Intervención del ministro de Educación, Cultura y Deporte, y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo

Portavoz.- Buenas tardes. Comparezco ante ustedes para informarles de los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros en la reunión celebrada hoy, 1 de septiembre, bajo la presidencia del presidente, don Mariano Rajoy. Antes de ello, y como viene siendo habitual, permítanme que haga algunos comentarios sobre los asuntos más destacados de la semana.

Quiero empezar mi intervención recordando e informándoles de la reunión que mantuvo el presidente del Gobierno en París el pasado lunes, 28 de agosto, con el presidente de la República Francesa, don Emmanuel Macron; la canciller alemana, doña Ángela Merkel, y el presidente del Consejo de Ministros italiano, don Paolo Gentiloni; reunión en la que el terrorismo ocupó una buena parte de la misma y donde el presidente del Gobierno recibió y agradeció las condolencias, el apoyo y la solidaridad de estos cuatro mandatarios en relación con los atentados terroristas que tuvieron lugar el 17 de agosto en Barcelona y Cambrils, en los que fueron asesinadas dieciséis personas y heridos ciudadanos europeos y de más de treinta nacionalidades que, afortunadamente, se van recuperando y hacemos votos porque esa recuperación siga adelante.

Es evidente que la cuestión terrorista es fundamental en estos momentos, porque es una prioridad nacional, es una prioridad europea y también internacional, y uno de los asuntos que, evidentemente, más preocupan a los ciudadanos. El presidente del Gobierno pasó revista en esa Cumbre de París a la convicción compartida en relación con la amenaza que el terrorismo yihadista supone para nuestras sociedades. Fruto de ello es ese consenso existente entre los países de la Unión Europea para liderar un proceso necesario de cooperación internacional.

Nos enfrentamos a un fenómeno global que exige respuesta, decisiones y soluciones globales, y así lo entiende la Unión Europea que ha incluido esta cuestión de la lucha contra el terrorismo yihadista en la agenda de la seguridad exterior e interior de la Unión. Hay que huir de la tentación de la autosuficiencia, porque carece de realismo y no sirve a los intereses de los ciudadanos; por el contrario, es a través del ejercicio de responsabilidades compartidas donde podremos mejorar la coordinación informativa y operativa policial y judicial.

En este sentido, y a propuesta del presidente del Gobierno, se acordó la celebración de una próxima reunión este otoño en Madrid del G-6, que incluye a los ministros de Interior de estos cuatro países que he mencionado, más Polonia y Reino Unido. Asimismo, se acordó también celebrar próximamente una reunión de jefes de información y habrá una reunión de ese G-4 (España, Francia, Alemania e Italia) próximamente también en España, donde analizaremos estas materias.

En París, el presidente del Gobierno propuso cinco medidas: la primera era estrechar la colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad en los distintos Estados miembros; en segundo lugar, aumentar la cooperación internacional; en tercer lugar, mejoras en la lucha contra la radicalización, poniendo especial énfasis en las redes sociales; en cuarto lugar, la lucha contra la financiación del terrorismo; y, por último, el presidente propuso que se otorgue a las víctimas un estatuto internacional para testimoniar el reconocimiento de las víctimas. Citó la propuesta española de crear una Carta Europea de Derechos de las Víctimas y confió también en que salga adelante.

Por último, el presidente del Gobierno puso de relieve la experiencia que tiene España en materia antiterrorista, poniéndola a disposición de los socios europeos. Sabemos que las banderas que nos unen en la lucha antiterrorista son la unidad política y democrática fruto de la conciencia de voluntades y de compartir determinados principios y valores: la inviolabilidad de la vida humana, la libertad, la democracia, el Estado de Derecho y el pluralismo político y social.

Esta unidad política debe concretarse a través de acuerdos y, por ello, el ministro del Interior instó en la reunión del Pacto Antiyihadista a que todos aquellos que no lo hubieran suscrito, lo hicieran. Creemos que, cuando hay temas como estos, nadie debe estar en posiciones no comprometidas. No debe existir esa posición de observador, no se puede ser observador ante el terrorismo, hay que estar plenamente comprometido y, por ello, nuevamente un llamamiento a que todas las fuerzas políticas españolas se sumen a ese Pacto Antiyihadista.

Además, es importante mantener la solidaridad inquebrantable con las víctimas y sus familias: merecen nuestro respeto, nuestro aprecio y nuestro reconocimiento. Y, además, finalmente, es necesario fortalecer la coordinación institucional para la unidad de acción e incrementar los recursos, tanto materiales como humanos, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y también de los jueces y fiscales, como hemos hecho últimamente.

