Intervención del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en funciones, Cristóbal Montoro

Sr. Montoro.- En primer lugar, como adelantaba la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, he informado, he elevado, al Consejo de Ministros el informe sobre el cumplimiento de los objetivos de déficit, deuda y regla de gasto de las Administraciones Públicas, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que determina que antes del 15 de abril de cada año el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas elevará al Gobierno un primer informe --obviamente, se refiere a cierres provisionales-- relativo al cumplimiento de los principios y objetivos de estabilidad presupuestaria en España.

Quiero recordarles, en primer lugar, que la evolución económica del año 2015 partió de unos Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 en los que establecíamos que el PIB, la economía española, crecería el año 2015 un 2 por 100 --por tanto, todo esto es la programación presupuestaria que después vamos a valorar-- y la economía creció, finalmente, el 3,2 por 100. Por tanto, realmente, ha sido un buen año en términos de consolidar la recuperación económica y, mejor aún, en términos de creación de empleo, y eso tiene que ver todo con la política presupuestaria que hemos hecho en España desde las diferentes Administraciones Públicas, además del efecto positivo de las reformas estructurales.

Pero quiero decirles, porque es que, si no, a veces no se entiende, se pone siempre el carro delante de los bueyes. Entonces, lo que hay que preguntarse es, bien al contrario, qué hubiera pasado en nuestro país si nos hubiésemos quedado con ese 2 por 100, que hemos superado y hemos superado con creces en términos de previsión, por la política económica que hemos hecho.

Dentro de la estabilidad presupuestaria, el primer objetivo de déficit es bien conocido y no hace falta… Ya sabemos cuál es el resultado perfectamente: en la Administración central cerramos en el 2,5 por 100, el 2,53 por 100, lo que supone una desviación positiva respecto del objetivo de 0,4 por 100; las Comunidades Autónomas cerraron en el -1,66 por 100, el objetivo era el -0,7 por 100 y tienen, por tanto, una desviación del 1 por 100; las Corporaciones Locales han vuelto a contribuir muy positivamente a la estabilidad presupuestaria y a la recuperación económica de España, con su superávit del 0,44 por 100, del 0,4 por 100, y, por tanto, desviándose respecto del objetivo, que era cero, en positivo; y los fondos de Seguridad Social se desviaron en negativo: el objetivo era -0,6 por 100 y acabaron en el -1,26 por 100. Todo ello hace que las Administraciones Públicas, que teníamos como objetivo, en el conjunto, -4,2 por 100, incumpliéramos ese objetivo en menos 0,8 por 100.

A partir de ahí, el informe contiene las desviaciones de las Comunidades Autónomas, donde también recuerdo que han sido tres (Galicia, Canarias y el País Vasco) las que realmente han hecho un ejercicio presupuestario brillantísimo en términos de cumplimiento del objetivo de déficit y --ahora también comentaré-- de regla de gasto y también de objetivo de deuda.

El informe es el preceptivo de la Ley de Estabilidad; pero con esto, con este conocimiento por parte del Consejo de Ministros, el resultado es que las Comunidades Autónomas incumplidoras deben presentar el plan económico y financiero. Eso es lo que vamos precisamente a abordar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Este plan son las variaciones sobre sus presupuestos, los presupuestos que están ejecutando, para corregir la desviación de déficit público. Por eso decía también que la coincidencia en fecha es muy importante en lo que es toda la estructura de gobernanza del Estado de las Autonomías en España.

En términos de cumplimiento de la regla de gasto, hemos incumplido todas las Administraciones. O sea, la Administración Central incumple, lo hacen las Comunidades Autónomas y también, menos pero lo hacen, las Corporaciones Locales. Dentro de las Comunidades Autónomas, precisamente las únicas que cumplen son las que han cumplido con el objetivo de déficit, y lo hacen con la regla de gasto. Pero, insisto, la Administración General de Estado tampoco ha cumplido la regla de gasto, ¡eh!, razón por la que vamos ahora a tomar este Acuerdo de no disponibilidad de crédito, que también tiene mucha entidad.

El objetivo de deuda pública, en el total de las Administraciones, se cumple: el objetivo era el 101,7 por 100 y hemos quedado en el 99,2 por 100, de forma que la Administración Central cumple el techo de deuda pública; las Comunidades Autónomas incumplen, por poco pero incumplen --las dos Comunidades Autónomas que provocan el incumplimiento del total serían, en este caso, el Principado de Asturias y la Comunidad Autónoma de Cataluña--, y, luego, las Corporaciones Locales, también cumplen esa deuda pública.

Por tanto, ése es el relato de los cumplimientos y se derivan las obligaciones. Las obligaciones son, para la Administración General del Estado, el Acuerdo de no disponibilidad, del que hemos informado en el Consejo de Ministros, que es el relativo a que dejemos de gastar dos mil millones de euros en el presupuesto de la Administración General del Estado, en su conjunto.

Este es el informe. La oportunidad y la necesidad están muy claras. Hemos incumplido y, por tanto, empezamos desde la Administración General del Estado a aplicarnos también los planes de estabilidad correspondientes. A partir de ello, lo que sí preservamos es que las reducciones de gasto que empezamos a trabajar el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas con el conjunto, con el resto de los Ministerios, ésas no afectan al gasto social o a partidas vinculadas con la seguridad. Son los dos grandes parámetros que no van a tener reducción alguna sobre el Presupuesto, insisto, del año 2016, que ya se está ejecutando. Por tanto, se han excluido de la no disponibilidad, entre otras, las transferencias a Seguridad Social, las relativas al desempleo, las becas y las transferencias a ADIF para gastosa de mantenimiento. Insisto, gasto social y seguridad, ésas no se reducen en modo alguno.

Por tanto, vamos a identificar gastos vinculados a operaciones de Capítulo VIII con impacto en déficit y los ministerios concernientes, y plantearemos un ajuste proporcional a los ministerios en el resto de partidas en función de los créditos iniciales de que disponen estos ministerios. Por tanto, todos los ministerios quedamos concernidos a reducir nuestro Presupuesto, y lo haremos también proporcionalmente al tamaño y al volumen de ese presupuesto.

Esto es todo y supongo que habrá preguntas también relativas al desarrollo en la tarde de hoy de la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera.