que se cuantifica en el orden de dieciséis mil millones de euros, un punto y medio de Producto Interior Bruto.

Quiere decir, por tanto, que estamos ante un año 2017 muy exigente; no es para el Gobierno, es para el conjunto de los Gobiernos que componen las Administraciones Públicas españolas. Por tanto, éste es el trabajo que hemos hecho en los diferentes órganos de coordinación con los Gobiernos de las Administraciones y que hoy completa el Consejo de Ministros.

De ahí se completarían los años 2018 y 2019, de manera que ya en el año 2019 el total de Administraciones Públicas tendría un déficit de tan sólo -1,3 por 100, pasando por un 2018 donde España bajaría del 3 por 100 hasta el 2,2 por 100. Esa, como conocen, es la senda programada, pero también eso es un paso cualitativo de enorme importancia, porque España saldría del procedimiento de déficit excesivo, de corrección de déficit excesivo.

Por tanto, de esa forma podemos decir que, aunque sea una meta, si quieren, volante, ¿no? --no llegamos a la meta hasta que equilibremos todos los Presupuesto--; pero es una meta volante de especial significado, porque dejaríamos atrás toda esa etapa de déficit que tanta mancha, tanta falta de credibilidad, nos otorga y, por tanto, tanta dificultad tiene su corrección.

Ahora esto lo tenemos que hacer en un año, 2017, que es un esfuerzo más para llegar a esa meta parcial, pero desde el crecimiento económico. El escenario económico que acaba de explicar el ministro de Economía, sin duda alguna, facilita mucho las cosas, aunque nos obliga a tomar decisiones, como ahora les voy a describir a continuación.

Para acabar, también es importante decirles que el techo de deuda pública, de acuerdo con las previsiones del Gobierno, este año, 2016, lo cerraríamos en el 99,4 por 100; el año que viene, en un 99 por 100, y a partir de 2018 ya se producirían descensos significativos de nuestra deuda pública, consecuencia de las correcciones de déficit y de los escenarios de crecimiento económico. De manera que la deuda pública, en el año 2018, bajaría hasta el 97,7 por 100 y en 2019, hasta el 95,4 por 100, alejándonos ya de esa referencia del 100 por 100. Como saben ustedes, nunca hay que redondearla y acercarse a niveles de éstos y por eso decía: nos vamos de ahí y cuanto antes, mejor.

Las tasas de referencia sirven para la regla de gasto, que también es muy importante, aunque saben que el compromiso del Gobierno es ir revisando esa regla de gasto, junto a Corporaciones Locales y Comunidades Autónomas, a medida que lo hagan las instancias europeas. La regla de gasto también es la que establece y se deriva de la estimación que hace el Ministerio de Economía sobre el potencial de crecimiento de la economía española. Por tanto, el límite de gasto, de crecimiento en este caso, de los gastos para el año 2017 sería el 2,1 por 100; para el año 2018, 2,3 por 100 y para 2019, 2,5 por 100. Esa regla está siendo enormemente eficaz en nuestro país, precisamente para poder reducir el déficit público en un país, como el nuestro, de miles de Administraciones Públicas.

En cuanto a la propuesta que hace el Gobierno para elaborar su Presupuesto, el Presupuesto General de Estado, en lo que se refiere al límite de gasto no financiero del Estado, estableceríamos, proponemos, un límite de gasto no financiero de 118.337 millones de euros, que es exactamente la misma cuantía en que estimamos que vamos a liquidar el Presupuesto del Estado para el año 2016. Por tanto, no prevemos bajar más, porque ya hemos conseguido ahorrar en el Presupuesto 2016 sin reducir los gastos sociales, como dijimos cuando empezamos ese ahorro. Sin reducir ningún programa de gasto social ya vamos a ahorrar, en relación con el Presupuesto inicial, cinco mil millones de euros. Por tanto, tenemos ahí, a partir de ello, la proyección de 2017 que es exactamente esa cifra.

Ocurre que parte de ese ahorro del año 2016, en concreto el ahorro de intereses --ya he explicado que ese ahorro no es el Acuerdo de no disponibilidad de dos mil millones de euros--, el adelanto en el cierre del Presupuesto y el ahorro de intereses, que para el año 2016 ascendería a dos mil millones… En concreto, este ahorro de intereses no va a ser fácil para nada que se reproduzca para el año 2017 y, por tanto, tenemos que suplirlo con nuevos ingresos que completen también lo que sería la evolución de recaudación que se deriva de ese crecimiento económico que ha explicado el Ministro.

