Envío de dos requerimientos al Congreso por tramitar proposiciones de Ley que invaliden la competencia presupuestaria del Gobierno

La Moncloa, Madrid

El Consejo de Ministros ha aprobado el envío de dos requerimientos al Congreso de los Diputados para que revoque dos acuerdos de la Mesa de la Cámara del pasado 18 de octubre de 2016, en los que admitió a trámite dos proposiciones de Ley, una relativa al calendario de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y la otra referente a las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados.

En ambos casos, el Gobierno, usando una facultad constitucional y reglamentaria, previstas en los artículos 134.6 de la Constitución y 126.2 del Reglamento de la Cámara, expresó su disconformidad con la tramitación de proposiciones de Ley, por razones estrictamente presupuestarias, al suponer un aumento de gastos o una disminución de ingresos, lo que violenta su competencia exclusiva de iniciativa legislativa presupuestaria y de defensa de la ejecución de los presupuestos en vigor.

En los acuerdos adoptados, el Gobierno subraya que la expresión del criterio de disconformidad con la tramitación de una Proposición de Ley, que supone en la práctica la posibilidad de vetar una iniciativa, se ejerce siempre con objeto de garantizar que las iniciativas legislativas no alteren el equilibrio presupuestario establecido en la Ley de Presupuestos aprobada por las propias Cortes y en vigor, que el Gobierno tiene la obligación de ejecutar. El Gobierno trata, así, de preservar una competencia exclusiva e indelegable del poder ejecutivo.

Calendario de implantación de la LOMCE

El primero de los acuerdos adoptados se refiere al requerimiento para la revocación del acuerdo de la Mesa relativo a la tramitación de la proposición de Ley Orgánica presentada por el Grupo Parlamentario Socialista sobre la suspensión del calendario de la implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, que el Gobierno remitió a la Cámara el 14 de octubre. Dicho criterio se acompañó de un informe en el que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte cuantificaba en cerca de 615 millones de euros, derivada de la aprobación de la mencionada proposición de ley orgánica, la pérdida de ingresos procedentes de fondos comunitarios y unas obligaciones de gasto no previstas de igual cuantía.

Trabajadores subcontratados

El segundo de los Acuerdos hoy aprobados se refiere al requerimiento para la revocación del acuerdo de la Mesa relativo a la tramitación de la proposición de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista de modificación del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores para garantizar la igualdad en las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados, remitido también el 14 de octubre. En este caso, el criterio se acompañó de un informe en el que el Ministerio de Hacienda justificaba el aumento de gastos en las empresas del sector público estatal en el presupuesto en vigor como consecuencia del incremento del gasto total en sueldos y salarios que causaría la aprobación de la mencionada proposición de ley. Así, y en términos de 2013, las empresas públicas tuvieron un gasto total en sueldos y salarios de 5.963 millones de euros, por lo que el incremento de gasto en las actividades subcontratadas sería de unos 60 millones de euros anuales.

Escueta respuesta del Congreso

En ambos casos, la Mesa del Congreso de los Diputados acordó, en su reunión del 18 de octubre de 2016, admitir a trámite de toma en consideración las propuestas de Ley. En los dos casos la Mesa respondió con un escueto texto, en el que únicamente argumentaba que "el Gobierno no justifica de forma objetiva y suficiente el aumento de créditos o disminución de ingresos", sin mayores explicaciones. Se da la circunstancia de que una de las Proposiciones de Ley, la relativa a la LOMCE, ya ha sido votada y tomada en consideración por el Pleno del Congreso, esta misma semana.

En relación con los dos Acuerdos de la Mesa, el Gobierno considera que suponen una asunción contraria a Derecho de la competencia que al Ejecutivo corresponde de conformidad con la Constitución y el Reglamento de la Cámara y, por ello, requiere a la Mesa de la Cámara para que revoque los acuerdos de admisión. El Congreso tiene un mes para contestar desde su recepción, tras el cual podría darse inicio a un conflicto entre órganos constitucionales ante el Tribunal Constitucional.

Conviene recordar que, en estos momentos, el Tribunal Constitucional estudia ya un conflicto de atribución de competencias entre los dos poderes del Estado, interpuesto en ese caso por el Congreso de los Diputados, relativo al control parlamentario ordinario a un Gobierno en funciones.