Regulada la puesta en marcha de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se regula el régimen de funcionamiento de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), que se integrará en el Ministerio de Justicia con la función de incrementar la eficacia de la recuperación de activos cuya procedencia esté basada en la comisión de un delito o en la gestión económica de los mismos.

Entidades similares a ésta ya funcionan desde hace años en países de nuestro entorno con excelentes resultados. En el año 2013, el organismo de Francia intervino 50 millones de euros en bienes embargados y decomisados, mientras que en Reino Unido ese mismo año se intervinieron 133 millones de libras por los mismos conceptos.

La ORGA se configura como un órgano de la Administración General del Estado, formando parte del Ministerio de Justicia, con rango de Dirección General al ser un instrumento auxiliar de la Administración de Justicia. Estará dotada de autonomía funcional y de gestión, con capacidad de actuación a instancias de los jueces y tribunales, así como de las fiscalías competentes, en el ejercicio de sus funciones.

Competencias

Las competencias de la nueva Oficina se circunscriben dentro del ámbito de la localización, recuperación, conservación, administración y realización de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de las actividades delictivas cometidas dentro del marco de una organización criminal. Podrá adoptar otras que le sean atribuidas según la legislación penal y procesal.

La ORGA, surgida en cumplimiento de la normativa comunitaria y como resultado explícito de las últimas reformas legislativas emprendidas por el Ejecutivo en el marco de la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, supondrá un aumento de la eficacia contra el delito al impedir la preservación del patrimonio obtenido ilícitamente por el delincuente y permitirá revertir esas cantidades en las víctimas de las actividades delictivas y en fines sociales, así como en la prevención y lucha frente a la delincuencia y para el fortalecimiento de instituciones dedicadas a combatir la delincuencia organizada.

Además, la puesta en marcha de la nueva Oficina supondrá una disminución de los costes derivados de la gestión de los bienes embargados y decomisados, y contribuirá a descongestionar juzgados y tribunales. En la actualidad, esos bienes son depositados y ejecutados por parte del órgano judicial correspondiente; pero la complejidad de procedimientos, la falta de estructuras específicas y la escasez de medios para conservarlos y gestionarlos han aconsejado la creación de este órgano que estará integrado por especialistas de diferentes ámbitos y con visión integral.