Respuestas a los medios de comunicación

P.- Vicepresidenta, el otro día el presidente del Gobierno expresó su confianza en la inocencia de la Infanta. Quería saber si esa misma confianza es compartida por todo el Gobierno de España.

En segundo lugar, en cuanto a la sentencia que se ha producido sobre el escrache que sufrieron usted y su familia, quería pedirle una valoración de la misma y saber si usted se siente indefendida.

Vicepresidenta.- Sobre la primera de sus preguntas, tal y como me la formularon exactamente igual la semana pasada, tengo que responderlo lo mismo: nuestra Constitución reconoce el derecho a la presunción de inocencia y, por supuesto, ese derecho ha de reconocerse a todos, y así lo entiende el Gobierno.

Sobre la segunda de sus preguntas, ha habido una decisión judicial y por supuesto que la acatamos y yo la acato. Eso es el Estado de Derecho. Otra cosa es que conocen mi posición sobre este asunto en esta mesa, porque la he manifestado, y la mantengo con coherencia. Yo creo que las personas que tenemos una actividad pública, indudablemente, en el escenario y en el terreno de nuestra actividad pública por supuesto que tenemos que escuchar y atender críticas, y el derecho de manifestación y la libre expresión por cualquier ciudadano y opinión tenemos que respetarlo al límite. Pero también hay otro escenario, que es un escenario privado, y que además no es sólo nuestro, es el de nuestras familias, que no tienen nada que ver con lo que nosotros hacemos; pueden compartirlo o no compartirlo.

Yo creo que los derechos no son ilimitados, tienen un límite, que son los derechos de los demás, sobre todo, de quienes tienen derecho, porque no forman parte de esto, porque algunos incluso son menores y otros son personas mayores que han tenido que ver, ya en una edad avanzada, determinadas cosas…, que tengan que vivir esto. Lo dije entonces, lo sigo manteniendo ahora y lo mantendré siempre, con independencia de cualquiera que sea la persona que se vea en una situación similar.

Creo que hay un terreno, que es el de la vida pública, el de la política, y que hay cantidad de instituciones para manifestarse delante de ellas, y a las pruebas me remito, y otro que es un terreno mucho más familiar y familiar, en que hay terceros implicados: familiares, vecinos…, que yo creo que también tienen unos derechos que deben ser respetados. Ése es el punto de equilibrio que yo entiendo. ¿Los jueces, en este caso, han dicho otra cosa? Por supuesto que lo acato. Ése es el Estado de Derecho.

P.- A la vicepresidenta, primero. ¿Va a asumir el Gobierno alguna responsabilidad por las trece muertes en Ceuta? ¿Cree que tiene alguna responsabilidad? ¿El ministro del Interior ha asumido alguna responsabilidad, ha puesto su cargo a disposición…? En fin, ¿va a pasar algo, alguna responsabilidad política, por lo que ha pasado en Ceuta? Ya van trece muertos, de momento.

También le quería preguntar sobre el asunto de Cataluña. ¿El Gobierno estaría dispuesto a la solución de un referéndum de todos los españoles sobre la independencia, que parece que está, de alguna manera, ahora planteándose, poniéndose encima de la mesa.?

Y un tema que puede parecer de detalle, pero puede que sea de fondo, que es el asunto este de las reuniones del presidente del Gobierno. ¿A usted le parece respetuoso con el principio de transparencia, que ustedes se definen como el Gobierno de la transparencia, que estas reuniones sean definidas como "privadas"? ¿Cree que los ciudadanos no tienen derecho a enterarse de cosas tan claves como lo que se puede discutir con el señor Urkullo o con el señor Mas?

Al ministro de Economía. El otro día le escuchábamos en el Congreso decir que en la CAM ya serán 15.000 millones. ¿Nos puede decir ya cuánto le van a costar a los españoles las ayudas directas o indirectas?

