Garantizada la prestación de los servicios de Cercanías, Media Distancia y AVANT para los próximos 10 años
14.12.2018
El Consejo de Ministros ha dado luz verde al contrato entre la Administración General del Estado (AGE) y Renfe para la prestación de los servicios ferroviarios sujetos a Obligación de Servicio Público (OSP), que en el ámbito de competencia estatal dan servicio a más de 322 millones de viajeros al año en los trenes de Cercanías, Media Distancia, Ancho Métrico y AVANT.
El contrato se ha adjudicado para los próximos 10 años, ampliables cinco años más, de manera que queda garantizada la prestación de estos servicios esenciales para la cohesión territorial y la movilidad de los ciudadanos para la próxima década, asegurando contractualmente la financiación de su déficit de explotación.
El Gobierno ha optado por un plazo temporal amplio que dé estabilidad en la prestación de estos servicios, evitando las incertidumbres que generaba la suscripción de contratos de plazos anuales o bianuales y que tampoco permitían la necesaria planificación a largo plazo o abordar las inversiones necesarias.
El importe total de las compensaciones previstas para el período 2018-2027 asciende a 9.693,8 millones de euros, un esfuerzo presupuestario sin precedentes que refleja el compromiso del gobierno con estos servicios.
En particular, supone una apuesta decidida por la mejora de los servicios de Cercanías, que requieren un impulso decidido para recuperar la fiabilidad del servicio y puntualidad que los convirtió en unos de los servicios de transporte con mejor valoración social y para fomentar la captación de nuevos usuarios como respuesta a los retos que España afronta en el ámbito de la movilidad urbana.
También refleja el compromiso del ministerio con la calidad del servicio, permitiendo afrontar un ambicioso proyecto de renovación de material rodante y de las estaciones asociadas a estos servicios.
Para ello, el contrato también establece unos estrictos compromisos de puntualidad, fiabilidad y calidad al que se añade un riguroso aseguramiento de la eficiencia en la prestación del servicio y en el uso de los fondos públicos.