Intervención de Íñigo Méndez de Vigo, portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte

Portavoz.- Buenas tardes. Comparezco ante ustedes acompañado del ministro de Hacienda y Función Pública para informarles de los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros en la reunión celebrada hoy, 7 de julio, bajo la presidencia de la vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, doña Soraya Sáenz de Santamaría. Como saben ustedes, el presidente del Gobierno se encuentra desde ayer por la tarde en Hamburgo participando en la reunión del G-20 que se desarrollará a lo largo del día de hoy y mañana, organizada por Alemania bajo el título "Configurando un mundo interconectado" y donde van a tratar una serie de temas que afectan al comercio internacional, al cambio climático, a la digitalización y a la inmigración.

Sí quiero anunciarles que hoy el presidente del Gobierno ha sido invitado por la señora Merkel para participar, junto con los miembros permanentes del G-20, en un retiro para hablar del terrorismo yihadista.

Esta semana también hemos conocido una serie de datos de empleo correspondientes al mes de junio. Concretamente, lo hicimos el martes 4 de julio. El número de parados en el mes de junio bajó en 98.317 personas y el paro registra un descenso interanual de 404.243 personas. Estamos hablando de un ritmo de reducción interanual del 11 por 100, que se trata de un registro histórico. En el primer trimestre del año 2017 se ha creado un 30 por 100 más de empleo que en el mismo período del año 2016, que ya fue un buen año.

Este crecimiento integrador que vive España ha permitido la creación de empleo en todos los sectores y en todos los grupos de edad: entre los jóvenes, el desempleo de los menores de veinticinco años se reduce en más de un 16 por 100 interanualmente; hay más de ocho millones y medio de mujeres trabajando y el número de contratos indefinidos ha crecido en este mes de julio también más de un 12 por 100. Y los afiliados a la Seguridad Social han alcanzado este mes los 18.433.107.

Por tanto, estamos con un sólido crecimiento del Producto Interior Bruto, lo que motivó que las previsiones del Gobierno fueran modificadas al alza por segunda vez, como tuvieron ocasión de explicar los ministros de Economía y de Hacienda hace solo unos días. Empezamos con un 2,5 por 100, lo aumentamos al 2,7 por 100 y en estos momentos está en el 3 por 100. Estamos hablando, por tanto, de un crecimiento económico integrador que empuja hacia una mayor cohesión social, porque es un crecimiento sostenible y continuado.

Las exportaciones son muy importantes en esa cifra de crecimiento. Equivalen a un 35 por 100 de nuestro Producto Interior Bruto y solo Alemania nos supera en la zona euro. También el tirón del consumo privado ha contribuido al mismo, así como la inversión de bienes de equipo.

Tenemos unos datos de coyuntura que también apuntan en esa buena dirección: hay un nuevo récord de gasto de turistas internacionales en el mes de mayo, cuyo gasto se ha incrementado en más de un 13 por 100; la deuda financiera de las familias ha descendido a niveles de mayo del año 2006; la deuda de las empresas cae nuevamente en el mes de mayo; la producción y los nuevos pedidos aumentan en el sector manufacturero; asistimos con este mes de mayo a 43 meses de crecimiento consecutivo de las ventas de las grandes empresas, y otro elemento interesante: las matriculaciones de vehículos crecen más de un 7 por 100 en el primer semestre del año.

Precisamente el miércoles 5 de julio se hizo público el informe Country RepTrak elaborado por el Reputation Institute, que evalúa a los 55 países con mayor PIB del mundo. España gana cuatro puestos respecto al año 2016 y se sitúa en el puesto 13 de los 55 países, por delante de países como Alemania, como Francia, como Gran Bretaña o como Italia. Las dos variables que analizan esta encuesta son la percepción del entorno económico, que ha subido casi un 4 por 100 en España en el último año, y el bienestar social, que ha subido un 3,2 por 100. Por tanto, España no solo recupera los valores de confianza y de prestigio internacional previos al comienzo de la crisis en el año 2009, sino que los supera holgadamente, hasta situarse en la cota más alta de la serie historia.