Finalmente, es muy importante, y lo fue a la hora de derrotar a ETA, la movilización cívica contra el terrorismo. Hace pocos días, en el mes de julio, celebramos el vigésimo aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Las manifestaciones de muchos lugares en España nos hicieron recordar como aquello significó el principio y fin de ETA. El pasado sábado 26 de agosto, la manifestación de Barcelona simbolizó la respuesta contundente de la ciudadanía ante esos atentados con el Rey, el Gobierno en pleno, las instituciones autonómicas y otros presidentes autonómicos también. Quiero destacar el comportamiento de la gran mayoría de las personas que dieron un ejemplo de respeto y de repulsa al terrorismo, y de solidaridad con las víctimas, en plena sintonía con lo que hemos visto o vimos estos días en España: la de una España volcada con Cataluña demostrándole su afecto y la solidaridad.

Quiero también anunciarles que, en esta misma línea de continuar afianzando las relaciones en la lucha antiterrorista, el presidente del Gobierno tendrá esa cuestión en su agenda internacional y, concretamente, el día 25 de septiembre, en el que viajará a Washington para entrevistarse con el presidente de los Estados Unidos. Almorzará con el presidente Trump y, junto al terrorismo, sin duda también otras relaciones como las de la Unión Europea y las relaciones económicas bilaterales e internacionales estarán en la agenda de ese encuentro.

Al día siguiente de la reunión de París tuvo lugar la comparecencia del presidente del Gobierno ante el pleno del Congreso en una sesión extraordinaria a petición de cuatro Grupos Parlamentarios. Ya expresamos antes de la misma que nos parecía que esa convocatoria era injustificada, que carecía de fundamento y que estaba despegada de la realidad de las preocupaciones de los ciudadanos. Creemos que las preocupaciones de los ciudadanos son: la lucha contra el terrorismo y más especialmente después de estos terribles atentados; es importante que ante el desafío secesionista preservemos la unidad de España y la defensa del orden constitucional, e impulsar la recuperación económica. Eso es lo que creemos que importa a la gente.

No es bueno, por tanto, el oportunismo político ni centrarse en temas que no son las soluciones que demandan los ciudadanos para el país y menos cuando el presidente, como tuvo ocasión de decir, había informado en 52 veces --esta es la quincuagésima tercera vez que comparecía-- para hablar de estos temas y cuando había dos comisiones parlamentarias de investigación, una en el Congreso y otra en el Senado, sobre esta cuestión. Pero el presidente del Gobierno compareció, como era su obligación, fue transparente en la misma y manifestó cuáles son las reformas legislativas que se han ido introduciendo en los últimos tiempos, precisamente, para luchar en favor de la regeneración democrática.

Por lo tanto, constatamos lo que constató todo el mundo que siguió el debate, que es que el presidente tiene la confianza del pueblo español, que le ha otorgado la mayoría en las tres últimas ocasiones; que tiene también la confianza de la Cámara, no solamente a través de la sesión de investidura, sino también, como ha demostrado, a través de su capacidad para pactar, para llegar a acuerdos concretos en beneficio de los ciudadanos, como lo prueba el Presupuesto del año 2017, que ya está en vigor, y también la aprobación del "techo de gasto", la aprobación de los Objetivos de Estabilidad 2018-2020 y los dieciocho Reales Decretos Leyes aprobados. Por tanto, se hacen cosas, se trabaja y se intenta solucionar de verdad los problemas de la gente.

Déjenme hacer una mención también a la presentación el pasado lunes por de varios dirigentes de PDeCAT, de Esquerra Republicana y de la CUP de un anuncio de un texto llamado de "transitoriedad jurídica y fundacional de la República catalana"; texto que ha sido ya calificado, más bien descalificado, por juristas de toda índole y que no respeta las más elementales garantías democráticas consustanciales a lo que es una democracia liberal y representativa como la que tenemos en España desde el año 1978. Es un nuevo intento dirigido a vulnerar el principio de legalidad y también cada uno de los principios democráticos más elementales. Es un nuevo intento, un anuncio de un intento, de aislar a Cataluña, separándola de España y, con ello, del concierto internacional de naciones libres y democráticas.

Quiero añadir a esto que el Gobierno, como saben ustedes y como hemos reiterado desde aquí en numerosas ocasiones, ha previsto todos los escenarios posibles, los ha previsto y tiene todos los instrumentos necesarios para hacerles frente. Y quiero tranquilizar a todos los catalanes que quieren seguir siendo, como lo son desde hace muchas generaciones, catalanes, españoles y europeos, que van a seguir siéndolo, porque no habrá el 1 de octubre un referéndum de secesión.

Déjenme también recalcar alguno de los acuerdos que el Consejo de Ministros ha tomado en el día de hoy.

En primer lugar, ha aprobado un convenio de colaboración entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de Canarias. Este Plan de Empleo, porque es lo que es, un plan de empleo, está incluido en los Presupuestos Generales de 2017 y es fruto del diálogo territorial; en concreto, de los acuerdos para impulsar la llamada "agenda canaria" para dinamizar su economía y hacer frente a su condición de región ultraperiférica, en consonancia con el reconocimiento que le otorgó el Tratado de Ámsterdam.

