Convenios de carreteras con Canarias

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración de convenios en materia de carreteras con la Comunidad Autónoma de Canarias por un importe total de 1.801 millones de euros, que serán transferidos por parte del Ministerio de Fomento, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional centésima cuadragésima tercera de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.

En primer lugar, con el fin de que se puedan realizar nuevas actuaciones en materia de carreteras, se autoriza la celebración de un convenio con el Gobierno de Canarias en desarrollo del cual el Ministerio de Fomento aportará un importe total máximo hasta el año 2025 de 1.200 millones de euros, lo que permitirá la financiación de las obras y las expropiaciones necesarias para su ejecución.

Se ha autorizado también una nueva Adenda al convenio vigente en materia viaria, que se suscribió el 31 de enero de 2006 entre la Administración General del Estado y el Gobierno de Canarias, y que fue modificado por una primera Adenda suscrita el 17 de noviembre de 2009 y una segunda, el 29 de diciembre de 2017.

Ambas partes han considerado necesario la suscripción de una nueva Adenda al mencionado convenio, que prorrogue su plazo de vigencia hasta 2021, para posibilitar la finalización de las actuaciones contempladas en la adenda de 2017. Al efecto, el Ministerio de Fomento aportará un importe total máximo de 101 millones de euros hasta 2021.

También se autoriza la celebración de un convenio para la ejecución de las distintas sentencias del Tribunal Supremo que declararon la obligación de la Administración General del Estado de transferir a la Comunidad Autónoma de Canarias las cantidades comprometidas en el convenio de colaboración de carreteras firmado el 31 de enero de 2006 y sus adendas, incrementadas en los intereses legales correspondientes desde la fecha en la que la transferencia hubo de ser efectiva.

Para un adecuado cumplimiento de las sentencias dictadas, se ha adoptado un acuerdo para el pago de las cantidades adeudadas que, en aplicación de los distintos informes técnicos y jurídicos emitidos al respecto, debe corresponder, exclusivamente, a actuaciones ejecutadas y certificadas hasta la fecha. En consecuencia, la cantidad a abonar a la Comunidad Autónoma de Canarias resultante de este acuerdo es de un total de 500 millones de euros, repartido en distintas anualidades hasta el año 2025.