Anteproyecto de Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional

El Consejo de Ministros ha acordado iniciar la tramitación del Anteproyecto de Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional. El texto consolida el sistema único de Formación Profesional, que integra la FP del sistema educativo y la FP para el empleo en un solo modelo al servicio de estudiantes y trabajadores empleados o desempleados.

Con la nueva norma, y el Plan de Modernización de la Formación Profesional que ya se está desarrollando, el MEFP quiere convertir estas enseñanzas en un itinerario de primera para jóvenes, trabajadores y trabajadoras, que permita también la actualización continua de sus competencias profesionales.

Esta profunda transformación pretende situar a España entre los más avanzados del entorno europeo en lo que a Formación Profesional se refiere e incluso hacer del país un referente. Pretende también dar respuesta a una serie de problemas estructurales que existen en nuestro país.

Desde hace años, existe un desequilibrio entre el nivel de formación y las necesidades del mercado laboral. En 2021, en España solo 25% de la población activa dispone de cualificación intermedia y el 35% tiene cualificación baja.

Sin embargo, en 2025, el 50% de los trabajos requerirán un nivel de cualificación media (técnicos y técnicos superiores de Formación Profesional) y solo el 16% un nivel bajo, según datos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional.

En el ámbito de la formación de la población activa, España dedica 17 horas anuales por trabajador o trabajadora, ocupando así el puesto 61 entre 100 países, según el Foro Económico Mundial. En Alemania, que ocupa el puesto 10, se invierten 50 horas.

Además, según los últimos datos de la última Encuesta de Población Activa, el 46% de la población activa carece de acreditación profesionalizante, lo que resta valor añadido a las empresas y sitúa a los trabajadores y trabajadoras en una situación más vulnerable.

Por otra parte, solo el 12% de los jóvenes españoles están matriculados en Formación Profesional, frente al 25% en la OCDE y el 29% en la Unión Europea.

Para superar estos retos, el anteproyecto presentado hoy establece un nuevo ordenamiento más flexible, que responde a las demandas de Formación Profesional de la ciudadanía.

De las microformaciones a los cursos de especialización

La futura norma establece así una oferta única, modular y flexible de Formación Profesional dirigida por primera vez a estudiantes y trabajadores, (tanto empleados como desempleados) y ordenada en itinerarios formativos que permiten la progresión a través de cinco grados ascendentes:

Grado A: Acreditación parcial de competencias

Grado B: Certificado de Competencia Profesional

Grado C: Certificado Profesional

Grado D: Ciclos Formativos (Grado Básico, Grado Medio y Grado Superior)

Grado E: Cursos de especialización (título de especialista y Máster Profesional)

Esta nueva estructura facilitará el acceso a todo un abanico de formaciones de distinta duración y volumen de aprendizajes que incluye, por primera vez, unidades formativas o microformaciones (Grado A), hasta alcanzar los títulos y cursos de especialización (Grados D y E). De esta forma, cada persona podrá diseñar y configurar itinerarios propios adaptados a sus expectativas profesionales, sus circunstancias personales o sus necesidades laborales.

Con este esquema toda la formación tiene validez académica y profesional.

Toda la Formación Profesional será Dual

Toda la oferta en ciclos de los Grados C, D y E tendrá carácter dual y se dividirá en dos tipos:

• Formación Profesional Dual general: con un periodo de estancia en empresa de entre el 25% y el 35% de la duración total de la formación, y el compromiso de la empresa de asumir hasta un 20% de los contenidos y resultados de aprendizaje del currículo.

En esta tipología, la fase dual se distribuirá a lo largo de todos los cursos y no tendrá carácter laboral.

• Formación Profesional Dual avanzada: con una formación en empresa entre el 35% y el 50% de la duración total de la formación, así como la impartición por parte del centro de trabajo de hasta un 40% de los módulos profesionales del currículo.

En esta modalidad se establece una relación contractual del estudiante con la entidad.

Se refuerza así la relación entre los centros de Formación Profesional y los centros de trabajo de su entorno. La formación se impartirá tras una distribución previa entre ambas partes de las tareas formativas y de los contenidos curriculares, siempre bajo la responsabilidad de las CCAA y los centros.

El contacto con la empresa se promoverá a partir del primer trimestre de formación y cada estudiante deberá disponer de un plan personalizado. El texto incorpora la figura del tutor dual del centro y del tutor dual de empresa que llevarán a cabo, entre otras tareas, la evaluación de los aprendizajes del alumnado en cada uno de sus respectivos espacios, aunque la evaluación final será responsabilidad del centro educativo.

