Respuestas a los medios de comunicación por parte del ministro de Educación, Cultura y Deporte, y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, y de la vicepresidenta y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría

P.- Soy Lucía Gómez Lobato, de La Sexta Noticias. Es una pregunta para la vicepresidenta del Gobierno. La policía belga está estimando en 45.000 las personas que se están manifestando en Bruselas en apoyo al independentismo y a Puigdemont, y quería saber si el Gobierno se mantiene ajeno a todo esto. ¿Cómo valora lo que está pasando, si le da importancia o si no?

Vicepresidenta.- En primer lugar, a mí me gustaría recordar que, si esas personas --algunas serán españolas y otras no-- se manifiestan en Bruselas, al menos los españoles lo son porque disponen de un DNI español y de una Constitución como la nuestra que, desde el ingreso en las Comunidades Europeas, permite los derechos de manifestación y de reunión. Por tanto, están ejerciendo un derecho europeo derivado de que España forma parte de la Unión Europea, de esa Unión Europea que precisamente están criticando y algunos asumiendo salir de ella, los impulsores del viejo "procés", que han criticado lo que supone la Unión Europea, lo que en los derechos afecta, cuáles son sus mecanismos democráticos, y no han dudado en echar piedras sobre el tejado europeo para criticarles cuando no les secundan.

La Unión Europea es libertad y permite estas cosas; pero yo lo que les diría a quienes están en esa manifestación por parte del independentismo es que es precisamente tener un DNI español y pertenecer a la Unión Europea lo que les ha permitido ir allí y manifestarse.

Luego, también, si me permiten, una reflexión política: habitualmente, en campaña lo que hacen los candidatos es ir a pedir el voto a sus votantes; esta vez parece que algunos votantes del señor Puigdemont han tenido que ir a visitarle a él, lo cual no deja de ser muy significativo en unas elecciones.

P.- José Miguel Blanco, de la Agencia EFE. Para la vicepresidenta. Ya inmersos en la campaña electoral catalana, ¿el Gobierno está convencido de que, si los resultados lo permitieran, habría un acuerdo para la formación de un Gobierno de la Generalidad entre los partidos constitucionalistas, habida cuenta de los reproches que está habiendo entre ellos durante estos días?

Y para el ministro, en relación con su Departamento. Esta semana, la baronesa Thyssen ha anunciado una prórroga hasta marzo de las negociaciones para la permanencia de su colección privada en España. ¿Ve posible que en ese tiempo se llegue a un acuerdo?

Por otro lado, ¿prevé dar la orden de la devolución de las pinturas de Sijena antes de que el lunes se cumpla el plazo fijado para ello por el juez?

Vicepresidenta.- Sobre la primera cuestión, estamos en campaña electoral, esto es el Gobierno y saben que tenemos muy restringida nuestra capacidad para hablar de la propia campaña y de los acuerdos de unos y otros. Desde el punto de vista de la neutralidad que nos es obligada, yo creo que lo que es bueno siempre en campaña electoral es que por parte de los partidos haya la máxima comunicación con sus posibles votantes de cuáles van a ser sus planes de futuro, para que los ciudadanos puedan votar sobre seguro y saber qué va a hacer cada candidato con el voto que para él se deposita en las urnas.

Portavoz.- En relación con su primera pregunta, estamos hablando ya desde hace tiempo con los abogados de doña Carmen Thyssen sobre la posibilidad de prorrogar el préstamo. Como usted ha dicho muy bien, es la colección privada de doña Carmen; no son los otros cuadros, que pertenecen al Museo Nacional Thyssen Bornemisza. Estamos hablando con ella. Es verdad que lo hemos prorrogado varias veces y es verdad que la última prórroga expira estos días. Yo creo que vamos a necesitar algo más de tiempo porque queremos, si ello es posible, si ello encaja en las previsiones de la propietaria --ella es la propietaria de esa colección, es su colección particular--; lo que queremos es hacer un préstamo a largo plazo.

Por lo tanto, hay todavía una serie de flecos que no están resueltos. Yo creo que necesitaremos, probablemente, más de tres meses; necesitaremos probablemente hasta el mes de julio para ver si logramos llegar a ese acuerdo. Hay buena disposición por las partes, lo quiero poner de manifiesto, y lo que queremos es un acuerdo con permanencia, que dé seguridad y certeza.