Y ya que le tengo aquí, Ministro, perdóneme, pero, como ha habido mucho debate sobre esto, y están los dos, ¿la Ley del Aborto es una ley de Gallardón? ¿Es una ley de todo el Gobierno? ¿Está de acuerdo todo el Gobierno? ¿Es una ley de Rajoy? ¿Nos lo puede aclarar cualquiera de los dos?

Vicepresidenta.- Sobre la primera de sus preguntas, en primer lugar y en nombre, no sólo del Ministerio del Interior, sino de todo el Gobierno, lamentar esas muertes y lamentar, sobre todo, la tragedia que lleva a ellas.

Como Gobierno y como otros muchos Gobiernos, especialmente en el ámbito de la Unión Europea, eso demuestra que tenemos que seguir trabajando, y mucho, con una política, no sólo a corto, sino a medio y largo plazo, para evitar que se produzcan tragedias como las que vemos en la costa marroquí, en las costas españolas o en las costas italianas, por citar los casos más recientes.

En segundo lugar, quiero reconocer la labor que en este sentido llevan a cabo muchos en este país (las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Guardia Civil y numerosas organizaciones), que tratan de paliar este drama de la inmigración que hemos vivido en otros momentos, que volvemos a empezar a vivir y que, como digo, requiere una solución conjunta.

Sobre los concretos hechos, y usted me pregunta por la posición del ministro del Interior, les informo que hoy ha registrado el ministro del Interior la solicitud de comparecencia, a petición propia, para informar sobre los hechos que han ocurrido y esperamos que pueda solventarse lo antes posible. Nosotros le hemos trasladado a la Cámara la voluntad del Ministro de poder hacerlo, incluso, en la semana que ahora se inicia, después de celebrarse el Pleno, y estamos trabajando para ello, para que esa información lo sea de la manera más inmediata posible.

También quería decirles que la Guardia Civil se ha puesto a disposición de las autoridades marroquíes para colaborar --ha venido haciéndolo en estos días, pero muy especialmente en estas últimas horas-- en cuantas labores puedan colaborar y atender para ayudar a paliar lo que, desgraciadamente, han tenido que vivir.

Me pregunta sobre las reuniones y sobre el referéndum en toda España. Vamos a ver. La democracia es, fundamentalmente, el respeto de las leyes, porque la Ley es la expresión de la voluntad democrática de los españoles y en nuestro sistema la Constitución es muy clara: aquellas decisiones que suponen un cambio de la Constitución tienen que hacerse por un cambio constitucional, y conoce usted mejor que yo cuál es el procedimiento para eso. Es lo que siempre hemos expresado a la Generalitat de Catalunya: que hay que cumplir la Constitución y las leyes, y los procedimientos que así se establecen. Una decisión de esta naturaleza no puede hacerse por un procedimiento ajeno al constitucionalmente establecido, porque hay que tener presente una cuestión: que es el conjunto de los españoles, el pueblo soberano, el que decidiría sobre eso teniendo presente el procedimiento que todos ustedes conocen bien y recuerdan que establece nuestra Constitución para una reforma de esa naturaleza. Con lo que el señor Homs la respuesta la tiene muy clara en nuestra Constitución, que le dice todo el procedimiento que tiene que seguir para hacer estas cosas como mandan las leyes y la Constitución, que es, sencillamente, como quiere la democracia. Porque la democracia es, entre otras muchas cosas, pero muy especialmente, el respeto al imperio de la Ley.

Sobre las reuniones, este Gobierno es el Gobierno que ha aprobado una Ley de Transparencia, efectivamente; una ley que no existía en nuestro ordenamiento, que existía en prácticamente todos los Estados de la Unión Europea, que aquí se había demorado y se ha aprobado. Gracias a esa Ley, que tiene que entrar en aplicación este año, podremos conocer detalles que son muy significativos de actuaciones de los Gobiernos y actuaciones de la Administración que permitirán, no sólo un mayor control ex-ante y una mayor vigilancia ex-ante, sino un mayor control ex-post.

