El Consejo de Ministros ha aprobado desistir del recurso de inconstitucionalidad interpuesto en julio de 2019 contra la Ley 21/2018 de mancomunidades de la Comunitat Valenciana, tras un procedimiento negociador que ha permitido subsanar las cuestiones controvertidas en relación con esta ley.
La fundamentación del recurso de inconstitucionalidad se hizo sobre la base de que la Ley autonómica vulneraba la competencia exclusiva estatal prevista en el artículo 149.1.29ª CE en materia de seguridad pública, al vulnerar la regulación que sobre estos aspectos se contiene en los artículos 51.1 y 3 y en la Disposición adicional quinta de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, desbordando así los límites materiales y territoriales de actuación de los cuerpos de policía local contemplados en tales preceptos orgánicos.
Con posterioridad a la interposición del recurso, el pasado 19 de julio de 2019, la Comisión Bilateral Generalitat Valenciana-Estado llegó a un acuerdo por el que la Generalitat asumía el compromiso de modificar la Disposición adicional segunda de la citada ley, que posibilitaba que las mancomunidades de municipios prestasen el servicio de Policía Local, y la Administración General del Estado asumía el compromiso de desistir del recurso una vez se produjese tal modificación.
El pasado 30 de diciembre se publicó la Ley 9/2019 de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat, que contiene la modificación legislativa pactada en la Comisión Bilateral y que permite sustentar este desistimiento. El Gobierno considera que la nueva redacción excluye la creación de esos cuerpos policiales por parte de mancomunidades, por lo que ya no hay motivo para el recurso.