En cuanto a su segunda pregunta, los bienes de Sijena, como saben ustedes, porque me han preguntado por ello en varias ocasiones, el juez me mandó un requerimiento personal que llegó a mí hace diez días. Ahí me pedía una serie de datos, como dónde estaban, dónde se encontraban, dichos bienes, cuál era la protección de los mismos, las condiciones de traslado, etcétera. Yo contesté inmediatamente al juez diciéndole que las sentencias hay que cumplirlas y, por tanto, daría orden de que se cumpliera. Al mismo tiempo, dije a la Consejería de Cultura que diera respuesta a la serie de preguntas que me hacía el juez. He visto que después el juez ha hecho otra providencia en la cual fija una fecha y creo que conmina a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a hacer ese traslado. Esa es una decisión del juez en la que yo no tengo nada que decir.

Yo ya he dicho que las sentencias se ejecutan, las sentencias se cumplen y así lo haremos; pero teniendo en cuenta también que estas son cosas que muchas veces requieren un cierto tiempo para que esos bienes, que son unos bienes preciosos, no sufran deterioro alguno.

P.- Soy Carina Verdú, de Antena3. Para la vicepresidenta. Quería seguir con el asunto de la manifestación en Bruselas. Quería saber si han hablado con algún representante europeo y si les ha expresado alguna opinión al respecto.

Y al ministro portavoz quería preguntarle por ese último movimiento de Donald Trump de reconocer Jerusalén como capital de Israel. ¿Le preocupan al Gobierno las consecuencias que pueda tener? Quería saber cuál es la postura oficial.

Vicepresidenta.- Sobre la primera cuestión, no. No hemos hablado con ningún representante europeo al respecto.

Portavoz.- En relación con su pregunta, el Gobierno considera imprescindibles la prudencia y la sensatez, además de la responsabilidad, en este asunto. España considera que el estatuto de la ciudad de Jerusalén es un tema de una gran importancia. Su solución debe llegar, irremediablemente, a través de la negociación y cualquier cambio o modificación debe de llegar por esa vía, debido, como decía, a su especial sensibilidad. La posición de España en este tema es clara: pasa, inexorablemente, por los dos Estados, Israel y Palestina, viviendo juntos y compartiendo paz y seguridad para los ciudadanos. Por tanto, no queremos que este tipo de actuaciones lleven a un aumento de tensión.

La Unión Europea, además, de la que España forma parte y donde España toma parte muy activa en las decisiones que adopta la Unión Europea, coincide en que la resolución, la del estatuto de Jerusalén, pasa por la negociación.

P.- Marta Gómez Montero. Colaboro en diferentes medios de comunicación. Es para la vicepresidenta mi pregunta. Ayer, en el Congreso, pudimos constatar que en las actuales circunstancias parece difícil que se den las condiciones para una reforma de la Constitución. También hemos escuchado en las últimas horas a presidentes, por ejemplo, el valenciano, diciendo que antes de esa reforma es necesaria una reforma del sistema de financiación. ¿Cree usted que es más factible que haya un acuerdo para esa reforma de la financiación? ¿Cree que eso contribuiría a dar más tranquilidad, normalidad, en las Comunidades Autónomas?

Vicepresidenta.- Yo creo que hoy acababa el plazo para que los Grupos presenten su plan de trabajo de cara a esa comisión. Yo quiero recordar que es una comisión de evaluación y, en su caso, de actualización del modelo territorial. Siempre la financiación autonómica, la financiación territorial, es un elemento esencial en ese esquema porque, por un lado, están, digamos, las competencias y las relaciones entre Administraciones, y, por otro lado, está lo que es su financiación, que no es ni más ni menos que la financiación de los servicios públicos que cada uno asumimos, cada Administración.

Por tanto, es un debate muy importante dentro del modelo territorial, y para nosotros así lo es. Consideramos que, además de los trabajos que se están llevando a cabo en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, puede ser un elemento muy importante a analizar en esa comisión, en tanto en cuanto que los acuerdos a los que se llegue entre Administraciones en ese Consejo después tienen que tener una traducción legislativa a través de una ley orgánica, que requiere, por tanto, una mayoría absoluta, una mayoría amplia.