Dicho lo cual, dentro de nuestras tareas políticas las personas que tenemos responsabilidad política tenemos innumerables reuniones, buscando el interés general. A veces, esas reuniones aconsejan que se hagan en un determinado entorno que permita, a ser posible, si es posible --no estoy diciendo que sean estos dos los supuestos--, llegar a acuerdos que, cuando se materializan en determinadas actuaciones, por supuesto que se comunican a los medios y a los ciudadanos, en general.

También entienda que hay determinadas tareas, determinadas reuniones, que precisamente para que puedan muchas veces fructificar tienen que hacerse en un entorno de prudencia, del que después, en la medida de lo posible --como ven ustedes, luego todo se conoce--, también se informa.

Sr. De Guindos.- Si no recuerdo mal, yo creo que la CAM, cuando se vendió, se hizo con una inyección de capital de 5.500 millones y, después, con un esquema de protección de activos. El esquema de protección de activos es que, en este caso, el Fondo de Garantía de Depósitos garantizaba al comprador que, por una cartera global de 24.000 millones de euros, se cubrirían las pérdidas que pudieran surgir en un 80 por 100. Es decir, 80 por 100, Fondo de Garantía de Depósitos; 20 por 100, la entidad adquirente.

Ese esquema de protección de activos se valoró inicialmente en 1.500 millones. Ya en el año 2012 hubo una desviación significativa y en el año 2013 va a haber otra desviación significativa. Este esquema de protección de activos está vivo hasta el año 2021, dura diez años, con lo cual es evidente que va a haber una desviación significativa de estos 1.500 millones, lo cual va a elevar el coste más allá de los 7.000 millones que inicialmente se había calculado.

Ésta es una de las razones fundamentales por las cuales hemos hecho esta modificación del Fondo de Garantía de Depósitos. Es decir, el Fondo de Garantía de Depósitos ya fue declarado por el Eurostat parte del sector público, como consecuencia de estas pérdidas, que en sí mismas no podían ser asumidas únicamente con las cuotas del Fondo de Garantía de Depósitos; como parte del sector público. Por eso mismo se ha acordado que, como esto tiene un impacto en el déficit público y un impacto que está yendo más allá de lo que habíamos previsto, o inicialmente se previó en el año 2011, es por lo cual, tanto el Gobierno, como el Banco de España, han acordado que efectivamente haya representantes de la Administración central: uno del Ministerio de Hacienda y otro del Ministerio de Economía.

P.- Pero el total no…

Sr. De Guindos.- Se verá definitivamente en el año 2021, pero puedo decirle que las desviaciones son significativas.

Sr. Ruiz-Gallardon.- Hace usted una pregunta que ya contestó la vicepresidenta la semana pasada, pero yo con muchísimo gusto se la vuelvo a contestar, aunque yo creo que usted sabe la respuesta, porque conoce cuál es el procedimiento de iniciativa legislativa que le corresponde al Gobierno de la nación. Los borradores se elaboran en los Ministerios, es un trabajo del Ministerio; después, se aprueban los Anteproyectos en Consejo de Ministros; a partir de ese momento es un proyecto del Gobierno en pleno; después, si las Cortes Generales lo estiman, los convierten en ley y, a partir de ese momento, se convierte en una ley de todos los españoles.

P.- Quería preguntarle a la vicepresidenta o al ministro de Economía, o a los dos, por un tema que parece que el Gobierno se está tomando en serio: el Plan de Control de tributación de las grandes multinacionales que están realizando planificación fiscal, ingeniería fiscal, y que podría aplicarse a grandes tecnológicas como Apple o como Microsoft. Hoy publicábamos, de hecho, en "Expansión" que Hacienda ha expedientado a Coca-Cola por ingeniería fiscal en su negocio en España. Quería saber una valoración sobre este asunto y que nos expliquen si el Gobierno va a seguir con este tipo de actuaciones, y no sólo con el control, a lo mejor, de los pequeños contribuyentes.

