Intervención de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría

Vicepresidenta.- Muy buenos días. En este Consejo de Ministros se han aprobado distintas normas y acuerdos de naturaleza muy variada: damos un paso muy importante en materia de regulación y supervisión de entidades de crédito, una completa herramienta normativa para defendernos de las causas y de los efectos de las crisis financieras; reconocemos nuevos mecanismos para que los sefardíes puedan obtener la nacionalidad española y desarrollamos nuevas medidas de las recogidas en el Informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas en un punto muy importante cual es las compras centralizadas.

Además, trasponemos a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva europea sobre asistencia sanitaria transfronteriza, que buscaba una ampliación de los derechos de elección de los pacientes.

Por último, también les informo que en este Consejo de Ministros se ha analizado un primer informe sobre los daños producidos por el reciente temporal en el norte y en el noroeste de España, en el bien entendido de que, por desgracia, seguimos afectados por ese temporal y que tendremos que continuar trabajando y evaluando esos daños.

Hoy me acompaña el ministro de Economía y Competitividad, don Luís de Guindos, porque hemos aprobado, ya para su remisión a Cortes Generales, el Proyecto de Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades de Crédito. Además, les informo de que pediremos su tramitación por urgencia por cuanto incluye también transposición de normativa comunitaria, que hay que incorporar a nuestro ordenamiento en plazo.

Con esta norma se completan y se trasladan a nuestro ordenamiento todos los cambios en la regulación de las entidades de crédito que se vienen acordando a nivel, no sólo europeo, sino también mundial, desde el estallido de la crisis financiera, que puso de manifiesto importantes carencias en la regulación financiera global. Se ha visto, con las cantidades y las calidades del capital de las entidades, que no fue suficiente en algunos casos para absorber esas pérdidas en un contexto internacional de fuertes turbulencias. Lo que hacemos es que damos un paso muy importante a la incorporación de medidas que traten de evitar inestabilidades financieras que afectan, y tanto, a las crisis y a su relación.

Tras los acuerdos internacionales, destaca el marco regulador global para reforzar los bancos y sistemas bancarios del Comité de Basilea de Supervisión Bancaria, lo que se denomina Acuerdo de Basilea III. Los ejes fundamentales de este acuerdo se transformaron en junio en normativa armonizada de la Unión Europea, en un Reglamento y en una Directiva. Para la transposición de la Directiva se exigen importantes modificaciones de diversas normas, de modo que, siguiendo el espíritu codificador de la propia Directiva y del propio Reglamento, hoy también aprovechamos en esta Ley para ir avanzando en nuestros proyectos de simplificación normativa, con un texto único y completo que recogerá las principales normas en materia de regulación, supervisión y solvencia bancaria.

Se trata, por tanto, de un régimen jurídico completo que tiene, como nos contará el Ministro, especial atención a los procesos de autorización, idoneidad, honorabilidad y mejoras del Gobierno corporativo, que atiende especialmente a temas muy importantes, como es el de remuneraciones, y que fija, además, claramente las funciones supervisoras en materia de solvencia del Banco de España y las obligaciones de las entidades.

En segundo lugar, la segunda norma que aprobamos, esta vez el Anteproyecto, es la concesión de nacionalidad española a los sefardíes que justifiquen tal condición y, por tanto, su especial vinculación con España. Se modifica el Código Civil.

La Comunidad sefardí ha mantenido, a pesar de la dispersión y del tiempo transcurrido desde 1492, la lengua, los usos y los nombres que atestiguan sus vínculos y sus orígenes en España. En 1990, en reconocimiento de esa memoria, se concedió a los sefardíes, como todos ustedes recuerda, el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia.

En este reconocimiento supuso un hito muy importante en su día un Decreto del año 1924, que posibilitó un proceso de naturalización que permitía obtener la nacionalidad española. Por ejemplo, esta norma permitió a un grupo de diplomáticos españoles dar protección consular durante la Segunda Guerra Mundial a aquellos que habían obtenido la nacionalidad española.

Actualmente existen dos medios para que pueda obtenerse la nacionalidad: primero, ser acreditado sefardí y probar residencia legal durante dos años, asimilándose a otros países que tienen especial vinculación con España; o por carta de naturaleza, si el interesado tiene circunstancias excepcionales. Con este Anteproyecto se concreta cómo pueden establecerse esas circunstancias excepcionales, por tanto, esa vinculación especial con España; se regula un procedimiento para la tramitación de solicitudes y se reforma el Código Civil para que, como consecuencia de la adquisición de la nacionalidad española, no tengan por qué perder su nacionalidad de origen.

Además, hemos aprobado el Real Decreto por el que se establecen normas para garantizar la asistencia sanitaria transfronteriza y se modifica el Real Decreto que regula la receta médica y las órdenes de dispensación. Esta norma, que es trasposición de una Directiva comunitaria, tiene por objeto favorecer el acceso a una asistencia transfronteriza de alta calidad y garantizar, en mayor medida, la movilidad de los pacientes y la cooperación entre Estados en materia sanitaria. Los pacientes podrán acudir a un Estado miembro distinto del suyo a buscar, a recibir, atención médica y, luego, solicitar el reembolso de los gastos en su país; es decir, se puede elegir en otro Estado miembro la posibilidad de recibir ese tratamiento y será reembolsado por el Estado miembro de origen. La norma se refiere a todas las prestaciones incluidas en la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud.