Nosotros hemos estado trabajando a lo largo de todo este año. Saben que se pidió el informe a los expertos y que ese informe ha sido remitido a las Comunidades Autónomas, y también a las Corporaciones Locales porque el ámbito territorial no solo es Estado y Comunidades Autónomas; muy especialmente también el ámbito local. En este mes de diciembre el comité técnico, la comisión técnica, que depende del Consejo de Política Fiscal y Financiera va a trabajar, y mucho, al respecto: en una primera reunión el día 11 sobre la corresponsabilidad fiscal y en otra reunión, el 28.

Creemos también que los calendarios ayudan a que en esa comisión, como decía el presidente valenciano, puedan abordarse los elementos generales de ese esquema de financiación autonómica que, como digo, es un elemento clave dentro de nuestro modelo territorial.

P.- Mariano Calleja, de "ABC". Mi pregunta es para la vicepresidenta. Acaba de hablar usted del viejo proceso y también la hemos escuchado hablar de que el proceso está "caput". Yo quería saber, vicepresidenta, si el Gobierno teme que el proceso independentista pueda reproducirse después de las elecciones autonómicas o que se produzca un nuevo proceso, también, hacia los objetivos que persiguen los separatistas.

Por otra parte, respecto al Plan Normativo que ha presentado ahora, una aclaración simplemente. ¿Las leyes que presente, que apruebe, el Consejo de Ministros tendrán que presentarse previo acuerdo con los grupos o las van a enviar al Congreso para que se negocien ahí?

Vicepresidenta.- Sobre la primera cuestión, varios puntos. En primer lugar, han sido, primero, los propios independentistas los que en distintas fases han ido cuestionando el proceso por inmaduro, por imposible en la vía unilateral y por inviabilidad del proyecto de la independencia. Por tanto, la expresión es a confesión de parte, pues hay una confesión de parte muy clara de la inmadurez y la viabilidad del "procés" hecha por sus propios autores, lo cual dice más de su competencia que de sus ideas, pero de ambas cuestiones también dice.

En segundo lugar, desde el Gobierno, y acaba de dar algunos datos el portavoz de cómo ha afectado a la economía y al bienestar social de Cataluña el "procés", yo creo que han sido la medida que más daño ha hecho a Cataluña en su historia más reciente. La fractura social que se ha producido entre catalanes es algo que no debería ningún dirigente político volver a llevar a cabo. En segundo lugar, la factura económica es tan elevada que va a costar, y mucho, volver a recuperarse.

Por eso, los esfuerzos del Gobierno de la nación están en evitar que datos como los que hemos conocido hoy de que toda España en general va muy bien, en un momento como son las reservas turísticas en el "puente", menos Cataluña, es algo que no puede producirse otra vez nunca más. Lo que tenemos que tener todos presente, y al menos lo tiene el Gobierno de la nación, es que el objetivo para los próximos meses en Cataluña tiene que ser que no haya ninguna duda de que nos vamos a centrar en su recuperación económica y en su recuperación de la convivencia social. Ese es, desde luego, el objetivo del Gobierno y ese es el objetivo que también creo que los votantes tienen que sopesar a la hora de ejercer su derecho el 21 de diciembre. El "procés" ha sido la propuesta más anticatalana --y no lo digo por discurso; lo digo por datos y por resultados-- que se ha llevado a cabo en la historia reciente de nuestras autonomías.

Sobre la segunda cuestión, iremos operando como hasta la fecha. Nosotros, hasta la fecha, una vez que teníamos las normas elaboradas o en proceso de elaboración, las íbamos intercambiando con los Grupos Parlamentarios viendo qué apoyos teníamos, si podíamos superar; por ejemplo, en los decretos leyes si podíamos pasar su convalidación inmediata o con tramitación como proposición de ley, y en las leyes, hasta qué punto podíamos superar la toma en consideración. Una vez que teníamos esa certeza, que a veces no era hasta el final... Yo les recuerdo que en el asunto de los estibadores hubo que presentar dos decretos leyes y en otro tema, que también tiene un componente normativo, que es el CETA, el acuerdo con Canadá, en la mitad de la tramitación hubo un cambio de opinión.

