Acuerdo por el que se aprueba la Declaración Institucional con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niñas y Niños

Con motivo de la conmemoración, el 23 de septiembre, del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niñas y Niños, instaurado por la Conferencia Mundial de la Coalición Contra la Trata de Personas en coordinación con la Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka, Bangladesh, en enero de 1999, el Gobierno de España reitera su sólido compromiso con la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres que exige, necesariamente, la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres y, específicamente, la explotación sexual y la trata con fines de explotación sexual.

Con este motivo, a propuesta de la ministra de Igualdad, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la ministra de Justicia, el ministro del Interior, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Consejo de Ministros aprueba la siguiente declaración:

"La explotación sexual y la trata de mujeres, niñas y niños con fines de explotación sexual representan una forma de esclavitud moderna que utiliza a las personas en situación de mayor vulnerabilidad como simple mercancía, violando de forma flagrante los derechos humanos. La normativa internacional obliga a los poderes públicos a combatirlas desde un enfoque integral y multidisciplinar mediante actuaciones preventivas, sancionadoras, asistenciales y reparadoras que garanticen la atención, asistencia, protección y recuperación de sus víctimas, desde una perspectiva de derechos humanos que involucre a toda la sociedad en su conjunto y, especialmente, a las organizaciones especializadas en este ámbito.

La dimensión mundial y trasnacional de la explotación sexual y la trata de mujeres, niñas y niños con fines de explotación sexual, así como el incremento de la detección y el aumento del número de víctimas de trata, quedan reflejados en el Informe Global de Trata de Personas 2020, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que confirma que la explotación sexual es la principal finalidad de la trata (50% de los casos identificados) de las 50.000 víctimas registradas a nivel global, y que la trata sigue teniendo como principales víctimas a las mujeres y las niñas, que representan el 65% de las víctimas identificadas. Es más, según ese mismo informe, el 92% de las víctimas de explotación sexual son mujeres y niñas. La abrumadora realidad que muestran estos datos es que la mayoría de las víctimas detectadas a nivel mundial, también en los países del llamado primer mundo, son objeto de trata con fines de explotación sexual, y la inmensa mayoría son mujeres y niñas, lo que evidencia que existe una incuestionable dimensión de género de la trata. Con frecuencia, la condición de personas migrantes y la discriminación racial generan, además, una situación de particular vulnerabilidad a esta forma de explotación.

Los compromisos internacionales asumidos por España, en particular, mediante la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, completada por el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños (Protocolo de Palermo), de la que conmemoramos su vigésimo primer aniversario, y la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, de la que conmemoramos su vigésimo sexto aniversario, constituyen el marco para el desarrollo de políticas públicas con las que avanzar en la eliminación de la trata de mujeres y niñas y asegurar la asistencia y recuperación de las víctimas de esta violencia causada por la explotación sexual, la prostitución y la trata de mujeres.

En este marco, este año hemos aprobado normas que consolidan derechos feministas, en particular, de las víctimas de explotación sexual y trata con fines de explotación sexual, y siguen situándonos como referente internacional, a través de la mejora de la coordinación y la colaboración interinstitucionales y la participación de las organizaciones de la sociedad civil. Entre ellas, la Ley 1/2021, de 24 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, que declara como servicios esenciales los servicios de información, asesoramiento y acogida, cuya vigencia se ha prorrogado tras la finalización del estado de alarma por la pandemia de la COVID-19; la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que garantiza los derechos fundamentales de las niñas y los niños víctimas de cualquier violencia, como la trata de seres humanos, y configura una atención reforzada en los centros de protección a las actuaciones específicas de prevención, detección precoz e intervención en casos de explotación sexual y trata de seres humanos; y el proyecto de Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual, que incluye a las víctimas de trata y prevé en sus disposiciones finales una reforma del Código Penal con el fin de facilitar la persecución de la industria de la explotación sexual.

Además, situaciones de extrema gravedad que pueden surgir a nivel nacional o internacional, como la pandemia de la COVID-19, los conflictos armados y políticos (como el actual en Afganistán), las crisis económicas o las catástrofes climáticas, que producen intensas oleadas migratorias, ponen de manifiesto la necesidad de contar con instrumentos que doten a los Estados de las herramientas necesarias para posibilitar una acción rápida, eficaz y coordinada en beneficio de aquellas personas, especialmente mujeres, niñas y niños, que ya se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad y que podrían llegar a ser víctimas de la trata de seres humanos y de la explotación sexual.

Nuestro objetivo es garantizar el establecimiento, la mejora y la adaptación de los recursos y servicios públicos a las circunstancias de máxima vulnerabilidad de las víctimas de trata y explotación sexual, desde una perspectiva interseccional, sobre todo, de quienes son migrantes y menores de edad, para atender sus necesidades específicas desde la garantía de los derechos de las víctimas, especialmente el derecho a la reparación integral del daño sufrido. Asimismo, en el ámbito de la política para el desarrollo y de la acción humanitaria, España ha participado y forma parte del grupo de países que, dentro del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, han adoptado las "Recomendaciones del CAD para poner fin a la explotación, el abuso y el acoso sexuales en el ámbito de la cooperación para el desarrollo y la ayuda humanitaria: pilares clave de la prevención y la respuesta".

España continua avanzando en este marco internacional con firmeza, desde el liderazgo de las políticas feministas, en pro de la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres para la consecución de una sociedad igualitaria, mediante la promoción de una ley integral contra la trata de seres humanos, y la puesta en marcha de políticas públicas que, en cumplimiento de los compromisos asumidos, procuren la erradicación de la explotación sexual y la trata de mujeres, niñas y niños, y sitúen la protección de los derechos de las víctimas en el centro de la acción.

Mediante esta Declaración Institucional, el Gobierno de España expresa su sólido compromiso con la igualdad de género, los derechos de todas las mujeres y niñas y la erradicación de la explotación sexual y la trata de seres humanos, y con el desarrollo de medidas integrales que, mediante la colaboración y cooperación entre todas las administraciones, instituciones y organizaciones especializadas, promuevan la prevención, la atención y recuperación de las víctimas de trata con fines de explotación sexual desde un enfoque de derechos humanos".