Después, también sobre este tema de la fiscalidad, quería preguntarle si tenemos ya fecha para la publicación del informe de los expertos de la reforma tributaria y también de la reforma del Gobierno.

Luego, al ministro de Economía le quería preguntar por la decisión del Tribunal Constitucional alemán que no ve con buenos ojos la compra de deuda del Banco Central Europeo. ¿Teme que esto pueda empeorar la situación de España en los mercados y, por lo tanto, aguar la recuperación en la que parece que España está empezando a moverse?

Sr. De Guindos.- Aquí, simplemente, en el tema de las multinacionales, creo que hay que ponerlo en un contexto. Saben ustedes que en el entorno del G-20 hay una decisión --y se pidió incluso un informe a la OCDE-- en relación con la erosión de bases fiscales que se estaba produciendo en determinadas multinacionales. Por tanto, lo que está haciendo el Gobierno español, lo que está haciendo Hacienda, lo que está haciendo la Agencia Tributaria, va absolutamente en línea con planteamientos del G-20. Se estaba viendo que, a través de determinados instrumentos de ingeniería fiscal, se producían erosiones muy importantes en las bases tributarias y, lógicamente, eso se tiene que corregir. Es decir, que el Gobierno español está absolutamente en línea con las directrices del G-20.

Lo que ha dicho el Tribunal Constitucional alemán es que tiene que ser el Tribunal Europeo de Justicia el que tiene que valorarlo. Yo simplemente aquí puedo remitirme a lo que ha dicho el Banco Central Europeo, que está absolutamente convencido de que el programa conocido como OMT entra dentro de su mandato. Yo también estoy convencido al respecto y creo que ha sido uno de los elementos que han puesto de manifiesto, en última instancia, la voluntad política que existía sobre el futuro del euro, porque el objetivo fundamental no era financiar a Gobiernos, sino que era, básicamente, eliminar las dudas sobre el futuro del euro, y en ese sentido ha sido muy positivo.

Desde el punto de vista del impacto, yo no he visto ningún tipo de impacto en la deuda pública. La verdad es que, desde la colocación del sindicado, en el cual se obtuvo cuarenta mil millones de euros de demanda y se otorgaron diez mil millones, y las subastas recientes, la verdad es que, incluso en momentos de volatilidad… Es decir, el bono español ha servido un poco de elemento de seguridad, con volatilidades en mercados derivados de la situación de las economías emergentes, con lo cual yo no he visto ningún tipo de impacto. Y, vuelvo a repetir, yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho el Banco Central Europeo de que este tipo de actuaciones no son financiación de los Gobiernos, sino que son, fundamentalmente, elementos para eliminar el riesgo que se denomina "de cola" que existía de una potencial ruptura del euro, que se ha eliminado y que ha sido muy beneficioso para todo el mundo.

Vicepresidenta.- Sobre la reforma fiscal, sabe que a los expertos, cuando se les hizo este encargo, se les dio un tiempo para que lo llevaran a cabo, que es hasta este mes de febrero, que ahora ya estamos. En cuanto ese informe esté cerrado por parte de los expertos y remitido al Ministerio, se analizará por el Consejo de Ministros y entonces empezará la otra tarea, que es que el Gobierno presente su propia reforma fiscal teniendo presentes las indicaciones que nos parezcan oportunas de ese informe de los expertos y las propias necesidades de la economía española, amén de otras discusiones en el ámbito europeo. Ése es el procedimiento pero, indudablemente, ésta será una de las grandes reformas que acometeremos en estos próximos meses, en este período de sesiones.

P.- Primero, respecto a lo que ha contestado usted sobre el referéndum en toda España que proponía el conseller Homs, ¿le está invitando al Parlamento de Cataluña a que inicie una reforma de la Constitución para alcanzar lo que quieren? ¿Es el resumen de lo que nos ha venido a decir usted al decir que el procedimiento para la reforma de la Constitución está cómo está?

