Respuestas a los medios de comunicación (Parte 1)

P.- Vicepresidenta, querría saber su posición acerca de algunas consecuencias que ha tenido ya el traslado de De Juana Chaos. La primera de ellas es que el Partido Popular ha convocado una manifestación de protesta, aún sin fecha, y la segunda es que parece que cunde el ejemplo y algunos presos, en una cárcel de Almería, anuncian huelga de hambre para pedir el mismo trato que el etarra.

Vicepresidenta.- Ya les he hecho una reflexión en mi intervención. Si me permite, antes de contestarle puntualmente a las dos cuestiones que usted me plantea, quisiera decir algo más, porque me imagino que va a haber más preguntas sobre este tema.

Yo creo que es bueno aportar sosiego a este debate, eso para empezar, y, desde luego, para aportar sosiego no hay nada mejor que aclarar determinadas dudas, porque se están diciendo algunas cosas verdaderamente que no se corresponden con la realidad.

Se dice tranquilamente que De Juana queda liberado. No es cierto. Sigue cumpliendo condena con cumplimiento calificado en segundo grado y con una medida de atenuación derivada de su estado físico.

Se ha dicho que se ha cedido al chantaje. No es cierto. El Estado no acepta chantajes. Si hay Ley, y hay Ley, no hay chantaje, porque la Ley no lo admitiría. No hay chantaje; se ha hecho con arreglo a la Ley. Hay un auto judicial, hay un informe de la Junta de Tratamiento y un informe médico; todos ellos avalan la decisión, con arreglo al procedimiento legal.

Se dice que es el pago de un precio político. No es cierto. El Gobierno no paga precios políticos, ni los ha pagado ni los pagará nunca. Lo que sí que es es una decisión política, porque gobernar es tomar decisiones políticas.

El Gobierno y todos los Gobiernos del mundo con sus actuaciones hacen política todos los días para precisamente eso, porque para eso nos han elegido los ciudadanos: para tomar decisiones políticas; no pagar precio de ningún tipo.

Por tanto, el Gobierno ni acepta chantajes ni paga precios políticos; gobierna porque los ciudadanos así lo han decidido, que gobernemos, y estamos gobernando. Y en este caso el Gobierno ha actuado con arreglo a los criterios de legalidad, la Ley por encima de todo, y también con arreglo a los criterios que la Ley permite, que son los de oportunidad, que es el de mostrar que para nosotros, para este Gobierno, como para la mayoría de los ciudadanos, la vida está por encima de la muerte.

En definitiva, el Gobierno aplica la Ley e interpreta la Ley con valores constitucionales, y uno de esos valores es el respeto a la vida.

Y les diré algo más que yo creo, estoy segura, que la mayoría de los ciudadanos van a entender perfectamente: yo creo que todos compartimos, el Gobierno comparte con los ciudadanos, el rechazo moral que conlleva esta decisión, como también estoy segura que la mayoría de los ciudadanos entienden que en un Estado de Derecho, por encima de cualquier otra consideración, está la Ley y la Ley aplicada con arreglo, como les decía antes, a los valores, en este caso constitucionales.

Cuando se gobierna, como sucede también en muchas ocasiones en la vida diaria, hay que tomar decisiones y, a veces, hay decisiones, yo les digo sinceramente, que producen una enorme satisfacción, por ejemplo, cuando subimos las pensiones o cuando ampliamos derechos para personas que carecen de esos derechos. Otras decisiones gustan menos, por ejemplo, cuando tenemos que seguir adoptando medidas porque se sigue ejerciendo la violencia contra las mujeres y mueren mujeres; y otras, como es el caso que estamos hablando, nos producen un rechazo a todos, un rechazo total. Pero el sentido de la responsabilidad y la defensa del Estado de Derecho deben primar por encima de cualquier otra consideración oportunista y partidaria.

Declaraciones de los líderes del Partido Popular a las que se refería usted y sus consecuencias. Sabe usted que yo desde esta mesa no hago valoraciones sobre las declaraciones de otros dirigentes políticos, pero les diré que en este caso resultan sencillamente ignominiosas y obscenas; democráticamente hablando, claro.

¿Consecuencias? ¿Que el Partido Popular, el líder de la oposición, dice que va a convocar una manifestación? Ya les digo que, a mi juicio, el grado de irresponsabilidad del Partido Popular resulta, como señalaba, verdaderamente obsceno y me reafirmo en ello; pero es que, además, esto de convocar es una ocurrencia impropia y poco digna de quien es el líder de la oposición; por cierto, el líder de la oposición, el líder de la derecha, peor valorado de toda la democracia.