Por tanto, necesitamos más recursos tributarios que corresponden a las medidas que acaba de aprobar el Gobierno, que son medidas de carácter tributario, cuyo impacto estructural estimamos en 7.500 millones de euros, que son los que necesitamos para cumplir el ajuste estructural. Recuerdan que en el plan presupuestario enviado a Bruselas a mitad de octubre llegábamos sin cambios de política. Es decir, por el ajuste cíclico llegábamos a ese 3,6 por 100 y nos faltaban 5.500 millones, más lo que nos faltan de la previsión de que no vamos a poder ahorrar tanto, y eso nos lleva a que pretendamos la consecución de esos ingresos tributarios nuevos del orden de 7.500 millones de euros.

Eso lo alcanzamos con las siguientes medidas y se lo presento como grupos de medidas: en primer lugar, las medidas sobre el Impuesto sobre Sociedades y los impuestos especiales. Aquí estimamos un impacto estructural de 4.650 millones de euros, de los cuales 4.300 millones corresponden al Impuesto sobre Sociedades, de manera que el resto, otros 350 millones, serían de las otras figuras tributarias.

De manera que lo que estamos es tomando decisión, y se incorpora en forma de Real Decreto Ley, en materia del Impuesto sobre Sociedades que garantice también que el cierre del año 2016 y su proyección en el sistema de pago fraccionado en el año 2017 lleve a un aumento de recaudación del Impuesto sobre Sociedades de ese orden de 4.500 millones de euros. De esa manera, el grueso está en el Impuesto sobre Sociedades.

Después estarían las medidas, y ya me he referido a ellas, en términos también de impuestos especiales, que son de ese orden de magnitud de en total esos 350 millones de euros.

También tendríamos otro tipo de fuente de ingresos que vendrían de medidas relativas --como ahora explicaré, ya cambiando el orden-- en cuanto al rigor, la seriedad, en la aplicación de los tributos. Esto no modifica los tributos; es en cuanto al control tributario y, finalmente, en lo que se refiere a la lucha contra el fraude tributario.

En lo que se refiere a la mejora de la aplicación, lo que estamos desarrollando ya en este Consejo de Ministros se refiere también a lo que es la información en relación con el pago de IVA, que se hará electrónicamente por parte de sesenta mil contribuyentes cuando el sistema esté complemente normalizado, en la segunda mitad del año. Estamos hablando de sesenta mil contribuyentes que prácticamente son el 80 por 100 de la facturación del IVA. Se trata de un sistema de liquidación del IVA online y, por tanto, de autoliquidación por parte de la Agencia Tributaria, que también va a ser muy beneficioso, sin duda alguna, para evitar retrasos en las devoluciones de IVA. Por tanto, también estamos beneficiando de esta manera a la propia actividad económica.

Junto a ello, está también lo que será el endurecimiento de las posibilidades de aplazamiento de determinados tipos de deudas frente a la Agencia Tributaria. Aquí también podemos tener y debemos tener ingresos justificados en la circunstancia de que hoy los mercados están abiertos, las entidades bancarias tienen ofertas de crédito a tipos realmente accesibles, especialmente para empresas, y empresas de cierto tamaño, con lo cual no tiene justificación que sigan financiándose a cargo de la Hacienda Pública.

En lo que se refiere a la lucha contra el fraude, también ahí entendemos que podemos y debemos tomar medidas relativas a seguir mejorando la lucha contra el fraude fiscal. En ese terreno, obviamente, de ese cumplimiento más riguroso de los tributos podemos obtener recaudaciones, que ya estaban previstas, en mil millones de euros que, como saben, es la cifra que damos anualmente, y ahora, con las nuevas medidas, aportaríamos otros quinientos millones de euros, que entendemos que sería factible conseguir a partir de esas medidas.

Quería destacarles que tenemos previsto que prolongación de la reforma de las Administraciones Públicas, al amparo del programa que hemos llamado con sus siglas CORA, también producirá un ahorro de menor gasto del conjunto de las Administraciones Públicas para el año próximo, que estamos fijando en los novecientos millones de euros, que también desarrollaremos en el nuevo DBP, programa a programa.

Me extiendo un poquito, pero es que esto es largo y obviamente no queda otro remedio que describir las medidas, aunque se con la mayor brevedad posible.

Hay tres ámbitos: el contenido de un Real Decreto Ley, para entendernos; está el contenido, el desarrollo, de reglamentos que ya hemos aprobado en este Consejo de Ministros y también está la elaboración y el envío a las Cortes de proyectos de ley, de manera que estamos utilizando los tres grandes instrumentos como cauce para la adopción de tantas medidas de orden tributario.

Las incluidas en el Real Decreto Ley serían, en primer lugar, en el Impuesto sobre Sociedades --paso más rápidamente al relato-- la limitación a la compensación de bases imponibles negativas de períodos anteriores, pues se trata de no prolongarlas en el tiempo para que no impacten; adicionalmente, se establece también un nuevo límite para la aplicación de deducciones para evitar la doble imposición internacional. Por supuesto, ambas capacidades de deducción siguen vivas, pero son aplazadas en ese tiempo.