En segundo lugar, quería preguntarle por la polémica que se ha creado con las balanzas fiscales. No solamente Cataluña ha criticado los datos y cómo se van a hacer las balanzas fiscales, sino otras Comunidades Autónomas, como Madrid o como Extremadura, que va a hacer también sus propias balanzas fiscales. ¿Cree que este ambiente de contradicción entre las Comunidades Autónomas es el mejor para abordar la reforma del sistema de financiación?

Y respecto a lo que usted ha contestado cuando le han preguntado por lo del escrache, ¿está en la mente del Gobierno cambiar la Ley, como han propuesto desde algunos sectores judiciales?

Vicepresidenta.- Sobre el primero de los puntos, a lo que nos esté invitando la Generalitat y el señor Homs, será el señor Homs el que tenga que decir en qué procedimiento está ahora. Él lo que ha comentado es la posibilidad de un referéndum en toda España y yo simplemente le digo que hay un procedimiento, que no es el que pueda oportunamente a él parecerle, uno u otro, para modificaciones de esta naturaleza que afectan a lo que es la soberanía del conjunto del pueblo español, que viene muy bien delimitado. Pero, sobre todo, también lo que hay que preguntar, en su caso… En ese proceso de reforma de la Constitución están muy bien hilados los trámites para que sepan también los ciudadanos lo que se está sometiendo a su propia votación.

Es decir, le corresponderá al señor Homs especificar de qué procedimiento está hablando él. Yo del que le hablo no es el del Gobierno, es el del conjunto de nuestro ordenamiento jurídico, que es el que establece la Constitución y la Constitución lo que dice es que una modificación de esa naturaleza es una modificación casi de la Constitución misma y de su propia esencia, y establece un determinado procedimiento, que es el que permite llegar a una modificación de esa naturaleza.

Oímos muchas cosas y cada día nos plantean una cuestión diferente. Yo creo que también es momento para ser conscientes de que se requiere estabilidad, que estos asuntos afectan a la propia organización de los españoles con nosotros mismos, que las cosas tienen que analizarse muy bien antes de plantearse, saber las consecuencias que tienen y explicarles a los ciudadanos las consecuencias que tiene esto, no sólo a nivel español, que pueda ser este procedimiento, sino también a nivel europeo; contarles que saldrían del euro, con las implicaciones que tiene; entre otras, por temas que acabamos de ver en esta mesa, y qué pasa con la Unión Europea. Contar todas las cosas y no someter a los ciudadanos a estos vaivenes de si se propone lo mismo o parece que se propone algo parecido.

Lo que es del conjunto del pueblo español lo decide el pueblo español. ¿Cómo? A través de los mecanismos que la propia Constitución establece.

Sobre las balanzas fiscales, se publicarán como ha comprometido y como ha señalado el Ministerio de Hacienda, como se publicarán las cuentas territorializadas, sabiendo también todos lo que dicen las balanzas fiscales y lo que no dicen las balanzas fiscales, y, sobre todo, siendo conscientes, y aquí hay también un experto, de que en las balanzas fiscales ni hay un criterio único para determinarlas ni los resultados son homogéneos; es más, son absolutamente contradictorios según el criterio en el que nos movamos --si es de flujo monetario o si es de carga-beneficio-- y si los neutralizamos o no con los efectos de la crisis. Eso lo tienen que saber muy bien los ciudadanos.

Pero lo que no nunca te determinan las balanzas fiscales es otro asunto, que es muy importante, que es el relativo a la prestación de los servicios públicos. O sea, mayor transparencia será conocer precisamente el conjunto de los datos que pueden ofrecerse y para qué sirve cada uno, porque aquí a los ciudadanos hay que darles una información completa de cada cosa; no acogerse al sistema que nos viene bien para nuestro propio discurso, sino explicarles a los ciudadanos la realidad de lo que hay detrás en toda su amplitud. Y eso es lo que quiere hacer el Ministerio de Hacienda.

