Intervención del ministro de Educación, Cultura y Deporte y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo

Portavoz.- Buenas tardes. Comparecemos ante ustedes para informarles de los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros en la reunión celebrada hoy, 3 de noviembre, bajo la presidencia de don Mariano Rajoy, presidente del Gobierno; Consejo de Ministros que ha tenido una reunión ordinaria y una extraordinaria relativa a los asuntos relacionados con las elecciones en Cataluña el próximo 21 de diciembre. De ambas les vamos a dar cuenta el ministro de Hacienda y Función Pública, y el ministro de Economía, Industria y Competitividad, en dos temas muy importantes que ha examinado el Consejo de Ministros: el relativo, en primer lugar, a la reforma de la Ley Hipotecaria y, en segundo lugar, a aquellos acuerdos que afectan al Cupo y al Concierto vasco.

Déjenme decirles también que en estos últimos tiempos hemos conocido datos económicos que avalan que en España la economía continúa en esa senda de lo que hemos denominado el crecimiento integrador o inclusivo, es decir, crecimiento con bienestar social y con unos servicios públicos de un gran nivel a disposición de todos los ciudadanos.

Los datos económicos que hemos conocido en los últimos días lo atestiguan y van la línea del crecimiento de la economía española, ese fuerte crecimiento que habíamos tenido en los últimos trimestres. En el último, el Instituto Nacional de Estadística nos indica que la economía creció un 0,8 por 100, lo que indica que el acumulado de estos nueve primeros meses alcanza el 2,5 por 100 del PIB, lo que nos hace --sin duda, el ministro de Economía luego podrá hablar sobre ello-- que podamos cumplir con el 3,1 por 100 del PIB, que es la última previsión del Gobierno enviada a la Unión Europea.

Por lo tanto, son cuatro años de crecimiento económico, desde el año 2014, y tres de ellos, incluido este año 2017, si termina como esperamos, con crecimientos por encima del 3 por 100. Además, estamos en un crecimiento con contención de la inflación, que se está desacelerando, y con un equilibrio en la balanza de pagos cumpliendo con el objetivo, por tanto, de déficit público.

Asimismo, también, y como saben ustedes, porque el presidente del Gobierno lo ha dicho en numerosas ocasiones, y nosotros lo hemos repetido desde aquí, la prioridad del Gobierno es la creación de puestos de trabajo. Y déjenme que me detenga un momento en la EPA del tercer trimestre, porque no hay mejor termómetro para saber cuál es la situación de la creación de empleo en España.

El paro ha descendido en la EPA del tercer trimestre en 182.600 personas y el número total de parados alcanza los 3.731.700, con lo cual se consolida esa cifra por debajo de los cuatro millones de desempleados. En términos interanuales, la evolución muestra un descenso intenso: el paro, en términos interanuales, se reduce en 589.100 personas, a un ritmo del 13,63 por 100, y la tasa de paro se ha situado en un 16,38 por 100, desde aquel 26,94 por 100 que llegamos a tener. Se ha reducido, por tanto, más de diez puntos y estamos en niveles inferiores a los del año 2009.

Se acelera la creación de empleo, con 2.620 nuevos empleos cada día, y caminamos a buen ritmo hacia los veinte millones de empleos, que son, como saben ustedes, el objetivo que se marcó el Gobierno para esta Legislatura. Además, se trata de un empleo de buena calidad: el mayor incremento anual lo experimentan los indefinidos, que son 299.300, frente a los 202.700 de temporales. Eso significa que se ha recuperado el 89 por 100 del empleo indefinido destruido por la crisis y todo el empleo recuperado lo es a tiempo completo; y la mayor parte del mismo, el 93,3 por 100, en el sector privado.

Asimismo, otra buena noticia de estos datos es que el empleo joven crece cinco veces por encima de la media; por lo tanto, la tasa de paro de los menores de veinticinco años se ha reducido en casi veintiún puntos porcentuales desde el máximo que alcanzó en el primer trimestre del año 2013. También, otra buena noticia son los parados de larga duración: nueve de cada diez personas que abandonaron el paro en el último año eran parados de larga duración.