Estas cosas pasan; pero nosotros lo que procuramos es que, cuando ya el proyecto de ley va a salir del Consejo de Ministros, tengamos unas ciertas garantías de que va a salir adelante su toma en consideración, porque lo hemos abordado con los Grupos, porque algunos nos han dado su conformidad o, al menos, una oposición, o porque nos han manifestado que van a hacer un conjunto de enmiendas, pero que están en sintonía con el conjunto del proyecto.

Así es como lo haremos y se lo iremos contando. Por eso, ya les digo, son doscientas ochenta y tantas normas, de las cuales, probablemente, podremos llevar una buena parte, pero habrá otras que se queden en el trámite de discusión parlamentaria o para las que se necesite más tiempo o un reenfoque, etc., etc. Pero nosotros tenemos proyecto de gobierno y a ustedes se lo exponemos.

P.- Carmen del Riego, de "La Vanguardia". Es una aclaración para la vicepresidenta. Ha dicho usted que la comisión que hay sobre el modelo territorial debe estudiar también la financiación, ya que debe de convertirse en una ley orgánica. Dado que la comisión tiene seis meses de plazo para sacar conclusiones, ¿debemos llegar a la conclusión de que antes de seis meses no habrá un proyecto de ley de financiación, lo que coloca el nuevo proyecto a finales prácticamente de 2018?

Vicepresidenta.- No tiene por qué. En primer lugar, el Gobierno no decide lo que se tiene que abordar en la comisión de evaluación. A mí me han preguntado por las declaraciones del presidente valenciano y yo coincido en que la financiación autonómica es un elemento clave en el modelo territorial. Nosotros sí consideramos que debe abordarse y creo que el grupo que sustenta al Gobierno, y que hoy presenta su plan de trabajo, precisamente incide en esa necesidad: en que haya expertos en el modelo de financiación y en que se debata el modelo de financiación, al menos sus principios generales, en esa comisión. Indudablemente, a medida que se vayan produciendo los avances en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y en las negociaciones políticas, pero también en esa propia comisión, se puede ir constatando si hay o no suficientes elementos de acuerdo.

Por tanto, una cosa es que haya conclusiones y otra cosa es que podamos extraer, y yo creo que lo podemos hacer perfectamente antes, que hay un buen clima de sintonía para llevarlo a cabo. Se trata de echar a andar y ver si logramos ese doble acuerdo: acuerdo entre administraciones y acuerdo entre partidos políticos, porque es una ley orgánica y de mucho calado; un elemento clave del bloque de la constitucionalidad, ni más ni menos.

P.- Cristina de la Hoz, de "El Independiente". Es una pregunta la vicepresidenta. Teniendo en cuenta que el ministro de Justicia va mañana a una reunión de homólogos en Bruselas, donde va a plantear dudas sobre el funcionamiento de la orden europea de detención y entrega, quería saber en qué medida cree el Gobierno que esta debe ser modificada para que se demuestre más ágil y mejore su funcionamiento, que parece ser que ha sido uno de los motivos que han podido llevar al juez Llarena a retirar la orden contra el señor Carles Puigdemont.

Portavoz.- La señora vicepresidenta se ha apiadado de mí. Como no me hacen ustedes ninguna pregunta y dicen "este señor está aquí de sobra", me ha pedido que le conteste yo.

La orden europea de detención y entrega, la llamada euroorden, fue un avance muy significativo en la integración europea y para España tuvo una importancia muy relevante para acabar con el terrorismo de ETA. Yo recuerdo las vicisitudes de aquello. Fue muy difícil lograrlo. Fíjese, yo creo que de los quince Estados miembros que entonces componían la Unión Europea, quince --estamos ya casi en el doble--, si la memoria no me traiciona, ocho de ellos no tenían en su Código Penal calificado el delito de terrorismo, lo cual lo hacía prácticamente inviable. Hubo que hacer un trabajo realmente de titanes en el que colaboró mucha gente y alguna no muy conocida.