Por tanto, el Gobierno estima que con todas estas cifras ha llegado el momento, porque lo permiten los datos conocidos y las expectativas, de recuperar también la capacidad adquisitiva de los salarios --eso es lo que afirmó la ministra de Empleo el pasado 4 de julio, queriendo y animando a los interlocutores sociales para que, con responsabilidad y compromiso de país cierren cuanto antes ese acuerdo de salarios que acompase la subida de salarios en España a la fortaleza de la recuperación del empleo-- y también otra medida, que posteriormente analizará el ministro de Hacienda, referida al aumento en el IRPF de aquellos que están exentos. Ya lo estaban aquellos cuyo salario era 12.000 euros al año y --el ministro de Hacienda lo dirá mejor que yo-- va a subir a 14.000 euros, precisamente para que todos sean copartícipes de ese crecimiento económico importante al que estamos asistiendo en España.

Asimismo, ayer, como saben ustedes porque muchos de ustedes estuvieron presentes en la rueda de prensa posterior al encuentro, tuvo lugar la reunión entre el presidente del Gobierno y el secretario general del PSOE; dos horas largas, dos horas y media, en un ambiente cordial, en un ambiente de normalidad institucional.

Se trataron distintos temas. Como ayer hablé de ellos, paso revista rápidamente: hablaron de temas de la agenda europea internacional, singularmente el "Brexit", donde el presidente informó de la posición de España y de la posición de la Unión Europea detrás del comisario Barnier y de la importancia de preservar los derechos de los ciudadanos; de política internacional, en cuestiones como Siria, Libia y Venezuela, donde las posiciones estuvieron muy cercanas; de la lucha contra el terrorismo yihadista, y precisamente hoy el presidente del Gobierno va a hablar en el G-20 de ello; de cuestiones de seguridad nacional, donde hubo una voluntad de mantener el entendimiento; o de violencia de género, donde también se habló de la conveniencia de, en la subcomisión que está estudiando este tema en el Congreso de los Diputados, acabar con propuestas rápidamente.

Asimismo, el presidente del Gobierno trasladó al secretario general del Partido Socialista las últimas iniciativas del Gobierno sobre negociación salarial, a las que me he referido anteriormente, y hubo también la voluntad de llevar a cabo lo antes posible la renovación institucional pendiente en RTVE o en el Defensor del Pueblo.

También se trató el tema de Cataluña donde, tanto por el presidente del Gobierno, como por el secretario general del PSOE, hubo una sustancial coincidencia en lo esencial y lo esencial es que un referéndum de autodeterminación fuera de la Ley es totalmente inaceptable, porque atenta contra la soberanía nacional y la Constitución. Asimismo, acordaron mantener un contacto permanente sobre esta cuestión.

Y sobre esta cuestión, permítanme decirles también que estos días, esta semana, ha habido también novedades, puesto que hemos conocido, primero por la prensa y luego así lo hicieron público sus proponentes, la llamada "Ley de Referéndum de Autodeterminación" y la también llamada "Ley de Transitoriedad", que fue presentada por la mañana en el Parlamento y, luego, en un teatro en Cataluña.

No sabía cómo llamarla a esta ley, porque no ha sido aprobada por el Gobierno de Cataluña, ni ha sido remitida al Parlamento, ni está firmada por ningún responsable político; pero, en todo caso, es un documento del que nadie sabe la autoría del mismo pero que, como decía, ha sido presentado estos días y sobre el cual el Gobierno quiere decir lo siguiente: el objetivo de este documento no busca la ruptura con España, sino lo que busca es la ruptura en Cataluña. Hay algunos, los secesionistas, que quieren someter a la mayoría del pueblo catalán, esa mayoría que cree en la Ley y que cree en las instituciones democráticas y en el orden social y político, a los dictados de una minoría que ha perdido el sentido de las cosas y lo ha perdido porque ni siquiera escucha a aquellas instituciones propias.

Los letrados del Parlamento de Cataluña les dijeron que era anticonstitucional aprobar unas partidas para ese referéndum de autodeterminación, pese a todo las aprobaron y el Tribunal Constitucional las ha anulado. Ayer mismo, nuevamente, el Consejo de Garantías Estatutarias, que es un órgano creado por las instituciones catalanas, les ha dicho por unanimidad que ese procedimiento que han creado en el Parlamento de Cataluña para la reforma exprés de estas leyes de transitoriedad es inconstitucional.

Por tanto, a lo que estamos asistiendo es a unos documentos que carecen de las más elementales garantías jurídicas.

En estas condiciones, el Gobierno estima, y hace una llamada a la racionalidad, que un referéndum de autodeterminación, como hemos dicho muchas veces, no cabe en la Constitución, ni en la española, ni en ninguna constitución conocida. Ese referéndum de autodeterminación, además de ser ilegal y atentar contra la Constitución, no se puede celebrar. Ni hay urnas, ni hay censo, ni hay junta electoral, ni pueden participar los funcionarios públicos y, por lo tanto, no puede existir la preceptiva neutralidad y participación de la administración electoral.