El convenio que ha autorizado el Consejo de Ministros tiene por objeto establecer la colaboración entre la Administración General del Estado y el Gobierno canario para el desarrollo del Plan Integral de Empleo Canarias 2017-2018, para lo cual la Administración General del Estado aportará 42 millones de euros, que se destinarán, entre otras acciones, a favorecer la inserción laboral de los desempleados residentes en Canarias, a adaptar la cualificación profesional de los trabajadores ocupados y desempleados a las necesidades del mercado laboral, a fomentar la empleabilidad de los jóvenes y desempleados de larga duración, y a incrementar la tasa de empleo femenino.

Tengo que anunciarles también que será la ministra de Empleo la que se desplazará a Canarias para firmar con las autoridades de la Comunidad Autónoma, las autoridades canarias, dicho acuerdo.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se autoriza a la Agencia Estatal de Investigación para la convocatoria de ayudas para contratos de formación de doctores, correspondientes al año 2017, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica e Innovación, por un montante de más de cien millones de euros. Por tanto, ayudas por más de cien millones de euros para contratar a más de mil investigadores pre-doctorales. Esta convocatoria supone la incorporación de jóvenes investigadores a universidades, organismos públicos de investigación y otros centros de I+D públicos o privados sin ánimo de lucro.

Este Acuerdo se suma al adoptado por el Consejo de Ministros el pasado viernes cuando se autorizó a la Agencia Estatal de Investigación la convocatoria de la concesión de ayudas a los centros de excelencia "Severo Ochoa" y unidades de excelencia "María de Maeztu", por importe de otros cuarenta millones de euros. Por tanto, cien millones por un lado y cuarenta millones por otro ponen de relieve el compromiso del Gobierno con el impulso a la investigación y el desarrollo en España.

Igualmente, el Consejo de Ministros ha estudiado el Anteproyecto presentado por el ministro de Economía que tiene por objeto trasponer la Directiva 95/2014, referida a la divulgación de información no financiera y sobre diversidad por parte de determinados grupos y grandes empresas. El objetivo de este Anteproyecto es la divulgación de información no financiera del informe de gestión que acompaña a las cuentas anuales, tanto las individuales, como las consolidadas. Se incluye información, por tanto --es información importante-- sobre factores sociales y medioambientales con objeto de identificar riesgos para la sostenibilidad y aumentar la confianza de inversores, consumidores y la sociedad en general.

Asimismo, este Anteproyecto está encaminado a ampliar el contenido exigido en el informe anual de gobierno corporativo, que deberá incluir información sobre políticas de diversidad de competencias y puntos de vista que apliquen a su consejo de administración respecto a cuestiones importantes como la edad, el género, la discapacidad o la formación.

Además, el Consejo de Ministros ha escuchado un informe, y lo ha analizado, presentado por el ministro de Fomento sobre el laudo de arbitraje obligatorio como vía de solución de la huelga declarada en la empresa Eulen Seguridad S.A.U., en el aeropuerto de Barcelona-El Prat.

Como saben ustedes, porque el ministro de Fomento me acompañó en una ocasión anterior para explicarlo, se trata de un conflicto laboral entre una empresa y sus trabajadores que afectaba al aeropuerto de El Prat de Barcelona. En un primer momento la solución, como es lógico, se intentó encontrar entre las partes y fracasó; hubo una mediación, que correspondía a la Generalidad de Cataluña y tampoco tuvo éxito, y ante esta situación el Gobierno acordó establecer un arbitraje obligatorio, que es una figura excepcional que contempla la legislación para solucionar conflictos laborales en determinadas circunstancias.

El Gobierno designó al presidente del Consejo Económico y Social, don Marcos Peña, como árbitro y ayer, jueves 31 de agosto, dio a conocer a empresa y sindicatos el contenido del laudo de obligado cumplimiento que pone fin al conflicto de El Prat.

En cuanto a su contenido, destaca la obligación de la empresa de pagar un complemento de doscientos euros en doce mensualidades a los empleados que dispondrán, además, de cinco trabajadores por filtro, y que quedarán sin efecto las sanciones impuestas y los expedientes iniciados por la misma. Asimismo, y como trasladó el ministro de Fomento tras el Consejo de Ministros del pasado 16 de agosto, se va a convocar un grupo de trabajo sobre seguridad privada en el ámbito de las infraestructuras de competencia del Estado, en el que habrá representantes de distintos ministerios, organizaciones sindicales y empresarios.

Igualmente, el Consejo de Ministros ha acordado el nombramiento de embajador en Misión Especial para las Fundaciones Iberoamericanas a don Jaime Lacadena Higuera y ha otorgado la Gran Cruz del Mérito Militar al pintor de temas militares don Augusto Ferrer-Dalmau.

Eso es lo que tenía que informarles a ustedes y, por supuesto, estoy a su disposición para responder a las preguntas que tengan por convenientes.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)