Fue muy importante ese trabajo y eso, a mi juicio --esta es una opinión personal--, fue el arma, el instrumento, más útil para luchar contra el terrorismo de ETA porque, como recordarán ustedes, los terroristas, cuando les apresaban, generalmente en un país vecino, llevaban una pistola que nunca sacaban; pero como la tenencia ilícita de armas era un delito en ese país había primero que juzgarles en ese país por ese delito, que era un delito menor, mientras que todos los que conocen estos temas de lucha antiterrorista saben que lo importante es poner al terrorista detenido a disposición del juez de forma inmediata. Eso es lo que consiguió la Euroorden, insisto, con unos resultados, en mi opinión, muy importantes para acabar con el terrorismo de ETA.

Se cumplen quince años de Euroorden y lo que va a hacer el ministro de Justicia es hacer una reflexión sobre cómo ha funcionado en estos años. No hay por parte del Gobierno ninguna voluntad de hacer ninguna propuesta de modificación de la misma, sino de hacer un balance, como se hace muchas veces, sobre cómo ha funcionado la Euroorden; Euroorden que para España tenía un sentido político muy importante, y también para el resto de los países europeos: preservar la libertad y la vida. Luego se ha utilizado también para otras cosas, para la extradición de delincuentes comunes. La libre circulación hace muchas veces que sea más sencillo detener en un país que no en otro. Por tanto, va a ser una reflexión y va a ser un balance sobre estos años y no otra cosa.

P.- Pilar Santos, de "El Periódico de Cataluña". Tengo una aclaración para usted, ministro, y dos preguntas para la vicepresidenta.

Para usted. Entonces, "el tema de la Euroorden no se plantea como una reforma? O sea, ¿el Gobierno no quiere ningún cambio en la fórmula jurídica? Es una aclaración.

Para la Vicepresidenta. Llevamos ya 42 días de aplicación del 155 en Cataluña. Querría saber cómo está yendo, a su juicio, el despliegue del precepto constitucional y cómo han respondido los altos cargos de la Generalitat.

Hoy "El Periódico de Cataluña" publica una encuesta que señala que Puigdemont está subiendo en votos y está a punto de alcanzar a Junqueras. ¿Teme el Gobierno que una posible vuelta de Puigdemont a Cataluña tenga un impacto todavía más positivo para la lista de Junts pel Sí, no, Junts pel Catalunya? Perdón. Me he liado.

Vicepresidenta.- No me extraña. Me costó aprenderme las siglas de todos.

Portavoz.- Contesto a la primera para aclarar que el ministro de Justicia lo que va a hacer es un balance y va a hacer un balance enormemente positivo de estos quince años de Euroorden. Va a hablar con sus colegas, pero no va a plantear formalmente ninguna reforma de la Euroorden, entre otras cosas, porque sabemos que eso es enormemente difícil. En estos momentos creemos que el funcionamiento de la Euroorden es satisfactorio. De los debates y de las reflexiones en común pueden surgir iniciativas; pero no es intención del Gobierno el lunes presentar una reforma de la Euroorden, insisto, porque creemos que ha sido un instrumento de integración, un ingrediente capital de esa comunidad de Derecho que es la Unión Europea.

Vicepresidenta.- Sobre la segunda de sus preguntas, la aplicación del artículo 155, esta misma semana se producía la comparecencia del secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, que es la persona que sobre el terreno está llevando allí la coordinación de la aplicación de este precepto, y yo compareceré el día 18, es decir, una semana antes de que se cumpla el plazo de dos meses que habíamos marcado con el Senado para dar cuenta de cómo estamos llevando a cabo esos acuerdos.

Quiero agradecer a todos los empleados de la Generalitat su colaboración en este punto, porque hemos podido, no solo llevar a cabo en términos de normalidad la convocatoria de estas elecciones y seguir avanzando, cosa que hicimos en los primeros días, sino que, como han visto ustedes en los últimos Consejos de Ministros, se está llevando a cabo una gestión ordinaria de la administración de Cataluña que no podríamos haber hecho sin el apoyo de quienes allí trabajan.