También se modifica la tributación de la regresión de pérdidas por deterioro de los valores representativos de participaciones en el capital o en fondos propios de entidades; aquí lo que hacemos es un cambio significativo de nuestra norma tributaria. Y, finalmente, la no deducibilidad de las pérdidas derivadas de las transmisiones de fondos propios de entidades residentes y no residentes. Éste es un cambio, por cierto, éste último, que también se adecúa al proyecto de Directiva que ha hecho público la Comisión Europea en cuanto a armonización de las bases del Impuesto sobre Sociedades.

Otro conjunto de medidas se refiere a la imposición especial sobre las labores de tabaco, que también se incluye en el Real Decreto Ley. Aquí lo que se hace es adecuar nuestra tributación a la tributación que recomienda la Unión Europea con el llamado "sistema de doble mínimo". En el impuesto sobre las labores de tabaco se incrementa el peso del componente específico frente al componente ad valorem, a la vez que se efectúa el consiguiente ajuste en el nivel mínimo de imposición, tanto para cigarrillos, como para picadura para liar. En el caso de los cigarrillos, el tipo específico se eleva un 2,5 por 100 y en el caso de la picadura para liar, un 6,8 por 100.

En el ámbito de los impuestos especiales sobre alcohol y bebidas alcohólicas, en concreto en el impuesto sobre productos intermedios y en el impuesto sobre alcohol y bebidas derivadas, se incrementa un 5 por 100 la fiscalidad que grava el consumo de los productos intermedios y del alcohol y de las bebidas derivadas, tanto en la Península, como en las Islas Canarias.

Después irá también, ya como proyecto de ley, un impuesto sobre bebidas carbonatadas y azucaradas, que es también por un motivo de salud. Es un impuesto cuya figura cada vez es más frecuente en nuestro entorno y ya lo tienen países como Francia, Noruega, Dinamarca o Hungría. En ese terreno, como también me señalaba acertadamente la ministra de Sanidad que lo presentara como lo que es, es un instrumento de lucha contra la obesidad y contra todo lo que significan los problemas del exceso del azúcar.

También en el programa irá la intención de poner en marcha una reforma en el ámbito de la imposición medioambiental para el año 2017. Eso lo desarrollaremos. Tenemos que hacer las negociaciones políticas pertinentes; pero también, como saben, es una demanda propia de la Unión Europea que desarrollemos y que vayamos regularizando en España este tipo de fiscalidad medioambiental.

En lo que se refiere a mejoras en los procedimientos de control y lucha contra el fraude, suprimimos la posibilidad de conceder aplazamientos para determinados tipos de deudas; en particular, las correspondientes a impuestos repercutidos, no ingresados previamente por los contribuyentes, como el IVA, o a deudas previamente suspendidas mientras se tramita un recurso. Esto va en el Real Decreto Ley también.

Hemos aprobado, además, el Real Decreto para el suministro inmediato de información, al que ya me he referido, que es esa autoliquidación de IVA que, cuando esté en plena vigencia, involucrará a sesenta mil contribuyentes.

También irán en proyecto de ley el nuevo límite para poder efectuar pagos en efectivo, limitando ese pago en efectivo a mil euros, pago que ahora está, como saben, en 2.500 euros, y determinados cambios en la publicación de la lista de deudores a la Hacienda Pública, la conocida como lista de morosos, en la que también pretendemos hacer modificaciones de manera que, cuando el contribuyente es advertido por la Agencia Tributaria, se evite la publicación si hace frente a esa deuda, si liquida la deuda.

Por último, hay conjunto de medidas para la modernización del sistema de precintas para bebidas alcohólicas. Esto es también control tributario.

En el Real Decreto Ley también prorrogamos la vigencia del Impuesto sobre el Patrimonio para las Comunidades Autónomas que entiendan que puedan utilizarlo --no mermamos su capacidad de ingreso a ese respecto--, como igualmente siguen adelante todos los procedimientos de actualización de valores catastrales.

También llevamos adelante un asunto que es especialmente importante para toda España, pero sin duda alguna de especial valor para Canarias, como es la supresión, que nos comprometimos a hacer, del ITE, de la compensación de ITE desde Canarias al Estado español, que, como saben, un asunto que empieza el año 1991 y ya entendemos que a finales de 2016 es adecuado acabar con él.

Otro tipo de medidas de actuación se refiere a la Seguridad Social, donde promovemos el destope del 3 por 100 de cotizaciones, reservándose al Pacto de Toledo lo que sería un programa más amplio de destope en los años futuros. El destope del que hablo ahora reportaría unos ingresos para la Seguridad Social del orden de trescientos millones de euros y formaría parte de un programa que se abordaría en el seno del Pacto de Toledo, donde se hablaría del destope de las cotizaciones sociales y también, obviamente, con su reflejo en las pensiones relativas. Pero todo ello, insisto, ya es ámbito del Pacto de Toledo y, por tanto, resultado de la negociación política.