Declaración institucional con motivo del "Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos".

El Consejo de Ministros ha aprobado una declaración institucional con motivo del "Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos".

El Gobierno de España declara así su firme voluntad de seguir avanzando en la erradicación de la trata de seres humanos, un delito que produce devastadoras consecuencias en las personas que son captadas y utilizadas como mercancía, con el simple objetivo de que las redes de delincuencia que las explotan obtengan enormes beneficios económicos.

Combatir la trata de seres humanos es una prioridad del Gobierno que la aborda desde un enfoque centrado en la víctima, con el objetivo de garantizar una respuesta contundente y coordinada de los poderes públicos para asegurar el rescate y la recuperación de las víctimas, promoviendo su protección y el ejercicio de los derechos de los que fueron privadas.

El texto destaca la importancia de instrumentos esenciales para garantizar la adecuada identificación y protección de las víctimas como el Protocolo Marco de Protección de Víctimas de trata de seres humanos, aprobado en 2011, que definió las pautas de comunicación entre las administraciones e instituciones implicadas para favorecer el acceso de las víctimas a los recursos de asistencia y protección, estableciendo pautas de colaboración entre ellas y reconociendo el importante papel de las organizaciones de la sociedad civil que atienden a las víctimas y en las que éstas confían.

Una forma de violencia contra las mujeres

La declaración incide especialmente en la dimensión de género en los casos de trata con fines de explotación sexual, e insta a seguir avanzando a través de la adopción de medidas que garanticen el acceso efectivo de las víctimas a sus derechos. Con esta finalidad se trabaja en el ámbito del Pacto de Estado contra la Violencia de Género -surgido a partir de la aprobación por unanimidad por el Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 15 de noviembre de 2016, de una Proposición no de ley por la que se instaba al Gobierno a promover la suscripción de un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género por el Gobierno de la Nación, las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía y la Federación Española de Municipios y Provincias-, impulsando políticas para la erradicación de la violencia sobre las mujeres como una verdadera política de Estado.

Es precisamente en el contexto del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado por el Congreso de los Diputados el 28 de septiembre de 2017, donde se recoge la elaboración de una Ley integral para combatir la trata con fines de explotación sexual. Además, entre las medidas del Pacto de Estado, se incide en la necesidad de continuar avanzando hacia un mayor conocimiento de la situación de la trata en España, mediante la colaboración entre las distintas administraciones implicadas, a fin de procurar una información estadística más amplia sobre esta forma de violencia contra las mujeres, así como la promoción de investigaciones y estudios que permitan una conocimiento adecuado de esta realidad, favoreciendo la mejora en las actuaciones a llevar a cabo.

Un delito transnacional

España asumirá la presidencia de la 9ª Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, de octubre de 2018 a octubre de 2020, en la que se revisará el Protocolo de Palermo, suscrito en el año 2000 para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres, niñas y niños.

La preocupación de España por las víctimas de la trata de seres humanos y la dimensión transnacional del delito exigen igualmente un análisis de las características de los procesos migratorios actuales, donde las situaciones de emergencia, de conflicto, de pobreza o de persecución, tienen como consecuencia el emprendimiento de un proyecto migratorio o la huida del lugar de origen, para acabar en manos de mafias que aprovechan estas situaciones de vulnerabilidad para comerciar con seres humanos mediante distintas formas de explotación.

Todo ello exige la colaboración con las administraciones implicadas en los procesos de acogida a inmigrantes y solicitantes de protección internacional, para garantizar una capacitación especializada de los profesionales y los mecanismos de coordinación adecuados para detectar y proteger a víctimas o potenciales víctimas de trata.