Modificación de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy iniciar los trámites que conduzcan a la aprobación de la ley que modifica la Ley 14/2011, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que tiene como objetivo crear una carrera investigadora atractiva y estable, impulsar la transferencia de conocimiento y mejorar la gobernanza del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación. También ha dado luz verde al Real Decreto por el que se integran tres organismos públicos de investigación (OPIs) en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC): el Instituto Español de Oceanografía (IEO), el Instituto Nacional de Investigación Agraria y Alimentaria (INIA) y el Instituto Geológico y Minero de España (IGME). Esta reforma busca mejorar la gestión y las capacidades científicas y de asesoramiento de los OPIs.

El Gobierno inicia un proceso de diálogo para reformar la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. A partir de este momento, los representantes del Ministerio de Ciencia e Innovación se reunirán con las asociaciones científicas, universitarias y del ámbito de la salud, las Comunidades Autónomas y los agentes sociales para abordar las reformas propuestas. El texto resultante será sometido a audiencia pública antes de su aprobación en segunda vuelta por el Consejo de Ministros.

Además, se atenderá al desarrollo de la subcomisión del Congreso de los Diputados, cuya creación se aprobó por unanimidad la semana pasada para analizar el Pacto por la Ciencia y la Innovación y para estudiar la reforma de la Ley. Este proceso de diálogo culminará con la aprobación por el Consejo de Ministros en segunda vuelta y su remisión al Parlamento para su tramitación como proyecto de Ley.

El primer objetivo de esta reforma es conseguir una carrera científica atractiva, predecible y estable, que permita atraer y retener el talento científico. Con el aumento histórico de casi el 60% en los presupuestos de 2021, el Ministerio de Ciencia e Innovación considera que es el mejor momento para afrontar una reforma que modernice la contratación de empleados públicos y reduzca la precariedad y la temporalidad de los científicos en España. Para ello, se propone la creación de un modelo de contratación tipo 'tenure track', utilizado en EEUU, Canadá y de forma más reciente en países europeos como Alemania, Suiza o Italia, y que consiste en una contratación fija sujeta a evaluación externa. Con este nuevo modelo, además, la administración española seguirá la recomendación de la Comisión Europea, que ha instado a España a acometer reformas en este sentido.

Al mismo tiempo que se aborda esta importante reforma para el sistema español de Ciencia, Tecnología e Innovación, se orientarán y reforzarán las políticas de atracción del talento, con más y mejores contratos en la fase posdoctoral inicial y con ayudas a los contratados 'tenure track' para la proyección y consolidación de sus proyectos científicos.

Otra de las reformas que aborda el proyecto de ley por la que se modifica la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, es el impulso de la transferencia de conocimiento. España cuenta con publicaciones científicas de excelencia en diversos campos, y está entre los primeros países del mundo en muchas áreas. Pero este nivel científico no se ve reflejado en la misma medida en la innovación basada en conocimiento.

Para ello, se acometerán distintas reformas, entre las que destacan: mejorar los incentivos al personal científico para que sus investigaciones lleguen a la sociedad, facilitar la generación directa de sociedades start-up derivadas de resultados de la investigación, o la orientación de las Oficinas de Transferencia del Conocimiento hacia el mercado.

El proyecto de ley también tiene como objetivo mejorar la gobernanza del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, con nuevos programas complementarios del Gobierno con las CCAAs, para financiar y realizar acciones de I+D+I conjuntas y estratégicas; reformas normativas para fomentar la creación de centros e infraestructuras de investigación entre el Estado y las CCAAs, o la agilización administrativa para nuevos proyectos de infraestructuras de investigación.