Yo creo que hay datos muy importantes y algunos los conocen porque se ponen de manifiesto porque son acuerdos de Consejo de Ministros, como es el importante número de subvenciones que hemos adoptado, o de problemas que eran allí importantes y que necesitaban un empujón político, como ha sido la declaración de interés general del proyecto de reindustrialización de Flix que, como saben, proviene del asunto del incidente de Ercros; pero también hemos aprobado todo tipo de iniciativas en el ámbito cultural o en el ámbito de las subvenciones sociales. Y hay ministerios, como es el caso del Ministerio de Justicia, que están dando un impulso muy importante a temas de contratación que, con la colaboración precisamente en positivo de esos funcionarios, vamos a poder dejar enfilados antes de que acabe el año.

Creo que fue una noticia importante esas dos mil plazas de profesores que hizo el Departamento de Educación bajo, en este caso, las directrices del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Y también quería decirles que desde el 15 de septiembre de 2017 se han pagado 2.882 millones de euros de financiación de la Comunidad Autónoma.

Es decir, la Generalitat está funcionando y lo está haciendo con normalidad. Yo quiero reconocer la profesionalidad de todos, ha sido un esfuerzo importante por su parte, y también por la parte de los funcionarios del Estado; pero han trabajado bien al servicio de lo que es fundamental, que es el interés general y que no se vieran menoscabados los servicios públicos, y esto es lo que tratamos de hacer.

Sobre las encuestas, yo aquí nunca comento encuestas y, además, si uno comenta una encuesta y a las dos horas sale otra, posiblemente muy diferente, que es lo que estamos viendo, la palabra de uno puede valer absolutamente nada. Yo creo que las encuestas son instrumentos de trabajo y, en este momento tan volátil, creo que también la prudencia en las encuestas es un instrumento de trabajo a la hora de trabajar con las encuestas. De quién es más independentista o lidere mejor el independentismo no me corresponde a mí hacer valoración; solo decir que están empatados ambos dos en el daño social y económico que han hecho en Cataluña: uno, por ser vicepresidente económico, y otro por ser, al fin y al cabo, el presidente de la Generalitat. Y todavía no les he oído ni una sola explicación a los catalanes de por qué no crece su empleo, por qué se van las empresas, por qué cae el turismo, por qué la marca Barcelona la vamos a tener que volver a impulsar desde el Gobierno, que lo haremos, y por qué en Cataluña en las familias se puede hablar de todo menos de política, sea en Navidades o en la fecha que sea.

P.- Una pregunta para la vicepresidenta. Usted hablaba ayer, coincidiendo con el aniversario de la Constitución, de que es necesario reforzar la lealtad institucional entre Administraciones. Quería saber, ahora que está abierta la reforma de la Constitución, si el Gobierno ha estudiado los mecanismos para reforzar esa lealtad institucional, si sería a través de leyes orgánicas y si eso, en su opinión, aparcaría la reforma constitucional. ¿Nos lo podía concretar? ¿Ha hablado de este asunto con el Partido Socialista?

Vicepresidenta.- El ministro también es uno de los impulsores del asunto de la lealtad constitucional.

Primero, si me permite explicarles qué consideramos nosotros que es ese principio de lealtad constitucional, en un Estado compuesto en el que tú tienes que marcarte unas prioridades de Estado, unas prioridades de país, tienes que contar con todas las administraciones públicas. Es imposible que tú, por ejemplo, te marques como reto el desempleo, y muy especialmente el desempleo juvenil, sin que tengas la necesaria colaboración de todas las Administraciones a la hora de cumplir el reto porque, probablemente, tú tienes algunas posiciones o algunas competencias en promoción del empleo; pero las Comunidades tienen otras, como son determinadas políticas activas para el empleo. Y también las Corporaciones Locales se ven muy afectadas: pueden aprobar determinados planes que pueden ayudar.

Por tanto, uno de los primeros elementos de la lealtad constitucional es poderte marcar prioridades de país y trabajar todos juntos para lograrlo. Esto fue lo que intentamos hacer con el cambio de orientación de la Conferencia de Presidentes en el mes de enero: marcarnos una serie de objetivos de país y ahí estaba el desempleo, estaba la violencia de género, también se habló allí de esta Ley, estaban asuntos como la educación, estaban asuntos como la Protección Civil ante las catástrofes… Una serie de cuestiones en que todas las Administraciones se ponen de acuerdo a la hora de gestionarlas de una determinada manera para conseguir un determinado fin.

