Las entregas a cuenta iniciales de 2020 a las comunidades autónomas ascienden a 103.000 millones de euros
21.1.2020
El Consejo de Ministros ha adoptado un Acuerdo sobre los criterios de aplicación de la prórroga presupuestaria en el reparto de las entregas a cuenta de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales correspondientes a 2020. De esta manera, las entregas a cuenta comunicadas inicialmente a las Comunidades Autónomas para este ejercicio ascienden a 103.000 millones de euros, un 5% más que las comunicadas inicialmente en 2019. Estas cuantías serán actualizadas cuando se conozcan las previsiones de ingresos del ejercicio en el marco del proceso de elaboración de los PGE. Los territorios empezarán a recibir estos anticipos en los próximos días.
En una situación inédita de doble prórroga presupuestaria, el Gobierno ha elegido la fórmula más ventajosa para las Administraciones Territoriales dentro de las posibilidades que ofrece el ordenamiento jurídico actual en una muestra más de su compromiso con la financiación autonómica y de los servicios públicos esenciales como la educación, la sanidad o los servicios sociales.
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha explicado que los cálculos para las entregas a cuenta, que serán aplicables durante los primeros meses de 2020 hasta la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, tomarán como base las referencias ya utilizadas en las entregas a cuenta actualizadas de 2019. Hay que recordar que los anticipos se vieron afectados el pasado ejercicio por la falta de Presupuestos. Para paliar este problema y garantizar la prestación de servicios públicos fundamentales, el Ministerio de Hacienda aprobó el pasado 11 de octubre un Real Decreto-ley que, por primera vez, permitió actualizar esos importes pese a la prórroga de las cuentas públicas.
Así, para los anticipos de 2020 se utilizará como base de cálculo el importe actualizado de 2019, en lugar de los valores de la prórroga de 2018, que habrían sido menores. De esta forma se consolidan los niveles de financiación que recibieron el pasado curso y se consigue que las Comunidades Autónoma y las Entidades Locales mantengan niveles similares a los resultados de las entregas a cuenta actualizada de 2019.
Una decisión que permite aliviar la situación de la tesorería de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales y demuestra la sensibilidad del Gobierno con unos servicios públicos de calidad.
Entregas a cuenta y liquidación
Por tanto, las entregas a cuenta comunicadas inicialmente en 2020 a las Comunidades Autónomas ascienden a 103.000 millones de euros, un 5% más que las comunicadas inicialmente en 2019 y 201,82 millones más que la cifra actualizada y definitiva del año pasado. El Ministerio de Hacienda comunicará en breve a las Comunidades Autónomas los resultados concretos de esta aplicación y las Administraciones Territoriales empezarán a recibir estos anticipos en este mismo mes de enero.
En cualquier caso, la cuantía comunicada ahora no es la que definitivamente recibirán las Comunidades en 2020, ya que estas primeras cifras corresponden a una situación de prórroga presupuestaria, que deberá ser actualizada con las previsiones de ingresos para 2020 una vez que avance el ciclo presupuestario ordinario de los Presupuestos Generales del Estado de 2020.
Además, Hacienda ha recordado que si se tiene en cuenta la previsión de liquidación de 2018, que ya fue comunicado a las Comunidades Autónomas en octubre de 2019, la financiación total prevista inicialmente en 2020 en situación de prórroga presupuestaria asciende a 113.020 millones de euros, un 9,4% más que la comunicada inicialmente el pasado curso también en prórroga presupuestaria (entregas a cuenta + liquidación 2017). Esto se debe al significativo incremento de 4.837 millones de la liquidación de 2018 respecto a la de 2017.
La medida aprobada hoy constata que la financiación autonómica forma parte de las prioridades del Ministerio de Hacienda. De hecho, uno de los objetivos es la reforma del sistema de financiación autonómica con el objetivo de garantizar la prestación de los servicios públicos.