Con este Real Decreto, como digo, se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2011/24 de la Unión Europea relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes a la asistencia sanitaria transfronteriza. Se trata de la norma comunitaria que ha tenido mayor impacto en el ámbito sanitario en los últimos años, pues supone una importante adaptación organizativa de todos los sistemas de salud de los Estados miembros.

En virtud de esta Directiva los pacientes de los países de la Unión Europea podrán acudir a un Estado miembro distinto del suyo a recibir asistencia sanitaria y se les reembolsarán los gastos que se les hayan ocasionado. Esto siempre cumpliendo las condiciones que se establece en la Directiva y teniendo presente que en algunos supuestos se requerirá la autorización por parte de la autoridad sanitaria, que es la Comunidad Autónoma.

Lo que se busca con este Real Decreto es lo que buscaba la Directiva: asegurar la asistencia sanitaria transfronteriza segura y de calidad para todos los europeos, garantizar la movilidad de los pacientes y favorecer la cooperación sanitaria entre todos.

En nuestro país se reembolsará el coste de las prestaciones contenidas, tanto en la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud, como en las carteras complementarias de las Comunidades Autónomas.

Éste es un tema complejo y amplio, y por eso les informo de que habrá un "briefing" sobre la materia esta tarde en el Ministerio de Sanidad. Pero, si éramos ya tres los ministros que salíamos aquí, podía parecer excesivo.

También hoy, en el desarrollo de las medidas recogidas en la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas, se han adoptado dos importantes acuerdos, que siguen aplicando lo que son los ahorros de la contratación centralizada. Uno de ellos, muy importante: el Acuerdo Marco para la adopción de tipo de los suministros de combustibles de automoción en estaciones de servicios y a granel en depósitos que no estén situados en establecimientos militares y los contratos basados en el mismo.

En resumen, la posibilidad de celebración de un acuerdo marco para que distintas entidades de la Administración General del Estado, entre las que quiero destacar los importantes consumos que hacen el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior o la Dirección General de Tráfico, puedan acceder a un precio normalizado para todos ellos y que comporta importantes descuentos. Como mínimo, se entiende que podemos ahorrar con este contrato, de un valor estimado de 232 millones de euros, seis millones de salida y cuatro millones más por cada 1 por 100 de descuento que logre obtenerse en la licitación.

También, un acuerdo marco para la adquisición de motocicletas, ATV-QUADS que también son muy utilizados, tanto por el Ministerio del Interior, como por el Ministerio de Medio Ambiente. Se comprarán todos ellos juntos y durante la vigencia de este contrato se estima que puedan ahorrarse tres millones de euros.

Se demuestra que comprando todos juntos puede ser más barato y se abre la posibilidad --alguna Comunidad Autónoma, en el caso del suministro de combustible, ya nos lo han manifestado--, de que otras Administraciones, como Comunidades Autónomas, puedan sumarse a ese acuerdo marco y poder acceder a esos precios.

Hemos analizado también en el Consejo de Ministros el primer informe de los daños que se han producido hasta la fecha por el temporal que está asolando el norte y noroeste de España. Ha sido un informe preliminar porque, como digo, todavía estamos muy pendientes de lo que pueda pasar estos días, especialmente este fin de semana. Quiero recordar que permanece desaparecida una persona en el municipio de Foz, en Lugo, desde la tarde del día 2; que siguen hospitalizadas tres personas y que ha habido unos enormes daños en toda la costa del litoral.

Ahora lo que estamos haciendo son tres cuestiones: en primer lugar, y ya ha manifestado su voluntad de colaborar e implicarse en el proceso la UME, que pueda colaborar con las correspondientes autoridades de los Ministerios del Interior y de Medio Ambiente para que, en el plazo más breve posible, empiecen a retirarse, que ya lo está haciendo, determinados elementos que han sufrido grave daños; poder, una vez que tengamos la certeza de que el temporal ha amainado y que puede empezarse a trabajar, acometer las obras más urgentes y empezar a tramitar todas las modificaciones que sean necesarias para poder dar cobertura a los daños que ha generado este temporal, tanto los ocasionados en la Administración del Estado, como en los posibles seguros y otras indemnizaciones que puedan corresponder a otro tipo de entidades, instituciones y personas.

A tal efecto, como en otras ocasiones, hemos creado un grupo de trabajo con todos los Ministerios afectados para coordinar cómo se desenvuelven estas tareas y cómo pueden participar los distintos Ministerios, y muy especialmente las organizaciones que dependen del Ministerio de Medio Ambiente y del propio Ministerio de Defensa, para poder actuar inmediatamente; y para poder además, siendo muy conscientes de que está muy afectado el litoral, poder acometer las obras en el plazo más breve posible para poder empezar a normalizar la situación de cara a las próximas temporadas. Y hay un trabajo muy avanzado, en el que están colaborando, como siempre, o realmente llevándolo a cabo, las Delegaciones del Gobierno, para tener una estimación global de los daños.

En estos días, tanto el subsecretario del Ministerio del Interior,, como el director de Protección Civil, se están trasladando a las distintas zonas afectadas, para poder recabar esa información de estimación de daños de las distintas Delegaciones del Gobierno.

Por último, les informo de que, tras una comunicación establecida con la oposición, con el principal líder de la oposición, se ha fijado ya la fecha para el Debate del Estado de la Nación. Saben que es tradición que primero se comunica al líder de la oposición y después se comunica, en general, a los medios y lo comunicaremos también a la Cámara. Los días 25 y 26 de febrero tendrá lugar el Debate del Estado de la Nación, aproximadamente, un año y una semana de celebrado el anterior en el año 2013.