En relación con los datos de afiliación a la Seguridad Social de estos primeros diez meses, podemos decirles que el sistema cuenta con 18.430.529 afiliados en octubre y, desde el inicio de la recuperación económica, la afiliación ha crecido en 2.279.782 personas.

Igualmente, hemos conocido hoy datos de empleo relativos al mes de octubre. Como saben ustedes, el mes de octubre es tradicionalmente un mes muy malo para el empleo por razones obvias. Pues bien, la ocupación creció en 94.386 empleos en octubre y el desempleo subió en 56.844 personas en relación con el mes anterior. Estamos hablando de que el paro registrado en la media de los meses de octubre de la serie histórica era de 90.000 personas; por tanto, 56.000 es casi la mitad de la media. Además, este empleo que se ha creado es un empleo de mejor calidad: en octubre se han firmado 202.542 contratos indefinidos, lo que supone un incremento de más del 21 por 100, que es el mayor número en cualquier mes desde que comenzó la recuperación de empleo. Y, asimismo, la contratación indefinida crece tres veces más que la temporal.

Por tanto, son buenos datos. Junto a la buena senda económica, nos dicen que lo que hemos venido repitiendo desde hace tiempo, que estamos ante un nuevo ciclo político, económico y social, es una realidad. Y ello no es una casualidad; ello se debe a las reformas económicas emprendidas y a la política presupuestaria que ha puesto este Gobierno en marcha.

Déjenme que haga también una referencia a la situación en Cataluña. Como ustedes saben muy bien, porque muchos de ustedes asistieron a la rueda de prensa del pasado viernes, el Senado aprobó por 214 votos a favor, 47 en contra y una abstención, un conjunto de medidas de desarrollo del artículo 155 de la Constitución, en el marco de un gran acuerdo político en el que han participado el PP, PSOE, C's, UPN, Foro Asturias, Coalición Canaria y otras fuerzas canarias. Ese mismo día, el Parlamento de Cataluña había acordado una declaración de independencia o, literalmente, un pronunciamiento para iniciar un proceso constituyente. El Consejo de Ministros que se reunió tres horas después del acuerdo del pleno del Senado puso en marcha las primeras medidas de aplicación del artículo 155 y procedió al cese del presidente de la Generalidad de Cataluña, del vicepresidente y del resto de los consejeros, y acordó, como saben ustedes, convocar elecciones en Cataluña el próximo 21 de diciembre.

Pues bien, como dijo el presidente del Gobierno, y a sus palabras me refiero, las decisiones que se adoptaron en ese momento son para restituir el autogobierno, que ha sido liquidado en las últimas semanas por una cadena de decisiones ilegales, arbitrarias y excluyentes adoptadas por el Gobierno de la Generalidad. Son los pasos necesarios e imprescindibles para devolver la legitimidad democrática al autogobierno.

En este sentido, hoy el Consejo de Ministros, en esa parte extraordinaria después del Consejo de Ministros ordinario, ha tomado una serie de medidas, que paso a relatarles.

Ha adoptado un Real Decreto por el que se designa al secretario general técnico del Ministerio del Interior, don Juan Antonio Puigserver Martínez, para ejercer determinadas funciones correspondientes a la Secretaría General del Departamento de Interior de la Generalidad de Cataluña y al Área de Procesos Electorales y Consultas Populares del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda.

Asimismo, se han aprobado un Real Decreto por el que se regulan las subvenciones y el control de la contabilidad electoral en las elecciones al Parlamento de Cataluña, y un Acuerdo por el que establece determinadas obligaciones de servicio público al prestador del servicio postal universal en las elecciones al Parlamento.

Finalmente, también un Acuerdo, instado por el ministro de Hacienda, por el que se aprueba en los Presupuestos de la Generalidad de Cataluña una modificación presupuestaria.

