Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española. Tras este trámite, el plan se enviará esta semana a Bruselas para su evaluación por parte de la Comisión Europea en un plazo máximo de dos meses.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es el instrumento fundamental para el desarrollo de los fondos europeos de recuperación Next Generation EU y supone el impulso más importante de la reciente historia económica de España. El Plan se centra en la primera fase de ejecución y detalla las inversiones y reformas en el periodo 2021-2023, movilizando cerca de 70.000 millones de euros de transferencias del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia con el fin de impulsar la recuperación y lograr el máximo impacto contra-cíclico.

El Plan de Recuperación traza la hoja de ruta para la modernización de la economía española, la recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo, tras la crisis del COVID-19, así como para preparar al país para afrontar los retos del futuro.

Todo el plan está estructurado en torno a las cuatro transformaciones que el Gobierno ha situado desde mediados de 2018 en el centro de la estrategia de política económica: la transición ecológica, la transformación digital, la igualdad de género y la cohesión social y territorial.

Estos cuatro ejes se proyectan en diez políticas palanca, de gran capacidad de arrastre sobre la actividad y el empleo ya en la primera fase del Plan:

1.Agenda urbana y rural y lucha contra la despoblación, y desarrollo de la agricultura

2.Infraestructuras y ecosistemas resilientes

3.Transición energética justa e inclusiva

4.Una administración para el siglo XXI

5.Modernización y digitalización del tejido industrial de la pyme, recuperación del turismo e impulso a una España nación emprendedora

6.Pacto por la ciencia y la innovación. Refuerzo a las capacidades del Sistema Nacional de Salud

7.Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades

8.Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo

9.Impulso de la industria de la cultura y el deporte

10.Modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible

Estas diez palancas se concretan en treinta componentes, que articulan los proyectos coherentes de inversiones y reformas para modernizar el país. Todo ello con un triple objetivo: apoyar a corto plazo la recuperación tras la crisis sanitaria, impulsar a medio plazo un proceso de transformación, y acometer a largo plazo un desarrollo más sostenible y resiliente desde el punto de vista económico-financiero, social, territorial y medioambiental.

Inversiones

Gracias a la financiación de los fondos Next Generation EU, se logrará recuperar el nivel de inversión previo a la pasada crisis, cercano al 4% del PIB, movilizándose inversiones públicas que servirán de palanca para inversiones privadas adicionales por 500.000 millones en los próximos seis años.

El Plan de Recuperación se centra en la primera fase de ejecución, detallando la inversión de alrededor de 70.000 millones de euros en el periodo 2021-2023, con una concentración importante en los ámbitos de la transformación verde (39,12%) y digital (29%), y una apuesta clara por la educación y formación (10,5%), la I+D+i (7%) y el refuerzo de la inclusión social y la cohesión en todo el territorio, en claro alineamiento con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y con las recomendaciones específicas de las instituciones comunitarias.

Además de las transferencias, ya desde el segundo año se irán movilizando los créditos previstos, para instrumentos financieros a partir de 2022 y para reforzar además la financiación del conjunto de programas de inversiones a partir de 2023. Por ejemplo, se podrán usar los préstamos para financiar el fondo COFIDES de capitalización de empresas o el fondo NEXT-TECH para escalar startups, así como las reformas que comporten inversiones de magnitud variable, como el nuevo mecanismo permanente para la estabilidad en el empleo y el apoyo a los procesos de transición.

Entre las inversiones clave, se destacan 20 que se consideran tienen un fuerte impacto tractor sobre el conjunto de la economía:

1.La Estrategia de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada

2.El Programa de Rehabilitación de Vivienda y Regeneración Urbana

3.La Modernización de las Administraciones Públicas

4.El Plan de Digitalización de Pymes

5.La Hoja de Ruta del 5G

6.La Nueva Política Industrial España 2030 y Estrategia de Economía Circular

7.El Plan Nacional de Competencias Digitales

8.La Modernización y Competitividad del Sector Turístico

9.El Desarrollo del Sistema Nacional de Ciencia e Innovación

10.El Despliegue e Integración de Energías Renovables

11.La Nueva Economía de los Cuidados

12.Las Nuevas Políticas Públicas para un Mercado de Trabajo Dinámico, Resiliente e Inclusivo

13.La Preservación del Litoral y Recursos Hídricos

14.El Plan Estratégico de Formación Profesional

15.La Modernización y Digitalización del Sistema Educativo

16.La Conservación y Restauración de Ecosistemas y Biodiversidad

17.La Hoja de Ruta del Hidrógeno Renovable

18.Las Infraestructuras Eléctricas, Redes Inteligentes y Almacenamiento

19.La Renovación y Modernización del Sistema Sanitario

20.La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial

Reformas

Junto a los planes de inversión, el Plan de Recuperación articula una agenda coherente de reformas estructurales que responden al diagnóstico compartido por las instituciones europeas, el gobierno español y los principales agentes económicos y sociales, en ámbitos clave para reforzar la estructura económica y social del país:

1.Reformas para mejorar la demografía empresarial y el clima de negocios, promover el emprendimiento y aumentar el tamaño y eficiencia de las empresas.