Sobre el otro de los puntos, quizá le ceda la palabra al ministro del ramo, que es al que, en su caso, le tocaría.

Sr. Ruiz-Gallardón.- Nosotros pensamos que la legislación española sí protege la inviolabilidad del domicilio, y más desde la aplicación que hace el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Quiero decirle con esto que, como ha dicho la vicepresidenta, y no puede ser de otra forma en un Estado de Derecho, acatamos la resolución judicial, pero discrepando de la misma. Nosotros pensábamos lo que manifestó el Ministerio Fiscal, es decir, que ahí sí había una violación de derechos y, por tanto, una conducta susceptible de ser sancionada. Puesto que ha habido una interpretación judicial, que es a quien constitucionalmente le corresponde hacer la interpretación auténtica de las leyes, que no nos corresponde al Gobierno sino al Poder Judicial, estudiaremos toda la legislación.

Pero sí le puedo decir que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos si algo garantiza de verdad es que el domicilio no puede ser objeto de ningún tipo de agresión y en este caso concreto, como en otros que se han producido, desde luego, el Gobierno entendió que sí se produjo una violación de esa inviolabilidad del domicilio.

Vicepresidenta.- Voy a darle brevemente la palabra al ministro de Economía, porque nos puede poner un interesante ejemplo.

Sr. De Guindos.- En relación con el tema de las balanzas fiscales, la complejidad y que no recogen muchas veces la totalidad de las relaciones, que son extremadamente ricas, entre los diferentes territorios, tengo un ejemplo que tiene que ver con el esquema de protección de activos de la CAM. La CAM la adquiere, por ejemplo, un banco domiciliado en Cataluña y el esquema de protección de activos supone que del Fondo de Garantía de Depósitos, que es algo que aportamos todos los españoles, se está recibiendo todos los años un flujo de ingresos para compensar o como consecuencia de ese esquema de protección de activos. ¿Cómo se computa eso?

Eso mismo, simplemente, es un ejemplo el cual, de algún modo, lo que quiere indicar es que esto de las relaciones económico-financieras-monetarias entre territorios, sobre todo cuando se llevan siglos de imbricación, es mucho más complicado de lo que parece.

P.- Tenía unas preguntas para el ministro de Economía. En el caso de la compatibilidad de consejero delegado y presidente, me gustaría saber en qué casos puede eximir que no sea la misma persona el Banco de España.

Y como principal accionista, siendo el Estado, de Bankia y de Catalunya Caixa, ¿cree que deberían nombrar consejero delegado?

En el tema de la cláusula de recuperación del variable, ¿por qué se ha dejado a criterio de la entidad que parte del variable estará afectado por esta cláusula?

¿Tienen ya la cifra final de los DTAs activados? Se habló de unos treinta mil millones pero, como se ha cerrado y Bankia dio el otro día el suyo, y quería saber si la tenían.

Le quería preguntar también por la salida del señor Latorre hacia el Fondo Monetario Internacional. ¿Nos lo puede explicar, porque algunos han querido ver un anuncio de su próxima salida y otros que no está satisfecho? ¿Tiene ya su sustituto?

Sr. De Guindos.- Empezando por la última, para mi secretario de Estado de Economía, que ha sido un colaborador estrecho, persona de mi máxima confianza, lógicamente hay un puesto muy importante que España tiene que asumir, que es el de director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional. Además, se tiene que ir en noviembre, que es cuando nosotros ocupamos nuestro puesto en el Consejo de lo que se llama "la silla", en el Fondo Monetario Internacional. Estoy convencido de que el señor Latorre lo va a hacer exactamente con la misma profesionalidad en el Fondo Monetario Internacional que como lo ha hecho como secretario de Estado de Economía. Además, va a continuar ejerciendo sus funciones, porque no existe ningún tipo de incompatibilidad, al revés, porque él era la persona que llevaba la relación con el Fondo Monetario Internacional. Exactamente igual.

