Seis millones para mejorar la gestión del agua para el riego agrícola de Canarias

• Con esta subvención, el Gobierno de Canarias desarrollará un programa de ayudas destinadas a las potabilizadoras y los pozos subterráneos para el riego agrícola en las islas.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que regula la concesión directa de seis millones de euros a la Comunidad Autónoma de Canarias para mejorar la eficiencia energética de la gestión del agua que se usa en el riego agrícola. Con esta subvención, el Gobierno de Canarias desarrollará un programa de ayudas destinadas a las potabilizadoras y los pozos subterráneos para el riego agrícola en las islas.

Podrán ser beneficiarios de las ayudas, tanto las entidades públicas, como las privadas que suministren agua para riego agrícola procedente de pozos o de desalación en las Islas Canarias.

Para el cálculo de las ayudas se tendrán en cuenta los costes en que incurran los beneficiarios para obtener el agua para riego agrícola. En todo caso, la eficiencia energética representará al menos el 50 por 100 de la valoración para el cálculo de cada subvención individualizada.

Las ayudas serán un estímulo a la mejora de la eficiencia energética, pues se primarán aquellas entidades que tengan un mejor uso de la energía, tanto en la elevación de agua de pozos, como en los procesos de desalación.

Uso del regadío en Canarias

El regadío es el principal consumidor de agua en la mayoría de las islas del archipiélago canario, con una superficie regada de 28.990 ha. (69,85 por 100 de la superficie cultivada). La escasez de lluvias y las condiciones geodésicas de Canarias, que no permiten la construcción de grandes presas o embalses donde almacenar las aguas pluviales, ocasionan que las aguas de regadío procedan principalmente de dos fuentes: aguas subterráneas (galería y pozos) y aguas de producción industrial (desaladas y depuradas).

En ambos casos, el coste del agua se incrementa por el coste energético asociado a estos procesos de obtención de agua. Con la ayuda aprobada hoy, el Gobierno responde a la solicitud del sector agrario canario que demandaba que se abaratasen los costes energéticos en la elevación o desalación del agua.