2.Reforzar el capital humano, mediante la reforma de la educación, la universidad, la formación profesional y las políticas activas de empleo.

3.Apuesta por la ciencia, modernizando y reforzando el sistema de investigación.

4.Aumentar el capital tecnológico del país, mediante una nueva política industrial, el apoyo a las pymes, impulso de los sectores con más futuro y un programa de renovación del equipamiento del Sistema Nacional de Salud.

5.Proteger y revalorizar nuestro capital natural, mediante la protección de ecosistemas, la descarbonización de la industria tradicional y del sector agroalimentario, impulsando una nueva economía verde y azul eficiente y sostenible.

6.Modernización de las infraestructuras físicas y digitales, con el fin de reforzar la sostenibilidad y resiliencia del conjunto de la economía.

7.Reforma del sistema energético, para desplegar redes y sistemas que acompañen el aumento de la generación con fuentes renovables.

8.Modernización de las políticas públicas en el ámbito laboral, sobre la base del diálogo social.

9.Mejora de la vertebración territorial y refuerzo del capital social, con el fin de proporcionar oportunidades de trabajo y desarrollo personal en todo el país, frenando la despoblación y desplegando un estado del bienestar moderno que proteja a los ciudadanos, garantice el cuidado de los mayores y dependientes, refuerce los servicios sociales y también proporcione oportunidades vitales a las nuevas generaciones.

10.Modernización de la Administración, que tiene un papel importante tractor sobre la productividad del conjunto de la economía, además de su labor redistributiva, de cohesión social y territorial.

11.Avanzar hacia un sistema fiscal para el siglo XXI, que refuerce los ingresos públicos y la progresividad, reduzca la economía sumergida y el fraude, adecúe las figuras impositivas a la realidad actual y garantice la sostenibilidad y suficiencia de las pensiones a medio y largo plazo.

Los instrumentos comunitarios de financiación Next Generation EU proporcionan una ocasión extraordinaria para desplegar este plan y contrarrestar así el impacto de la pandemia sobre la inversión y la actividad económica. También para impulsar la recuperación y abordar una transformación profunda de la economía española, comparable a la que supuso la incorporación a la UE en 1986, que permita retomar la senda de progreso y prosperidad.

El Fondo de Recuperación Europeo consta de dos instrumentos a través de los cuales se canalizarán los recursos: por un lado, el Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia, que concentra el grueso de los fondos con cerca de 70.000 millones en transferencias, y por otro lado el REACT-EU, del que a España le corresponden 12.400 millones, principalmente para financiar la respuesta en el ámbito sanitario y educativo. A ello se sumará el despliegue de los fondos estructurales previstos en el Marco Financiero Plurianual 2021-2027.

Impacto macroeconómico y social

El despliegue del Plan de Recuperación permitirá impulsar la productividad, llevando el crecimiento potencial de la economía española por encima del 2% a medio y largo plazo; la creación de más de 800.000 puestos de trabajo de calidad; la reducción de la precariedad, la alta temporalidad, el desempleo estructural y juvenil que lastran a la economía española; y la reducción de la desigualdad y las brechas territoriales y de género, especialmente recortando la brecha digital.

El plan se orienta de manera especial a compensar el impacto negativo de la pandemia sobre los dos colectivos más golpeados por la anterior crisis y que se han vuelto a ver perjudicados ahora: las mujeres y los jóvenes, con numerosas inversiones y reformas dirigidas a estos colectivos.

Gobernanza eficiente

Para la plena eficacia del Plan de Recuperación, es fundamental contar con instrumentos de ejecución y control ágiles, así como con una gobernanza que garantice la transparencia, la coherencia de las actuaciones y su continuidad en el tiempo.

El 1 de enero de 2021 entró en vigor el Real Decreto-ley 36/2020 para la ejecución del Plan de Recuperación, una reforma estructural para reducir "cuellos de botella" legales para una gestión ágil y eficaz, eficiente y rigurosa de los recursos públicos, facilitar la colaboración público-privada y la adecuada articulación de las competencias de los diferentes niveles de Administración.

En este contexto, se han creado nuevos órganos de gobernanza que garantizan un proceso participativo en el que se incorporen las propuestas de los principales agentes económicos, sociales y políticos, así como los necesarios mecanismos de coordinación entre los distintos niveles de Administración.