El Gobierno, con respecto a la última cuestión, va a aplicar siempre la Ley y el reglamento penitenciario a todos los presos con arreglo a los criterios de los jueces y con arreglo a los valores constitucionales. Siempre, como lo hemos hecho siempre y como lo vamos a seguir haciendo siempre.

P.- Voy a cambiar el tercio y voy a preguntar al Vicepresidente Segundo y Ministro de Economía sobre las razones de esta Ley Hipotecaria. ¿Se debe a la subida de los tipos de interés, que esto puede provocar impagos y que estos impagos pueden dañar el crecimiento económico?

Si me permite, voy a hacerle dos preguntas del sector energético. La primera es si el Gobierno o usted es partidario que ENEL pueda ejercer derechos políticos por encima del 3 por 100, que prohíbe la Ley española a empresas extranjeras públicas en sectores estratégicos.

La segunda es si es usted partidario de que la SEPI vote contra el blindaje de Endesa en la junta del día 20 para ser coherente con las recomendaciones de buen gobierno que impulsa el Gobierno de forma general, y usted de manera particular, y como se ha encargado de recordarle el señor Bernotat, Presidente de E.ON.

Vicepresidente.- En cuanto al primer tema, razones de esta Ley. Las razones de esta Ley son, básicamente, porque hay cinco millones de familias en España que tienen hipotecas y, por lo tanto, si tenemos un sistema que sea más eficiente y que permita que las familias opten mejor por una o por otra hipoteca en un sistema de concurrencia, yo creo que hay que dar esas garantías. Es buena para las familias; es buena para las entidades financieras en la medida en que mejoramos también, como he dicho anteriormente, su capacidad de financiación; es buena para todos en la medida en que mejoramos el sistema de tasación y es buena para los jubilados en la parte de la hipoteca inversa.

Evidentemente, ¿que en una situación de subidas de tipos de interés hay más demanda para cambiar de hipoteca? Sí. ¿Eso quiere decir que esto supone alguna previsión de riesgo adicional? No. Yo no veo una situación muy distinta ahora de como la veía hace unos meses, vista la evolución de tipos de interés. Sí entiendo que exista un mayor apetito de los utilizadores de hipotecas para cambiar y para buscar alternativas. Eso es normal y eso es lo que queremos dar.

Si la pregunta es si me preocupa algo la subida del mercado hipotecario, no me preocupa nada. Es decir, en el dato fundamental, que es la evolución de los impagados o los pleitos de dudoso cobro, en estos momentos estamos a niveles muy, muy, bajos, y eso todo el mundo relacionado con el mundo financiero lo sabe perfectamente.

Participación de ENEL o de cualquier otro en España. Yo creo que hay que aplicar la legislación vigente y la legislación vigente dice varias cosas. Primero, la disposición 27 de la Ley de Acompañamiento del año 1999 disposición que, por otra parte, como usted sabe, está recurrida por la Comisión en Bruselas que considera que es discutible y que no se puede aplicar tal como está, pero en estos momentos está en vigor lo que dice es que una empresa propiedad de un gobierno o una empresa pública extranjera con un determinado porcentaje… no dice que no pueda comprar, dice que no puede ejercer los derechos políticos si no se autorizan. Evidentemente, si no se autorizan, no podrá ejercer los derechos políticos. Eso es evidente. De acuerdo con la información que yo dispongo, ha pedido que se le reconozcan los derechos políticos. Llegado el momento, el Consejo de Ministros analizará el tema y decidirá.

Segundo punto, ejercer derechos políticos del 3 por 100 como máximo en el caso de que se participe en más de dos empresas que sean las relevantes en términos del sector. Ése es un tema sobre el que tiene que opinar la CNE y en el que yo creo que también hay que aplicar la legislación vigente, como hay que aplicarla también en lo que se refiere a superar el 10 por 100 para poder llegar hasta el 24,9 por 100. En ese sentido, por tanto, a mí me parece que el tratamiento que hay que dar es el mismo, el tratamiento que legalmente tenemos establecido ahora en el país, aunque acepto, y ahí reconozco que tengo una cierta alma compartida, que la posición de Bruselas en este tema es que la disposición 27 del año 1999 va demasiado lejos y que no se puede discriminar entre empresas públicas y privadas, que es la posición de la Comisión, siempre y cuando no exista una ayuda pública que, evidentemente, afecta a la operación.

El problema de la SEPI. En el problema de la SEPI nuestra posición ha sido siempre la misma: tomaremos las decisiones en su momento y seremos el último que tome la decisión, y, evidentemente, tomaremos en consideración todos los elementos incluidos en las normas del buen gobierno.