Todo ello son medidas, digamos, técnicas, de ordinaria administración, habituales en cualquier proceso electoral, para celebrar esas elecciones el 21 de diciembre, que serán unas elecciones "con":

- Elecciones con voto universal, libre y secreto, en las que podrán participar todos los catalanes en condición de estricta igualdad política.

- Elecciones con un censo electoral oficial, con una tarjeta censal que recibirá puntualmente cada elector, en la que se indicará el colegio y la mesa donde pueden ejercer su derecho al voto.

- Elecciones con una Junta Electoral legalmente constituida, es decir, regida por una autoridad electoral independiente y excluyente.

- Elecciones con transparencia.

- Elecciones con todos los partidos políticos, teniendo acceso a los espacios electorales regulados en la Ley Electoral vigente.

- Elecciones que se producirán con el control democrático habitual, es decir, constitución legal de las mesas, presencia de interventores y apoderados de distintos partidos, seguridad en los colegios a cargo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, etcétera.

- Elecciones con un recuento oficial, público, riguroso, transparente, en el que, además, podrán participar todos los representantes de los diferentes partidos.

- Y elecciones con proclamación de resultados por la Junta Electoral.

Asimismo, ayer tuvo lugar una serie de decisiones en el ámbito de la Administración de Justicia: el Tribunal Supremo, como saben ustedes, concedió un plazo a determinados miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña para que estudiasen sus alegaciones; la Audiencia Nacional tomó una medida cautelar que consistió en el ingreso en prisión del ex vicepresidente y ex consejeros del Gobierno de Cataluña, y, asimismo, la emisión de una orden europea de busca y captura para que el ex presidente Puigdemont y aquellos consejeros que no se habían presentado al requerimiento de la Audiencia Nacional así lo hicieran.

Con las elecciones del 21-D, el Gobierno espera lograr estabilidad, seguridad y certeza en Cataluña. Hay que tener en cuenta que Cataluña ha estado sometida a muchos procesos electorales en los últimos tiempos: ha habido elecciones autonómicas en 2010, en 2012 y en 2015; ha habido elecciones generales en 2011, en 2015 y en 2016: locales, en 2011 y en 2015, europeas, en 2014; y hubo dos consultas ilegales en 2014 y en 2017.

Por tanto, creemos que estas elecciones deben servir para dar esa estabilidad, esa necesaria seguridad que requiere Cataluña, especialmente para evitar las consecuencias económicas que estamos viendo que son tan perjudiciales para esa Comunidad Autónoma.

Hoy, en el Consejo de Ministros, cuando la ministra de Empleo ha hecho referencia a los datos de empleo, ha hecho referencia también a su proyección en Cataluña, sobre todo, a partir del 10 de octubre. Mientras que en el resto de las Comunidades Autónomas la afiliación ha crecido --les di las cifras--, y ha crecido casi 40.000 empleos en Madrid o 38.000 en la Comunidad Valenciana; en Cataluña esos 39.000 o 38.000 se han convertido solo en 1.700. Y asimismo, el paro: mientras que en la Comunidad Valenciana ha crecido en 1.858 personas y en Madrid en una cifra similar, en Cataluña ha crecido en 14.698.

También, en el ámbito del debate que ha tenido lugar en el Consejo de Ministros, el impacto del 1 de octubre y sus consecuencias en el sector turístico en Cataluña son muy notables. La capacidad hotelera, el número de personas que han pernoctado en Cataluña, ha bajado enormemente. En el puente de El Pilar, Cataluña fue la tercera Comunidad Autónoma con menor ocupación hotelera y la costa catalana ha tenido una ocupación del 77 por 100, cuando habitualmente es del 90 por 100. Además, ha informado el ministro de Turismo de que el 67 por 100 de los hoteleros afirman haber bajado los precios para paliar el descenso en la ocupación.

Eso, unido a la salida de las empresas de Cataluña, hace que estas elecciones tienen que ser el punto final para comenzar un proceso de estabilidad, de seguridad y de recuperación.