Acreditación de competencias

La norma también agiliza el sistema de acreditación de competencias profesionales adquiridas mediante la experiencia laboral y vías no formales de formación. El texto consolida el procedimiento abierto de manera permanente para cualquier competencia iniciado el pasado mes de marzo con la aprobación del Real Decreto 143/2021.

Hasta ese momento, el proceso de acreditación de competencias era lento y poco eficiente, hasta el punto de que en una década, tan solo 300.000 personas pudieron lograr la acreditación de sus competencias. Con el nuevo sistema, el MEFP prevé acreditar las competencias profesionales de más de tres millones de trabajadores y trabajadoras en cuatro años, de las cuales 450.000 se inician este año.

Pasarelas con la Universidad

El anteproyecto de Ley de Formación Profesional regula la relación entre las enseñanzas de Formación Profesional y las universitarias. Se recoge el reconocimiento mutuo para facilitar el establecimiento de itinerarios formativos que reconozcan la formación previamente adquirida en ambas enseñanzas. Además, impulsa nuevos modelos de colaboración, desarrollo de proyectos compartidos y préstamo de espacios para generar transferencia de conocimiento y experiencia, crear innovación y optimizar recursos.

El texto establece así que "las Administraciones educativas y las universidades promoverán el reconocimiento mutuo, en calidad de créditos de educación superior, de las enseñanzas de formación profesional de grado y las enseñanzas universitarias para facilitar el establecimiento de itinerarios formativos que reconozcan la formación previamente adquirida en ambos sentidos".

También promoverán "la colaboración entre los centros que impartan enseñanzas de formación profesional de grado superior del sistema educativo no universitario y las universidades (…) con el fin de generar trasferencia de conocimiento y experiencia, crear innovación y optimizar recursos, y, a tal efecto, el desarrollo de proyectos de actuación conjuntos".

Instrumentos de gestión

El anteproyecto de ley crea nuevos instrumentos de gestión para ordenar el nuevo sistema de Formación Profesional.

Se crea un Registro Estatal de Formación Profesional, que permitirá a cualquier ciudadano acceder al mismo y obtener un informe de vida formativa-profesional actualizado con su experiencia formativa.

Se crea también un Catálogo Modular de Formación Profesional, en el que se determinarán los módulos profesionales vinculados a cada uno de los estándares de competencia, y un Catálogo de Ofertas de Formación Profesional, que determinará el conjunto de las acciones formativas disponibles.

Además, se sustituye el actual Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales por el Catálogo de Estándares de Competencia Profesional, en línea con la terminología europea.

Un sistema de orientación al servicio de la ciudadanía

Asimismo, el proyecto establece una Estrategia general de orientación profesional en el marco de la Formación Profesional. El texto sienta las bases de lo que será el nuevo Sistema de Orientación al servicio de la ciudadanía integrado por la formación y la acreditación de competencias. El MEFP apuesta por un proceso de orientación como acompañamiento obligado al del aprendizaje a lo largo de la vida.

En lo referido a los centros, las dos redes hasta ahora independientes, la del sistema educativo y los centros y entidades autorizadas para la FP para el empleo, serán complementarias. Todos los centros deberán estar inscritos en el Registro Estatal de Centros Docentes no Universitarios o en el Registro de Entidades de Formación Profesional, según su pertenencia o no al sistema educativo no universitario.

Nuevo cuerpo docente de profesores especialistas

En cuanto al profesorado de Formación Profesional, la futura Ley prevé la creación un nuevo cuerpo de profesores especialistas en sectores singulares de Formación Profesional, al que podrán acceder técnicos superiores de FP en determinadas especialidades. Además, incluye como docentes de Formación Profesional del Sistema Educativo a los profesores y formadores que prestan servicios en centros o entidades no pertenecientes al Sistema Educativo.

El borrador de anteproyecto también facilita que los docentes actualicen su formación con estancia en empresas.

Internacionalización de la formación

La futura Ley también atiende las recomendaciones de la Unión Europea en materia de internacionalización. El documento regula la participación en proyectos y organismos internacionales, la convocatoria de proyectos de formación entre centros españoles y extranjeros, así como la movilidad de alumnado y profesorado entre centros de distintos países.

El texto presentado inicia ahora su tramitación formal con las aportaciones de interlocutores sociales e informes de diferentes órganos consultivos para volver de nuevo al Consejo de Ministros. Tras su aprobación por el Gobierno, comenzará la tramitación parlamentaria en ambas cámaras en el último trimestre del año.