También la lealtad constitucional es tener presentes los efectos que la gestión de sus propias competencias y de sus propias decisiones pueden tener en otras Comunidades Autónomas o en el conjunto de la nación. Eso es un elemento de lealtad, por cuanto nosotros vivimos en una zona de libre circulación, que compartimos con la Unión Europea, donde, por ejemplo, en todo lo que hemos hecho en la unidad de mercado va mucho que tus decisiones no suponga incrementar las trabas para la libre circulación dentro del territorio nacional.

También son mecanismos preventivos para evitar la litigiosidad los que se intentaron en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, por poner un ejemplo, en la búsqueda de un acuerdo previo entre el Estado y las Comunidades Autónomas antes de llegar a un conflicto, o entre ellas, o entre sí.

Por tanto, la multiplicidad de mecanismos es muy grande. Son, fundamentalmente, mecanismos de coordinación, cooperación y colaboración. Hay mecanismos de coordinación importantes creados. Es el caso, por ejemplo, de los órganos en materia de protección civil, donde se sientan todas las Comunidades Autónomas a coordinarse. Esas son una serie de fórmulas, o el vigor que le hemos dado a la Conferencia de Presidentes, qué hacemos con las Conferencias Sectoriales, cómo organizamos el Consejo de Política Fiscal y Financiera o qué compromisos asumimos.

Indudablemente, hay cosas que pueden tener cabida en la Constitución; pero hay otras cosas que también pueden hacerse en leyes de otra naturaleza, pero también en algo que es muy importante, que es el cambio de la cultura política, tener esa voluntad.

Y yo quiero reconocer que los presidentes autonómicos y el presidente del Gobierno, reunidos en esa Conferencia de Presidentes, tuvieron esa cultura política. La tuvieron y pusieron en marcha una serie de cuestiones, y dijeron: "nuestras prioridades de país son estas". Dieron también un mandato, mandato que evaluamos en el mes de julio y que volveremos a evaluar cuando se reúna la Conferencia. Y entre todos fijaremos el orden del día de la siguiente, que serán esas prioridades de ese país; es decir, cómo hemos cumplido estas y qué otras nuevas nos marcamos.

Todos, además, en un proceso de integración con la Unión Europea que nos ha cambiado sustancialmente los esquemas, porque también tenemos que tener esa lealtad con la Unión Europea. Eso es la transposición, eso es el cumplimiento de sus decisiones, son los temas de repercusión de responsabilidades, es la representación que el Estado o alguna Comunidad Autónoma cuando va a los distintos Consejos Europeos asume de todas las demás. Es un Estado en el que cada uno ejerce sus competencias, pero tiene muy presente cómo les puede afectar a los demás. Para nosotros eso es la lealtad constitucional.

Portavoz.- Este súper "puente", para casi todos los españoles menos para ustedes ni para nosotros, yo creo que nos podemos ir… Por ejemplo, vamos a empezar por algo lejos como Las Palmas de Gran Canaria donde mañana ofrece un concierto Javier Ruibal, flamante Premio Nacional de las Músicas Actuales 2017.

En un programa que auspicia el Ministerio de Cultura, que se llama "Platea", que consiste en trasladar la cultura a todas partes, tenemos a Falla y a Ravel en Pamplona. Y en Altea tenemos a la "Carmen", de Bizet, con lo cual tienen ustedes ahí un buen ejemplo de lo que es música en estado puro.

Me voy a ir a Vera porque quiero tener también un recuerdo para Gloria Fuertes. Celebramos su centenario este año y ahí está "Alegría", palabras de Gloria Fuertes, un espectáculo teatral.

Y, lo más cerquita, este domingo, creo, pero todo el fin de semana, hay muchos espectáculos en la Casa Encendida. Se cumple el XV aniversario y recuerdo siempre aquellos hermosos versos de Rosales: "gracias, Dios mío, la casa está encendida". No dejen de ir.

Disfruten de la cultura española, que es extraordinaria. Gracias.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)