Es una ley, la que hemos conocido esta semana, donde ni se fija, ni un quorum de participación, ni una diferencia de votos entre el "sí" y el "no" para que sea válido; es decir, que si solamente votase una persona su voto valdría para proclamar lo que llaman "la República Independiente de Cataluña". Decía que no había ninguna garantía jurídica en esa ley, en ese proyecto, pero sí hay una: en el artículo 3.3 esa ley ampara a aquellos cargos públicos que participen en la consulta. Esa es la única garantía jurídica que vemos.

Por tanto, el Gobierno reitera lo que ya he dicho: este es un referéndum de autodeterminación que es ilegal, que atenta contra la Constitución y que el Gobierno dice, afirma, que no se celebrará. Ayer en la reunión con el secretario general del Partido Socialista hubo una coincidencia en ese punto, que es el punto que nos parece esencial, y nos congratulamos de que exista esa coincidencia. Por lo tanto, vamos a seguir hablando con el Partido Socialista y, por supuesto, con el resto de los grupos políticos ante los acontecimientos de estos días; pero ese diálogo con el Partido Socialista y con el resto de los grupos políticos, como digo, va a continuar.

Además, el Consejo de Ministros en la reunión de hoy ha tomado una serie de acuerdos que se refieren, en primer lugar, al "techo de gasto" y a la oferta de empleo público a la que se va a referir el ministro de Hacienda.

Igualmente, se ha aprobado un Acuerdo por el que se crea una comisión de expertos en materia de energía que es consecuencia de los acuerdos parlamentarios en esta materia, comisión de expertos que deberá elaborar un informe sobre diferentes escenarios de transición energética. Tendrá seis meses para presentar este informe que recogerá alternativas que analicen la combinación de las diferentes fuentes de energía (nuclear, hidráulica, térmica de carbón, ciclos combinados y fuentes renovables) en el marco de una transición energética eficiente, sostenible y baja en carbón. También evaluará el objetivo de renovables, todo ello en relación con los objetivos suscritos en la agenda de cambio climático por España en el marco de la Unión Europea. Esta comisión de expertos estará formada por catorce miembros: cuatro designados por el Gobierno, uno por cada grupo parlamentario y tres por los agentes sociales: UGT, CCOO y CEOE. Una vez que este informe sea elaborado, el Gobierno se ha comprometido a enviar el informe al Congreso para que este se pronuncie.

Asimismo, en el Consejo de Ministros la ministra de Empleo ha informado de un acuerdo del que ha tenido conocimiento esta misma mañana que se refiere a la estiba. Ha entrado en el Ministerio de Empleo, en el registro, un acuerdo-marco entre la patronal y los sindicatos que trae consecuencia, como recuerdan ustedes, causa del Real Decreto Ley sobre la estiba y que contempla los dos puntos por los que siempre apostó este Gobierno. El Gobierno dijo: hay que cumplir con la sentencia del Tribunal de Justicia y hay otros temas que son importantes, pero que no pueden ser objeto de la regulación por parte del Gobierno, sino que entran dentro de la negociación entre patronal y sindicatos. Pues bien, este acuerdo marco mantiene los puestos de trabajo y, asimismo, también mantiene y asegura la competitividad de la empresa, por lo cual el Gobierno también manifiesta su satisfacción por haber concluido esta cuestión.

Igualmente, el Gobierno ha procedido a los siguientes nombramientos: fiscal de sala de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, don Alejandro Luzón Cánovas; y una serie de fiscales, de los cuales voy a darles cuenta: fiscal de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, doña Susana Landeras; teniente fiscal de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, don Emilio Fernández Rodríguez; fiscal jefe de la Fiscalía del Área de Móstoles, doña Margarita Rosignoli; fiscal jefe de la Fiscalía del Área de El Ferrol, don Miguel Armenteros; fiscal jefe de la Fiscalía de Granollers, doña Gloria García Palomo, y fiscal jefe de la Fiscalía provincial de Málaga, don Juan Carlos López Caballero.

Por tanto, estos son los acuerdos a los que ha llegado hoy el Consejo de Ministros y somos, señor ministro de Hacienda y Función Pública, todo oídos para que usted nos hable del Real Decreto Ley y los Acuerdos.