Además de lo dicho, el Consejo de Ministros hoy ha tomado una serie de acuerdos. En primer lugar, ha estudiado el Anteproyecto de Ley por el que se modifica la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Se trata de la trasposición de una Directiva de la Unión Europea, concretamente la 2302/2015, relativa a viajes combinados y a los servicios de viajes vinculados, dando mayor protección a los consumidores. La Directiva anterior era de 1995 y esta incorpora todo aquello relacionado con la compra de "paquetes" por internet, que es el método habitual de compra del sector turístico en los últimos tiempos, como ustedes saben.

Asimismo, ha acordado solicitar al presidente del Gobierno la interposición de tres recursos de inconstitucionalidad contra leyes autonómicas de Cataluña: concretamente, la Ley del Parlamento de Cataluña de comercio, servicios y ferias; la Ley del cambio climático, y el Decreto Ley de medidas urgentes para la ordenación de los servicios de transporte de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas.

Igualmente, el Consejo de Ministros ha acordado solicitar al presidente del Gobierno la interposición de dos recursos de inconstitucionalidad contra dos leyes autonómicas de la Comunidad Valenciana.

También, el Consejo de Ministros ha aprobado un proyecto complementario de soterramiento del AVE en Murcia y ha autorizado el expediente complementario que amplía las obras de soterramiento y permeabilización que ejecuta ADIF Alta Velocidad desde el paso a nivel de Santiago el Mayor hasta el de Los Garres, en el nuevo acceso ferroviario a Murcia; actuación que supone un incremento de casi diecisiete millones de euros.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha autorizado al ministro de Economía --estoy pisando su tarea; luego podrán preguntarle a él-- tres acuerdos para conceder préstamos a PYMES y jóvenes emprendedores por un importe total de casi cien millones de euros.

Además, otro Acuerdo por el que se ratifica la autorización provisional para la suscripción de un Acuerdo de modificación del Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Canarias para el desarrollo de actuaciones en materia de agua en las Islas Canarias, por un importe --son varios años-- de casi 160 millones de euros.

Finalmente, en lo que a mí respecta, el Consejo de Ministros ha aprobado la concesión de Grandes Cruces de la Orden de Alfonso X el Sabio. Como saben ustedes, se destinan a premiar a las personas físicas y jurídicas, y a las entidades tanto españolas como extranjeras, que se hayan distinguido por los méritos contraídos en los campos de la educación, la ciencia, la cultura, la docencia y la investigación, o que hayan prestado servicios destacados en cualquiera de ellos, en España o en el ámbito internacional.

Las doce personas para las que el Consejo de Ministros ha acordado la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio son: doña Irina Bokova, directora general de la UNESCO; don Valentín Fuster, médico cardiólogo y escritor; doña Rebeca Grynspan, la actual secretaria general iberoamericana; doña Alicia Koplowitz, empresaria y financiera española; doña Carmen Laffón, pintora y académica de Bellas Artes; doña Soledad Lorenzo, galerista de arte contemporáneo, que ha hecho una gran donación al Museo Reina Sofía; don Hermann Parzinger, que es un arqueólogo alemán, presidente de la Fundación del Patrimonio Cultural Prusiano; don Renzo Piano, arquitecto italiano, ganador del Premio Pritzker y autor en España del Centro Botín de las Artes y la Cultura, en Santander; don Gil Carlos Rodríguez Iglesias, jurista español y catedrático, que fue juez en el Tribunal de la Unión Europea y su presidente entre los años 1994 y 2013; doña Marianne Thyssen, que es una política belga, actual comisaria europea de Empleo, Asuntos Sociales, Capacidades y Movilidad Laboral; don Gustavo Torner, pintor y escultor español; y don José Joaquín de Ysasi-Ysasmendi, presidente de los Amigos del Museo Reina Sofía.

Estos son, por tanto, los acuerdos de los que yo les he hecho a ustedes partícipe. Ahora voy a pedirle al ministro de Economía que nos hable de la reforma de la Ley Hipotecaria y de cualquier cosa que tenga por conveniente, claro.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)