En relación con el tema de los DTAs, todavía no tenemos la cifra; pero no se va a desviar mucho de lo que comentaba usted y lo que yo les he comentado ya en ocasiones anteriores: ligeramente por encima de los treinta mil millones de euros.

Por otro lado, en el tema de compatibilidad y los bancos públicos, en el tema de los bancos públicos saben ustedes que existen limitaciones de remuneración, tanto para los directivos, como para los consejeros. Lo que intentamos fundamentalmente es ser, si me permite usted la expresión, lo más austeros posibles. Yo creo que el Banco de España tiene aquí capacidad para determinar, en una situación muy específica, muy concreta, cuándo se justifica esta diferenciación entre el cargo de presidente y consejero delegado.

Yo creo que lo básico aquí ahora es decir que el FROB, según me comenta, y según yo creo que es perceptible, tanto con el equipo de gestión de Bankia, como con el nuevo equipo de gestión de Catalunya Caixa, está haciendo una magnífica labor, como estamos viendo, desde el punto de vista de saneamiento y desde el punto de vista de la vuelta de la confianza de estas instituciones, que yo creo que es una calidad.

Después, lo otro es una trasposición directa de la Directiva comunitaria. El mensaje que se quiere pasar, fundamentalmente, es: vamos a tener un poquito de cuidado con este tema de los bonos, porque a veces los resultados de hoy los podemos inflar, tomando riesgos que después, posteriormente, tienen un impacto negativo desde el punto de vista de los resultados, con lo cual aquí hay que mantener un porcentaje que esté ligado a esa evolución futura de los beneficios.

P.- Quería preguntarle a la vicepresidenta si nos podía informar de cuál fue la respuesta que ofreció el presidente del Gobierno al Lehendakari en el encuentro que mantuvieron en el Palacio de La Moncloa. El Lehendakari pide cambiar la política penitenciaria y acercamiento de presos. Quería saber cuál ha sido la respuesta del presidente del Gobierno ante esas propuestas.

En segundo lugar, quería volver al tema del escrache. Quería saber si el Gobierno considera --para usted o para el ministro Ruiz-Gallardón-- que la Fiscalía debería recurrir, ya que acatan pero en cierta medida no comparten el fallo.

En tercer lugar, el ministro Wert ha dicho que no va a asistir a la Gala de los Goya. Quería saber si se plantea asistir la vicepresidenta o algún otro miembro del Gobierno.

Vicepresidenta.- Sobre su primera pregunta, sobre nuestra política antiterrorista, la política antiterrorista del Gobierno, el Gobierno vasco conoce muy bien cuál es nuestra posición en este punto. Nuestra política antiterrorista no ha cambiado y no va a cambiar, y, dentro de ello, tampoco nuestra política penitenciaria. Consideramos que la banda terrorista ETA sólo tiene un camino, que es su disolución incondicional y su desaparición completa, y vamos a actuar con la coherencia de ese planteamiento y con la claridad de esa política antiterrorista.

Contesto a la tercera. El ministro Wert tiene problemas de agenda y habrá una representación del Ejecutivo, entendida en su sentido amplio.

Y en cuanto al asunto de la Fiscalía, las relaciones con la Fiscalía le corresponden al ministro de Justicia.

Sr. Ruiz-Gallardón.- La Fiscalía en España actúa de acuerdo con el principio de autonomía. Por lo tanto, en el supuesto de que una resolución judicial sea susceptible de recurso, en el supuesto de que sea susceptible de recurso, quien tiene que tomar de decisión de si lo interpone o no lo interpone es directamente la Fiscalía, en el ejercicio de la autonomía que tiene garantizado por la Constitución y por el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Vicepresidenta.- Muchas gracias.